Más modificaciones a la ley de inclusión

Este mes se cumplió un hito importante para las organizaciones de la educación particular. Después de un arduo trabajo, FIDE logró unir al área de educacion de la CECH, la Confederación de Religiosos, Conferre y la Conacep para realizar gestiones políticas que permitan revertir los serios problemas por los que está pasando la educación particular subvencionada. Como consecuencia de esta acción, fuimos recibidos por la Ministra de Educación el 8 de septiembte.

Las leyes de Inclusión, de Desarrollo Profesional Docente y la que concede un bono de retiro para los docentes y los asistentes de la educación de establecimientos municipales y de administración delegada, no solo dificultan la gestión administrativa, financiera y pedagógica de sostenedores y directivos, sino que discriminan a docentes y asistentes de la educación en comparación con los beneficios que han recibido sus colegas de la educacion pública y en parte sus pares de la misma condición que se desempeñan en los establecimientos de administración delegada. Asimismo, apoderados y estudiantes se están viendo enfrentados a la alternativa de duplicar o triplicar los costos de su educación o, en su defecto, abandonar el proyecto educativo que habían escogido.

Frente a esta situación, que le hicimos ver a la ministra, se constituyó una mesa de diálogo, presidida por Andrés Palma, quien nos informó de varias acciones que está realizando el Ministerio para minimizar los efectos de la ley de Inclusión. Dentro de las normas legales que se plantearán está la Ley Miscelánea II, que modificará el precio del arriendo, expresado en porcentaje de avalúo fiscal, por un valor que sea de precio de mercado, el que debiera ser determinado por un medio objetivo y transparente. Además se indicó que se corregiría la posibilidad de comprar bienes inmuebles hipotecados, sin necesidad de la intermediación bancaria, así como facilitar los procesos de autocompra con una entidad bancaria. Y, por último, nos confirmaron que el 31 de diciembre de 2017 quedó como fecha límite para transferir la calidad de sostenedor desde una entidad con fines de lucro a una entidad sin fines de lucro. Se intentará aprobar un segundo proyecto de ley que introducirá modificaciones a la nueva carrera docente y a la aplicación de la ley de subvención escolar preferencial. También intentarán modificar el Decreto Supremo 315 sobre reconocimiento oficial, a fin de que se tome en cuenta para efectos de valorización aquella infraestructura que es empleada por el establecimiento educacional.

Valoramos el gesto del Ministerio de crear este puente con la educación particular, pero creemos que más que una mesa de trabajo, la reunión fue un acto de notificación de un proyecto de ley que ya se encuentra redactado, y que soluciona los problemas que políticamente pueden ser más delicados. A nuestro juicio estamos nuevamente en presencia de un gobierno que no dialoga y que en términos objetivos no responde a las inquietudes que formalmente se le hicieron llegar a la ministra, lo que corrobora nuestra hipótesis de que esta administración no va a modificar la situación crítica de los colegios particulares.