Teoría de la relatividad




La crisis venezolana ha desnudado una vez más cuán precarias y débiles pueden terminar siendo las convicciones en materia de DD.HH. y principios democráticos.

El movimiento estudiantil en Chile tuvo y sigue teniendo el legítimo derecho a manifestarse, a marchar por las calles planteando reivindicaciones y no asumir ninguna responsabilidad por eventuales actos de vandalismo o destrucción de la propiedad pública y privada. Pero un sector de ese movimiento no tiene problemas para negarles a los estudiantes de Venezuela ese derecho, aduciendo que su descontento y su protesta en contra del régimen imperante en dicho país no es más que expresión de un anhelo 'golpista'.

En Chile, Camila Vallejo posee también el derecho a ser militante de un partido opositor, a participar en elecciones de una federación estudiantil, a ganar esas elecciones y a convocar a sus representados a protestar en contra del gobierno de turno y su política educacional. Durante meses, le exige a la Intendencia de Santiago autorización para salir a marchar por el centro de la ciudad, y termina viajando a Cuba a hacer un vergonzoso panegírico a la 'luz de Fidel', a un régimen donde una estudiante que intentara hacer lo mismo que ella hizo en Chile, terminaría, antes de empezar, en la cárcel o en el cementerio.

La derecha chilena no escapa tampoco a este doble juego. Horrores semejantes a los que condenó durante décadas si éstos ocurrían en La Habana o Berlín Oriental, los aplaudió sin contemplaciones en su propio país, bajo el pretexto y la justificación de la 'guerra interna'. Se avalaron secuestros y desapariciones, torturas y asesinatos sin juicio previo de los militantes de izquierda. Y aun hoy, a más de dos décadas de concluido el régimen militar, no hay un mea culpa sincero e institucional de dicho sector respecto de sus complicidades activas y pasivas.

En estos días se ha conocido un informe de la ONU que expone en detalle las brutalidades a las que están siendo sometidos los habitantes de Corea del Norte.

Sin embargo, el PC chileno, una colectividad que durante la dictadura de Pinochet fue llevada al límite del exterminio, no tiene inconvenientes para expresar simpatías hacia ese régimen, rindiendo tributo público a sus esfuerzos en 'la construcción de una próspera sociedad socialista', como lo afirmó en las condolencias enviadas hace un tiempo por el fallecimiento del 'compañero' Kim Jong Il.

En definitiva, pareciera que la democracia y los DD.HH. son todavía para algunos una mercancía destinada al contrabando, algo que se defiende con fervor cuando se trata de los derechos propios, pero que no cuesta nada relativizar cuando se refiere a derechos ajenos. Nos falta aún mucho por recorrer en materia de aprendizaje de las lecciones de la historia reciente, de Chile y del mundo, para asumir a cabalidad los límites que en estos temas debieran ser considerados intransables. En rigor, para que exista democracia y respeto a los DD.HH. no bastan las elecciones y los gobiernos de mayoría. Se requiere también respeto por las minorías, por sus derechos políticos, independencia de poderes, libertad de expresión y de asociación, ausencia de apremios ilegítimos. La verdadera vigencia de los DD.HH. sólo comienza cuando somos capaces de reconocer los de nuestros adversarios, cuando se cierran todos los espacios a la 'teoría de la relatividad' y logramos entender que, como decía Kierkegaard, la dignidad propia tiene entre sus elementos constituyentes la dignidad de los otros.

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