La aprobación de la ley Escuelas Protegidas, despachada por la Cámara el lunes 2 de junio, no resuelve un problema educativo, sino que lo redefine. El aula deja de ser concebida como un espacio de aprendizaje y pasa a ser un perímetro a custodiar. La revisión de mochilas, la prohibición de cubrirse el rostro y la ampliación de las facultades disciplinarias del docente trasladan la lógica del control al corazón mismo de la convivencia escolar. Educar y vigilar son acciones que tienen significados diferentes. Usarlos como equivalentes no fortalece la seguridad escolar real.

Lo lamentable es que no es la primera vez. La Ley 21.128 “Aula Segura”, aprobada en 2018 con argumentos análogos, activó entre 2019 y 2020 un total de 1.135 procesos sancionatorios, según el informe de la Defensoría de la Niñez. La mitad ocurrió en educación básica, incluidos alumnos de siete años. La causal más frecuente no fue la agresión física, que constituyó el 19% de los casos, sino la transgresión reiterada de normas, con el 43%. Aula Segura terminó disciplinando a una población distinta de la que decía proteger; y, dado que su implementación no contó con recursos nuevos, sus consecuencias recayeron sobre las escuelas con menor capacidad institucional para absorberlas. Escuelas Protegidas reproduce ambos rasgos.

Educar no es vigilar. Una política pública que utiliza ambos verbos indistintamente no protege a las comunidades educativas. Redefine, sin decirlo, el rol de la escuela.

Carmen Gloria Zúñiga G.

Académica Facultad de Educación UC, Investigadora CELITED

Suspensiones de clases, agresiones físicas, rayados, barricadas, paraderos destruidos y mucha violencia.

Estos son los resultados de la última manifestación de la Confech. Actos de esta gravedad y envergadura no pueden ser ajenos al debate interno de nuestra comunidad universitaria.

El hecho de que la Confech haya “despertado” luego de cuatro años de pasividad política ha traído consigo su peor faceta, una que no está dispuesta al diálogo, sino que recurre exclusivamente a la violencia para conseguir sus fines.

Es lamentable ver como el organismo que debería representar a todos los estudiantes, se reduce a una institución que valida la violencia y censura al que piensa distinto.

Mario Edwards

Presidente del Movimiento Gremial UC

La propuesta de Estados Unidos de aumentar a un 12,5% los aranceles a las exportaciones chilenas abre una interrogante que el gobierno no puede eludir. ¿Cómo dialoga este nuevo anuncio con las negociaciones que actualmente mantiene Chile para modificar aspectos del Tratado de Libre Comercio con ese país?

Resulta difícil comprender que, mientras Chile participa en conversaciones sobre materias sensibles como inversiones o propiedad intelectual, la administración de Donald Trump continúe elevando la presión mediante medidas arancelarias unilaterales. Primero se impuso un arancel extraordinario, luego se inició una negociación bajo la promesa de revisar esas condiciones y ahora se anuncia un nuevo aumento. La señal es, al menos, contradictoria.

Más preocupante aún es que estas decisiones parecen poner en cuestión el espíritu mismo de un tratado que debiera entregar estabilidad y reglas claras a ambas partes. Los acuerdos internacionales se construyen sobre la buena fe y la reciprocidad, no sobre la amenaza permanente de nuevas restricciones comerciales.

Por eso es indispensable que el Ejecutivo informe con transparencia cuál es el estado de estas negociaciones, qué materias están sobre la mesa y cuáles son las condiciones bajo las cuales Chile está dialogando. Cuando están en juego intereses estratégicos para el país, la ciudadanía tiene derecho a saber si estamos negociando entre socios o bajo presión.

Coca Ñanco

Diputada

El director de Fonasa en su carta sostiene que la eficiencia y los derechos en salud no son conceptos incompatibles. Coincidimos. Las enfermeras y enfermeros sabemos mejor que nadie que los recursos públicos deben utilizarse con responsabilidad. Lo hacemos diariamente en hospitales que enfrentan alta demanda, escasez de personal y crecientes necesidades de atención.

Sin embargo, la eficiencia no puede transformarse en la respuesta automática cada vez que se discuten los problemas financieros de la salud pública. Gestionar mejor siempre es necesario, pero existe un límite evidente: no es posible exigir indefinidamente más prestaciones, más productividad y más cobertura con menos recursos.

Los equipos de salud llevamos años sosteniendo el sistema gracias a esfuerzos extraordinarios de gestión, reorganización y compromiso. Pero ninguna mejora administrativa reemplaza la falta de financiamiento. Cuando se restringen gastos esenciales o se postergan inversiones, las consecuencias terminan afectando la atención de las personas.

La salud pública necesita eficiencia, transparencia y control del gasto. Pero también requiere recursos suficientes para responder a las necesidades de millones de usuarios. Porque la eficiencia permite administrar mejor los recursos existentes; no tiene la capacidad de crear aquellos que faltan.

Gonzalo Ortiz

Vicepresidente Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile

En los últimos quince años se han creado seis nuevos ministerios, sin que ello implique una mayor capacidad del Estado para dar soluciones a problemas sociales o generar eficiencia en el gasto público. De hecho, Chile supera el promedio de la OCDE en cantidad de ministerios.

Por eso, resulta fundamental el anuncio del Presidente respecto a la fusión de los ministerios de Interior y de la Segegob y la conformación de una comisión de expertos para reducir el número de ministerios en Chile.

Urge dar un golpe de timón en la cultura política para que la respuesta a cualquier dificultad deje de ser, automáticamente, la creación de más burocracia.

Lucas González

Instituto Libertad

Vale la pena hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué seguimos invitando a la naturaleza al final, cuando la mesa ya está servida?

En demasiadas decisiones sobre ciudades, proyectos e infraestructura, los ecosistemas aparecen tarde: cuando el diseño ya está cerrado, cuando el impacto ya ocurrió o cuando la discusión pública ya se volvió conflicto. Esa lógica nos hace perder tiempo, legitimidad y capacidad de anticipación.

La naturaleza también planifica, regula el agua, sostiene biodiversidad, amortigua eventos climáticos y mejora la vida cotidiana de las personas. Cuando se la considera desde el inicio, deja de ser un tema accesorio o de permisos y se convierte en una condición para diseñar mejor.

El desafío, entonces, es cambiar el punto de partida. Las mejores decisiones de desarrollo serán aquellas capaces de entender que una ciudad, un parque, una obra pública o una infraestructura funcionan mejor cuando incorporan desde el origen los sistemas naturales que las sostienen.

Diego Urrejola

Director ejecutivo de Fundación Cosmos

Monserrat Moya y Antonio Lara, en carta del miércoles, hacen algunos comentarios críticos a la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social que requieren alguna precisión. En particular sostienen que la disposición que obliga al Estado a restituir los gastos del titular si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada judicialmente por ilegalidad, terminará socializando el costo de un permiso mal otorgado.

La interpretación que hacen los autores de la carta es parcial. La medida es pertinente ya que busca responsabilizar a la autoridad del proceso de evaluación efectuado y del acto administrativo terminal que lleva a la otorgación del permiso ambiental. Si el permiso está mal otorgado, como señalan, se justifica que haya un resarcimiento al titular por lo costos asociados a la ejecución de las obras ya iniciadas bajo la autorización entregada conforme a derecho. De lo contrario, ocurre lo que hoy es motivo de controversia, la desconfianza sobre la validez jurídica de los permisos otorgados.

Lo preocupante no es socializar costos de permisos mal otorgados, como señalan los autores, sino la imposibilidad de confiar en la evaluación de la autoridad y en la validez de sus actos administrativos.

Julio Torres Cuadros

Académico FCFCN U. de Chile

¿No se sentiría muy agradado si un carabinero lo detuviera para un control de tránsito, y en lugar de multarlo lo felicitara por conducir bien y de acuerdo a las normas, o si un guardia bancario lo reconociera por ceder el puesto en la fila, o si recibiera una felicitación -y quizás un premio- a nombre de su municipio luego de que una cámara de vigilancia lo captara recogiendo basura tirada en la vereda, asistiendo a personas mayores en su tránsito diario, o cediendo amablemente el paso en una rotonda congestionada? ¿No sería mejor -o quizás un adecuado complemento- establecer un programa de reconocimiento a las “civilidades”?

Juan Luis Hernández Viera

Ingeniero civil

La reciente promulgación de la Ley Integral de las Personas Mayores sin duda constituye un avance para el país, al fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores y la institucionalidad del Senama a nivel regional.

La ley reconoce a las personas mayores como sujetos de derecho, reforzando su autonomía, participación e inclusión, así como el acceso a la justicia frente a situaciones de maltrato, consolidando un marco más amplio de protección de sus derechos fundamentales como la igualdad, el trato digno, la salud, la vida activa, la privacidad y la conectividad.

Chile mantiene una deuda importante con las personas mayores, marcada por la falta de geriatras, la insuficiencia de camas para la atención de personas mayores y los limitados recursos con que aún cuenta el Senama. Sin embargo, esta ley constituye un paso significativo hacia un nuevo paradigma sobre la vejez. En el ámbito de los cuidados de larga estadía, esta normativa refuerza un enfoque de derechos en la atención de las personas mayores, promoviendo mayores estándares de dignidad, autonomía y calidad de vida.

Alejandro Espinoza Wolleter

Presidente Asociación Gremial de Residencias para Adultos Mayores

Las recientes declaraciones del diputado republicano Leandro Kunstmann, quien justificó un viaje al Caribe durante una semana distrital señalando que su trabajo “es de lunes a miércoles”, vuelve a poner en la palestra una práctica que ya había sido expuesta.

Quienes fueron elegidos debieran entender que la semana distrital está fijada para dirigirse al distrito que confió en ustedes, recoger inquietudes y fortalecer el vínculo con esas personas. Sin embargo, si esta se usa para viajar al extranjero u otro fin fuera de la norma, ¿qué tipo de confianza esperan construir con la ciudadanía?

No sorprende que, según la Encuesta Bicentenario UC, los parlamentarios no superen el 5% de confianza ciudadana. La labor parlamentaria es todos los días y exige representar a quienes los eligieron. Porque si la semana distrital deja de ser una instancia de trabajo en terreno para transformarse en una de vacaciones, ¿de quién son los intereses que están representando realmente?

Ignacio Baldivieso Betancour

Algunos empresarios deberán cuidar su comportamiento ético al permitir a sus empresas de publicidad invadir sin autorización nuestros correos electrónicos con propaganda imposibles de eliminar o bloquear.

Franco Brzovic

La Resolución Exenta SII N° 69, publicada el 2 de junio, habilita a operadores extranjeros de apuestas y casinos en línea para inscribirse en el régimen simplificado de IVA. La misma actividad que el SII declaró ilícita en 2023, que la Corte Suprema ordenó bloquear ese mismo año, y que sigue sin tener autorización legal en Chile.

El problema no es solo jurídico. Es una señal económica equivocada. Los operadores formales de la industria — casinos físicos con licencia, fiscalizados por la Superintendencia, obligados a reportar a la UAF, a financiar programas de juego responsable y a tributar íntegramente— competimos contra plataformas que operan sin ninguna de esas cargas. Una resolución tributaria que les otorga acceso al sistema sin exigirles cumplimiento regulatorio no nivela el campo: lo inclina aún más.

Nadie se opone a que el juego en línea se regule en Chile. Lo que no es aceptable es que se normalice por la puerta de atrás, mediante un instrumento tributario, sin ley, sin fiscalización y sin estándares. Eso no es regular. Es institucionalizar la asimetría.

Paula Rojas Puga

Presidenta del Directorio, Casino Marina del Sol

La denominada “Operación Tokio”, que terminó con la detención de un ejecutivo bancario presuntamente vinculado a operaciones financieras del crimen organizado, abre una pregunta que trasciende las responsabilidades individuales que deberá determinar la justicia: ¿Cómo actividades de esta magnitud pudieron desarrollarse durante años sin ser detectadas ?

El caso obliga a reflexionar sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión y control destinados a prevenir el lavado de activos y la infiltración del crimen organizado en instituciones estratégicas. La preocupación es aún mayor porque la confianza constituye uno de los activos más importantes de cualquier sistema financiero. Cada falla relevante erosiona la credibilidad institucional y fortalece la percepción ciudadana de que el Estado y las organizaciones encargadas de fiscalizar llegan tarde frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en perseguir y sancionar a los responsables. También exige revisar procedimientos, fortalecer capacidades técnicas y promover una cultura donde la excelencia profesional, la probidad y la rendición de cuentas sean estándares irrenunciables.

Rodrigo Durán Guzmán

Entre los anuncios de la reciente Cuenta Pública, el programa Eriazo Cero merece especial atención. Durante décadas, Chile ha debatido cómo construir mejores ciudades mientras miles de terrenos urbanos permanecen abandonados, generando deterioro ambiental, inseguridad y desaprovechando oportunidades para los barrios.

La iniciativa apunta en una dirección correcta: recuperar espacios subutilizados y devolverles una función urbana. Sin embargo, su éxito no debiera medirse únicamente por la cantidad de sitios intervenidos, sino por su capacidad de transformarse en lugares que mejoren efectivamente la calidad de vida de las personas.

La experiencia demuestra que limpiar un terreno es relativamente sencillo; convertirlo en una plaza, cancha, sede comunitaria o un espacio público seguro y sostenible en el tiempo es un desafío mucho mayor. Para ello serán fundamentales los catastros públicos, criterios transparentes de priorización, la coordinación con los municipios, la participación de las comunidades y mecanismos que aseguren el mantenimiento de los espacios recuperados.

Las ciudades chilenas necesitan más viviendas, pero también mejores barrios. Si se implementa adecuadamente, Eriazo Cero podría transformarse en una política urbana de alto impacto y bajo costo, capaz de fortalecer la convivencia, aumentar la seguridad y mejorar la vida cotidiana de miles de familias.

Felipe Arteaga E.

Arquitecto urbanista

Escuela de Arquitectura U. Finis Terrae

La “instalación” del expresidente Boric duró 46 días, cuando prohibió a sus ministros cualquier referencia al gobierno anterior para exculpar sus responsabilidades con el país.

A casi 90 días de asumir, el Presidente Kast aludió 19 veces al gobierno anterior para explicar un escenario “más complejo del que se podía prever”.

Los mandatarios se ganan el derecho de hablarle al soberano como mejor les parezca. Pero el poder obliga a hablar en primera persona. Se trata de la otra deuda pública que un gobierno debe administrar: la de asumir las culpas, propias o ajenas, de los problemas que aquejan al pueblo al que se deben.

Tomás Leighton