Urgencia irrelevante

El gobierno, buscando sacar alguna ventaja en la elección, puso urgencia al proyecto de reforma constitucional que regula la "convención constitucional". Pero no hay que confundirse: el proyecto debería rechazarse porque, como ya otras veces en el tema constitucional, no resuelve nada.

¿Qué es esto de la "convención constitucional"? Para entenderlo hay que retroceder a octubre del 2015. Ese mes (curiosamente en un martes 13) la Presidenta anunció el inicio del proceso de consulta y el envío al Congreso de una reforma al procedimiento de reforma constitucional que tendría cuatro opciones. Pero durante el 2016 cambió de opinión y finalmente envió al Congreso una sola alternativa: "La convención constitucional" que supuestamente será la encargada de dar a luz una nueva Constitución. Todos los otros temas relevantes (integración, organización, formas de elección, etc.) quedan entregados a un proyecto posterior del que no se sabe nada.

Es esta reforma constitucional la que votarán en estos días los diputados. Y hay buenas razones para votar que no. Desde luego porque la jugarreta es demasiado burda: el proyecto ingresó en abril y recién el miércoles, como superando el olvido, el gobierno lo calificó con "suma" urgencia.

Pero más importante es que el proyecto ningunea al Congreso despojándolo de la decisión fundamental; y eso es más grave en un país que, como el nuestro, necesita fortalecer la política y el Congreso, no erosionarlo.

Quien ha sido muy transparente al momento de argumentar es el ministro Fernández. Dijo que en la Convención "lo ideal sería tener una mezcla lo más representativa de la sociedad chilena". Sugiere el ministro entonces que habría un mecanismo mejor que las recientes elecciones para asegurar una mezcla representativa de la sociedad. Y también agregó que "el actual Congreso está en situación de poder abrirse en sede distinta para la elaboración de una nueva Constitución". Con eso sostiene que habría un grupo de elegidos, distinto de los parlamentarios, que pueden representarnos mejor al momento de hacer los cambios constitucionales.

En ambos puntos se equivoca. Quien debe decidir la reforma constitucional son los parlamentarios en el Congreso Nacional. Ahí están los representantes elegidos para tomar las decisiones políticas relevantes, oyendo a la ciudadanía pero sin delegar su facultad.

Y si alguien cree que esta votación repetirá el supuesto quiebre que generó la votación de las reformas laborales el año 99, se llevará una decepción. El proyecto del gobierno no tiene impacto en el Frente Amplio donde la única fórmula aceptable es la utopía de la AC. Tampoco parece tenerlo demasiado para el votante de Guillier pues el propio equipo constitucional del candidato tuvo que salir a "profundizar" la reforma informando lo que esta debía agregar. Y por cierto no lo tiene para el votante de Piñera quien, casi por definición, prefiere la vía institucional.