Una falta política y un error económico

EL EPISODIO del reajuste del sector público quedará como un caso de estudio de política fallida. Las autoridades terminaron con una actitud hacia los funcionarios del tipo "barrio alto": más allá de los números, había que derrotarlos.

En términos elegantes, porque era necesario "contener expectativas en medio de dificultades económicas" y actuar en contra de "intereses corporativos".

En términos menos elegantes, simplemente se usó la cultura de la hacienda: "hay que dejar claro quién manda". Ya no son tiempos de empatía, sino de demostración de poder gubernamental con los más débiles.

Se llegó a presentar a los funcionarios públicos como privilegiados frente a los trabajadores privados, lo que proviene de un estudio de Rodrigo Cerda, de Clapes UC, sin corregir por tamaño del empleador y como si los salarios privados en Chile no fueran de los más bajos y desiguales de las economías comparables de la Ocde.

Pero cerca de 2 de cada3 trabajadores del sector público gana menos de $600 mil líquidos y la mitad menos de $440 mil (estudio de Durán, Gálvez y Narbona, de Fundación Sol) y el Estado sigue con miles de personas con contratos precarios sin seguridad social ni indemnización.

E impropia fue la defensa de los salarios de las altas autoridades por el ministro de Hacienda. Es fácil descalificar a los que ganan poco como defensores de intereses corporativos cuando se gana sueldos de los más altos en la comparación internacional.

No termina uno de sorprenderse con el mesianismo de autoridades que se auto atribuyen un rol de representantes del interés general que nadie les ha conferido.

Si en algo podía terminar de contribuir la tecnocracia gubernamental con la ruptura entre élites políticas y ciudadano común en Chile, emulando lo que pasa en las grandes democracias, ese ha sido el episodio del reajuste.

Pero claro, el destino de esa tecnocracia es volver al mundo financiero del que proviene, pero ahora con la carta de presentación de "haber resistido los intereses corporativos".

Su destino no es el de enfrentar el deterioro del sistema y de los valores democráticos, que queda para unos cuantos intelectuales y para los fácilmente descalificables "señores políticos", junto a los plebeyos dirigentes sociales, que seguirán con su tarea, claro está.

Pero además de una falta democrática, la conducta gubernamental constituyó un error económico. Habrá un nuevo estancamiento de las remuneraciones reales de los trabajadores fiscales, mientras el país crecerá al 2%. Otros verán, entonces, crecer sus ingresos más que los de los trabajadores fiscales, y esos no serán los trabajadores del sector privado, dado su escaso poder de negociación.

La escasa participación de los salarios en el ingreso nacional se verá mermada en el momento en el que más se necesita reactivar el consumo para que la economía crezca al menos a su nivel potencial.

Agreguemos que la inversión pública va a caer en 2017 en un -2,6% (ya lo hará en un 0,5% en 2016), lo que implica un sacrificio adicional del potencial de crecimiento, agravado por la ausencia de políticas de mayor y mejor gasto en Investigación y Desarrollo.

¿Qué puede ser más populista que no invertir en el futuro por consideraciones de corto plazo?

Un aumento del déficit fiscal a 4% del PIB, en base al uso de las reservas fiscales disponibles, que para eso están, estimularía el crecimiento y mejoraría la relación deuda pública neta/PIB en el mediano plazo, y de paso hubiera permitido cerrar una negociación constructiva del reajuste del sector público.