Revertir un 0-15

MÁS PRENSA que nunca ha captado la discusión sobre la elección de la nueva figura de gobernador regional, tarea que en la actualidad desempeñan los intendentes designados por el Presidente de turno. Los partidos de la Nueva Mayoría, con calculadora en mano, buscan la forma de hacer viable la aprobación de esta reforma, ya que en el caso que se cumpla lo que dicen las encuestas y pierdan la elección presidencial de noviembre próximo quedarían 0-15 abajo. Es decir, la totalidad de las regiones estarían encabezadas por personas nombradas por un Presidente de la República que, como todo indica, no será de su coalición. Pero si se aprueba la elección de gobernadores, tienen al menos la posibilidad de elegir alguno de entres sus filas. Pero ello, obviamente, va a depender de si van en una lista o no, o de cualquier otro tipo de ingeniería política que diseñen. Si bien en el juego político al parecer resulta aceptable dar todas las peleas para no perder cuotas de poder, ello no puede ser el factor movilizador para implementar una reforma de esta naturaleza.

Para que un país o una región sea exitosa en alcanzar una mejor calidad de vida para sus habitantes, es esencial contar con tres cosas: las ideas correctas, los líderes que las lleven adelante y las instituciones que permiten que ello sea posible. Los defensores a ultranza de la elección de los gobernadores regionales, afirman que solo habrá liderazgo regional si éstos son electos democráticamente.

Pero se olvidan por completo, que la actual institucionalidad que rige a los gobiernos regionales -competencias/atribuciones y recursos específicamente- depende decisivamente del gobierno central y en nada se han adecuado para ser compatibles y coherentes con que su máxima autoridad sea electa. Solo para dimensionar el peso relativo que tienen hoy los gobiernos regionales en relación al gobierno central en las regiones: uno de cada cuatro pesos de la inversión pública efectiva es decidida por los gobiernos regionales, los otros tres son de decisión del gobierno central. Y más allá de la inversión pública, menos del 4% de los gastos totales aprobados anualmente en las leyes de presupuesto se destinan a los gobiernos regionales. No solo juegan un rol menor en relación al gobierno central, sino que además, la distribución de los recursos entre regiones también admite importantes espacios de discrecionalidad. Como están las cosas, los eventuales gobernadores regionales electos serán una autoridad de una relevancia menor, manteniéndose el poder concentrado en el gobierno central. A ello se suma que el gobierno central decide cada año cuanto financiamiento recibe cada región.

Un cambio como el que se propone necesariamente debe enmarcarse en una reforma que también aborde aspectos de competencias, responsabilidades, financiamiento, transparencia y rendición de cuentas. Si la institucionalidad no es la adecuada, ni los mejores líderes con las mejores ideas podrán impulsar en forma descentralizada el progreso del país.

Por ello resulta inaceptable que para remontar un 0-15, el gobierno arremeta en el minuto 90 con una reforma alejada de lo que debiera ser una política integral en materia de descentralización.