Punta Peuco: los temas de fondo

A tres meses de las elecciones, ha vuelto al tapete el eventual cierre de la cárcel de Punta Peuco, lo que pone a los 95 condenados de ese recinto en el centro de la disputa electoral que se avecina. Como muchos temas que dividen el alma nacional, el debate se perfila nuevamente desde miradas maniqueas, lo que no ayuda a encontrar los puntos medios, más justos y aproximados a la justicia o a la caridad.

Las cárceles diferenciadas no son un fenómeno exclusivo de Chile, ya que ellas están validadas en las denominadas Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, en donde se establece la conveniencia de separar a los reclusos de acuerdo a las necesidades especiales de los grupos privados de libertad, por la sencilla razón de que las penas privativas de libertad no implican la supresión del resto de los derechos que aseguran la dignidad humana.

El resguardo de la dignidad de los presos debe ponderar caso a caso ciertas circunstancias, como la finalidad de la pena, el derecho a la verdad y la justicia, la reparación de las víctimas, la gravedad de los delitos, la seguridad y su reinserción social. Por ello, el primer gran error de esta discusión tiene que ver con considerar a los 95 condenados, cuya edad promedio supera ya los 77 años, como una especie de "paquete".

Es indudable que no se debe desatender la necesidad de justicia de quienes perdieron a sus seres queridos o sufrieron personalmente actos delictuosos. Debe ser un tormento permanente no saber qué sucedió con un familiar desaparecido. Esta demanda, sin embargo, debe conciliarse necesariamente con el deber del Estado de resguardar la salud, la seguridad y la dignidad de los privados de libertad.

Desde esta óptica, si desde el punto de vista político se considera que estas personas deben terminar sus días en el penal de Colina, ¿puede sostenerse lo mismo desde la mirada de los derechos humanos, que debe atender las condiciones médicas y de seguridad de los internos?

Por razones de seguridad y de edad, donde quieran que se encuentren, estarán necesariamente sometidos a normas especiales de segregación y de cuidado. Así lo entendió también Gendarmería, que está rápidamente habilitando algunas dependencias en Colina para recibir a esta población. Frente a todos los presos de la tercera edad, sin distinción, el Estado debe tener mayores estándares de compromiso, ya que se trata de una población más vulnerable en términos de seguridad y salud. El debate no es serio ni va al fondo, si no se analizan las condiciones de este grupo de personas por separado, como exige la ley, de acuerdo a sus condiciones de edad y físicas. Tampoco se va al fondo, si un país como el nuestro no aborda con criterios técnicos la situación de los condenados de la tercera edad en general, que cumplen castigo en distintos centros penitenciarios, ya que más segregación de la población penal, y no menos, es el camino para mejorar nuestro sistema carcelario, algo que la discusión no puede desconocer.