No frenemos la migración

La semana pasada el Gobierno envió al Congreso el nuevo proyecto de ley que regula la inmigración. El solo hecho de hacerse cargo del problema ya es muy bueno. Sin embargo, siempre surgen a este propósito ideas de cerrar fronteras y buscar modos de frenar el ingreso de extranjeros.

Hace unas semanas visité el campamento Unión, Fuerza y Esperanza ubicado en Alto Hospicio. En el lugar, conocí a Wilson, un joven de 26 años de nacionalidad boliviana, quien me contaba que antes de llegar al campamento tenía que pagar 200 mil pesos por una pieza que compartía con otras personas, donde se les cobraba 3 mil pesos para ducharse y tenía que esconder su dirección y nacionalidad, porque si decía que era boliviano y vivía en un campamento no conseguía trabajo. Esta es una muestra típica de rechazo al migrante.

Este golpe de realidad me hizo pensar que obstaculizar las acciones humanas a veces es una pésima idea. Desde hace miles de años, en diferentes épocas y culturas, el ser humano ha prohibido determinados actos que dañan a las personas o las relaciones entre ellas bajo la promesa de castigos. Ejemplo de ello son nuestros códigos penales en países o instituciones. La teoría dice que si el castigo es suficientemente grande en relación al posible beneficio, las personas lo evitarán comportándose en la dirección que se pretende, haciendo un simple cálculo racional.

El caso de la migración es similar. Hay que examinar muy bien qué motiva el desplazamiento de las personas de un país a otro, porque si hay una necesidad humana muy básica, no importan las penas que se prometan: las personas migrarán igual. Quienes llegan a nuestro país han tenido que dejar atrás redes, familia, historias y amigos. La necesidad debe ser muy grande.

El problema es que cuando se obstaculiza la migración y la motivación es tan básica y profunda, lo harán de cualquier modo, pero en condiciones mucho más precarias: por pasos no habilitados, sin documentos, sin que el Estado receptor lo sepa, en condiciones de riesgo de la vida por el clima, o bien siendo presa fácil de los coyotes o del tráfico de personas. Pretender frenar acciones motivadas por necesidades fundamentales es muy difícil y precariza la vida del migrante.

El actual proyecto de ley enviado por el gobierno promete avanzar en la dirección correcta, en cuanto incorpora las convenciones internacionales suscritas por Chile y declara la importancia de reconocer derechos sociales. No obstante, el derecho a una vivienda digna sigue siendo un ámbito que queda fuera de este proyecto de ley. Según cifras de la Casen 2015, de los 465.319 migrantes que actualmente residen en Chile, un 25% vive en situación de hacinamiento.

Tenemos que reconocer que la migración es una riqueza. Un país donde todos son iguales tiene pocas ideas novedosas y una visión de mundo estrecha, empieza a creer que todos debieran ser como él y que el resto está equivocado. Un país así limita seriamente sus posibilidades de desarrollar humanamente a sus habitantes.