¿Proyectos para modernizar los medios de pagos digitales?




Chile debe ser el único país del mundo donde se requiere ser un banco para emitir una tarjeta de prepago para fines generales.

En noviembre recién pasado el gobierno finalmente envió al Congreso Nacional dos proyectos de ley que pretenden modernizar los medios de pagos digitales en el país.  El primero autoriza la emisión de tarjetas de prepago no bancarias, y fue ingresado por la Cámara de Diputados, y el segundo pretende regular la competencia en el mercado de medios de pagos electrónicos, y fue ingresado por el Senado.  Chile debe ser el único país del mundo donde se requiere ser un banco para emitir una tarjeta de prepago para fines generales, y donde todos los bancos se encuentran unidos a través de una empresa de apoyo al giro bancario para realizar la adquirencia o afiliación del comercio, lo que a estas alturas en un injustificable monopolio autorizado legalmente por la entonces Honorable Comisión Preventiva Central en 1991.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) finalmente arribó a esta misma conclusión,  pues en diciembre pasado interpuso un asunto no contencioso en el Honorable Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) para que este organismo se pronuncie respecto a la autorización de su antecesora en 1991 y deje sin efecto dicha autorización, lo que obligaría a los bancos a competir entre sí en el mercado de adquirencia del comercio.

Los proyectos de ley fueron una gran desilusión para la comunidad de emprendedores y actores no bancarios interesados en el desarrollo de los medios de pago digitales, puesto que  denotan las inconsistencias y contradicciones de las autoridades respecto a este tema, y las tensiones que existen al interior del gobierno por los intereses afectados.  Bien por el proyecto que autoriza los medios de prepago no bancario, pero mal porque al mismo tiempo autoriza a Transbank y Nexus, ambas empresas de apoyo al giro bancario, para prestar servicios a las instituciones no bancarias que emitan los nuevos medios de prepago. Esto es absolutamente innecesario.  Las empresas de apoyo al giro bancario deben ser sólo para apoyar su giro, no para expandir su poder de mercado prestando servicios a otras empresas no bancarias, capturando otros mercados de este modo, especialmente cuando se trata de introducir precisamente competencia a la banca. La banca ha solicitado largamente esta autorización y ha sido denegada siempre. Debe mantenerse la negativa.  El proyecto que ingresó por el Senado y que pretende regular el mercado de pagos electrónicos debe ser revisado a la luz de lo que resulte de la investigación del TDLC ante la consulta  de la FNE que trata las mismas materias, y además tiene una gran omisión. Cuando hay competencia de adquirentes es clave determinar la tasa de intercambio que los adquirentes deben pagar a los emisores de tarjetas de pago.  Sin este precio clave ajustado a costos el mercado adquirente no puede surgir.  Nada de esto se dice en el proyecto. La tendencia más reciente es que consultores independientes internacionales estimen este precio por encargo de alguna autoridad, por ejemplo el Banco Central.  La alternativa de dejar este precio a la libre negociación de las partes sería un fracaso en Chile, precisamente porque es necesario dar certezas a los entrantes que vienen a desafiar un mercado monopolizado.

Es necesario reconocer al gobierno, en todo caso, que finalmente podamos discutir abiertamente estos temas. Ya no será una cerrada discusión interna. Se ha configurado una potente alianza en estas materias entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y el Ministerio de Desarrollo Social, que está impulsando fuertemente la inclusión financiera de la población con alto impacto social. ¿Son entonces estos proyectos los que el país necesita para modernizar los medios de pago electrónicos?  Son el principio de una discusión abierta y transparente, donde se espera celeridad y claridad de las nuevas autoridades del Ejecutivo y Legislativo.

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