No es un trámite

Hace unos días la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto de ley de Educación superior, luego de la aprobación de sus pares de la Comisión de Educación.

La Comisión presidida por el diputado José Miguel Ortiz recibe un proyecto a lo menos problemático. Su extensa tramitación, con varios tropiezos, y múltiples indicaciones de lado y lado no han cambiado su esencia, la gratuidad universal. Esto demuestra que, a pesar de lo que el Ministerio de Educación ha tratado de argumentar, este no es un proyecto sobre educación propiamente tal, sino sobre financiamiento estudiantil. Por lo tanto, la Comisión de Hacienda se encuentra con la misión de, al fin, enfrentar el verdadero centro del proyecto, algo que su símil de educación prefirió evadir.

Este centro es el mecanismo mediante el cual se pretende establecer un sistema de financiamiento a la docencia de pregrado en educación superior que, mediante el control estatal, político y centralizado de aranceles y vacantes, reemplace lo que hoy aportan las familias por aportes fiscales. ¿Qué problemas debiera abordar la comisión?

Primero, el significativo gasto fiscal que este proyecto implica, y la dificultad de calcular seriamente los costos. Las estimaciones disponibles indican que, en régimen, la gratuidad universal podría costar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares adicionales al presupuesto de educación. El Ministerio de Hacienda estima el valor en 1.2% del PIB incremental, con el supuesto de que la cobertura no aumente, esto es, que no ingresen significativamente más estudiantes que los que están matriculados hoy. La comisión de Hacienda debe dedicar tiempo en revisar los supuestos y proyecciones realizados por el Ministerio de Hacienda, antes de comprometer al país con una carga importante que deberán llevar al menos 15 futuros gobiernos.

Segundo, y a pesar de los altos montos anteriores, el informe financiero que acompaña el proyecto está incompleto. Debe incorporarse, por ejemplo, los costos que implicará el cierre masivo de instituciones, principalmente las que no logren acreditarse. Asimismo, aún no se han publicado los nuevos aranceles regulados que pagará el Estado a las instituciones (que serían entre un 3 y 12% mayores a los de 2016), por lo que no es posible hacer una chequeo externo mínimamente responsable de la estimación del Ministerio. Es cierto que los informes financieros no tienen que ser totalmente exactos, pero si deben cubrir y considerar todos los elementos que implicarán gastos al fisco. En esto el informe está al debe, y la Comisión de Hacienda debiera hacer ver este punto al gobierno y abrirse a perfeccionar el informe.

Estos antecedentes, entre otros, son los que deben llamar a la Comisión de Hacienda a discutir el proyecto de ley de Educación Superior en profundidad, sin dejarse presionar por la premura del ejecutivo. Se trata de un proyecto complejo y extenso, sobre el cual los diputados están llamados no solo a pronunciarse sobre la creación de un par de reparticiones estatales, sino de la estructura, naturaleza y futuro del sistema de educación superior. Los errores que se deriven de un trabajo innecesariamente acelerado, contribuirán a seguir deteriorando la calidad de las políticas públicas en Chile.