¿Mis ahorros… mi pensión?

Finalmente el gobierno firmó la esperada propuesta de reforma al sistema de pensiones, la cual trae varias novedades tanto en términos de nuevos beneficios como de modificaciones al marco regulatorio de la industria, y cuyos detalles sólo serán conocidos una vez que se difunda el texto de los proyectos de ley firmados la semana pasada.

Sin embargo, uno de los cambios más trascendentes que se anunció como parte de esta reforma es la idea de utilizar parte de la cotización de los trabajadores para mejorar las pensiones tanto de los actuales como de los futuros jubilados.

Esto corresponde a un importante cambio de paradigma sobre la forma de hacer política social, que sustituye a las rentas generales como la fuente de financiamiento de los beneficios sociales. En la práctica ¿quiénes serán los que pagarán la cuenta de este cambio? No serán las arcas fiscales del Estado, que es lo mismo que decir que no serán las personas de mayores de ingresos a través del pago de sus impuestos. Muy por el contrario, los beneficios se financiarán por los cerca de 5,2 millones de cotizantes, en su mayoría trabajadores dependientes, con un sueldo líquido en promedio cercano a los $ 600 mil. De hecho, más de la mitad de estos trabajadores recibe para su bolsillo menos de $ 430 mil al mes. Ellos representan 63% de todos los ocupados, lo que no es sino reflejo que aún un porcentaje considerable de la fuerza laboral no cotiza para su pensión.

No parece del todo justo que sea este grupo el que, en vez de aprovechar el aumento en la cotización en un necesario incremento en su ahorro previsional para mejorar sus pensiones, deba traspasar parte de sus ingresos al Nuevo Ahorro Colectivo, y con ello destinar sus ingresos a mejorar las pensiones de los actuales jubilados (incluso los de pensiones altas) y las de los futuros pensionados que no alcancen un ahorro determinado.

El que parte del ahorro de los trabajadores deje de financiar su propia pensión, además de ser un impuesto a sus ingresos altamente regresivo, desincentiva la cotización y la formalidad laboral, ambas variables clave para justamente resolver el problema de mejorar las pensiones en el largo plazo (que es lo que buscaba esta reforma).

Estar en desacuerdo con la fórmula de financiamiento escogida por el gobierno para mejorar las pensiones NO implica oponerse a mejorar las pensiones en curso y futuras, sino al camino propuesto para introducir mayor solidaridad a nuestro sistema previsional. Se equivocan nuestras autoridades cuando nos tratan de convencer que el sistema de pensiones vigente no fue o no es solidario. Desde su origen éste contó con la entrega de Pensiones Asistenciales (PASIS) a quienes no tenían ahorros, las que fueron reemplazadas (y mejoradas) en 2008 por la Pensión Básica Solidaria y complementadas con el Aporte Previsional Solidario, que hoy entrega un suplemento en sus ingresos a todos aquellos pensionados que pertenecen al 60% más pobre y no alcanzan una pensión autofinanciada de cerca de $ 310 mil. Todo esto financiado con rentas generales y no con los ahorros de los trabajadores que cotizan. ¿Por qué no mejor profundizar este camino, ya sea mejorando los beneficios que éste entrega, o aumentando la pensión máxima con aporte solidario o incrementando su cobertura? Si la respuesta es la falta de recursos basta recordar, por ejemplo, que si el gobierno no ampliara la gratuidad desde el 50 al 60%, esto liberaría recursos fiscales equivalentes a aproximadamente US$ 1.000 millones, lo cual permitiría aumentar en cerca de 50% los recursos que hoy se destinan al Pilar Solidario.

En suma, ya es un hecho que el gobierno descartó incorporar todo el futuro aumento en la cotización en las cuentas individuales de los trabajadores. Con esto, además de desaprovecharse la oportunidad de maximizar el incremento en sus pensiones, se instalaría un componente solidario altamente regresivo, que podría traer serios perjuicios a las determinantes de una mayor pensión en el futuro. Y si de introducir solidaridad se trata, existe sobre la mesa una propuesta alternativa, cuya fuente de financiamiento son las arcas fiscales, un camino más justo para alcanzar el objetivo último (trasversalmente compartido) de mejorar las pensiones.