Nueva institucionalidad para la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia: más allá de la emergencia

Ante las precariedades evidenciadas por la batalla contra el fuego tras los últimos incendios y cuando recordamos nuevamente el terremoto y tsunami que azotó el sur de nuestro país hace siete años, la propuesta del gobierno de ingresar en marzo el proyecto que transforma la Conaf en el Servicio Nacional Forestal y retomar las discusiones con suma urgencia sobre la ley que crea el Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, cobra relevancia. Este último seguiría estando bajo el alero del Ministerio de Interior y Seguridad Pública que, si bien es clave en el manejo y la gestión de emergencias, no será eficaz para abordar la gestión integral del riesgo de desastres que es dónde el país sigue mostrando las mayores carencias de acuerdo a los análisis de organismos internacionales independientes.

El diseño de políticas públicas tendientes a prevenir y mitigar los efectos de los desastres y la evaluación prospectiva de éste, requieren del conocimiento integrado de las múltiples amenazas con las que convivimos (terremotos, tsunamis, inundaciones, aluviones marejadas, olas de calor e incendios). Sin embargo, en los proyectos de ley no se corrige el alto nivel de atomización y carácter disímil de los organismos encargados de caracterizar estas amenazas, a saber, ministerios sectoriales, servicios técnicos del Estado (Conaf, Shoa, Sernageomin, DMC) y el CSN de la Universidad de Chile. Así mismo, la evaluación y mitigación del riesgo, necesita conocer y proyectar en el tiempo los niveles de exposición y vulnerabilidad de sistemas físicos, urbanos, productivos y sociales, los que tampoco encuentran en los proyectos de ley una forma ni responsable definidos para servir a estos fines.

A nivel internacional existe cada vez más consenso de que la gobernanza del riesgo de desastres debe estar considerada dentro del marco de desarrollo de los países, en ámbitos mucho más amplios que la emergencia, incluyendo por ejemplo, la planificación de la infraestructura crítica, los modelos de desarrollo productivos, la interacción con el medio ambiente y el uso del territorio. Así, la gobernanza del riesgo entendida en su forma moderna, puede y debe contribuir al desarrollo sostenible y a la disminución de inequidades sociales. Por otro lado, la agenda de Cambio Climático ha logrado generar consensos a nivel nacional e internacional, enriqueciendo la discusión política con una mirada prospectiva en lo que respecta a la planificación de acciones de mitigación y adaptación indispensables para nuestra supervivencia en el largo plazo. La nueva institucionalidad para la gestión del riesgo de desastres debe construirse en conjunto con el marco institucional y normativo que se trabaja en paralelo para esta agenda.

La gran experiencia para enfrentar desastres y recuperarse de ellos que Chile ha acumulado a través de su historia, debiera permitirnos proponer un diseño institucional inédito a nivel mundial. La nueva institucionalidad requerirá balancear mejor la respuesta de emergencia con la anticipación y mitigación del riesgo; y potenciar y mantener en el tiempo los conocimientos y energías que en momentos de crisis fluyen desde la sociedad.

Así mismo, Chile necesita cambiar su estructura de gastos para la gestión del riesgo: hoy se destinan en promedio entre 1% y 2% del PIB anualmente sólo para responder a emergencias y reconstruir (el impacto económico del 27F estuvo entre el 15% y 20% del PIB), mientras que la inversión en prevención, preparación y cuantificar la exposición y vulnerabilidades es disperso e insuficiente.

La evidencia desde la investigación científica y las prácticas internacionales, tiende a mostrar que al poner como metas transversales de la acción del Estado la reducción del riesgo de desastres, el desarrollo sostenible y la resiliencia de la sociedad, se estará también combatiendo las inequidades y reconstruyendo las confianzas entre los distintos actores sociales.

Si somos capaces de aprovechar la oportunidad que nos entrega la discusión de estos proyectos de ley para sistematizar las experiencias y corregir errores, nuestro país bien podría constituirse en paradigma para la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia.