Más y mejor infraestructura portuaria

En medio de la vorágine que significan las campañas presidenciales ha sido muy reconfortante conocer en detalle, en el Consejo del CPI, los avances que se han hecho en la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) para ampliar su capacidad y poder extender sus áreas de concesiones en forma significativa. Se aspira a que el nuevo puerto cuente con dos nuevos concesionarios en relación a los que actualmente operan en él y pueda movilizar una capacidad total de 6.000.000 de TEUs anuales. La inversión estimada es de casi US$ 3.400 millones que será financiada por la propia operación de los terminales, que estarán a disposición del país a partir del año 2026.

¿Es este el Puerto de Gran Escala que el gobierno ha anunciado? Si todo se hace bien, este podría ser una alternativa para constituirse en ese instrumento que Chile requiere para mantener su incumbencia en el comercio exterior y, progresivamente,  constituirse en la "plataforma comercial del sur de América Latina" a la que nos convocó la Presidenta de la República  en su último viaje a China. Para ello será  necesario responder las dudas que muchos escépticos levantarán ante tan significativa iniciativa. Así mismo, será muy importante asegurar la continuidad en la realización de los estudios que se requieren para dar las seguridades necesarias antes de poner la primera piedra.

De igual forma, y en ese mismo contexto, debieran darse a conocer los proyectos complementarios que un puerto de esta nueva envergadura requiere para movilizar con eficiencia y eficacia las cargas de importación y exportación que tendrá a su cargo.  Es evidente que la actual dotación de carreteras y ferrocarriles no es suficiente para cumplir con ese objetivo. Tampoco la ciudad de San Antonio está debidamente equipada para soportar el movimiento de personas y mercancías que coparan sus disponibilidades. Todo esto es parte de una mirada estratégica que, según se nos ha informado al presentar el proyecto, está en curso, liderada por el Ministerio de Transportes y con la concurrencia de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, el MOP, la municipalidad de San Antonio  y la propia Empresa Portuaria.

Un proyecto de esta naturaleza es una iniciativa que debe ser mirada al largo plazo. De hecho, los primero esbozos de este proyecto provienen del año 2009 y su materialización definitiva se presume  será el año 2035. Cautelar la continuidad de iniciativas de estas características requiere de una institucionalidad que asegure la interacción entre las políticas de corto plazo, muy arraigadas en la contingencia política en un contexto de gobiernos de 4 años, y la mirada estratégica que es necesario tener para planificar las grandes obras de infraestructura que el país necesita.

El esfuerzo que se ha hecho en relación a este proyecto debiera ser la antesala para avanzar en la constitución de esa institucionalidad y, de esa forma, asegurarse una mirada de largo plazo en el diseño de las políticas de infraestructura. Esta institucionalidad es una de las propuestas en las que el CPI ha insistido con reiteración por estimarla imprescindible para alcanzar resultados exitosos en el campo de la infraestructura.