Un precedente peligroso para el periodismo

El alcalde de Valparaíso Jorge Sharp no les permitió a los medios acceder a los albergues para conversar con los afectados durante el último incendio en Valparaíso (2 de enero). La decisión de Sharp significó que los periodistas y camarógrafos fueran desalojados, según el municipio, para respetar la integridad de los damnificados. Esta medida concitó el apoyo de varios conocidos informadores de la plaza y también de una parte de la opinión pública que se expresó a través de Twitter. Esto, aunque entendible en muchos casos, puede ser muy complicado para la profesión en el largo plazo.

Es cierto que al periodismo le falta trabajo de pauta y calidad en el tratamiento a las víctimas, sin embargo para la sociedad no es bueno que las medidas sean aplaudidas por el gremio porque sientan un precedente respecto de su capacidad para fiscalizar a los responsables de poner en pie a un país o a una comunidad azotada por una tragedia.

Cuando un desastre de gran magnitud ocurre en los países, incluido Chile, se activan una serie de protocolos por institución, que tienen como objetivo apoyar a los afectados y que la teoría conoce como manejo del desastre. En esta primera etapa, o etapa de respuesta, a las personas se les debe proveer de techo, comida y abrigo, entre otras cosas. El funcionamiento de los albergues, por lo tanto, y las formas en que se organiza el cuidado a la población es una de sus obligaciones. Si a los periodistas se les impide acceder, ¿cómo constatarán que la tarea se está cumpliendo y que la calidad de las instalaciones son las adecuadas? Por ejemplo, se dice que los baños, hasta en Japón, son deficientes.

Además de lo anterior, y de acuerdo a las nueve acciones de la etapa de respuesta, los periodistas deberían tener presente que a las autoridades les corresponde activar el plan de emergencia que tiene el país para estas situaciones, que ellos deben iniciar las operaciones de la oficina de emergencia respectiva (en nuestro caso, ONEMI) y que además es su obligación generar los sistemas de evacuación para las poblaciones afectadas. También les incumbe proveer de cuidados médicos de emergencia, preocuparse del control de los incendios y de la búsqueda y rescate de desaparecidos. Es importante su labor en el cuidado y protección de la infraestructura y la recuperación de los servicios básicos. Y, por supuesto, el manejo de los fallecidos. Sabiendo esto, no es posible que la sociedad, representada por sus periodistas, que la mayor parte de las veces llegan antes que los responsables a estos lugares, opte por preferir que se les impida el acceso a los lugares dedicados a la recuperación después de un evento desastroso (hospitales, albergues, oficinas, etc.).

Para el terremoto de 2010, si no hubiera sido por el acceso que tuvieron los periodistas a los lugares de la tragedia y además por los testigos a los que se entrevistó (muchos de ellos, por supuesto, muy mal entrevistados), la información sobre el hecho hubiera sido casi nula, porque la autoridad apareció poco. Según un estudio realizado en la Facultad de Comunicaciones de la UC sobre la información en TV abierta en 2010, el primer día las autoridades responsables aparecieron en un 21,6% del total de las notas exhibidas y de ese porcentaje un 3,9 correspondió a información entregada por la ONEMI. Michelle Bachelet, presidenta en ese momento, tuvo 103 intervenciones del universo del total analizado (7 días y 1.619 notas).

Si el cliché de que Chile es un país de desastres, como ya hemos visto, se mantiene, los medios y sus periodistas se seguirán enfrentando a las autoridades y a los afectados. Puede que algunos no lo hagan tan bien como se espera en términos profesionales, pero aun así los periodistas nunca le pueden permitir a la autoridad que les restrinja el derecho a la información.  Es un riesgo demasiado alto para el país, en especial en momentos de desastre.