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Actualizado el 19/05/2017

Blog de Rolf Lüders. Es economista

Rolf Lüders

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economista
Por mal camino

Por mal camino

LOS DATOS de diversas encuestas sugieren que los chilenos tienen poca confianza en sus instituciones políticas. Como sostienen Segovia, Haye, González, Manzi y Carvacho (2008), la pérdida de fe en nuestras organizaciones probablemente esté asociada a la percepción de que ellas no tienen la aptitud para cumplir sus metas y que sus fines no están orientadas al bien ciudadano. Aún más, tal falta de confianza es generalizada, dado que también afecta a las empresas privadas, especialmente las mayores.

En el caso de las instituciones políticas, el principal factor generador de desconfianza pareciera ser la incapacidad de cumplimiento de metas. Así, la contribución que hace el ciudadano pagando impuestos no se condice con los beneficios estatales que recibe. Tal incapacidad está relacionada con la ineficiencia del Estado al que, entre otros factores, se le exigen más tareas de las que puede realizar, que tiene una organización que en lo fundamental no ha cambiado en décadas salvo que se ha puesto infinitamente más frondosa, que tiene un exceso de personal en ciertas áreas y falta del mismo en otras, y cuyas remuneraciones funcionarias a menudo exceden la productividad.  La reforma del aparato gubernamental -tarea de largo plazo- debiera así ser un compromiso de Estado y de primera prioridad.

Un problema aún más complicado de resolver es el de la percepción de que las instituciones y empresas no están cumpliendo su función social, sino que son utilizadas urbe et orbi por algunas personas y partidos políticos para enriquecerse. Chile siempre ha sido un país en que los unos desconfían de los otros (Latinobarómetro 1995-2015), pero ahora tal desconfianza ha afectado también a las instituciones políticas y a las empresas. Una causa de este contagio -junto con un gran número de falsas imputaciones- ha sido un número acotado de bullados abusos y/o fraudes cometidos por personeros de unas pocas empresas privadas e instituciones públicas que, siendo graves y debiendo castigarse acordemente, no son de práctica común. Sin duda y en buena hora, las mayores exigencias de transparencia han contribuido a difundir los mencionados atropellos y/o desfalcos.

La desconfianza generada por los motivos antes señalados -a mi entender injustificada- impide el buen funcionamiento democrático y el adecuado desarrollo económico. No dudo, aun a riesgo de que se me tilde de ingenuo, que la inmensa mayoría de nuestras autoridades y líderes empresariales son personas responsables, que actúan respetando la ley y la moral, y teniendo en mente el bien general. Evidentemente que velan por sus intereses personales, lo que si se hace con la prudencia requerida, es perfectamente legítimo.

Es hora que dejemos a un lado las constantes descalificaciones morales que -suponiendo intenciones- se han hecho últimamente por lado y lado. Si seguimos por este camino, el desprestigio de parlamentarios, funcionarios públicos y empresarios, y las instituciones correspondientes, solo se acentuará, hasta que el sistema nuevamente colapse.

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