Proyecto de Ley de Inclusión Laboral de PcD: …como un dulce para un niño




La semana pasada, la Comisión Mixta del Congreso Nacional y encargada de sacar adelante este tema ya pospuesto por tantos años, aprobó por unanimidad el proyecto de ley que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad y que modifica la Ley N° 20.422 y el Código del Trabajo, estableciendo una reserva legal de empleos para personas con discapacidad (PcD) de tan sólo el 1%.

De acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad presentado el año 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sólo el 20% de las PcD en edad laboral logra insertarse en alguna empresa de nuestro país.

No obstante lo anterior, resulta impresentable que después de todos los Estudios, Encuestas, Debates y Discursos que hemos escuchado y donde se enfatiza que estamos en vías de ser "un Chile Inclusivo", la verdad es que estamos muy alejados de esa realidad pues recuerdo que esta discusión comenzó hace varios años atrás sobre la base de discusiones eternas en el Congreso, hasta altas horas de la noche, hablando con autoridades, organizaciones de la sociedad civil, abogados, parlamentarios, profesionales del área de la salud de la importancia de sacar adelante este proyecto con un piso mínimo de un 5%....

La cuota actualmente aprobada del 1% demuestra que los integrantes de la Comisión Mixta, no tuvieron el más mínimo interés en conocer la verdadera realidad de las PcD y sus familias. Y con esto me refiero, - entre otras cosas -, a los dichos de la Presidenta de la Comisión hace unas semanas atrás, Sra. Adriana Muñoz, quien señaló que "las estadísticas demuestran que no hay tanta demanda de personas con capacidades diferentes para incorporarse al mercado laboral, e incluso el 1% puede ser una cifra que sea grande frente a la realidad en Chile…".

Para quienes trabajamos hace años y de manera seria y responsable en inclusión, esta propuesta resulta vergonzosa, por decir lo menos, pues claramente nos demuestra que quienes tienen en sus manos la posibilidad de darle una mejor calidad de vida a otras personas – iguales en derechos y deberes -, no tengan o no quieran buscar la información necesaria y/o los asesores que corresponden para sacar adelante un tema tan importante como éste.

El proyecto, entre otras materias, busca crear un sistema de inclusión laboral que obliga a los organismos públicos civiles y militares y a las grandes empresas privadas - en ambos casos con 200 o más trabajadores- a reservar una cuota mínima de un 1% para personas con discapacidad o que reciban pensión de invalidez.

Además, consagra el Principio de No Discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad. Asimismo, la iniciativa fortalece la igualdad de remuneración, partiendo la negociación desde el ingreso mínimo como a cualquier otro trabajador que postula a un cargo.

Tal como ya lo había mencionado en otras columnas, la Comisión de Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya envió a Chile el Informe del examen que nuestro país fue a rendir el año pasado sobre el estado de avance en materia de discapacidad. Una de las recomendaciones que hizo en materia laboral es "acelerar la adopción de la legislación sobre inclusión laboral de las personas con discapacidad (PcD), y adoptar una estrategia amplia con indicaciones y plazos específicos en la materia, incluyendo a las mujeres y los jóvenes con discapacidad." Y prosigue, "El Comité recomienda al Estado de Chile asegurar el logro de un empleo productivo y decente para todas las personas, incluyendo PcD en línea con el Principio de Remuneración Igual Trabajo por Trabajo de Igual Valor".

Resulta un descrédito para el mundo de la discapacidad y los profesionales que trabajamos en este ámbito, que el Gobierno anuncie con bombos y platillos este "avance" como una si fuera una gran noticia, cuando aún sigue siendo sólo un "proyecto de ley", que puede demorarse varios meses o años más, para promulgarlo como tal.

Sin duda, un proyecto entrampado, sin voluntad política ni conocimiento técnico, "en período de cajón" y que sólo refleja un total y absoluto desconocimiento por parte de las autoridades de la realidad de las 2.838.818 personas que actualmente viven con alguna discapacidad en nuestro país.

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