Piñera, malos augurios

PIÑERA DIO a conocer sus primeros lineamientos programáticos. Aparecen propuestas  de interés: plan de infraestructura, similar al del excandidato Lagos; maximizar el uso de internet en el Estado; crear una Oficina de Presupuesto del Congreso; establecer autoridades metropolitanas, sin especificar si serán elegidas democráticamente.

Llaman la atención temas ausentes, que podrían revelar su falta de valoración, relativos a las Pymes, la colusión y el abuso empresarial y asociado con ello la escasa importancia asignada a la competencia, los desafíos medioambientales, la negociación colectiva, la ciencia y tecnología y una visión de la mujer como madre sin incorporar los desafíos que ellas enfrentan como trabajadoras, como profesionales y como personas integrales.

La visión global es preocupante. Parte de  un diagnóstico que atribuye los problemas de Chile a las reformas de Bachelet. Ignora tanto las contrapuestas visiones políticas respecto de temas cruciales como la Constitución y los sistemas de pensiones, salud y educación que dificultan la convivencia nacional, como los problemas estructurales que afectan la economía tales como el estancamiento de la productividad, alta dependencia de los recursos naturales y la bajísima inversión en ciencia y tecnología. Se centra en revertir las reformas, arriesgando con ello que, en caso de ganar, dilapide  su capital político en una contrarreforma que enfrentaría una fuerte oposición en la calle y en el Congreso, con efectos negativos sobre el llamado "ambiente de negocios" para, finalmente, en el mejor de los casos, retrotraer políticas al año 2013 sin haber abordado los problemas estructurales que nos afectan, evadiendo los nuevos desafíos.

La propuesta económica social reafirma y consolida la privatización del sector social, elimina la tributación de las empresas (cuyos pagos volverían a constituir un mero adelanto de la tributación de sus propietarios) y genera presiones sobre los equilibrios fiscales. En salud, reafirma la privatización, al optar por licitar la resolución de listas de espera al sector privado, en lugar de mejorar y acelerar la inversión en salud pública, lo que implica costos mayores que presionarán el déficit fiscal. En pensiones, reafirma el sistema de AFP, sin introducir siquiera reformas menores y propone reducir el aporte patronal propuesto por el actual gobierno en un punto, dejando que los problemas de la vejez sigan siendo un gran negocio para unas pocas empresas.

Al retrotraer la reforma laboral e impulsar la flexibilización del trabajo impulsa la precarización del trabajo, lo que unido a la falta de iniciativas para generar nuevos sectores productivos y empleos de alta productividad se traduce en exigencias adicionales para el Estado,  que deberá compensar la caída del nivel de salarios con recursos públicos. En este contexto se entiende el relanzamiento del llamado "ingreso ético familiar".

Desde el punto de vista sistémico este conjunto de medidas, junto con la rebaja del impuesto a las empresas y el restablecimiento de un sistema integrado que abrirá amplios portones para la evasión y la elusión, hace prever un aumento del déficit fiscal.