Política de Desarrollo Urbano

LUEGO de 14 meses de trabajo, este lunes se le entregó al Presidente Piñera la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), elaborada por una comisión donde me tocó participar junto a otros 27 integrantes. 

El objetivo de la PNDU era fijar una "carta de navegación" para ordenar el crecimiento de nuestras ciudades con una mirada de largo plazo, definiendo principios y metas que se ordenaron en cuatro grandes ejes.

El primero, y más relevante, es promover la integración social de los grupos más vulnerables, bajo el entendido de que ya no basta con erradicar campamentos o inaugurar nuevos conjuntos habitacionales.

La prioridad de los próximos años será recuperar barrios críticos, donde viven miles de familias en entornos segregados e inseguros. Ello implica aumentar sustantivamente los recursos para recuperar viviendas y espacios públicos, levantar áreas verdes y servicios. Además, se deben tomar medidas para evitar la aparición de futuros focos de segregación, reservando buenos terrenos para viviendas sociales y creando subsidios que promuevan el arriendo y la creación de barrios mixtos en ubicaciones centrales.

El segundo eje reconoce el rol de las ciudades como motores de innovación y desarrollo económico, y la necesidad de fortalecer esta vocación, promoviendo el acceso a la vivienda y la creación de empleo. El tercero se aboca al tema patrimonial, proponiendo instrumentos y regulaciones que ayuden a preservar barrios y edificios, evitando que se sigan deteriorando, como ha ocurrido en Valparaíso o Chiloé.

El cuarto eje busca promover modelos de crecimiento de bajo impacto ambiental, incorporando los estudios de riesgos naturales (sismos, inundaciones, derrumbes) para definir cómo y hacia dónde deben crecer las ciudades. También se destaca la urgente necesidad de mejorar el transporte y reducir los niveles de congestión que aquejan a Santiago, el Gran Concepción o Antofagasta.

Como vemos, la PNDU toca temas que afectan directamente la calidad de vida del 88% de los chilenos que vive en ciudades. Pese a ello, su discusión no fue prioritaria para varios actores claves. El Ministerio de Obras Públicas, que tiene un ambicioso plan de infraestructura urbana, nunca asistió a la comisión y el Ministerio de Transportes participó muy poco, y formuló su propia política en paralelo.

La política urbana tampoco fue tema para la mayoría de los comandos presidenciales, ya que cuando fue anunciada, estaban abocados a debatir sobre la conveniencia de realizar primarias parlamentarias o de formular sesudas reformas electorales.

Esta indiferencia es muy preocupante, ya que para concretar sus objetivos, la PNDU requiere cambios legales e institucionales que dependerán de esos actores. Los más urgentes son fortalecer los gobiernos regionales, fusionar ministerios que operan de forma descoordinada y crear instrumentos que permitan que la vivienda se planifique junto a los servicios y el transporte.

Esperemos que el problema urbano no termine resolviéndose en la calle. Desde luego, esto sería muy serio, ya que los afectados serían millones y sus demandas podrían tener un alcance insospechado. Ya es hora de que la clase política se dé cuenta de ello.