Periodistas canallas vs. honorables senadores

El periodismo de investigación vivió días esplendorosos la semana pasada en Chile, en contraste con la oscuridad casi terminal que exhibe el Senado. Y ambas situaciones son las dos caras de una misma moneda. Gracias al excelente trabajo de Bio-Bio, Mega, Ciper y otros medios escritos y audiovisuales, nos hemos enterado de que una tercera parte de los diputados, al menos, ha pagado por informes plagiados total o parcialmente, con el consiguiente perjuicio para todos los contribuyentes. Además, dejaron al descubierto las inconsistencias y contradicciones de candidatos como Alejandro Guillier, quien en sus buenos tiempos como periodista llegó a enfrentarse a la Justicia con tal de exponer lo que, a su juicio, era incorrecto o corrupto, y de autoridades como el Presidente del Senado, Andrés Zaldívar, quien en dictadura sufrió el exilio por enfrentarse a los abusos, pero quien ahora aparece ante la opinión pública como un autócrata que se niega a rendir cuentas ante la ciudadanía y ante el Ministerio Público, y desoye las exigencias de más transparencia que le llegan desde los medios de comunicación.

Muy encomiable fue el trabajo de esa docena de periodistas que durante meses estudió y  comparó cientos de informes de la Cámara de Diputados, sorteando, con paciencia y tenacidad infinitas, las barreras impuestas por la burocracia parlamentaria. Durante horas y horas, con una envidiable tolerancia a la frustración después de recibir portazo tras portazo por parte del Senado, ese puñado de reporteros realizó un trabajo de investigación serio y preciso, y expuso de forma irrefutable cuán leve e insustancial puede llegar a ser la redacción de las leyes en nuestro país y cuán millonaria puede ser la hemorragia de dinero fiscal despilfarrado.

Como antes hizo la revista Qué Pasa con el "caso Caval" y La Tercera con la trama "Mop-Gate", los periodistas chilenos han sabido enfrentarse a los gobiernos de turno y a los políticos que han merecido reprimendas públicas por su falta de honestidad e incompetencia. No resulta sorprendente, en consecuencia, que esos mismos políticos amenazados por los periodistas se atrevan, cada cierto tiempo, a proponer más restricciones y "leyes de medios", similares a la que han impulsado gobiernos populistas y demagógicos en Argentina, Ecuador y Venezuela.

Frente a esos ocasionales arranques revanchistas de políticos ansiosos por acallar las críticas de la prensa nacional, es imperioso que la sociedad civil se muestre atenta y precavida, pues son precisamente los ciudadanos—no los políticos—los que en primer lugar resienten la falta de libertad de información y expresión.

En estos tiempos críticos, la prensa necesita más protección que nunca y nadie, tal vez, ha expresado esa necesidad con tanta elegancia intelectual y pasión, como hizo hace algunos años el ex presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Charles Evans Hughes: "La gestión del Gobierno se ha vuelto más compleja, se han multiplicado las oportunidades de fraude y corrupción, el delito ha aumentado hasta sus cotas más altas, y el grave peligro que corremos por dejar en manos de burócratas deshonestos la salvaguardia de nuestra seguridad personal y la de nuestras propiedades para hacer frente a grupos criminales y a la negligencia administrativa, refuerzan la necesidad imperiosa de contar con una prensa valiente y vigilante, especialmente en las grandes ciudades. El hecho de que la libertad de prensa pueda verse menoscabada por malignos atizadores de los escándalos no hace menos necesaria la inmunidad que necesita la prensa para lidiar, sin restricciones previas, con el mal comportamiento de nuestros funcionarios".