Transantiago: un proceso de licitación en entredicho

A 10 años de Transantiago, el inicio del periodo de licitaciones –que sucederán entre el 2017 y el 2021- fue visto como una ventana de oportunidad para el mejoramiento del sistema, al permitir incluir nuevas reglas del juego a su funcionamiento. Se trata, también, de una experiencia nueva para todos los actores involucrados –gobierno, empresas, trabajadores, expertos y ciudadanos-, al ser el primer hito que tiene el potencial para reestructurar el sistema de transporte metropolitano desde su implementación. Al respecto, la primera experiencia práctica sobre el modo en que las licitaciones serán dirigidas por parte del gobierno, está siendo la del uso de vías a empresas operadores de buses, que en conjunto, corresponden a alrededor del 40% de la flota total del sistema.  

A pesar del ya mencionado potencial refundacional del proceso de licitación, la difusión de los contenidos esenciales a las bases sembró dudas respecto a la voluntad que tiene el Ejecutivo para hacer uso de dicho potencial, por lo que variadas corrientes académicas y expertas han criticado el tono conservador de las mismas. Desde Espacio Público, el hecho de que éstas no expliciten los incentivos para generar un mercado más competitivo, eliminando barreras de entrada a nuevos oferentes y asegurando que activos estratégicos tales como los terminales no distorsionen las posibilidades de participación, ha sido evaluado como un mal signo. Asimismo, la falta de consideración del cálculo de la flota en el contexto de la ampliación del Metro y el auge de la intermodalidad en los próximos años, parece un desacierto. Por último, la baja alusión a temas centrales en la sostenibilidad del sistema, tal como la evasión, muestra que temas estructurales para el correcto funcionamiento de éste no fueron elementos centrales en los contenidos de la presente licitación.

Asimismo, la información reciente acerca del aumento histórico de la evasión y la entrega de nuevos recursos a empresas con problemas financieros, pero con desempeño insatisfactorio en el servicio, refuerzan los planteamientos aquí esbozados sobre la necesidad de generar nuevas condiciones de negociación y esquemas de incentivos entre empresas y Estado, teniendo como foco que los usuarios experimenten una mejor calidad de viaje.

Además de las críticas sustantivas sobre el proceso de licitación, durante estas últimas semanas los aspectos formales y procedimentales han sido motivo de atención. En el contexto de año electoral que vive el país, la sucesión de hechos asociados a la calidad de las consultas públicas realizadas – en la medida que no se conoce el grado de incidencia que dichas opiniones tendrán en el resultado final-, los escuetos plazos originales para llevar adelante la licitación y los cambios de liderazgos dentro del Ministerio en momentos claves del proceso, ponen en entredicho la legitimidad y seguimiento del contenido de las bases. En términos agregados, estos elementos le brindan una cuota de incertidumbre al proceso. 

Así, y pese a las dudas aquí expuestas, el anuncio del día de ayer de posponer la ajustada agenda del proceso de licitación en un mes para su revisión, puede ser un signo en la dirección correcta. Más que la duración de la prórroga, lo que interesa evaluar es cómo transformarla en una verdadera oportunidad de cambio y evitar que sea recordada como el cumplimiento de un procedimiento formal. Para ello, contar con una visión consensuada a largo plazo sobre el transporte público metropolitano es del todo necesario y obliga a una reflexión de calibre.