Nueva educación pública y desafíos del próximo gobierno




El 3 de octubre el Congreso Nacional aprobó la ley de Nueva Educación Pública, conocida coloquialmente como desmunicipalización. En ella se crean 70 Servicios Locales de Educación (SLE) que se pondrán en marcha gradualmente entre el año 2018 y el 2030. Estos servicios locales gestionarán y apoyarán a las escuelas públicas actualmente a cargo de los municipios. La ley también trae consigo un aumento de recursos para financiar al personal de los servicios locales y la Dirección Nacional de Educación Pública, que coordinará a estas entidades.

La puesta en marcha de esta nueva ley, que corresponderá en la práctica al próximo gobierno, requerirá un amplio tiempo de maduración para la instalación de los SLE—por las contrataciones e infraestructura necesaria—y posteriormente llegar a la operación en régimen. A esto se le debe añadir que la NEP tendrá que interactuar con la Ley de Inclusión y, muy especialmente, con la Ley del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Gestionar los vasos comunicantes y crear sinergias prácticas entre estos cuerpos legales será uno de los principales desafíos que enfrentará la siguiente administración.

La reforma estructural al sistema escolar realizada por este gobierno, con las tres leyes mencionadas, llaman a que en el futuro próximo gobierno el énfasis gubernamental se centre en fomentar una gestión que priorice el funcionamiento de esta nueva estructura en vez de intentar realizar nuevas reformas estructurales. Hay tres aspectos en los que la nueva administración debe centrarse.

En primer lugar, es necesario un cambio cultural para que cualquier medida ponga al centro a los niños y niñas y se pregunte cómo esta ayuda a mejorar las posibilidades de desarrollo integral de nuestros estudiantes.

En segundo lugar, se requiere profesional la gestión en los SLE para salvaguardar lo pedagógico y disminuir las cargas administrativas sobre las escuelas. Esto implica que los SLE deberían estar al servicio de las necesidades de los estudiantes y las escuelas, conteniendo el peso de la inmensa cantidad de procedimientos burocrácticos que establecen las más de cien leyes a las que están sujetos los establecimientos educativos.

En tercer lugar, otro cambio cultural importante, consiste en cambiar la tesis de la mejora por la competencia por una de la mejora por la colaboración al interior y entre establecimientos. Se trata de un elemento contracultural después de 37 años de competencia entre escuelas por matrícula y Simce, además de los altos niveles de desconfianza en el país. Por ello será necesario poblar la gestión de metodologías probadas de colaboración para la mejora, pues apelar solamente a la buena voluntad de las personas involucradas para aprender a colaborar para construir más oportunidades para los niños será una receta para acumular tropiezos.

Finalmente, el próximo gobierno deberá priorizar en la gestión efectiva del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la Ley de Inclusión y de la Nueva Educación Pública. Al país no le convendría que cada nuevo gobierno, después de todo el esfuerzo realizado por el Ejecutivo y el Congreso Nacional, quiera deshacer lo que hizo el anterior. Esto no habla de un país con políticas públicas serias con visión de Estado y de largo plazo.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.