Paralización de proyectos: la punta del iceberg

• Esta columna fue escrita junto a Violeta Rabi, investigadora Espacio Público.

Vuelve a hacer noticia que múltiples proyectos de inversión se encuentran paralizados durante el proceso de tramitación ambiental. Los proyectos detenidos ascienden a 7.527 millones de dólares – un no despreciable 3% del PIB. Esta es solo la punta del iceberg. Debajo se esconde una multiplicidad de conflictos socioambientales a lo largo de todo Chile.

Las tensiones se explican, a nuestro juicio, por la diversidad de impactos ambientales que los grandes proyectos generan en las comunidades y su ecosistema. Si bien la normativa ambiental exige que los proyectos deben "hacerse cargo" de dichos impactos, en el caso de proyectos de gran envergadura, la magnitud de las alteraciones hace que en la práctica la gestión de éstos se vuelvan sumamente desafiante, y en muchos casos, insuficiente.

Segundo, las comunidades han visto cómo estos grandes proyectos se han ejecutado sin ser realmente consultadas. En algunos casos, sus localidades se han visto transformadas negativamente, sin que haya habido chance de pensar el destino de sus territorios; pareciera que no hay espacio para la política en su sentido más puro, aquella que se refiere a definir como colectivo lo que queremos para nuestro futuro.

Tercero, los conflictos se originan también en la inequidad que experimentan a diario quienes habitan en esas comunidades. Inmediatamente al lado de proyectos multimillonarios, algunos de los cuales constituyen el "sueldo de Chile", se encuentran poblados con altos niveles de pobreza. Ese escurridizo sueldo pasa en camiones por afuera de sus casas, pero no se queda. Solo permanecen las molestias asociadas al proyecto.

La institucionalidad actual no da el ancho para enfrentar estos desafíos. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aborda el primer y segundo problema de forma bastante ineficaz, con una mirada sectorializada de los impactos e instancias de participación ciudadana meramente informativas, sin incidencia efectiva en la toma de decisiones. El tercero ni siquiera está contemplado en el diseño institucional vigente y hoy yace, formalmente, en tierra de nadie. Las empresas y comunidades tienen que encontrar la mejor forma de ponerse de acuerdo para "viabilizar" el proyecto.

En Espacio Público, al alero de Alianza Valor Minero y financiado por el Fondo de Inversión Estratégica del Ministerio de Economía y de CORFO, estamos trabajando en el diseño de una Institucionalidad para el Diálogo Territorial. Ésta buscará hacerse cargo de este conjunto de retos de forma integral, creando conductos institucionales para abordarlos. Para ello, tomaremos lo mejor de un conjunto de iniciativas que se han desarrollado sectorialmente en los últimos años, destacando las del Ministerio de Energía y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Uno de los objetivos de esta nueva institucionalidad es abordar la dimensión de inequidad entre empresas y territorios donde éstas se emplazan. Para ello, se propone poner en práctica conceptos como el de Valor Compartido, esto es, que las inversiones vengan aparejadas con beneficios para las comunidades.

Sin embargo, el principal foco de este diseño institucional radica en la participación. En efecto, si queremos disminuir la creciente conflictividad socioambiental en el país, debemos generar las condiciones para una participación ciudadana simétrica, sustantiva, temprana y permanente a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos. En otras palabras, entendemos la calidad de la participación como el presupuesto clave para la posterior discusión en torno a los beneficios; si no se sigue este orden, se corre el riesgo de que la lógica transaccional sea el núcleo de los arreglos a los que se lleguen.