Orden y patria

HAY BUENAS razones para sentirse satisfechos, cuando no orgullosos, de nuestros Carabineros. No solo se trata de una institución importante para las personas por la relevancia que han adquirido los temas de seguridad ciudadana, sino también por su función en los lugares más apartados, colaborando en las tragedias o desastres naturales, y muchas veces, en diversas circunstancias, arriesgando su propia vida para proteger la de nosotros.

Evidentemente, y como en toda organización, no está ajena a las malas prácticas o a la corrupción de algunos de sus miembros, cuestión que en otros períodos de nuestra historia incluso llego a la ignominia de institucionalizar la práctica del abuso y el terror, como de hecho conocimos varios casos durante la dictadura militar. Pero pese a ciertos resabios que podrían subsistir de esos tiempos oscuros, hoy la gran mayoría de nuestros Carabineros, y a diferencia de lo que ocurre en otros países -pienso en Argentina o México por ejemplo- son personas honorables, que en precarias circunstancias han sabido resistir a la tentación del dinero o el poder.

Es por eso que me imagino duele a muchos la reciente denuncia de este caso de corrupción al interior de la institución, que involucra a 17 funcionarios en un millonario desfalco, y cuyos detalles y consecuencias recién estamos aquilatando. Pero más allá de la vergüenza o indignación inicial, hay dos cosas que deberían preocuparnos de sobre manera.

La primera, es que resulta difícil, por no decir inverosímil, la sorpresa con que han reaccionado algunos altos mandos de la institución. Carabineros de Chile, especialmente en su condición de policía militarizada, ejerce muy severos controles a sus efectivos, no solo respecto de las finanzas de sus miembros -léase ingresos, préstamos u otras operaciones- sino incluso al extremo de involucrarse en su vida personal y afectiva, como cuando deben solicitar permiso para contraer matrimonio. En ese contexto, y pensando que además comparten villas y condominios con otros efectivos de diverso grado y rango, es imposible haber mantenido hasta ahora este secreto solo en el reducido elenco de los implicados.

La segunda cuestión se relaciona directamente con la anterior, en el sentido de que volvemos a constatar el hermetismo institucional y los grados de autonomía que son incompatibles e inaceptables en un estado de derecho. Pienso en la dificultad para acceder a las reales estadísticas de prevención y combate del delito; a la imposibilidad para intervenir o modificar sus procedimientos; a su asegurado financiamiento y la opacidad para ejecutarlo; o a las huelgas de brazos caídos en manifestaciones públicas, especialmente después de decisiones o señales de la autoridad que los han incomodado; como evidentes ejemplos del fracaso de los gobiernos democráticos en la vigilancia de su policía.

De hecho, y sin querer exagerar, el último gobernante que realmente pudo exhaustivamente controlar a Carabineros, fue Pinochet.