Terrorismo digital

Bajo la más absoluta impunidad, el domingo 29 de noviembre de 2015, después de un violento asalto al centro comercial Alto Las Condes que terminó con una persona muerta, el dirigente de Izquierda Ciudadana y ex vocero de la Nueva Mayoría Cristián Méndez publicaba el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "Cuicos, momios y tontos: rasgos típicos de la clase ociosa chilena. Ojalá en el próximo asalto le pongan dinamita al Alto Las Condes". A pesar de la petición expresa realizada por algunos diputados de la oposición para que estas declaraciones de Méndez fueran investigadas y sancionadas por el Ministerio Público, ni la Fiscalía ni el Gobierno de Bachelet tomaron medidas contra el autor de ese mensaje abiertamente apologético del terrorismo.

Mucho más activo, sin embargo, se ha visto al Ministerio del Interior a la hora de perseguir a quienes, a su juicio, han divulgado noticias falsas sobre el origen intencional de los incendios que arrasaron con buena parte de nuestro país este verano. Como esta vez se trata de un ex senador de la UDI, Jorge Arancibia, y de un dirigente empresarial muy crítico de las reformas que ha emprendido esta administración, Juan Pablo Sweet, el Ministerio del Interior ha solicitado a la Fiscalía que cite a ambos para que declaren de dónde sacaron las informaciones que aludían al carácter intencional de los siniestros.

Como bien expresó La Tercera en uno de sus editoriales, este domingo, la decisión del gobierno "se presta para la suspicacia", ya que resulta llamativo que las autoridades solo persigan, arbitrariamente, a dos personas en particular, "en circunstancias que fueron varias las voces que levantaron conjeturas respecto del origen de los incendios".

Cabe destacar que no solo en Chile, sino también en el extranjero, se han publicado informaciones que han ligado el origen de los últimos incendios forestales con los actos terroristas que se repiten en la Araucanía y sus alrededores. El pasado lunes 6, justo el mismo día que se conocía la noticia, aquí en Chile, de que la Fiscalía estaba tomando declaración a Juan Pablo Swett, el influyente periódico The Wall Street Journal, el diario con más suscriptores en todo el mundo, publicaba un artículo lapidario sobre nuestro país, titulado "Fuego y terrorismo en Chile: Quemar iglesias y bosques es el modus operandi de las guerrillas en el sur".

En el texto, firmado por María Anastasia O' Grady, se podía leer lo siguiente sobre el origen intencional de los siniestros: "Algunos fuegos han sido iniciados intencionalmente lo que ha aumentado la preocupación en el Chile rural sobre el surgimiento de la violencia organizada contra civiles y propiedad privada por extremistas de izquierda que buscan desestabilizar la democracia". Más abajo, la columnista agregaba: "La Presidenta Bachelet se refiere a la violencia como 'conflicto rural', pero es terrorismo, y la falta de disposición de su gobierno para enfrentarlo permite la expansión del problema".

Cabe preguntarse si el gobierno solicitará a la Fiscalía que cite a declarar a la articulista del Wall Street Journal para que aclare sus afirmaciones. O si solo se perseguirá penalmente a Arancibia y Sweet. Hasta Cristián Méndez, el mismo dirigente de la Nueva Mayoría que llamaba abiertamente a dinamitar el Alto Las Condes, ahora está pidiendo que caiga todo el peso de la ley contra el almirante en retiro. En su nueva cuenta de Twitter, pues la anterior la borró, Méndez ahora escribe lo siguiente: "Cárcel para el almirante Arancibia… Bien hecho [que la Fiscalía lo haya citado a declarar por supuestas noticias falsas]. Tendrá que hacerse responsable de las estupideces que dice este viejo momio… Uds han generado y difundido pánico en la población, lo q debe ser castigado".

Difundir odio y violencia a través de la red debería ser efectivamente sancionado. Si se comprueba que Arancibia y Swett cometieron un delito, deben pagar por aquello. Lo que no resulta aceptable es que otros políticos, abiertamente irresponsables, gocen del privilegio de poder ofender impunemente y calumniar solo porque pertenecen a la coalición oficialista. No podemos permitir que se use la ley para exculpar a los partidarios y perseguir a los adversarios, como proponía descaradamente Benito Juárez en México, con esta arenga: "A mis amigos, justicia y gracia; a mis enemigos: la ley a secas".