El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que se trata del cuarto vuelo que despega con inmigrantes durante esta administración y que lo hizo desde el Aerupuerto Diego Aracena, de Iquique.

“Se concretó el cuarto vuelo de expulsión del gobierno del Presidente Kast a través de un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, que abandonó el país con 45 personas expulsadas y con destino a Colombia y República Dominicana”, afirmó la autoridad.

En su intervención, Pavez destacó “una aceleración” en el proceso de expulsiones y señaló que, sumando a las personas de este vuelo, se han materializado 873 expulsiones durante este año,

“Equivalen al 70% del total anual del 2025 y que corresponden a más del 90% del primer año de gobierno del (ex) Presidente Gabriel Boric, que dicho sea de paso, a esta altura, es decir, al 3 de junio, no había materializado ningún vuelo de expulsión”, relevó Pavez.

Perfil criminal de expulsados

El subsecretario agradeció el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Servicio Nacional de Migraciones por este nuevo vuelo y por la capacidad de ubicar a los expulsados debido al perfil criminal de estos.

La autoridad ejemplificó con dos casos que mantienen orden de detención vigente en Colombia.

“En primer lugar, Ricardo Buitrago Osorio, quien registra una orden de detención vigente en Colombia para cumplir condena por el delito de violación sexual a un menor de 14 años y que fue candidato al concejo municipal de Buga, en Colombia”, afirmó.

También se nombró dentro de los expulsados a Cristian Hernández Roballo, con orden de detención por homicidio frustrado.

En tanto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, señalo que de las 45 personas, 27 de ellas ingresaron al país por pasos no habilitados.

“También tenemos personas que salieron por tráfico de drogas, robo con intimidación, robo con violencia y algunas receptaciones de vehículos motorizados robados”, detalló Sauerbaum sobre los delitos cometidos por los expulsados.

Asimismo, detalló que durante este año se han concretado salidas voluntarias de extranjeros, las que cifró en 2.509. “La mayoría personas venezolanas” y “como dato importante, el ingreso clandestino ha disminuido a 8.434 personas durante este año”, señaló.

A su vez, el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, el prefecto inspector Ernesto León, complementó con la nacionalidad de los expulsados.

“34 son de nacionalidad colombiana y 11 son dominicanos, y también señalar que las medidas expulsivas con las que se concreta su salida, son 36 medidas administrativas y nueve judiciales”, agregó León.

Reconducción

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, también destacó que en materia de reconducción se registran 694 casos, lo que es un número menor, considerando que el año pasado el total anual fue de 5.057 personas.

“Es decir, el objetivo del gobierno de que menos personas ingresen al país por pasos no habilitados y que además, sean eficaz y efectivamente reconducidas, se está cumpliendo”, afirmó el subsecretario.

Según se conoció, cerca de las 14.30 de esta tarde, personas que realizaban labores agrícolas en la zona alertaron a las autoridades de la presencia de un bulto, que se estaba incendiando.

“Concurren carabineros del sector, conjuntamente con Seguridad Ciudadana de Curacaví, quienes se percatan de que se trata de un cuerpo humano, el cual se encontraba desmembrado y estaba, en ese momento, quemándose”, señaló el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Ernesto Navarro.

Así, desde el Ministerio Público se dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la PDI, para determinar las causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el fiscal Navarro, la víctima corresponde a “un hombre, de alrededor de 25 a 30 años”, quien hasta el momento no ha podido ser identificado.

Asimismo, indicó que desde la Fiscalía no descartan ninguna hipótesis respecto del ilícito.

“Puede ser un secuestro. Estamos también conjuntamente, en sintonía con la BIPE (Brigada de Investigaciones Policiales Especiales), estamos tratando de ver si hay algunos secuestros en el momento o en semanas anteriores (...), es una línea investigativa. Pero también no descartamos que sea un homicidio o en qué sector podría haber ocurrido”, sostuvo la autoridad.

En la instancia, las autoridades conocieron en detalle las principales tareas, desafíos y proyecciones de este organismo dependiente de la cartera.

Durante la jornada, Barros y Bolívar fueron recibidos por el director general de Movilización Nacional, general de brigada Pedro Araya.

El general Araya, junto a su equipo directivo expuso sobre las misiones que desarrolla la DGMN en materias vinculadas a la movilización nacional, el control de armas y explosivos, el Servicio Militar y el cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con armamento y seguridad.

“El director Pedro Araya junto con todo su equipo directivo nos ha realizado una completa presentación de las responsabilidades que están abordando, de las necesidades y de los desafíos que enfrentan. Junto con el subsecretario estamos recorriendo las distintas instituciones de la Defensa Nacional para conocer de primera fuente sus capacidades y requerimientos”, explicó el titular de Defensa.

Barros resaltó el rol que cumple la DGMN en la fiscalización y control de armas, una tarea especialmente relevante en el contexto que enfrenta el país en materia de seguridad y que “constituye un desafío permanente”, dijo.

“Se trata de mantener un adecuado equilibrio entre quienes poseen armas de manera legal, ya sea con fines deportivos, de protección o de caza, y el control necesario para impedir que éstas caigan en manos de la delincuencia”, afirmó.

Por su parte, el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, subrayó la importancia de continuar fortaleciendo el Servicio Militar, así como los procesos de fiscalización que desarrolla la DGMN.

“Hemos puesto énfasis en esta presentación que ha realizado el director general de Movilización Nacional respecto del Servicio Militar y de qué manera podemos mejorar el proceso de selección de contingentes. Se trata de un proceso tremendamente importante para las instituciones y en el que debemos alcanzar soluciones relevantes, para contar con los mejores soldados en cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

El subsecretario puntualizó que, de igual forma, buscan “mejorar los procesos de control y fiscalización de armas y explosivos”.

“Esta es una tarea tremendamente relevante para mantener condiciones de seguridad y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente”, recalcó.

En tanto, el general Araya valoró la visita de las autoridades en orden a poder presentar y exponer el trabajo que desarrolla la DGMN en materias estratégicas para el país.

“Nos ha permitido mostrar nuestras dependencias, conocer a nuestro personal, exponer las tareas que desarrollamos y recibir los lineamientos del Ministerio para el trabajo que realizaremos durante este año”, resaltó.

La autoridad agregó que la DGMN administra actualmente cinco cuerpos normativos fundamentales para el funcionamiento del sistema de defensa y seguridad nacional.

La víctima, de nacionalidad chilena, había escapado de una residencia del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

La labor de esta brigada especializada de la PDI, dirigida por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica, permitió establecer la identidad y ubicar al imputado.

El individuo tendría vinculación con la estructura criminal conocida como Tren del Coro.

El sujeto fue detenido en un operativo conjunto entre Fiscalía de Arica, la PDI y la Armada, en el sector costero de caleta Camarones.

“En horas de la mañana, se logró la detención de un sujeto venezolano, sindicado como el autor de dicho delito”, indicó el prefecto inspector José Contreras, jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota de la PDI.

La Armada prestó apoyo en el operativo.

“Es una investigación que está llevada por la Policía de Investigaciones, donde el Ministerio Público pidió colaboración por parte de la Policía Marítima y la Gobernación Marítima. Principalmente, nosotros colaboramos con nuestras unidades y nuestro personal por el mar, y con el grupo de reacción inmediata de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante”, explicó el capitán de navío Félix Miranda, gobernador marítimo de Arica.

De visita en Arica, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró los resultados de esta investigación.

“Quiero agradecer el trabajo realizado por estas policías, la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima, para avanzar en el esclarecimiento de un caso de mucha connotación, un homicidio ocurrido este verano de un menor de edad que aparece calcinado, y, efectivamente, hay una persona detenida que pasará posteriormente a control de detención para que el Ministerio Público siga adelante con su labor”, manifestó la autoridad de gobierno.

Según información de T13, el deceso del menor habría ocurrido a causa de un paro respiratorio provocado por asfixia mecánica por ahorcamiento.

El menor habría sido víctima de torturas y su cuerpo habría sido quemado con la intención de evitar que pudiera ser reconocido.

El Tren del Coro es una organización criminal venezolana con miembros “descolgados” de la célula del Tren de Aragua conocida como Los Gallegos y que comenzó a operar en Arica durante 2022.

La banda se hizo del control de la venta de drogas en el Parque Diego Portales y sus integrantes serían “incluso más violentos” que la célula original.

Este sábado el Presidente Kast lo visitará en su región. ¿Qué espera de la visita?

Las expectativas que tenemos como ciudadanos es que el Presidente no venga a hacer pirotecnia como un parlamentario, sino que él nos debe traer respuestas claras a las demandas ciudadanas que nos comprometen como municipio todos los días con la gente. Por años hemos sufrido el tema del Cerro Chuño; el desarrollo económico, que es importante; a través del turismo, inversión, el tema hídrico, la migración y la seguridad, la zanja, los drones. Hay mucho que pedir de respuesta. Porque si bien es cierto el Presidente dijo en su campaña que en 100 días iba a sacar a todos los migrantes, bueno, ya llevamos cuatro meses y se han ido como 40 o 60. Necesitamos que esta ciudad se desarrolle. Es la frontera más importante del país, con dos grandes fronteras, donde hay un flujo de 12 mil personas semanales. El presupuesto de Magallanes, que es una región con 100 mil habitantes, es casi 1,5 mayor que el presupuesto regional de Arica. Ahí estamos al debe y queremos respuestas.

La seguridad fue de las principales promesas de campaña del Presidente, ¿cómo ha visto eso?

Si bien es cierto la zanja ya se terminó, pero son 1.300 metros, ¿y sabe cuántos kilómetros tiene nuestra frontera con Perú? Eso no va a impedir la migración o el flujo de camiones que vienen con verduras y traspasan el contrabando y nos traen la mosca de la fruta. Aunque Arica ha bajado el narcotráfico, tenemos el que viene por Bolivia. Pero hoy eso se ha trasladado a Iquique, Calama, Antofagasta. Arica se está desarrollando gracias a este municipio como una de las ciudades más potentes en el turismo. Tenemos todo para ser la mejor ciudad turística de Chile. Necesitamos que el gobierno se ponga serio y nos entregue más dinero para la salud, más dinero para la conexión, más dinero para que podamos tener más buses eléctricos. La demanda de la ciudad es mayoritaria y no tenemos esa respuesta. Ahí me gustaría escuchar al Presidente con respuestas claras y precisas de que sí nos van a aportar.

También les afecta el problema del Cerro Chuño, que finalmente tuvo que ser el gobierno regional el que pusiera plata para que lo demolieran.

Se hacen ofertas que no se cumplen. Se dijo que el 14 de abril se iba a hacer el desalojo y no pasó. Después se dijo que en junio iba a ser y tampoco pasó. Ahora dicen que puede ser el 20 de julio. Lo malo es que sacaron 3 mil millones de pesos de la plata del presupuesto regional que podría haber sido para más canchas, juntas vecinales, más parques. Pero hoy día lo vamos a tener que ocupar para el desalojo y la demolición del Cerro Chuño. No es justo.

¿Se quedó con gusto a poco después de la Cuenta Pública?

Me hubiera gustado escuchar que le vamos a entregar a Arica un hospital nuevo, porque el que tenemos es para 169 camas. ¿Y sabe en cuántos habitantes ha crecido Arica hoy día? 256 mil personas. Y tenemos también migrantes que llegaron, se establecieron y son ciudadanos que hay que atenderlos.

¿El Presidente se ha olvidado de Arica?

Me gustaría escuchar las palabras que él tuvo en la campaña. Hizo varios ofrecimientos. Me gustaría escuchar cuando vea al Presidente Kast, que él me diga: “Hice este compromiso y lo voy a cumplir”. Pero bueno, esperemos que diga algo.

La mujer extranjera, según dicen quienes conocieron del momento, acusó que el inspector municipal le pidió retirarse de ese espacio a lo que ella se negó debido a que no podía movilizar sus implementos sola. Ahí fue cuando, según las mismas fuentes, el sujeto profirió insultos como “te voy a cagar y si querí anda a acusarme a los pacos”.

Fue justo lo que hizo la mujer. Acudió a carabineros de la Primera Comisaría que se encontraban en el Casco Histórico y les dijo que el sujeto la había amenazado. Los funcionarios policiales llegaron donde el inspector municipal para preguntar qué había pasado. Al instante, le pidieron que se identificara. Fue allí cuando nació un entrevero que involucró a 15 inspectores municipales que llegaron tras el llamado del denunciado.

De acuerdo a un registro de video aportado por el carabinero, el sujeto se negó a mostrar su carnet y le dijo al policía que había contactado a su supervisor. “Yo no necesito autorización de su central para que se identifique”, respondió el carabinero. “Me está hostigando”, se escucha decir a la mujer en ese mismo video.

En ese momento, llegaron otros inspectores municipales a prestar colaboración al denunciado en lo que se iniciaron empujones y recriminaciones cruzadas. “Personal del Casco Histórico nos quiere quitar al detenido”, dice el carabinero mientras persigue al piquete de guardias.

“A mí no me tomí, suéltame. Te vai a meter en el medio forro, la detención arbitraria que estay haciendo” (sic), se escucha decir a otro guardia que llegó al lugar. “No somos delincuentes, somos funcionarios. Esto no se va a quedar así. No tení idea”, dice el mismo sujeto.

Las supuestas amenazas a la mujer fueron denunciadas en el Ministerio Público, por lo que se iniciará una investigación contra el inspector municipal. En esa denuncia, según pudo conocer este medio, se señalan dos hechos posteriores a la amenaza: ocultamiento de identidad y oponerse a la acción de Carabineros.

“Hecho aislado”

La Municipalidad de Santiago se refirió al hecho mediante un comunicado, señalando que iniciaron una investigación interna. Dijeron que lo ocurrido “no representa el trabajo cotidiano que desarrollan de manera coordinada los equipos municipales y Carabineros de Chile”.

“Junto con lamentar lo ocurrido, la municipalidad ha dispuesto una revisión interna de los antecedentes con el objeto de esclarecer plenamente las circunstancias en que se produjo este incidente”, agregaron.

Asimismo, añadieron que “de acuerdo con los resultados de dicha investigación, se adoptarán todas las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan”. Desde ese municipio agregaron que mantienen una “muy buena relación con Carabineros”. Por su lado, el alcalde de esa comuna, Mario Desbordes, dijo que se trataba de un “hecho aislado”.

El mismo concepto fue utilizado por la policía uniformada. “En el marco de una denuncia recibida por una ciudadana en el sector céntrico de la comuna de Santiago, Carabineros ante esta situación acogió la denuncia realizando un control de identidad. Es importante señalar que toda persona debe someterse a los controles y fiscalizaciones de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones legales”, explicó el coronel Cristián González, de la prefectura Central.

El coronel señaló que se sostendrán reuniones con los encargados de seguridad de Santiago para “fortalecer los procedimientos y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir”.

“Todos los procedimientos policiales se evalúan y si es necesario se mejoran. Este es un hecho aislado que no representa el trabajo corrdinado a través del convenio OS14 con las municipalidades. Seguiremos trabajando de manera mancomunada por la seguridad de todos nuestros vecinos”, agregó.

No hay reglamento

Según pudo revisar este medio, pese a que la Ley 21.802 de seguridad municipal ya fue promulgada en marzo, esta norma entrará en vigencia recién el 12 de agosto. Lo que aún no está listo son varios de sus reglamentos.

Pese a que hubo un adelanto durante el gobierno anterior respecto al reglamento, la Subsecretaría de Prevención del Delito de esta administración decidió incluir a la Asociación de Municipalidades en la discusión del reglamento. Con todo, debería estar listo para febrero de 2027, dicen quienes conocen de la interna.

Cuando la ley entre en vigencia, las municipalidades tienen hasta un año para presentar sus planes de seguridad. La norma establece que Carabineros y guardias municipales deben trabajar coordinados. Pero el mecanismo de coordinación está en ese reglamento que aún está pendiente. En síntesis, la ley establece que los operativos son dirigidos por Carabineros y los guardias son solo coadyuvantes. Quienes conocen de la nueva ley señalan que la norma busca regular la función municipal y evitar situaciones como la ocurrida el miércoles.

Consultado al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, señaló que la nueva ley “responde a la necesidad de contar con roles claramente definidos y una mejor coordinación entre los distintos actores que participan en la seguridad. Mientras el control del orden público sigue siendo una función exclusiva de Carabineros de Chile, los municipios continuarán cumpliendo una labor preventiva. La ley fortalece ese rol coadyuvante, estableciendo mayores estándares de formación, capacitación y preparación para su adecuado ejercicio, contribuyendo además a aliviar parte de la carga operativa de las policías en aquellas tareas que no forman parte de sus funciones exclusivas”.

“Con ese objetivo, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha trabajado junto a las asociaciones de municipios y equipos técnicos en la elaboración de los reglamentos que permitirán implementar la ley. Su entrada en vigencia está prevista para agosto y busca fortalecer la coordinación institucional y la capacitación de los equipos municipales en todo el país”, concluyó.

Mediante un comunicado difundido este viernes, la organización recalcó que “las medidas administrativas por sí solas ya no bastan”, asegurando que “Chile necesita una legislación moderna y definitiva”.

“Para nosotros, la digitalización y la llegada de las plataformas online no representan una amenaza, sino una evolución natural de nuestra industria y del empleo. Sin embargo, para que este ecosistema funcione sin riesgos, debe nivelar hacia arriba y exigir los mismos estándares de seguridad que hoy cumplimos al pie de la letra en los casinos físicos", puntualizaron desde los sindicatos.

En esa línea, Fenasicajh manifestó su disponibilidad para aportar en el debate legislativo.

“Llevamos años siendo la primera línea en las salas de juego. Conocemos de cerca cómo manejar la seguridad y el cumplimiento normativo. Si la industria se va a expandir hacia el modelo online, tiene que hacerlo con esa misma rigurosidad para proteger de verdad a los usuarios y la fe pública”, señalan desde la directiva de la federación.

La organización indicó que esperan “poner a disposición de los legisladores, autoridades y futuras plataformas nuestro mayor capital: la experiencia técnica de los trabajadores”.

“El personal de los casinos tradicionales en Chile cuenta con años de capacitación y práctica diaria en temas que hoy son críticos para el país”, sostienen.

Al respecto, mencionan la validación estricta de identidad para evitar el ingreso de menores de edad; la aplicación real de protocolos de Juego Responsable para detectar a tiempo conductas de riesgo y frenar la ludopatía; y la identificación de transacciones sospechosas para la prevención del lavado de dinero.

Los sindicatos aseguran que “todo ese conocimiento es perfectamente exportable y necesario en el entorno digital”.

“Hacemos una invitación abierta a los ministerios correspondientes, a los parlamentarios y a la industria, para sentarnos en una mesa de trabajo conjunta. La experiencia de los trabajadores ya está instalada; usémosla como pilar para construir un mercado de apuestas online transparente y seguro”, plantearon.

La industria de casinos, en tanto, ha acusado que la definición que tomó el SII para que las plataformas de apuestas tributen representa una “regularización encubierta”.

Desde entonces, tanto la Corte de Apelaciones de Santiago, como la Corte Suprema, han revisado la prisión preventiva del exparlamentario, confirmando la medida cautelar que cumple en el Anexo Cárcel Capitán Yáber.

La última resolución sobre esa medida cautelar fue la de este viernes cuando el máximo tribunal despachó el fallo que rechazó la apelación de Lavín y confirmó la resolución de la Corte de Santiago que le dio un portazo al recurso de amparo presentado por la defensa de Lavín León.

En ese requerimiento, el abogado Cristóbal Bonacic, planteaba que la resolución del juez Daniel Urrutia era “arbitraria e ilegal”, por lo cual pedía que se reemplazara la prisión preventiva de Lavín León y se cambiara por otra medida cautelar.

En esta ocasión, la Suprema confirmó la resolución de la Corte de Santiago. “Lo importante en esta fase, y que es algo que sí se observa en la resolución cuestionada, es analizar la necesidad de cautela, cuestión sobre la que la resolución argumenta con suficiencia, no limitándose a un análisis general referido a la naturaleza y gravedad de los delitos, sino que al caso concreto y al contexto en que se verifican los hechos imputados”, se lee en el veredicto unánime.

En la misma resolución de la Segunda Sala de la Suprema -integrada por Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, Jorge Zepeda y la abogada integrante Pía Tavolari- se hace una dura crítica al abogado Bonacic.

El reproche lo hizo en una prevención firmada por el ministro Llanos. El magistrado señala que hay “incongruencia” entre lo pedido en el recurso de amparo, en que el abogado solicitaba sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, por lo pedido en la apelación, donde pidió que se declarara la formalización como ilegal. “Si bien la acción de amparo es desformalizada y no requiere patrocinio de abogado, debe existir una coherencia mínima entre lo que se pide inicialmente y lo que constituye a su vez el petitorio del recurso de apelación, máxime si hay, como ocurre en la especie, defensa técnica”, señaló el ministro.

Lo mismo hizo con el argumento de que en la formalización se expusieron hechos distintos a los que se plantearon en el desafuero, señalando que esto “carece de relevancia”.

A dicha resolución, el máximo tribunal llegó luego de que en la jornada de este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema escuchara los alegatos de Bonacic por la defensa, así como también del Ministerio Público y los querellantes, entre los que se encuentra el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, representada por BACS Abogados.

El fallo contra Barriga

En paralelo a la decisión de la Suprema sobre el exdiputado, la Corte de Santiago también resolvió este miércoles un requerimiento de la Municipalidad de Maipú, pero en contra de la exalcaldesa de esa comuna, Cathy Barriga.

Tras la presentación de la acusación particular por parte del municipio -como querellante- en contra de Barriga, en enero de este año, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó parte de dicha acusación, precisamente la parte civil con la que la municipalidad demandó a la exautoridad por el perjuicio causado.

La Municipalidad de Maipú, representada por el abogado José Pedro Silva, buscaba que la exalcaldesa reintegrara los recursos que presuntamente habría defraudado, los que según la Fiscalía ascienden a un perjuicio de $ 32.500 millones.

A raíz del rechazo del tribunal de primera instancia, los querellantes recurrieron a la Corte de Santiago, instancia que finalmente revirtió la decisión del tribunal y acogió que se integre en la acusación la demanda en materia civil.

“No aparece revestido de ningún fundamento fáctico ni jurídico la intervención oficiosa del tribunal en orden a modificar algo ya resuelto, correspondiendo esa competencia al juez que vaya a dirigir la audiencia de preparación, razón por la cual se revoca la resolución apelada”, se lee en el fallo de la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino integrado por el ministro Alejandro Rivera, el ministro (s) Pedro Maldonado y la abogada integrante, Carolina Correa.

En ese contexto, los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones pasaron a tener un rol primordial, a través de fiscalizaciones más exhaustivas a notarías y conservadores de bienes, lo que ha generado ruido al interior del sistema. Más aún por las decisiones del fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, quien ha activado una arremetida contra los oficios registrales.

Tras las primeras fiscalizaciones, según dio cuenta a través de un oficio, Pizarro alertó de una serie de falencias al interior de las notarías y conservadores, detectando, principalmente, dos incumplimientos: la falta de presentación de Declaraciones de Intereses y Patrimonio y la de rendición de cauciones o fianzas.

El oficio por las fianzas

Pero sin duda uno de los puntos que más generó reparos al interior de las notarías y conservadores, fue respecto a la regularización, exigida por Pizarro, de las fianzas que deben pagar cuando asumen sus servicios.

Lo anterior, dado que algunos notarios plantean que lo que está exigiendo Pizarro debe ser aplicado una vez que se publique el reglamento de la nueva normativa, algo que no ha ocurrido por parte del Ministerio de Justicia.

Además de eso, también plantean que en el caso de notarios y conservadores que llevan más tiempo, ellos dejaron una fianza nominal.

Ante estos cuestionamientos, el pasado 28 de mayo, Pizarro, ofició nuevamente a los fiscales judiciales con el fin de “reforzar ciertos aspectos relevantes en el ejercicio de la labor de control”.

En dicho oficio, el fiscal judicial de la Suprema afirma respecto a las cauciones que “es preciso señalar que representa un deber legal de carácter imperativo para dichos funcionarios y que, al tenor de dicha norma, debe ser rendida ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dentro de los treinta días siguientes a la asunción en su cargo, bajo sanción de vacancia del cargo”.

Respecto al argumento de que aún falta el reglamento de la ley para empezar a aplicar dicha fianza, Pizarro afirma que “para tales efectos, resulta irrelevante la inexistencia -aún- del reglamento al cual alude la disposición cuarta transitoria de la Ley N°21.772, el cual, solo está dirigido al procedimiento de cálculo de la caución o garantía. En ausencia de este reglamento, la citada norma transitoria previene una solución temporal, ya que ordena remitirse a la fórmula de cálculo prevista en el inciso segundo del artículo 473 del Código Orgánico de Tribunales".

Sobre lo sucedido con la antigua modalidad de presentación de la caución, el fiscal judicial del máximo tribunal señaló en el oficio “que resulta pertinente aclarar que dicha obligación es también aplicable a aquellos notarios, conservadores y archiveros judiciales nombrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N°21.772, quienes deberán igualmente rendirla ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al tenor de la normativa".

Las declaraciones de intereses

Al término de su oficio, Pizarro también aborda lo ocurrido respecto a las declaraciones de intereses y patrimonio.

Respecto a aquello, reitera en su escrito que “se hace necesario reforzar el llamado a fiscalizar el cumplimiento de tales obligaciones legales y la actualización de las mismas en los casos que corresponda”.

Por último, y respecto al oficio previamente enviado, el fiscal judicial de la Suprema aclara que “tiene el objeto de facilitar vuestra labor frente a los incumbentes reticentes en el cumplimiento de sus obligaciones legales, además de mantener un registro nacional de cumplimiento de tales obligaciones”.

“En caso alguno, esta Fiscalía de la Corte Suprema revisará o analizará tales declaraciones o cauciones, puesto que aquello corresponde a vuestras señorías. Sí, tales registros servirán de cotejo con lo informado en vuestros informes”, concluye el documento.

Esa fue la respuesta que entregó la noche de ayer jueves el ministro de Justicia, Fernando Rabat, al ser consultado en CNN Chile por la posibilidad de que el gobierno se abra a conceder indulto a personas condenadas por violar o abusar a menores de edad, un tema que reflotó un debate que el Presidente José Antonio Kast había zanjado durante la campaña cuando era candidato.

En diciembre del año pasado, en el marco del debate organizado por Anatel, el hoy Mandatario señaló: “Jamás indultaría a un abusador de niños. Jamás”.

Desde que se inició su mandato, eso sí, tanto el jefe de Estado como el ministro Rabat han recalcado que siempre se analizará caso a caso. Esa ha sido la postura del titular de Justicia desde el 11 de marzo, quien ante las insistentes preguntas de la prensa evita adelantar decisiones y se remite solo a decir que cada solicitud será analizada caso a caso.

A raíz de las palabras de Rabat en CNN Chile, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), señaló que no se debe relativizar la postura ante la situación de sujetos condenados por delitos de esa naturaleza, como tampoco aquellos vinculados a violaciones a los derechos humanos en dictadura.

“Bajo ninguna circunstancia se debería indultar a quien cometió delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes y de quienes violaron los derechos humanos de nuestros y nuestras compatriotas durante la dictadura militar. Esos criminales no merecen ningún tipo de indulto, la señal de relativizar eso es muy mala para nuestra sociedad”, dijo el exministro a La Tercera.

En el mismo sentido, recalcó: “El gobierno debería ser claro y tener una política al respecto. A mi juicio, los delincuentes que cometieron delitos sexuales contra niños y niñas y quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura no deberían ser beneficiados por el indulto del Presidente de la República bajo ninguna circunstancia. No hay espacio para relativizar a favor de quienes cometieron delitos tan horribles y que tanto daño han generado a sus víctimas y la sociedad en su conjunto".

La abogada que encabeza la acción, Erika Maira, acusa al secretario de Estado de “utilizar el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas”, según detalla T13.

La acción judicial también incluye al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruíz, y al director (s) del Serviu de Valparaíso, Rodrigo Muñoz.

La empresa le imputa a los representantes del Ejecutivo los delitos de prevaricación administrativa reiterada; falsificación ideológica de instrumento público; uso malicioso de instrumento público falso; además de fraude al Fisco.

En ese sentido, el texto citado por el medio antes señalado acusa al ministro de gestar un plan para excluir a las empresas a cargo del proyecto (SARQ y San Sebastián) y liderar la reconstrucción con empresas de su preferencia.

Además, menciona que los querellados habrían amenazado a inspectores de obras del Serviu a redactar informes falsos para reportar “graves fallas constructivas inexistentes”.

“Tienen la libertad de presentar las querellas que quieran”

En ese contexto, el ministro de Vivienda respondió sobre el asunto que “estas querellas están presentadas por una empresa, San Sebastián, que nos construyó 150 viviendas sin los estudios estructurales adecuados, vulnerando la norma de resistencia al fuego, con materiales que no estaban calificados”.

“De hecho, nosotros llegamos a esta empresa San Sebastián por la denuncia de un proveedor de materiales. Presentamos cuatro querellas contra esta empresa por fraude al fisco, estafa, negociación incompatible, dados sus vínculos con funcionarios y el exdirector del Serviu”, explicó al respecto.

En ese sentido, habló particularmente sobre la acusación de amenazas a inspectores: “Tenemos sumariados a inspectores fiscales que no fiscalizaron y, probablemente, a eso se refiere con las presiones”.

“Esta empresa pretende que nosotros, las casas falladas que nos entregaron las arreglemos, las reforcemos, cambiemos los materiales para que sean resistentes al fuego. Nosotros no vamos a entregar casas falladas, parchadas o reforzadas”, continuó sobre la querella criminal.

Para añadir: “Ellos tienen toda la libertad de presentar las querellas que quieran, nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros tenemos nuestras propias querellas, ya hemos demolido gran parte de las viviendas y además vamos a pedir la restitución de los montos que le fueron pagados”.

Además de lo anterior, Poduje también reafirmó sus críticas al accionar de estas empresas con base al informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile (Idiem).

“Si esa empresa pretende que nosotros, como ministerio de la vivienda, luego de detectar estas irregularidades que fueron denunciadas por proveedores y por los vecinos, nosotros vamos a entregar sus casas falladas, reparadas: no lo vamos a hacer, aunque se querellen acá y en la OEA y en todas partes. Vamos a ir a tribunales y vamos a pedir que nos devuelvan las platas y a las familias les vamos a entregar casas sólidas”, señaló el secretario de Estado.

La acción se da en el contexto de una publicación realizada por el edil el pasado 28 de octubre de 2025. En ella, Argandoña cuestionaba la adquisición de fondos concursables por parte del municipio encabezado por Sichel.

En ese contexto, el tribunal estableció que las publicaciones habrían afectado la honra del alcalde de Ñuñoa, por lo que determinó un veredicto condenatorio en su contra.

La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 10 de junio, donde se conocerá la pena a cumplir por el concejal. Argandoña arriesga una pena de presidio menor en su grado mínimo, que va desde los 61 a los 540 días, además de multas y otras sanciones accesorias contempladas por la ley.

El fallo fue destacado por el abogado querellante Claudio González, quien señaló que “la discusión política es sana y necesaria en democracia. Sin embargo, la libertad de opinión tiene como límite el derecho a la honra de las personas”.

Por su parte, el alcalde Sichel expresó su tranquilidad frente al fallo a través de la red social X.

“Han sido meses de soportar ofensas como práctica política. Ojalá sea una señal para terminar con una forma de hacer política que no contribuye en nada al bienestar de Ñuñoa y sus habitantes. Nos necesitamos todos remando para aportar!”, escribió al respecto.

Este resultado se da solo un día después que se conociera que el mismo tribunal había determinado no perseverar en la investigación por la querella del mismo concejal en contra de Sichel por “denuncia calumniosa”. Esta decisión será comunicada el próximo 11 de septiembre de 2026.

La Unidad Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Atacama sometió este viernes a audiencia de control de detención a los exfuncionarios de la policía uniformada.

Los excarabineros fueron detenidos este jueves, en el marco de una investigación que dirige el Ministerio Público en Atacama y en la que se continúa con la ejecución de diligencias.

Las detenciones se concretaron luego de las respectivas órdenes judiciales gestionadas por la Fiscalía de Atacama y ejecutadas por personal de la propia institución uniformada, permitiendo poner a los detenidos a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó.

Durante la audiencia, el fiscal SAC de Atacama, Pedro Pablo Orrellana, solicitó la ampliación de la detención de los ocho imputados con la finalidad de reunir y completar antecedentes relevantes para la formalización de la investigación.

“Los antecedentes de esta causa son reservados y se trata de un procedimiento que involucró a funcionarios de Carabineros, cuyas detenciones se ajustaron a derecho de acuerdo con lo argumentado ante este Juzgado de Garantía. Instancia judicial en que, por solicitud de la Fiscalía, la ampliación de los imputados fue ampliada hasta este domingo a las 9.00 horas”, detalló el fiscal.

Respecto de los delitos que investiga la Unidad SAC junto a personal de la Dirección de Asuntos Internos y su respectiva sección regional de Carabineros, Orellana manifestó que las órdenes de detención fueron solicitadas por ilícitos de falsificación de documentos públicos, obstrucción a la investigación y allanamientos irregulares.

Los detenidos cumplían funciones en Copiapó al momento de ocurrir los hechos que están siendo indagados, siendo algunos de ellos detenidos en otras regiones del país.

La discusión ha estado cruzada por la llamada Operación Tokio, en la que fue detenido José Carlos Pérez Asencio, un ejecutivo bancario de origen venezolano que movió hacia el extranjero $78 mil millones derivados de actividades ilícitas del Tren de Aragua en Chile.

“El principal problema tiene que ver con la rapidez y la oportunidad con la que los bancos nos entregan la información. Es ilegible. La cantidad de tiempo que perdemos tecleando y transcribiendo información”, afirmó Valencia, en entrevista en radio Universo, este viernes, consultado por las dificultades que enfrentan al perseguir la ruta del dinero del crimen organizado.

Por otro lado, Valencia manifestó la necesidad de discutir el fin del secreto bancario para instituciones públicas.

“Hemos sostenido de manera casi majadera que a veces esta discusión se ha distraído casi obsesivamente a la regulación de la protección del secreto bancario respecto de personas naturales”, planteó.

En esa línea, inquirió “cuál es la intimidad que tienen las corporaciones municipales, los municipios, las empresas del Estado o los ministerios en sus cuentas corrientes”.

“No advertimos que haya una privacidad equivalente a la que tenemos nosotros en nuestras vidas personales”, sostuvo el jefe del Ministerio Público.

Esto, a raíz de del brote de este virus en los países vecinos ante las baja cobertura a la vacuna y la llegada de casos importados.

“Tan importante como preparar el itinerario de vacaciones de invierno, también lo es tener el esquema de vacunación de los niños al día, especialmente, cuando en países como México, Canadá, Estados Unidos y Perú, por nombrar solo algunos, se registran brotes de sarampión”, afirmó Pizarro.

Así, la autoridad pidió a quienes viajen al extranjero revisar si cuentan con ambas dosis de la vacuna contra la enfermedad. Esta recomendación, enfatizó, es especialmente importante en el caso de los niños, quienes deben tener sus dos dosis sobre todo si saldrán del país.

“La cercanía de las vacaciones de invierno y el inicio de grandes eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol, aumentan los desplazamientos y el contacto entre personas de distintos países y los niños deben estar protegidos, pues el sarampión es extremadamente contagioso: un solo infectado puede contagiar a entre 12 y 18 personas” explicó.

En esta línea, la autoridad sanitaria hizo hincapié en que es responsabilidad de los padres o tutores revisar el carnet de vacunación de sus niños y chequear que están protegidos contra el sarampión.

“Si los niños no cuentan con las dos dosis contra el sarampión, se recomienda no viajar. Por lo que se tienen que vacunar 15 días antes del viaje para tener inmunización”, afirmó la autoridad.

Si bien Chile lleva más de 30 años sin transmisión autóctona, gracias a la estrategia de décadas de vacunación preventiva contra el sarampión a los 12 y 36 meses de edad, la dosis de refuerzo tiene una cobertura menor, por lo que se estima que hay 95 mil niños de hasta seis años que no cuentan con su esquema completo de protección contra el sarampión, de ahí la importancia de asegurarse de tener la inmunización dado los diversos brotes de la enfermedad en el mundo.

Manuel Valencia, subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Aeropuerto de Santiago, dijo que para junio y julio se esperan alrededor de 4 millones de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago, y que, de ellos, 45% saldrá del país tanto por vacaciones de invierno como en viajes relacionados con el Mundial de Fútbol.

Registro de vacunas

Según informó la subsecretaria, las personas pueden revisar la información de sus vacunas ingresando al sitio www.portalpaciente.minsal.cl con su Clave Única. En la sección “Tus Hijos”, se puede verificar la información de los niños hasta 14 años.

En el caso de viajes al extranjero de lactantes de entre seis meses y un año -y que aún no reciben la primera dosis de la vacuna contra el sarampión- deben adelantar su vacunación para salir del país protegidos. Luego, al regresar, igualmente deben recibir las dosis de los 12 y 36 meses.

Los menores de 18 años también deben regularizar sus dos dosis si es que no las tienen.

Por otra parte, los adultos nacidos entre 1971 y 1981 que no tienen certeza de haber recibido las dos dosis, se les recomienda ponerse una dosis de refuerzo si es que tienen considerado viajar al extranjero.

En caso de dudas, la Subsecretaria recordó que los viajeros pueden llamar a Salud Responde al 600 360 7777.

Brote de ébola

Junto con la vacunación contra el sarampión, la subsecretaria de Salud Pública también realizó una recomendación en cuanto el brote de ébola informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Hace algunas semanas la OMS decretó emergencia de importancia internacional de salud pública por el brote que ocurre en África, especialmente en República Democrática del Congo y Uganda", recordó.

Sobre este punto, si bien indicó que el riesgo para Chile es bajo, “este existe”, por lo que el Minsal decretó alerta epidemiológica, iniciando así un proceso de vigilancia a viajeros en coordinación con la Policía de Investigaciones, las autoridades de la Dirección Aeronáutica Civil (DGAC) y la seremi de salud.

El cardenal arrancó la jornada con una exposición inspirada en la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, documento que invita a reflexionar sobre las implicancias éticas de la Inteligencia Artificial, y a promover un desarrollo tecnológico que esté al servicio del ser humano y del bien común.

Tras ello, representantes de las cuatro centrales sindicales de trabajadores, Metro de Santiago, BancoEstado, Cencosud, Cruz Verde, Claro Chile, CONAF, Polla Chilena de Beneficencia y de diversos sectores de la educación, la salud y los servicios públicos compartieron sus inquietudes respecto de la automatización, la precarización laboral, la capacitación para los nuevos escenarios tecnológicos y el impacto que estos cambios pueden tener en la vida de las personas y sus familias.

“La tecnología está al servicio de la persona, del trabajador, y no el trabajador al servicio de la tecnología. Tenemos que repensar políticas públicas muy serias para terminar con la precarización del trabajo y la falta de trabajo que va a implicar la Inteligencia Artificial y, sobre todo, respetar siempre la dignidad de la persona humana”, señaló el cardenal.

También advirtió sobre la necesidad de abordar con seriedad el impacto social de las nuevas tecnologías: “Uno de los problemas que tiene la Inteligencia Artificial es que puede generar mucha desinformación. Solamente el ser humano tiene conciencia moral y responsabilidad moral. No le podemos entregar tareas importantes que impliquen la vida de otras personas a una máquina o a un algoritmo”, expresó.

Entre los asistentes, Juan Moreno, presidente del Sindicato Interempresa Walmart Chile, destacó el rol de la Iglesia como espacio de encuentro para abordar estos desafíos y planteó que “la preocupación que tenemos es sobre el empleo. El desafío de la Inteligencia Artificial está precarizando, no está ayudando, y está generando una vulneración sobre los más vulnerables, especialmente en el comercio y los servicios”.

Por su parte, Marco Delgado, dirigente de la Federación de Sindicatos de Empresas Ripley, valoró la jornada apuntando que “hoy día queremos reconocer y valorar este encuentro porque pone ‘los puntos sobre la i’ respecto de esta situación. Debemos posicionar a la persona humana primero para humanizar su trabajo y luego para darle valor real al trabajo”.

Sujetos amenazaron con armas de fuego a un matrimonio y sus hijas menores de edad, exigiendo dinero y joyas, golpearon a la dueña de casa y escaparon con la camioneta propiedad de las víctimas y en otro vehículo en el que se movilizaban.

En un registro de cámaras de seguridad del barrio exhibido por T13 se escucha el desesperado grito de ayuda con el que el matrimonio intentó que vecinos pudieran ahuyentar a los asaltantes, al percatarse que estaban irrumpiendo en su casa en el pasaje Las Melgas con Alcalde Manuel Muñoz Bahamondes.

La dueña de casa fue golpeada con un arma.

“A mis hijas y a mí nos tiraron al piso inmediatamente, nos apuntaron. Y lo que nos pedían era dinero, que yo sabía que yo tenía dinero. Yo no tengo dinero, no tenía nada y ahí el tipo me pegó como con la pistola en la oreja, me rompió la oreja", lamentó la mujer.

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Sur explicó que la familia se encontraba “durmiendo en su domicilio e irrumpe un grupo aproximado de cuatro sujetos, que portando armas con apariencia de fuego, intimidan a las víctimas”.

La Policía de Investigaciones realiza diligencias para ubicar a los responsables.

Ayer jueves se conoció que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la acción judicial contra la parlamentaria por fraude al fisco.

En el documento se argumenta que se acreditó que el decreto de pago N°187 se emitió de forma anticipada y sin un decreto alcaldicio que lo habilitara. Además, el decreto alcaldicio N°810 —que autorizaba la compra por $8.252.873.341— fue firmado por la exalcaldesa “omitiendo, entre otros, deliberadamente el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal, un trámite esencial para garantizar el examen previo de legalidad de todo acto administrativo”.

Tras conocerse la situación, la parlamentaria reaccionó a través de X y defendió la actuación de su gestión en la fallida compra del inmueble.

“La causa Sierra Bella fue investigada y sobreseída por la justicia”, afirmó la exjefa comunal. En esa línea, agregó que “resulta lamentable que el alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia”, argumentando que la investigación se extendió por más de dos años y concluyó con una resolución que estableció que “los hechos investigados no constituían delito”.

Así las cosas, Desbordes afirmó este viernes que “después del informe de Contraloría, que es lapidario, estamos obligados a poner esta información a disposición del Ministerio Público”.

“El informe de Contraloría es muy duro, señala que la exalcaldesa fue advertida, que la exalcaldesa desobedeció un documento de Contraloría que le daba ciertas instrucciones respecto a esto, hay un sobreprecio evidente, hay varias cosas más”, añadió el actual alcalde de Santiago.

En ese sentido, explicó que “la propia Contraloría pone antecedentes sobre la mesa que yo estoy obligado a investigar”.

“Si la actual diputada está tranquila de que actuó bien, ok, entonces se tendrá que investigar por el Ministerio Publico, pero no es algo que yo haya inventado, algo que se le haya ocurrido al alcalde. Todos ustedes pueden revisar el documento de Contraloría y la verdad que es durísimo”, concluyó el alcalde.

“Tomado razón por orden de la contralora general de la República”, se lee en el sello que se estampó sobre el documento por parte del jefe de la División de Función Pública del organismo encabezado por Dorothy Pérez.

La determinación se dio luego de que este medio, la tarde del jueves, informara que entre funcionarios y exfuncionarios del servicio existía preocupación en torno a la tardanza que habían de la Contraloría para dar el visto bueno al decreto de nombramiento.

Lo anterior, porque no estando formalizada la designación de Sauerbaum, había quienes no lograban ingresar su declaración de intereses y patrimonio.

De hecho, producto de ello, el exdirector de la entidad había ingresado una presentación a Contraloría, ya que podría haber enfrentado sanciones y multas.

Así, entre los principales aspectos, el dictamen establece que los establecimientos educacionales podrán incorporar tecnologías de seguridad, como pórticos, detectores de metales u otros dispositivos similares.

La implementación de estos mecanismos, establece la normativa, requiere el cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas el acuerdo de la comunidad educativa, la elaboración de un protocolo interno y la obtención de informes y aprobaciones por parte de las autoridades competentes.

Al respecto, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, destacó que el dictamen “entrega mayor claridad para que las escuelas adopten medidas de seguridad adecuadas, resguardando no solo los derechos de estudiantes, sino también los de docentes y de toda la comunidad educativa”.

“Nuestro rol será, principalmente, acompañar y orientar en la correcta aplicación de estas medidas”, afirmó.

En relación con la revisión de mochilas u otras pertenencias personales, el dictamen indica que se trata de una materia que requiere una habilitación legal expresa, siendo esta normativa abordada en la iniciativa Escuelas Protegidas, proyecto que se despachó esta semana a ley y que actualmente se encuentra a la espera de su promulgación por parte del Presidente de la República y posterior publicación en el Diario Oficial.

Tras la cita, la autoridad ministerial fue consultada respecto a los indultos

Kast ha explicitado su voluntad de otorgar indultos a carabineros y militares condenados por hechos vinculados a la crisis del 18 de octubre de 2019.

El Ejecutivo viene evaluando los plazos para concretar estos indultos, en medio de una creciente presión por casi 30 solicitudes de condenados de la ex cárcel Punta Peuco.

Rabat precisó que hay una solicitud de indulto rechazada y otra en evaluación respecto a delitos de tipo común, según planteó.

“Son cuestiones de delitos, llamémoslo comunes, que están ya completos los trámites administrativos que en esa materia suelen ejecutarse. Uno fue rechazado y en el otro la decisión está en mi escritorio para yo fundarla debidamente”, indicó, comentando que la información sobre esas decisiones se conocerá próximamente.

El secretario de Estado recalcó que “toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes que existan en las carpetas”.

El ministro, también se refirió a la manifestación que organizaciones de Derechos Humanos están organizando en rechazo a las políticas de la actual administración en la materia.

“El gobierno y en especial la Subsecretaría de Derechos Humanos ha mantenido lo que es el Plan Nacional de Búsqueda y estamos trabajando en la política de derechos humanos para regresarla próximamente a la Contraloría”, anunció.

La senadora independiente Fabiola Campillai llamó a manifestarse en contra de los indultos presidenciales asegurando que desde el gobierno han “insistentemente buscado motivos para liberar y regresar beneficios a criminales de lesa humanidad”.

Con el apoyo y la coordinación de la Corte de Apelaciones de Rancagua, el TOP se constituyó en el auditorio del tribunal de alzada de O’Higgins y permitirá realizar cerca de 100 juicios orales.

Esta iniciativa apunta a enfrentar el constante aumento de ingresos en los tribunales de la jurisdicción para entregar una justicia de calidad y oportuna a la ciudadanía, explican desde el Poder Judicial.

La sala funciona a través de un sistema de turnos de jueces y funcionarios del TOP de Rancagua los lunes, martes y miércoles, hasta el próximo 26 de junio.

“El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua creó esta sala extraordinaria con el apoyo y coordinación de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, la que nos facilitó sus dependencias atendido el incremento sostenido de la carga de trabajo de nuestro tribunal. Esto tiene como objetivo dar solución a las causas pendientes de resolución y así propender hacia una justicia oportuna”, señaló la jueza presidenta del TOP de Rancagua, Yesica Hidalgo.

Hidalgo destacó que “esta medida ha sido posible de desarrollarse con el compromiso de todos los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, de su administrador Nelson Torres y el aporte y motivación de los funcionarios y funcionarias”.

Al respecto, la rectora junto con destacar que la educación superior en el país es “de muy buena calidad, de excelencia”, también señaló a que se tienen desafíos, los cuáles están “en torno a cómo se sostiene y desarrolla un país a partir del fortalecimiento de sus instituciones de educación superior, y en particular, las universidades del Estado”.

El aporte y el valor de las universidades estatales en Chile, añadió, están fuertemente vinculadas con sus territorios.

“Por lo tanto, ahí hay mucha sinergia de las universidades con los gobiernos regionales, con los centros educacionales, para responder a temas que son sumamente relevantes”, apuntó.

En ese línea, y consultada sobre los recortes anunciados desde Hacienda hacia Educación, y cómo afectará esto a las universidades, la rectora apuntó a que “justamente el tema de financiamiento creemos que es uno de los desafíos por los que tiene que avanzar nuestro país en materia para fortalecer sus universidades, las estatales principalmente”.

“Hoy día sabemos que tenemos un sistema mixto de financiamiento y la información que nos han entregado desde el gobierno -al principio a través de los medios de prensa- respecto del ajuste fiscal nos tenía sumamente preocupados”, manifestó.

Esto, sostuvo, ya que las universidades estatales se financias en gran parte por los recursos que llegar por gratuidad.

Esta preocupación, añadió, se la han transmitido a la ministra de Educación, María Paz Arzola y también con la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés. “Ella es una persona muy entendida, muy preparada. Hemos tenido un diálogo, y tenemos yo creo que ahí la posibilidad de conversar temas que son delicados. Creo que ellas van a ser unas muy buenas interlocutoras”, afirmó.

Asimismo, destacó que es necesario fortalecer la educación prescolar, cómo lo han manifestado desde el Mineduc, sin embargo apuntó a que cualquier recorte será una merma a futuro.

“Hoy día el país necesita fortalecer la educación inicial, la educación escolar, pero también hay que señalar que cualquier recorte que se realice en educación superior, en ciencia, en investigación, en desarrollo, no es solo un problema para este año, sino es un problema que se va a proyectar en el tiempo, porque quizás muchas de las investigaciones que se realizan en las instituciones no van a poder seguir siendo financiadas“, explicó.

Por ejemplo, “el desarrollo de algunas vacunas, que han sido trabajos que se han realizado sostenidamente, o trabajar sobre temas de cáncer, en el tema biológico, científico”.

“Creo que hoy día el país no se puede dar el lujo de perder lo que ha avanzado”, afirmó.

En materia de gratuidad por otra parte, y la discusión que se ha dado en torno a poner límites, o restringirlo en ciertos casos, la rectora fue clara en señalar que era un derecho que no debe perderse.

“Nosotros como Universidades del Estado pensamos ciertamente que es una política que ha mejorado el acceso y la equidad. Y que debe mantenerse, no podemos retroceder en eso”, indicó.

Asimismo, también apuntó a que “es delicado” vincular la gratuidad “como un beneficio con sanciones que son más bien punitivas”. Esto, en relación al Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente Kast en la Cuenta Pública, iniciativa que busca que las personas que sean incluídas en el listado no puedan recibir beneficios sociales.

“Creemos que eso no va en la línea de la discusión correcta”, apuntó sobre la iniciativa.

Sobre este punto, la académica señaló que “hay que dar alguna otra vuelta”, ya que cuando la persona ha cumplido su pena, “hay que ver si uno puede castigar doblemente a alguien por haber cumplido alguna sanción”

“No sé si le podemos quitar beneficios como acceder a la PGU, acceder a los sistemas de salud, o en este caso, a estudiar”, reflexionó.

Revisa la entrevista completa acá:

Esto, como parte de los resultados del Informe N°673 de 2025, que identificó diversas irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios y control financiero de dicho establecimiento de salud.

En el documento se verificó que el Hospital celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligan al trámite previo de toma de razón ante esta Contraloría, sin que dichas actuaciones fueran enviadas al ente fiscalizador para su aprobación, lo que significó que dichos convenios desde su inicio presentaran errores en su formulación.

Además, en el informe se señala que el recinto hospitalario efectuó pagos en distintas líneas de servicio pese a no contar con respaldos suficientes que permitan validar su procedencia. A modo de ejemplo, figuran $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad, sin documentación que acredite su realización, tales como contratos o asignación de personal correspondiente.

También aparecen pagos por $684.523.100 en servicios de aseo, cuya ejecución no pudo ser debidamente verificada y, adicionalmente, se indican otros desembolsos por $393.919.521 en “Gastos Generales”, con antecedentes que no permiten establecer la procedencia y razonabilidad del gasto.

Del mismo modo, se identificaron pagos en exceso correspondientes a duplicidades y errores no detectados oportunamente por las unidades encargadas de la validación financiera.

Según el informe, el hospital también suscribió diversos contratos para la prestación de servicios administrativos, de seguridad y provisión de insumos. En estos procesos se verificó, por ejemplo, la insuficiencia de documentación de respaldo para acreditar la prestación efectiva de los servicios.

Adicionalmente, se identificaron diversas irregularidades en las contrataciones, tales como falta de autenticidad que permita acreditar experiencias compatibles con los servicios requeridos y la elección sin justificación de la oferta de mayor valor económico, existiendo alternativas más convenientes.

En este contexto, además, se constató otros pagos de más de $300 millones sin respaldo completo en distintos contratos ejecutados en el período auditado.

Por lo anterior, la CGR formulará el reparo (demanda en juicio de cuentas) por un total de $2.353.540.670, con el objeto de recuperar el monto pagado improcedentemente.

Además, se iniciará un procedimiento disciplinario y se enviarán los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Conflicto de interés y debilidades de control

La fiscalización también identifica observaciones en las contrataciones realizadas con otra empresa por un total de $558.158.273, debido a que se presentó documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en procesos licitatorios; y que se adjudicaron contratos pese a no contar con giro vigente relacionado con los servicios contratados.

Asimismo, se detectó la existencia de un conflicto de interés, vinculado a un funcionario del establecimiento que mantenía una relación personal directa con la representante legal de la empresa.

En otro punto, la Contraloría determinó debilidades en sus sistemas de control interno, entre ellas, ausencia de mecanismos efectivos para verificar la autenticidad de los documentos presentados por proveedores, falta de aplicación adecuada de los procedimientos del Sistema de Compras Públicas y falencias en la revisión y validación de pagos por parte de las unidades competentes.

Los hechos ocurrieron en la noche del miércoles 3 de junio, cuando los funcionarios policiales solicitaron al guardia municipal que exhibiera su cédula de identidad luego de que una mujer lo acusara de acoso. Sin embargo, según los registros del momento, el guardia municipal se negó a identificarse y entregar el documento en varias ocasiones.

Tras ello, Carabineros intentó concretar la detención por negarse al procedimiento. No obstante, al lugar llegaron otros guardias municipales, situación que derivó en forcejeos entre personal municipal y efectivos policiales.

Luego de divulgarse los hechos, la Municipalidad de Santiago emitió una declaración pública, aseverando que “corresponden a una situación aislada, que no representa el trabajo cotidiano que desarrollan de manera coordinada los equipos municipales y Carabineros de Chile”.

“La Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria mantiene una relación permanente de colaboración y coordinación con Carabineros, orientada a fortalecer la seguridad de vecinos, comerciantes y quienes transitan por la comuna, labor que se desarrolla diariamente en distintos puntos del territorio”, añadieron desde el municipio.

Asimismo, lamentaron lo ocurrido e informaron que iniciaron una revisión interna de los antecedentes para aclarar los hechos.

“De acuerdo con los resultados de dicha investigación, se adoptarán todas las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan, reafirmando el compromiso institucional con el respeto a la labor policial, el cumplimiento de los protocolos vigentes y la adecuada actuación de los funcionarios municipales”, sentenciaron.

El ataque de sujetos armados que transitaban en un vehículo y dispararon contra un grupo de personas en un almacén en la parte alta de la Ciudad Puerto había dejado una persona fallecida y ocho heridas.

Ahora, las víctimas fatales son dos.

El recinto de la calle San Ignacio emitió un comunicado en el que se dio cuenta de la situación. El centro asistencial recibió a la mayor parte de los heridos.

“El Hospital Carlos Van Buren lamenta informar que pese a todos los esfuerzos clínicos y dada la gravedad de sus lesiones, en horas de esta madrugada (01.20 AM), se registró el fallecimiento de la paciente sexo femenino, iniciales N.E.J., de 20 años, que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro recinto asistencial, y que se había visto afectada por los lamentables hechos ocurridos la noche del miércoles recién pasado en el sector de Rodelillo", informaron.

Otra mujer, de 19 años falleció en el lugar de la balacera.

“Los demás pacientes se encuentran estabilizados y en evolución bajo estricto seguimiento médico”, precisó el hospital.

Desde el recinto señalan que han mantenido una coordinación permanente con el delegado presidencial regional, Manuel Millones, respecto de la seguridad en el entorno al hospital, la que se reforzó a propósito de los hechos y no se han reportado alteraciones.

Millones lamentó la confirmación de otra víctima fatal y dio cuenta de las gestiones que ha realizado con el Servicio Médico Legal, a propósito de la entrega de los cuerpos de las fallecidas a sus familiares.

La autoridad explicó que el cuerpo de la primera joven fallecida debería estar este viernes en dependencias de ese organismo para los peritajes prospectivos.

“Ayer, el cuerpo de la primera joven fallecida no se pudo trasladar. Hay que tener presente que el Servicio Médico Legal está en una huelga. Sin embargo, mantiene turnos éticos y de acuerdo a lo que conversamos anoche con el director, este viernes se hace el retiro para posteriormente entregarlo a los familiares”, indicó.

Según antecedentes preliminares por parte de la institución, el hecho se produjo mientras el funcionario se encontraba en cumplimiento de su labor en un sector rural de la comuna.

En ese contexto, desde Carabineros manejan cómo hipótesis preliminar que habría atentado contra su vida utilizando su arma de servicio.

“Tras ocurrido el hecho, personal institucional le prestó de inmediato los primeros auxilios en el lugar, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, falleció”, detallaron en un comunicado por parte de la prefectura COP Araucanía.

La situación fue informada al Ministerio Público, que instruyó que colaboraran en la investigación equipos de Labocar y del OS-9 de Carabineros.

“Carabineros de Chile expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amistades y compañeros de labores del funcionario fallecido, brindando el apoyo institucional correspondiente frente a este lamentable hecho”, añadieron desde la institución policial.

El Ministerio de Salud tiene a disposición de la ciudadanía el número telefónico *4141, en caso de tener consultas o inquietudes sobre acciones o intenciones suicidas, tanto propias como de un cercano o cercana. Si siente que necesita ayuda con respecto a este tema puede comunicarse también con Salud Responde al 600-360-7777.

“A mí me da la sensación de que se está tratando de instalar, no sé si por parte del gobierno, pero sí por ciertas personas que he leído en los medios, cartas al director, etcétera, de que casi que los alcaldes quisiéramos ser Tío Rico McPato para nadar en una piscina de plata, con monedas de oro, y la verdad es que esa es la imagen que se está tratando de proyectar”, planteó la alcaldesa en conversación con Radio Pauta.

Asimismo, la edil de Las Condes cuestionó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por afirmar que la exención de contribuciones afectará principalmente a las comunas más ricas, pidiendo que “modere el lenguaje porque andar tratando de comunas ricas a comunas en que efectivamente hay mayor generación de ingresos (...) está cayendo en la misma caricatura que nosotros le criticábamos a la izquierda cuando se referían a nosotros a las comunas que generaban riqueza”.

“Yo creo que el ministro de Hacienda no ha tenido todos los antecedentes a la vista y quiero pensar que efectivamente ese es el problema que tenemos hoy día. Porque, por ejemplo, se planteaba que efectivamente las contribuciones han aumentado porque ha aumentado el valor de las tasaciones. Situación que también hay que revisar porque estamos todos de acuerdo, (...) de que es bien opaco el sistema para determinar quién paga contribuciones y quién no”, añadió la alcaldesa.

Junto con ello, detalló que “yo creo que, siendo superresponsable también con lo que digo y siendo superexigente también, como fui con el otro gobierno, necesitamos más diálogo con el gobierno”.

La acción judicial se dirige nominativamente en contra de la actual diputada, así como en contra de todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos perpetrados en el marco de la fallida adquisición de la exclínica Sierra Bella.

Según señaló el tribunal, “se admite a tramitación la querella interpuesta, debiendo ser remitida al ministerio público en conjunto con los antecedentes acompañados, quien deberá además resolver la pertinencia de las diligencias pedidas”.

Entre los antecedentes presentados por el municipio está la resolución exenta Nº RE14499/2026 de la Contraloría General de la República (CGR), la cual determinó que el proceso de compraventa estuvo marcado por “una cadena de actos manifiestamente ilegales y una vulneración al principio de probidad administrativa por parte de funcionarios y estableció la responsabilidad administrativa” de Hassler.

La querella contra Hassler

Asimismo, la Municipalidad de Santiago acusó a la administración anterior en el documento por gestión desleal del patrimonio público.

Esto argumentado con que se acreditó que el decreto de pago N° 187 se emitió de forma anticipada y sin un decreto alcaldicio que lo habilitara. Además, el decreto alcaldicio N° 810 —que autorizaba la compra por $8.252.873.341— fue firmado por la exalcaldesa “omitiendo, entre otros, deliberadamente el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal, un trámite esencial para garantizar el examen previo de legalidad de todo acto administrativo”.

Además, acusan que a ello se suma un otorgamiento de un mandato especial irrevocable en favor del abogado privado de la parte vendedora, redactado en colaboración con exfuncionarios municipales.

“Esta grave negligencia permitió a la contraparte intentar forzar la inscripción del inmueble ante el Conservador de Bienes Raíces, haciendo caso omiso por más de cien días de la instrucción expresa de abstención que había dictado la Contraloría General de la República”, señalaron desde el municipio en un comunicado.

Hassler se pronuncia tras admisibilidad

La exalcaldesa Irací Hassler reaccionó a la admisibilidad de la querella presentada por la actual administración comunal y defendió la actuación de su gestión en la fallida compra de la exclínica Sierra Bella.

A través de su cuenta de X, sostuvo que la causa ya fue investigada por la justicia y recordó que terminó con su sobreseimiento.

“La causa Sierra Bella fue investigada y sobreseída por la justicia”, afirmó la exjefa comunal. En esa línea, agregó que “resulta lamentable que el alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia”, argumentando que la investigación se extendió por más de dos años y concluyó con una resolución que estableció que “los hechos investigados no constituían delito”.

Hassler también cuestionó las motivaciones detrás de la acción judicial impulsada por el municipio. “Desbordes busca utilizar la justicia para generar un punto político sobre hechos que ya fueron investigados y respecto de los cuales existe una resolución judicial firme”, sostuvo la ahora diputada.

Asimismo, emplazó al actual alcalde de Santiago, señalando que “lo deseable es que consiga titulares por su gestión y no por inventar denuncias sobre hechos juzgados”.

Otras dos personas fueron aprehendidas en medio de la fiscalización.

Las diligencias fueron efectuadas por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) en el marco de fiscalizaciones al mercado secundario, que esta vez llegó hasta un local de la calle Arturo Prat, donde se encontraron las piezas de distintos autos.

El capitán Luis Jara, jefe del SEBV, señaló que durante este jueves “se logra la detención de un varón adulto a raíz de distintas fiscalizaciones en el sector de 10 de Julio”.

“En el lugar, se fiscalizó un local comercial que se dedica a la compra y venta de distintas partes y piezas de vehículos, sorprendiendo en su interior dos portalones y una puerta, con encargo vigente”, agregó el capitán Jara.

En detalle, se señaló que se encontraron especies de tres vehículos con encargo vigente por robo con intimidación, uno de ellos con denuncia de 2021 y dos con denuncias de 2017.

“Se detiene al administrador del local, siendo puesto a disposición del tribunal correspondiente”, detalló Jara. El sujeto fue aprehendido por el delito de receptación.

De igual forma, personal de Radiopatrullas que apoya estos operativos, logró la detención de otras dos personas que mantenían órdenes vigentes por otros delitos, sumándose al dependiente del local.

Las especies fueron incautadas y los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Según conoció este medio, pasadas las 20 horas el oficial de guardia de la unidad carcelaria informó al Centro de Mando y Control (CMC) de Gendarmería, que dos sujetos no identificados depositaron la corona minutos antes en el frontis del CDP, acompañada de un papel en el que se menciona a un “capitán” -acompañado de un apellido-, sumado a la leyenda “descansa en paz tú y tu familia”.

Posteriormente en el texto, aparecen otros tres nombres, junto con la firma “Atte. Calle 4”, en referencia a una galería del penal.

Los sujetos involucrados se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se haya informado de su detención.

El hecho fue informado al Ministerio Público para su investigación.

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado defendió la iniciativa y la vinculó al problema de hacinamiento que enfrenta el sistema penitenciario.

“Yo no le respondo al alcalde Desbordes porque creo que acá hay un error de enfoque. Nosotros estamos con un problema de hacinamiento carcelario, donde todos los chilenos debemos efectuar los esfuerzos para superar esta situación”, sostuvo.

La controversia surgió luego de que la Contraloría no tomara razón del decreto que buscaba ampliar el recinto, lo que abrió una discusión sobre si se trata de una ampliación o, en la práctica, de una nueva cárcel.

Rabat insistió en que la situación de Santiago 1 es crítica. Según explicó, el recinto fue diseñado para albergar a 4 mil personas, pero actualmente mantiene cerca de 7 mil internos.

“En Santiago tenemos un problema grave de sobrepoblación carcelaria y debemos enfrentarlo. Nosotros creemos que podemos enfrentarlo con la ampliación de la cárcel. No es una cuestión personal del ministro con un alcalde u otro alcalde. Es un tema de bien común", afirmó.

“Con la ampliación se permite obtener 1.600 plazas nuevas, entonces ni aún así superamos el problema”, agregó.

El ministro añadió que el hacinamiento carcelario también tiene costos económicos para el Estado. “Necesito resolver el hacinamiento en Santiago que le cuesta por vía de multas, al Estado, 3.800 millones de pesos semestralmente”, señaló.

Consultado por la posibilidad de construir un nuevo recinto fuera de la ciudad, Rabat aseguró que actualmente no existe una alternativa viable.

En esa línea, recordó que el Ministerio de Justicia adquirió un terreno en Tiltil, pero que no cuenta con factibilidad de agua. A ello se suman restricciones asociadas al Plan Regulador Metropolitano.

“Cuando he dicho en reiteradas oportunidades que no hay actualmente otro terreno, es porque no lo hay y necesitamos la ampliación”, enfatizó.

A nivel nacional, el ministro cifró en 63 mil las personas privadas de libertad, pese a que la capacidad del sistema alcanza para cerca de 43 mil internos.

Cárceles en regiones

El ministro Rabat también abordó la situación de hacinamiento en las cárceles de otras regiones del país y dónde se pretenden construir las 20 mil nuevas plazas comprometidas por el Ejecutivo.

En ese sentido, el secretario de Estado afirmó que durante la tramitación vía rápida del paquete de medidas de seguridad del gobierno anterior, se determinó, vía decreto -en marzo de 2026- dónde se van a construir las cárceles, sin embargo, evitó referirse si esta administración está considerando nuevos lugares.

Rabat también abordó la situación de recintos penitenciarios emplazados en zonas urbanas de ciudades como Chillán y Temuco.

En el caso de Chillán, afirmó que el objetivo es trasladar la cárcel actualmente ubicada en el centro de la ciudad a otro terreno dentro de la misma comuna.

“Nos falta un detalle para poderlo cumplir y lo vamos a trasladar a otro terreno dentro de la misma comuna, pero no en el centro”, indicó.

Respecto de Temuco, señaló que el Ejecutivo también busca relocalizar el recinto penitenciario emplazado en las cercanías del cerro Ñielol, para lo cual se encuentra evaluando nuevos terrenos.

Registro Nacional de Vándalos

Durante la entrevista, el ministro defendió además el proyecto que crea un Registro Nacional de Vándalos, iniciativa que contempla sanciones accesorias como la pérdida de determinados beneficios estatales para quienes sean condenados por ciertas conductas.

Según explicó, estas medidas operan únicamente cuando existe una condena principal previa.

“Las penas accesorias suponen una pena principal, por lo tanto, la persona a quien se le aplica una pena principal sí tiene un castigo por el delito cometido o la falta en que incurrió”, sostuvo.

Rabat descartó que ello implique una discriminación arbitraria y afirmó que se trata de una herramienta demandada por autoridades locales.

“No hay que ir a buscar la evidencia internacional. Pregúntele a todos los alcaldes si quieren o no el Registro Nacional de Vándalos con las incivilidades que comenten en sus comunas todos los días y va a tener una fila de alcaldes diciéndole que sí”, afirmó.

Por último, valoró la propuesta del fiscal nacional, Ángel Valencia, de crear un registro para infractores de delitos económicos, asegurando que “va a ser un aporte” y que toda iniciativa destinada a fortalecer la persecución penal será bienvenida por el Ejecutivo.

Según informó el comandante (s) del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Sergio Yévenes, “el fuego habría comenzado en una estructura del tipo habitacional subdividida, del tipo cité, afectando a ocho familias, el cual se propagó a una casa colindante, también del tipo cité, afectando a otras ocho familias”.

“El daño es de un 80% en ambos cités”, agregó la autoridad, quien destacó que una serie de muros de adobe resultaron agrietados producto del siniestro, por lo que el municipio de Recoleta deberá determinar un eventual peligro de derrumbe.

En la emergencia, que comenzó pasadas las 19 horas, trabajaron voluntarios de 12 compañías del CBS con un total de 18 carros. Pasadas las 21 horas, las autoridades informaron que el fuego se encontraba “contenido y controlado”, por lo que comenzaban a esa hora las labores de ventilación y remoción de escombros.

De acuerdo con el comandante Yévenes, no se registran civiles ni bomberos lesionados producto de las llamas.

Peritos de la institución, asimismo, trabajan para investigar el origen de las llamas, que se propagaron con rapidez debido a la cercanía de los inmuebles y el material ligero de construcción que se encontraba en el lugar.

Este uso diario genera desgastes en los equipos, como por ejemplo, ascensores y escaleras mecánicas, muchas de las cuales presentan fallas a diario en las distintas líneas de Metro.

Otro problema denunciado por diferentes usuarios, sobre todo a través de redes sociales, dice relación con el nuevo sistema Pago Ágil, el que muchas veces no permite realizar correctamente el pago, así como la existencia de cobros duplicados.

Ariel López, ingeniero en Transporte y Tránsito de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile, revela una nueva complejidad presente en el transporte subterráneo de la capital. Se trata de la poca disponibilidad de boleterías. No es extraño encontrarse con una de siete disponibles, dice.

“En promedio una persona espera 24 segundos en una fila”, indica López. Si por ejemplo hay una fila de 30 personas, alguien podría llegar a demorarse hasta 12 minutos en ser atendido. A esto se suma la fila posterior para acceder al tren.

Desde un tiempo hasta esta parte muchas boleterías se han ido reconvirtiendo, por ejemplo en sucursales bancarias, reduciendo la disponibilidad. Esto último se ha intentado suplir con máquinas de autoatención, pero muchas personas aún prefieren el formato tradicional, “ya que el diseño y usabilidad no es muy amigable, generando una mala experiencia del usuario”, explica López.

Ante esta interrogante, desde Metro señalan que la disponibilidad de boleterías en Metro de Santiago “responde a una gestión dinámica basada en variables operacionales clave, como la demanda por estación, los flujos horarios y la dotación necesaria para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio en un entorno de alta movilidad urbana”.

Por ejemplo, añade López, ”el boleto y el vuelto te lo da en un receptáculo difícil, y a veces doloroso, meter la mano para retirar la boleta y el vuelto. Incluso peor: la máquina normalmente expulsa la tarjeta tirándola al suelo, lo que es incómodo y molesto, especialmente para adultos mayores y personas con discapacidad. La implementación de herramientas de este tipo es algo recomendado, pero solo cuando son tecnologías maduras”, establece el ingeniero.

López, quien ha sido consultor para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aporta otro dato: en las líneas 3 y 6 casi no existe personal en la estación. “Esto obedece a que Metro decidió que las estaciones van a tener el mínimo de personal, que los servicios de recarga serán máquinas de autoatención, e incluso, que el jefe de estación tendrá que hacerse cargo de una estación y las dos estaciones cercanas donde no habrá personal, y que la vigilancia será con cámaras a distancia desde un sistema centralizado. Desde este enfoque que tiene la gerencia de Metro, no se requieren seres humanos a cargo del transporte de otros seres humanos”.

“La modernización del sistema de transporte ha impulsado cambios sostenidos en los hábitos de uso de las personas, evidenciando una creciente adopción de soluciones digitales y alta adherencia a las máquinas de carga que se incorporan de manera habitual a la red. Adicionalmente, hoy, una proporción significativa de los viajes se realiza mediante tecnologías como códigos QR y pagos ágiles con tarjetas bancarias, reflejo de una sociedad cada vez más conectada y orientada a la inmediatez”, refutan desde Metro.

Estas innovaciones en medios de acceso y pago, reseñan desde Metro, coexisten con la atención presencial, que según la empresa continúa siendo un canal relevante para diversos segmentos de usuarios. “El enfoque del sistema está en una integración inteligente de canales físicos y digitales, permitiendo responder de manera flexible a las distintas necesidades, preferencias y niveles de adopción tecnológica de la ciudadanía”.

Con respecto a Línea 7 del Metro, pronta a inaugurarse, López señala que es posible que sea todo similar a la Línea 3 y Línea 6, con más autoatención, menos funcionarios y menos presencia de seguridad.

“Todo esto es en un marco de visión del Metro, de no tener trabajadores en el sistema, donde los trenes, boleterías y seguridad estén automatizados o sea de manera remota. Si bien la automatización de los sistemas de Metro es una tendencia valorable y deseable, la deshumanización del sistema no es algo recomendable”, señala el experto.

Por ejemplo, en China la automatización siempre está acompañada de servicios humanos. Aunque los trenes se manejan solos, usualmente hay un maquinista en el tren, observando que todo funcione.

La medida será resorte de los ministerios de Seguridad Ciudadana y del Interior y será un registro al que ingresarán personas condenadas por delitos o por incivilidades, como consumir drogas en la vía pública, rayar sin autorización la propiedad pública y privada o destruir equipamiento comunitario, entre otras. Aparecer en ese registro implicará no acceder a beneficios sociales -como la gratuidad o la Pensión Garantizada Universal (PGU)-, pero también a licencias de conducir o pasaportes.

Si bien la medida ha sido valorada como un incentivo para reducir los delitos, también se ha criticado que apuntaría a un segmento socioeconómico en específico, pues restringe beneficios sociales que son mayormente obtenidos por la población vulnerable. En ese debate han estado envueltos los alcaldes, quienes serán parte de las autoridades que deberán involucrarse con este registro.

La Tercera consultó a alcaldes de derecha e izquierda para recoger sus impresiones. El jefe comunal de La Cisterna, Joel Olmos (Ind.), se extiende y dice que la medida “tiene un dejo de clasismo” y que “los beneficios sociales no se entregan a todos: se entregan solo a los más pobres. Los más ricos no estudian con gratuidad, no reciben bonos ni vales de gas. Lo sabemos. ¿Cómo se castigará entonces a los que más tienen, si no se les puede privar de esos beneficios destinados solo a los más vulnerables? El proyecto del gobierno, anunciado con bombos y platillos, está destinado solo a sancionar a los que menos tienen. A nosotros nos molestan enormemente las incivilidades, pero las de todos“.

En Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind.) retruca y comenta que “hay que evitar las caricaturas y concentrarnos en el problema de fondo. Lo que estamos discutiendo es cómo hacemos que quienes destruyen el espacio público, generan daños a otros vecinos o alteran la vida cotidiana de las personas tengan sanciones efectivas”.

En tal sentido, añade que “todas las herramientas que permitan avanzar en esa dirección merecen ser estudiadas con seriedad (...). Lo que no puede seguir ocurriendo es que quienes cumplen las reglas terminen pagando los costos de unos pocos que vandalizan, destruyen o afectan la calidad de vida de los demás”.

Uno que conoce el tema es el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (Ind.-UDI), quien ya tiene un registro en su comuna. “Ya castigamos a personas que cometen acciones contra la convivencia pública con quitar beneficios sociales. Son 105 personas que están en este registro de Independencia”. Respecto de si es clasista, la autoridad comunal asevera que de cara a la propuesta del gobierno “es necesario crear castigos adicionales de manera de poder sancionar a personas que no reciben beneficios sociales”.

En Lo Barnechea, el alcalde Felipe Alessandri (RN) dice que “calificar esta propuesta como clasista es equivocarse de debate. Aquí no estamos hablando de personas según su nivel de ingresos, su comuna o su origen. Estamos hablando de conductas. Una persona no entra a este registro por su condición social, sino por participar en actos de vandalismo, violencia o incivilidades que afectan a toda la comunidad”.

De hecho, va más allá y dice que la legislación debiera avanzar hacia la suspensión temporal de determinados beneficios municipales especialmente en casos de reincidencia, como restricciones para acceder a programas, subsidios y beneficios de carácter discrecional administrados por los municipios.

Mientras, el jefe comunal de San Bernardo, Christopher White (PS), dice que la medida tiene un problema de origen. “Es una idea que tiene un sesgo clasista, la verdad, porque se incluye como medida punitiva quitar los beneficios sociales. ¿Qué beneficios sociales hubiese perdido el joven que el año pasado rompió un grifo en Las Condes? Era un chico sin problemas económicos, de familia acomodada. Entonces, ¿por qué hacer diferencias entre ese joven y un joven de un barrio del Chile B? Además, no puede estar al mismo nivel evadir el pasaje del metro que quemar una micro. Lo que el proyecto busca es sancionar a una persona que tiene una condición social más vulnerable y eso, por decirlo menos, es una medida abusiva”.

En tanto, desde La Reina, José Manuel Palacios (UDI) asegura que “lo importante es la vida segura de las familias. No puede ser que el vecino que trabaja, cumple las reglas y cuida su barrio, vea que quien destruye una plaza, un paradero o mobiliario público, enfrenta pocas o ninguna consecuencia. La señal correcta es que el respeto por la comunidad tiene valor y que el vandalismo tiene costos”.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes (ind Rep), dice que “destinamos una cantidad importante de recursos a limpiar, reparar y reponer infraestructura que es dañada constantemente. Por eso, cualquier medida que contribuya a generar mayor responsabilidad y cuidado de los espacios comunes no solo fortalece la convivencia y la seguridad, sino que también permite que esos recursos puedan destinarse a mejorar servicios y responder a otras necesidades de nuestros vecinos”.

El despliegue de Carabineros se enmarca dentro del “Plan de Policiamiento Táctico de Impacto e Intervención Preventiva Activa” de la policía uniformada, donde participan entre 100 y 160 funcionarios de diferentes unidades especializadas y territoriales y el que forma parte de uno de los operativos que está encabezando el Ministerio de Seguridad, dirigido por el ministro Martín Arrau (Republicano).

Pocas horas después del operativo de la policía uniformada, el propio ministro Arrau encabezó una fiscalización en el barrio Meiggs, donde se realizaron fiscalizaciones del comercio ambulante y migratorias por parte de la Policía de Investigaciones (PDI).

En ese contexto, el titular de Seguridad adelantó que este tipo de acciones se van a repetir, ya que “vamos a fortalecer un trabajo con los municipios, las policías y otros ministerios, no solamente para hacer intervenciones puntuales, sino que también para mantener la presencia del Estado de derecho, del orden, de la seguridad en los barrios, así que esto demuestra eso”.

“Partimos temprano con un copamiento por parte de Carabineros en diferentes ejes, estaciones de Metro y esto va a ser diario. Vamos a tener un nuevo operativo en recintos penitenciarios, la PDI con el control migratorio y también por órdenes de aprehensión pendientes”, adelantó el jefe de cartera de Seguridad.

Arrau en modo operativo

La participación del ministro de Seguridad en un operativo policial ya se ha repetido durante los últimos días. Tras una llegada al ministerio marcada por la labor administrativa y normativa, y tras presentar el esperado plan de seguridad, el ministro Arrau se volcó al área operativa.

Lo anterior se enmarcaría, señalan fuentes del Ejecutivo, dentro del sello que buscaría darle la autoridad de gobierno a la cartera, con una contundente agenda normativa y de continuidad de la instalación del ministerio, así como también la de desarrollar operativos para ir mostrando avances en cuanto al despliegue del gobierno en materia de seguridad.

Por esto mismo, durante los últimos días la autoridad de gobierno encabezó un operativo conjunto entre Carabineros y la PDI a nivel nacional, durante el fin de semana estuvo en fiscalizaciones en San Miguel, el martes en Macul, y este jueves, en Meiggs.

Pero tal y como lo adelantó, los operativos dirigidos por la cartera que encabeza Arrau continuarán tanto por parte de Carabineros, la PDI e incluso Gendarmería en las cárceles; de tal manera, el ministro afirmó que será “todos los días” y comenzarán a desplegarse en regiones.

Este viernes, el titular de Seguridad llegará hasta el norte donde visitará la zona fronteriza. Además, encabezará visitas carcelarias, así como también dirigirá operativos policiales en esa parte del país.

El desafío de la inseguridad

Una de las principales problemáticas en la materia que actualmente tiene el país es el índice de inseguridad. Conocedores de la situación, apuntan a que este tipo de operativos, además de buscar personas con órdenes detención pendiente, también buscarían “desincentivar” los delitos y aumentar la sensación de seguridad.

Para el exsubsecretario de Seguridad, Rafael Collado, los operativos policiales “son efectivos cuando cumplen con un objetivo estratégico, en ese sentido resulta siempre relevante conocer qué directriz desde el Ministerio de Seguridad Pública fue entregada a las policías para, a partir de ella, conocer si los objetivos que se perseguían se cumplieron”.

El exsubsecretario del Interior Felipe Harboe plantea que los copamientos “responden a estadísticas de delitos y, por tanto, se focalizan recursos policiales en lugares y horas donde se registran delitos con el objeto de prevenir. Eso parece ir en la línea correcta de optimizar la presencia policial en base a evidencia y evitar que se cometan los delitos”.

La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la U. San Sebastián (Cescro USS), Camila Astraín, por su parte, plantea que “este tipo de operativos han demostrado ser una herramienta efectiva tanto para la disuasión de aquellos delitos de oportunidad como para la detección de faltas, delitos en flagrancias y detención de personas con órdenes de detención pendientes”.

Sin embargo, advierte que “para la prevención de delitos violentos o asociados al crimen organizado se requiere de estrategias aún más focalizadas (...), de lo contrario, seguiremos colapsando el sistema de persecución penal atacando los síntomas, pero no los problemas criminales de fondo, lo que podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones y no lograr disminuir la sensación de inseguridad existente en el país”.

Para el experto en seguridad y académico U. Andes, Alfonso Kaiser, este tipo de copamientos suelen ser efectivos porque tienen dos objetivos ya cumplidos: “El primer es apresar a estas personas que andan delinquiendo o que tienen cuentas con la ley (...) y el segundo punto, que es muy bueno también, es la demostración empírica de que se está combatiendo al crimen, y que se está haciendo uso del monopolio de la fuerza por parte del Estado”.

Cabe recordar que una auditoría interna de Codelco reveló en mayo pasado una sobrevaloración de casi 27.000 toneladas en su producción informada para 2025, lo que permitió a la cuprífera alcanzar sus metas anuales.

Y en declaraciones a 24H, Mulet sostuvo esta tarde que, en esta trama, “creo que hay elementos constitutivos de delito o para constituir al menos presunciones fundadas que se puede haber cometido un delito. A mi juicio, al menos puede haber con los elementos que uno ya va viendo, administración desleal”.

Agregó que dependerá de la investigación judicial si tales delitos escalan a otros más significativos, como fraude al Fisco o estafa.

Al respecto, relevó que “pedimos más de 20 diligencias en la presentación de la querella que hicimos hoy día con la ex ministra (de Minería) y diputada Hernando”.

Respecto de la presentación de la querella, el diputado FRVS explicó que se busca llegar “al fondo” del asunto, ya que Codelco “es muy difícil de fiscalizar”, debido a que “es una empresa estatal que no depende del sistema de empresas públicas (SEP), sino que tiene una ley propia”.

En este marco, sostuvo que “la Contraloría tiene muy pocas facultades para meterse, porque es una empresa autónoma del Estado, no un órgano del Estado. La Cámara de Diputados, lo mismo”.

Agregó que esta situación la ha planteado en, al menos, tres comisiones investigadoras de Codelco, donde ha destacado las dificultades para fiscalizar a fondo.

“Hemos pedido cambios legales que dependen del Ejecutivo de turno. Y hay tres gobiernos, al menos, en el de Piñera, en el de Boris, en el de Bachelet. Estamos en al menos tres comisiones con las mismas conclusiones respecto de ese tema, que no se puede fiscalizar Codelco, no se puede profundizar en la fiscalización. Ese es uno de los problemas. Por eso que presenté la querella y, hace casi un mes, la denuncia, porque creo que los fiscales van a poder llegar al fondo. Otro organismo no, no va a llegar al fondo”, destacó.

Según informó el organismo, el ave presentó síntomas respiratorios compatibles con la enfermedad, lo que activó los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de eventos.

Con este hallazgo, Atacama se convierte en la segunda región del norte del país en registrar un caso positivo de influenza aviar H5N1 en fauna silvestre, luego de la detección informada esta semana en la Región de Arica y Parinacota.

Tras la confirmación del caso, el SAG inició una investigación epidemiológica y reforzó la vigilancia de fauna silvestre en el sector. Las medidas también consideran el monitoreo de denuncias ciudadanas, el muestreo de aves enfermas o muertas y la coordinación con organismos competentes para implementar acciones de control y seguimiento.

Actualmente, son 12 las regiones del país que registran casos de influenza aviar en aves silvestres, entre ellas la Región Metropolitana.

Una estudiante de la carrera de Derecho denunció a cuatro jóvenes de violación lo que originó una investigación penal que está llevando la Fiscalía de Concepción. El martes tres de los imputados acudieron de manera voluntaria junto a su abogado hasta el cuartel central de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción.

“Presentamos hoy de manera voluntaria a nuestros tres representados a la Fiscalía de Concepción y dispusieron que concurrieran a la Brigada de Delitos Sexuales para prestar declaración voluntaria en carácter de imputados en una investigación desformalizada”, dijo el abogado de aquellos tres estudiantes Juan Claudio Sandoval tras la diligencia.

Junto con la declaración, el martes los detectives tomaron muestras de hisopado bucal, lo que se suma a otras diligencias que se han realizado durante estos días, como el empadronamiento de testigos y la elaboración de un informe planimétrico del departamento donde ocurrió el hecho. Este jueves, además, declarará el cuarto imputado.

Los hechos

El 5 de marzo, tres días después de iniciado el año académico, los estudiantes de la USS organizaron una fiesta de bienvenida en el Club Vanta, un local frecuentado por jóvenes de la zona que está ubicado a unos 2,5 kilómetros de la casa de estudios.

“¡ATENCIÓN MECHONES USS! Este año se recibe en #ClubVanta. Los esperamos este Jueves 05/03 con el mejor ambiente y promos para que disfruten el inicio del año universitario. 2x1 en toda la barra hasta las 00:30hrs”, decía el flyer promovido por redes sociales.

Como es costumbre, no solo llegaron alumnos de primer año, sino que también de cursos superiores como es el caso de la víctima y los cuatro imputados. Allí uno de los investigados se reunió con la denunciante y ambos tomaron alcohol.

De acuerdo a quienes conocen la causa, los dos mantenían cierto vínculo ya que se habían conocido en el primer año de la carrera de Derecho cuando fueron compañeros. En un momento la mujer habría consultado a su excompañero si podía pasar la noche en su departamento para no volver a su casa. Él aceptó. Así al menos lo sostuvo el imputado a su abogado. Ambos se movilizaron hasta ese inmueble donde, dice parte de la defensa, ya estaba acordado que los otros tres sujetos pasarían la noche.

La joven llegó al departamento junto al dueño del inmueble. “No hubo ningún tipo de violencia” en el traslado, dijo el abogado del imputado. Lo ocurrido dentro del inmueble es lo que la Fiscalía se encuentra buscando aclarar. Los imputados reconocen que hubo un encuentro sexual, pero aseguran que se trató de un acto consensuado.

De acuerdo a lo que señalaron los sujetos, no todos tuvieron la misma participación en ese acto sexual, pese a que todos estarían siendo investigados por el mismo delito y con el mismo grado de autoría.

Según señalaron los imputados, al día siguiente de los hechos, el 6 de marzo, no habrían habido recriminaciones y uno de los sujetos pidió un Uber para que la joven se fuera a su casa. De acuerdo a su abogado, tampoco hubo indicios de denuncia entre marzo y mayo, cuando finalmente se da a conocer el caso mediante una denuncia vía redes sociales de lo que había ocurrido en ese departamento.

De acuerdo a quienes conocen del caso, el estudiante que es dueño del departamento donde ocurrieron los hechos congeló la carrera debido a que estaba sufriendo amenazas tras la denuncia.

Entre las diligencias que la defensa busca impulsar está la revisión de cámaras del interior de la disco para ver la interacción que hubo entre ellos y, además, establecer el estado de intemperancia en que estaban los cuatro tras consumir alcohol.

Consultada la Fiscalía del Biobío, señalaron que la investigación estaba en desarrollo y que no emitirán comentarios por ahora.

Por su parte, la directora regional del Sernameg del Biobío, Bárbara Monsalves, -servicio que ya presentó una querella- afirmó que “están acompañando a la víctima, brindándole representación jurídica y atención sicosocial especializada durante todas las etapas y diligencias de la investigación”. Agregaron que el compromiso “es que pueda ejercer sus derechos y enfrentar este proceso con todo el apoyo necesario”.

Si bien lo anterior parece simplemente una cuestión administrativa o un asunto de formalidades, en la práctica tiene efectos que podrían implicar sanciones contra quienes hoy se desempeñan en el organismo. Al no estar totalmente visada la designación del excongresista como titular del servicio, hay otros actos que no se han concretado.

Es el caso de las declaraciones de patrimonio e intereses que deben realizar profesionales conforme lo establece el artículo 4° de la Ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública. Dado que el decreto de nombramiento -que data del 20 de marzo- sigue en tramitación, no aparece habilitado en el sitio donde se deben ingresar los formularios de los funcionarios, lo que impide que ellos puedan cumplir con dicha exigencia, al igual que quienes fueron cesados en sus cargos tras el cambio de administración.

Por lo mismo, el pasado 18 de mayo, el exsubdirector del servicio Mario Yáñez hizo una presentación en Contraloría solicitando un pronunciamiento y fiscalización a lo que consideran es un incumplimiento institucional que lo afecta tanto a él como el resto de las personas que se desempeñan y desempeñaban ahí.

“En el caso del Servicio Nacional de Migraciones, no ha sido designado ni habilitado conforme a derecho el jefe de Servicio como la autoridad responsable de la institución en el sistema institucional de declaraciones, por cuanto su nombramiento aún no aparece como totalmente tramitado, lo que es indispensable para activar, validar y habilitar el acceso de los funcionarios declarantes a la plataforma electrónica. Tal omisión administrativa, es de conocimiento de la autoridad respectiva, sin que a la fecha se hayan adoptado las medidas de gestión institucional necesarias para subsanarla“, se lee en la presentación de seis páginas, a la que que tuvo acceso La Tercera.

Dado lo anterior, expresó que “resulta materialmente imposible para el suscrito -así como para todos los funcionarios obligados del mismo servicio- efectuar la declaración dentro del plazo legal, toda vez que el sistema no se encuentra operativamente habilitado a nivel institucional. Al respecto, en el mes de marzo realicé mi declaración, quedando en estado de borrador, por cuanto no existe jefe de servicio en la plataforma, lo que no permite, asimismo, continuar con el proceso de declarar una vez dejado el cargo, ya que con fecha 28 de abril cesé en mis funciones”.

El problema, agregó en el mismo documento, es que tanto él como otros profesionales se “encuentran impedidos de cumplir la ley por causas que les son ajenas, configurándose un escenario de incumplimiento generalizado e inducido por la propia administración, susceptible de derivar en la aplicación injusta de las sanciones”, lo que incluye multas que van entre las 5 y 50 UTM e incluso la destitución.

De acuerdo con lo planteado, acá no se estaría ante retrasos o incumplimientos imputables a Contraloría -por la no toma de razón-, en tanto el Decreto Supremo N° 2 de 2016 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia prevé herramientas operativas -entre ellas el perfil de administrador del sistema DIP- que permitirían al jefe de servicio actuar.

“Por consiguiente, la falta de designación, habilitación o supervisión del administrador institucional no exime al jefe de servicio de su responsabilidad, sino que es precisamente expresión de su incumplimiento, toda vez que la operatividad del sistema depende, en última instancia, de su dirección y gestión institucional", enfatizó el otrora funcionario.

Pero Yáñez no es el único que recurrió a Contraloría por el asunto. También lo hizo el exdirector Luis Thayer, quien denunció que ante la ausencia de Sauerbaum en el sistema, es él quien aún recibe notificaciones a su correo personal de funcionarios que intentan cargar su respectiva declaración, lo que claramente estaría fuera de la norma.

Como pudo conocer este medio, así lo planteó tanto en un correo de mediados de mayo al encargado de la plataforma de declaraciones de la Contraloría, como en una denuncia que formalizó días después.

“Con posterioridad a mi cese he continuado recibiendo en mi correo electrónico notificaciones, recordatorios y comunicaciones asociadas al Sistema de Declaración de Intereses y Patrimonio, como si aún mantuviera la calidad de autoridad o funcionario obligado en ejercicio. Tal situación no se condice con mi actual calidad jurídica y funcionaria, desde que ya no ejerzo el referido cargo ni detento las facultades, atribuciones o deberes que le son inherentes, razón por la cual la mantención de dichas notificaciones aparece improcedente y da cuenta, prima facie, de una falta de actualización o regularización de mis antecedentes en el sistema respectivo”, se lee en la denuncia de Thayer.

De acuerdo con antecedentes que pudo revisar este medio, al menos hasta el 27 de mayo el decreto de nombramiento de Sauerbaum aún se encontraba en análisis en la División de Función Pública de Contraloría.

Si bien en varias ocasiones sucede que decretos tardan en estar totalmente tramitados, en esta ocasión, de acuerdo con funcionarios que se desempeñan actualmente en el Servicio Nacional de Migraciones, la tardaza obedecería a observaciones que habría hecho el organismo que lidera la contralora Dorothy Pérez que no han sido subsanadas.

La Tercera consultó por estos antecedentes al equipo de comunicaciones del Sernamig, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Tras la publicación de estos antecedentes, la diputada Emilia Schneider (FA) anunció que como bancada oficiarán al Sernamig para aclarar la situación. “El gobierno de Kast prometió soluciones mágicas para la inmigración irregular. Y tras 75 días, aún no regularizan el nombramiento del director de Migraciones. El señor Sauerbaum ha firmado diversos actos administrativos y sin la toma de razón de Contraloría esto podría ser una irregularidad grave. Improvisación total y una irresponsabilidad tremenda”, posteó en su cuenta de X.

Así lo informó el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, quien detalló que la positividad de las muestras alcanzó un 45,4%, similar a la registrada en la semana previa (45,2%).

El 35,8% de los virus detectados, correspondieron a Rinovirus, porcentaje inferior a lo registrado la semana anterior (40,8%) y afectando principalmente a las personas de 1 a 4 años.

El virus de la Influenza A en tanto, es el segundo virus más detectado con 26,8% de casos detectados, similar a lo registrado la semana anterior (27,6%) y afectando principalmente a las personas de 5 a 14 años.

La Influenza B por otra parte, es el tercer agente en preponderancia con el 10,2% de los casos detectados, superior a lo registrado la semana anterior (7,2%). Esta alza, detalló Vilches, es una “situación inusitada”, ya que normalmente este virus registra alzas durante el segundo semestre.

Ante esto, detalló que están “atentos y observando qué es lo que ocurre con este agente para esta época del año”.

La influenza B, detalló, desde un punto de vista clínico “presenta síntomas similares que la Influenza A, pero cuando uno ve algunos estudios da cuenta de que tiende a presentar enfermedad más grave en niños”

“Lo importante es que todos los años la vacuna de la influenza protege contra dos tipos de influenza, la H3N2, la H1N1 y contra el virus de la influenza B, que también tiene dos subtipos de los que están incluidos dentro de la vacuna para generar inmunidad”, afirmó.

Vacunación alcanza el 70% de cobertura en grupos de riesgo

Respecto a la campaña de vacunación e inmunización, Vilches destacó que se superó el 70% del avance en la cobertura de la Campaña de Influenza.

“Llevamos un 72,1%, esto quiere decir más de 7 millones 400 mil dosis administradas”, detalló.

En esto, el jefe de Epidemiología hizo hincapié en la importancia de la inmunización para aquellos grupos que aún se encuentran rezagados para lograr alcanzar el objetivo de 85% de cobertura.

Los grupos objetivos que se encuentran más rezagados, indicó, son las mujeres embarazadas (61,2%), los niños de 6 meses y hasta 5 años (58,2%) y a las personas mayores de 60 años (57,9%).

Respecto a la vacunación por Covid-19, ya se han administrado 503.000 dosis de esta vacuna.

En esto, Vilches también hizo un llamado a vacunarse “lo más pronto posible” para estar preparado cuando exista mayor presencial estacional de este virus. Asimismo, recordó que puede ser administrado a las personas en manera conjunta con la vacuna contra la influenza.

Sobre la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en tanto, lleva un 96% de avance en la cobertura, es decir, más de 96.000 dosis administradas

“Recordar que hay más de 1.700 puntos de vacunación habilitados en todo el territorio nacional”, señaló. Para revisar el punto más cercano, se puede consultar en el sitio web www.mevacuno.gob.cl.

Aumento de atenciones respiratorias en adultos mayores

Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno en tanto, destacó que en cuanto al total de atenciones por infecciones respiratorias agudas bajas -que son las infecciones que afectan principalmente bronquios, pulmones y enfermedades más graves- esta semana registraron un aumento del 3,8% a nivel nacional.

“Y ahí quisiera detenerme particularmente en que los grupos que registraron un mayor aumento, que fueron por una parte las personas menores de un año, que aumentaron en casi un 7%, pero específicamente el grupo de 65 años y más, que aumentó en un 9,2% respecto a la semana anterior".

Este grupo etario es el que tiene la tasa o la cobertura de vacunación más baja para este reporte, por lo que la autoridad reiteró el llamado a que acudan a vacunarse.

Respecto de las hospitalizaciones por causa respiratoria, esta semana se registró un aumento del 0,7%. “Y ahí nuevamente destacar que fue el grupo de 15 a 64 años el que registró el mayor aumento, que fue del 3,2%. Justamente en ese grupo, entre los 15 y los 64 años, también se cuenta contenido el subgrupo de vacunación de los 60 a los 64, así es que nuevamente hacer hincapié también en el llamado a vacunarse cuanto antes contra el virus de la influenza”.

Javiera Oro, fiscal de Análisis Criminal O’Higgins, explicó que el Ministerio Público y su Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) encabezaron las diligencias investigativas durante la madrugada junto a Carabineros.

Una denuncia anónima alertó de lo ocurrido a la policía uniformada.

La información indicaba que había una persona a la que habrían agredido y la habrían subido sin su voluntad a un vehículo.

“Hasta ese momento de la denuncia no teníamos la identidad de la persona ni tampoco sabíamos de su paradero. Nos constituimos con el equipo ECOH y la Fiscalía de Sistema de Análisis Criminal junto al personal del OS9 y Carabineros de Chimbarongo, realizamos y coordinamos distintas diligencias, logramos encontrar a la víctima, en mal estado con diversas lesiones de gravedad y logramos también la detención de las tres personas que habrían participado en el hecho”, detalló la fiscal.

Las diligencias permitieron dar con un video en el que se veía que a la persona que estaba siendo secuestrada por tres sujetos en un vehículo.

“Hoy se celebró la audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía de San Fernando y formalizamos investigación en contra de los tres imputados por su participación en un delito de secuestro agravado”, detalló la fiscal Javiera Oro.

La persecutora indicó que el tribunal dio lugar a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada y decretó un plazo de investigación de 100 días.

Y es que los mismos ediles ingresaron al Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana un requerimiento “para hacer efectiva la inhabilidad para ejercer cargos u oficios públicos por el término de cinco años y, subsidiariamente, en el evento que aquello se estime improcedente, para efectos que se le aplique una sanción compatible con la condición de exalcaldesa de la comuna de Las Condes”, según se lee en el escrito al que tuvo acceso La Tercera.

“Estamos siendo consistentes con lo que dijimos. Firmamos y presentamos el documento al Segundo TER para que siga adelante con los procesos legales correspondientes”, señala al respecto el concejal Kouyoumdjian.

Mientras, Mahmoud (FA) dice que “considerando que trabajadores de la municipalidad con cargos por debajo de la alcaldesa ya han tenido represalías, es lo mínimo asegurarse que Daniela Peñaloza reciba sanciones por sus acciones. Si bien hay proceso judiciales activos, se deben agotar todas las instancias para no dar ni un centímetro a la corrupción que tanto daña a la política y la confianza de la ciudadanía hacia sus representantes”.

En esa línea, agrega que “no podemos permitir que personas con estos antecedentes, que ya han sido comprobados por Contraloría, sigan siendo validados ni en lo electoral ni perdonados en lo judicial. Por ende, nuestra responsabilidad es asegurar que no exista impunidad”.

Según los requirientes, la exautoridad comunal habría protagonizado irregularidades administrativas transgresora de los deberes y obligaciones en su calidad de máxima responsable del municipio, así como incurrido en un notable abandono de deberes en el ejercicio de sus funciones o faltas graves a la probidad administrativa, y, también, incumplimiento de sus deberes estatutarios.

Lo anterior luego de una investigación empujada por la ahora alcaldesa Catalina San Martín y otros concejales, tras la cual la Contraloría determinó irregularidades en la compra de un Centro de Salud Familiar (Cesfam), entre ellas, sobreprecio y omisión de información al resto del concejo.

En tal sentido, el requerimiento de 55 páginas (incluyendo anexos y evidencias) de los concejales es que “para efectos de responsabilidad administrativa de la exalcaldesa Sra. Peñaloza Ramos, responda por los gravísimos hechos de los cuales fue responsable, como lo haría cualquier funcionario o exfuncionario cuya responsabilidad fue establecida por un sumario administrativo iniciado cuando ejercía en plenitud el cargo en cuestión, cuyo es el caso de la requerida”.

“Pensar de otra manera implicaría que cualquier sumario o procedimiento disciplinario que substancie la Contraloría General de la República sería ineficaz por el solo hecho que la inculpada cesara en su cargo, dejándola libre de todo cuestionamiento y reproche administrativo como persona responsable, lo que no resulta admisible de ninguna manera en que se examine el caso”, se agrega.

El escrito, dicho está, ya fue recepcionado por el TER y ahora resta que sea confirmada su tramitación.

Lo cierto es que en Las Condes también se ha mirado con escepticismo aquellos concejales que no quisieron firmar el requerimiento, entre ellos los republicanos, mientras que la UDI decidió estar en contra de un requerimiento.

La defensora penal pública Patricia Alvarado solicitó reducir la intensidad de la medida cautelar sobre su representada, apelando a la condición de salud de la exjueza de 63 años y recurriendo a peritajes psicosociales y psicológicos para fundamentar su petición.

El tribunal rechazó la solicitud.

En su resolución, el juez Jaime Fuica sostuvo que “los antecedentes obtenidos durante los meses posteriores a la formalización refuerzan la existencia de vínculos económicos, personales y funcionales entre los distintos imputados, permitiendo otorgar mayor coherencia y consistencia a la teoría investigativa que sustenta los delitos de cohecho y lavado de activos reiterados aludidos a la imputada, especialmente el concerniente de los pagos efectuado por terceros vinculados con ella”.

“Entrando entonces al análisis de los requisitos contemplados en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, este tribunal estima que los antecedentes incorporados durante la reciente audiencia no resultó suficientes para alterar las conclusiones alcanzadas con la ocasión de la resolución que decretó la prisión preventiva”, prosiguió.

Más adelante, Fuica señala: “La resolución dictada por el juez de Garantía, que originalmente decretó la prisión preventiva, ya había concluido que tales antecedentes apreciados en su conjunto, permitían configurar una presunción fundada acerca de la existencia de delitos de cohecho y lavado de activos, conclusión que, a juicio de este tribunal, no aparece debilitada y que por los antecedentes hoy invocados por la defensa, no se puede desvirtuar. Idéntica conclusión debe alcanzarse respecto de la participación atribuida a la imputada".

“Los nuevos antecedentes presentados durante esta audiencia pueden ciertamente construir materias susceptibles de controversia y debate probatorio en etapas posteriores del procedimiento. Sin embargo, no poseen la entidad necesaria para desvirtuar la presunción fundada de participación que actualmente pesa sobre la encartada. Cabe señalar que la estructura general de la imputación continúa apoyándose en antecedentes objetivos que vinculan a la señora Vivanco por hechos investigados, especialmente en lo relativo a la adopción de decisiones jurisdiccionales cuestionadas, la existencia de intereses personales concurrentes y los beneficios económicos que, según la tesis investigativa, habrían derivado de aquellas actuaciones”, añade.

Y cierra: “Consecuente, esta judicatura concluye que los presupuestos contemplados en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Peral permanecen plenamente vigentes al día de hoy, no observándose una modificación sustancial de las circunstancias que permita arribar a una conclusión diversa”.

“No se han acreditado antecedentes nuevos de entidad suficiente para modificar sustancialmente el juicio cautelar efectuado con antelación”, señaló el juez.

El magistrado estimó que “las restantes medidas cautelares personales continúan siendo insuficientes para asegurar adecuadamente los fines del procedimiento estableciendo en específico que la libertad de la imputada genera actualmente un riesgo relevante para el éxito de la investigación y un peligro para la seguridad de la sociedad, determinándose en consecuencia mantener la medida cautelar de presión preventiva".

Vivanco compareció en modalidad telemática.

La otrora portavoz del máximo tribunal del país completó 125 días recluida en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago, imputada por delitos de cohecho y lavado de activos, en el módulo especial que dispuso Gendarmería en la cárcel ubicada en la comuna de San Joaquín.

Vivanco fue la primera inquilina del lugar que se reacondicionó por las críticas que había a la inexistencia de una Capitán Yáber para mujeres.

La Fiscalía de Los Lagos sostiene que la abogada, mientras integraba la Corte Suprema, recibió cerca de $90 millones para favorecer al consorcio entre la empresa estatal bielorrusa Belaz y la chilena Movitec en una disputa con Codelco.

Por las resoluciones desfavorables en la Suprema, Codelco debió pagar cerca de 17 mil millones de pesos al consorcio.

Gonzalo Migueles, expareja de Vivanco, y los abogados de Belaz Movitec, Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas, también están en prisión preventiva.

Desde el sector estudiantil el análisis es similar. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) Laura Mlynarz, calificó como “preocupante que el gobierno ponga el foco y priorice reprimir a los estudiantes en vez de escuchar las consignas claras que tenemos”.

Tras la ceremonia de asunción de sus funciones, Mlynarz explicó que las manifestaciones del miércoles se dieron a propósito de “los recortes que se plantean en las distintas carteras ministeriales, el proyecto de Escuelas Protegidas y también la megarreforma”.

En esa línea, condenó la “represión” que -indicó- se registró “hacia un movimiento estudiantil amplio, con grandes mayorías y sumamente legítimo”.

“El gobierno responde gastando gran parte de los recursos del Estado en criminalizar, en desmovilizar, en reprimir y en asustar a los estudiantes de Chile”, sostuvo.

Para la líder estudiantil, el Ejecutivo debiese “preocuparse realmente de las demandas que tenemos, donde las prioridades deberían estar en gastar recursos para mejorar la educación pública y para mejorar el sistema de salud”.

Por otra parte, criticó que en materia de seguridad, “no puede ser que las únicas medidas que se tomen sean en torno a la criminalización del movimiento estudiantil”. “Nos parece preocupante”, indicó.

Mlynarz dijo estar consciente de que su gestión será “muy desafiante”, aunque recalcó que, “lo importante es siempre tener procesos de trabajo colaborativo conjunto, que la federación vuelva a ser de todos los estudiantes de la Universidad de Chile”.

La medida sigue en línea con el plan de acción de la entidad para regularizar una deuda que momentos previos al comienzo de estas acciones ascendía a unos $4 billones en 2025.

En ese sentido, y previo a las medidas detalladas esta jornada, ya se había iniciado previamente embargos y retenciones a deudores del CAE con ingresos superiores a los $5 millones.

Desde la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda explicaron que la acción fue ejecutada contra aquellos que durante las semanas anteriores no regularizaron su situación tras ser primeramente notificados.

“Esta medida ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y será extendida al resto del país durante los próximos días”, detallaron desde la TGR.

“El plan forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales que TGR ha implementado respecto de deudores morosos del CAE, utilizando las herramientas contempladas en la legislación vigente”, explicaron sobre estas acciones.

Por otro lado, el embargo de bienes se suma a medidas como la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza, las que ya habrían sido aplicadas en este contexto con anterioridad.

En ese sentido, desde la entidad realizaron un llamado a informarse a las personas que mantienen obligaciones pendientes asociadas al CAE y a utilizar los mecanismos de regularización disponibles.

La convocatoria realizada por la agrupación Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, además de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, será para la mencionada jornada desde las 9:30 horas en plaza Baquedano.

Al respecto, la legisladora señaló que “estamos viviendo momentos complejos en materia de derechos humanos en nuestra nación”.

En ese sentido, explicó que desde el gobierno han “insistentemente buscado motivos para liberar y regresar beneficios a criminales de lesa humanidad”.

“Quienes están en el Palacio de La Moneda tratan de justificar que estamos frente a pobres abuelitos, como si la edad eximiera de toda responsabilidad en el asesinato, desaparición, tortura y secuestro de nuestra gente que juraron defender”, cargó la parlamentaria.

Por otro lado, Campillai también criticó los anuncios del Presidente José Antonio Kast durante la cuenta pública de este lunes. Sobre ella, señaló que esperaba “se pronunciara sobre derechos humanos, pero también sobre nuestros compañeros discapacitados, sobre la discapacidad”.

“La cuenta pública pasó sin pena ni gloria. No se anunció nada, no se dijo nada, y al final solamente se anuncian cosas como el rol único de vándalos, que solamente va a ir en castigo a nuestra gente, a la gente trabajadora, a la gente humilde”, añadió al respecto.

En el oficio, el organismo argumentó que no fue posible determinar si la ampliación de Santiago 1 se proyecta sobre el mismo predio en que actualmente se emplaza el recinto o sobre un terreno distinto.

“Lo anterior resulta relevante a fin de determinar si dicho proyecto corresponde a la ampliación de un recinto penitenciario existente, o bien, a la construcción de uno nuevo, los que se encuentran sometidos a exigencias diversas en el artículo 1° de la citada ley N°21.636″, señaló la Contraloría.

Además, sostuvieron que no se advierten las razones para aumentar los coeficientes de constructibilidad actualmente vigentes en el sector, relativos a los usos de suelo que no están vinculados con el proyecto.

Asimismo, el organismo advirtió que para el trámite de toma de razón, no se adjuntaron inscripciones de los terrenos ubicados en la manzana donde se tiene pensado realizar la modificación, dificultando el estudio de la situación de aquellos inmuebles y la verificación de la legalidad de la iniciativa.

Finalmente desde la Contraloría apuntaron que las observaciones fueron comunicadas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Gobierno Regional Metropolitano y a la Municipalidad de Santiago.

Con esto queda en manos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo el corregir las observaciones para su reingreso.

La decisión de la Contraloría se conoce en medio de la controversia que mantiene enfrentado al alcalde de la comuna, Mario Desbordes con el gobierno y luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago ordenara detener todos los actos relativos a la resolución exenta que permitía avanzar con las obras del recinto penitenciario.

🔴 AHORA | CGR representa decreto del MINVU para ampliación de Santiago 1.
La nota acá 👉🏻 https://t.co/UVwg6XSMgj

El oficio 👇🏻 pic.twitter.com/tipFXu34NQ

— Contraloría (@Contraloriacl) June 4, 2026

Desbordes llama al gobierno a “recapacitar”

El alcalde Mario Desbordes valoró la determinación de la Contraloría y reiteró que el centro penitenciario se trata de “una nueva cárcel”.

“No se puede modificar el plano regulador así como así, son dos terrenos distintos, tienen rol en el SII completamente distintos y en esas condiciones los trámites son totalmente distintos también”, aseveró.

Para el jefe comunal de Santiago, la Contraloría “está haciendo lo que corresponde ajustado a derecho”.

En ese sentido, llamó al gobierno a “que recapacite”, señalando que existen “terrenos dentro de la Región Metropolitana, que haga esta cárcel fuera del radio urbano, porque este proyecto no está llevándose en términos de lo que establece la Ley".

Según un comunicado de la institución, las detenciones se produjeron en el contexto de las “constantes evaluaciones y fiscalizaciones de los procedimientos policiales”.

En ese sentido, Carabineros de la Zona Atacama detalló que se inició un proceso investigativo que “se materializó con la detención y desvinculación de ocho funcionarios de la institución, tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales”.

“Estos métodos de depuración institucional forman parte de los constantes controles internos, los cuales son señales de la transparencia que legitiman el actuar de Carabineros de Chile”, añadieron desde la institución policial.

La Fiscalía de Atacama señaló que actualmente hay una causa penal por parte de la unidad de Sistema de Análisis Criminal (SAC) del Ministerio Público.

La causa se encuentra desformalizada y con diligencias en curso, por lo que el Ministerio Público decretó la reserva de la investigación.

“Los hechos indagados dicen relación con posibles actos constitutivos de delitos cometidos por funcionarios de Carabineros, todo lo cual se investiga junto a personal de la Dirección de Asuntos Internos y su respectiva sección regional, de Carabineros de Chile”, explicaron sobre los hechos.

La sentencia fue obtenida ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, en un procedimiento abreviado efectuado ante el tribunal el jueves 14 de mayo.

Se trata de la primera condena por lavado de activos obtenida en el país para personas que recibieron dinero y especies robadas.

Ambas mujeres son hermanas y fueron sentenciadas a una pena de tres años y un día presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 100 UTM (más de 7 millones de pesos).

El envío de los artículos era realizado por sujetos que fueron detenidos en Pennsylvania, tras efectuar una serie de robos a residencias.

En encomiendas que eran retiradas por familiares y cercanos, los integrantes de la banda internaron a Chile las especies que conseguían en sus atracos en Norteamérica, especialmente dinero y joyas.

Durante la investigación, efectuada con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, se logró acreditar que Geraldine y Bárbara Sepúlveda, hermanas de Jorge Sepúlveda, líder del grupo que cometía los robos en residencias estadounidenses, recibieron 10.000 dólares la primera y 7.500 la segunda.

Además, constituyeron y administraron un bar financiado por Jorge que servía como empresa de fachada.

Adicionalmente, se encargaron de buscar otras personas para que recibieran el dinero de origen ilícito.

El fiscal Baeza destacó la inédita condena por este delito de lavado cometido en Chile “teniendo como delito base la asociación criminal para cometer delitos contra la propiedad cometida en el extranjero”.

Respecto al hermano de ambas condenadas, el persecutor destacó que se encuentra detenido en Estados Unidos, junto con el resto de la banda.

El nombre de Guerrero era ampliamente conocido en el mundo de la derecha, dado que es un hombre cercano al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), con quien se desempeñaba como su jefe de gabinete.

Sin embargo la trayectoria de Guerrero viene de antes. El episodio de mayor impacto público se remonta a una polémica de tiempos de pandemia que se desató cuando el nuevo subsecretario fue el protagonista de una controversia mientras se desempañaba como jefe de gabinete del entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI).

En 2021, la ahora autoridad fue duramente criticado por estar vinculado familiarmente a un padre que salió en familia a Estados Unidos, a cuya guagua se le detectó la variante Delta del Covid-19 al volver del país.

Las críticas a Guerrero se fundaron ante posibles presiones para lograr las autorizaciones para que el hombre pudiera salir de Chile junto a su hijo. Tanto el subsecretario como el sujeto, son reconocidos integrantes de la Iglesia Pentecostal Apostólica, la que estaba detrás del bullado viaje a EE.UU.

Tras los cuestionamientos por la supuesta influencia de Guerrero en la autorización de dicho viaje en plena pandemia, el ahora subsecretario presentó su renuncia a Interior.

Los contratos paralelos

Pero su paso por Interior no ha sido el único cargo que ha ocupado en el Estado. Su carrera pública partió en 2018 cuando durante la administración del expresidente Sebastián Piñera arribó a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) como secretario ejecutivo de la Comisión Probidad y Transparencia, un cargo a contrata que estaba alojado en la Segpres. En esa época, el subsecretario de esa repartición era Alvarado.

En esa repartición pública permaneció hasta noviembre de 2019, mes en el que el expresidente Piñera pidió a Alvarado asumir la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Y tal como ha sido toda la trayectoria de Guerrero, el abogado le acompañó en su nueva destinación.

Así fue como llegó a ser jefe de asesores de la Subdere hasta mayo de 2020. Cuando Alvarado fue nombrado ministro Segpres el 4 de junio de ese mismo año, Guerrero volvió a seguirle los pasos, ahora como jefe de gabinete en el ministerio a cargo de la agenda legislativa del gobierno.

Luego Alvarado fue designado senador por el Ñuble, debido a que Piñera nombró como ministro del Interior a Víctor Pérez (UDI) y Guerrero recayó en el ministerio que en ese tiempo estaba a cargo de la seguridad. Tras el fin del periodo de Pérez, llegó Delgado, momento en que el nuevo subsecretario Guerrero ejerció como su jefe de gabinete.

Tras la polémica de la variente Delta, el ahora subsecretario nunca se fue del gobierno ya que volvió a la Subdere en un cargo de asesor a honorarios. Un mes después de llegar a la Subdere, fue contratado en paralelo en un cargo a contrata en el Instituto de Desarrollo Agropecuriao (Indap).

Ese doble vínculo laboral ha generado ruido. Si bien no existe incompatibilidad para ejercer ambas funciones, el Estatuto Administrativo trae algunas excepciones.

Un funcionario a contrata, por regla general tiene una jornada de 44 horas, por lo que las funciones a honorarios deben desarrollarse fuera de ese horario. El subsecretario fue consultado por su doble función a través de su equipo de Comunicaciones, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

En paralelo al trabajo en la Subdere y el Indap, Guerrero además se desempeñó como académico de derecho administrativo en la Universidad de O’Higgins entre 2021 y 2022.

El trabajo parlamentario y municipal

Luego del fin del segundo gobierno de Piñera, Guerrero hizo su desembarco en el Congreso. En abril de ese año asumió como asesor parlamentario del diputado republicano Stephan Schubert, en modalidad de contrato. Ambos son cercanos ya que, entre otras cosas, son evangélicos.

Mientras se desarrollaba como asesor parlamentario, Guerrero desempeñó otras funciones en el Estado. De forma adicional al Congreso, también prestó servicios a honorarios desde agosto de 2024 en la Municipalidad de La Reina bajo la administración de José Manuel Palacios (UDI).

En ese cargo tuvo asignada la función de “colaborar y cooperar en las acciones, tareas y trabajo que el Señor alcalde le encomiende a fin de agilizar aquellos temas en que se ha fijado prioridad e interés”.

Además del trabajo en la Cámara y en La Reina, durante el gobierno anterior, Guerrero se desempeñó como asesor jurídico de la Municipalidad de Dalcahue, en la Región de Los Lagos. Ese municipio es encabezado por María Alejandra Villegas (Ind.-UDI), pareja de Alvarado. En Dalcahue el nuevo subsecretario de Prevención del Delito fue asesor jurídico en calidad de honorarios hasta el 10 de marzo.

En el mismo periodo, el abogado prestó asesoría jurídica en la Corporación de Desarrollo de la Municipalidad de Talca, labor que desempeñó con un contrato de honorarios.

Las labores en el Congreso, en Dalcahue y La Reina, llegaron a su fin cuando José Antonio Kast se transformó en Presidente. En ese momento Alvarado recibió el encargo de liderar el Ministerio del Interior, y como ha sido la tónica a lo largo de todos estos años, llamó a Guerrero para que asumiera -otra vez- como su jefe de gabinete.

La escena grafica el buen ánimo que se dio en la cumbre de la AChM, algo inusual para una asociación que ha estado marcada durante el último tiempo por tensiones entre los alcaldes de oficialismo y de oposición. Sin embargo, la idea del gobierno de José Antonio Kast -contenida en su megarreforma- de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda a los mayores de 65 años logró unir a los alcaldes tanto de izquierda como de derecha.

Y es que hace rato la AChM venía convulsa. Por un lado, Alessandri era una figura que tensionaba al municipalismo. Sus pares lo acusaban de usar la plataforma alcaldicia con fines personales o hablar por todos en temas como la pausa a los SLEP.

La molestia entre las autoridades comunales progresistas aumentó luego de que sintieran que la AChM fue blanda frente al Ejecutivo cuando en marzo el gobierno anunció que no modificaría el sistema MEPCO para evitar traspasar el precio de los combustibles a la ciudadanía. En nada ayudó a la unidad de la asociación que Tomás Vodanovic (Maipú), Claudio Castro (Renca) y Karina Delfino (Quinta Normal) se comenzaran a articular para alzar la voz colectivamente, lo que finalmente se leyó como una carencia en la AChM. De hecho, algunos alcaldes como el jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo, amenazaron con salirse de la asociación.

Con ese escenario, Alessandri comenzó a cambiar el tono, lo que poco a poco logró más apoyos. De hecho, su frase en la apertura del encuentro el martes en la noche -“Que nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir”- fue muy bien valorada.

Tras ella, de hecho, el alcalde Vodanovic lo destacó en sus redes sociales: “Nobleza obliga: gran discurso del presidente de la AChM. El municipalismo debe avanzar en la unidad”.

Ello marcó el rumbo del encuentro alcaldicio. De hecho, el buen ánimo, concuerdan varios, reinó. Ello se notó en conversaciones en almuerzos y cóctel, además de actividades programáticas que lograron unir a los alcaldes. Por ejemplo, Alessandri y Delfino trabajaron codo a codo en una de ellas.

Fue precisamente esa unidad la que provocó una declaración conjunta de los alcaldes, que salió este miércoles a las 19 horas. “Se reafirma que la Asociación de Municipalidades es una sola, y los alcaldes y alcaldesas confirman su unidad indistintamente de las diferencias políticas y territoriales”, rezaba la declaración.

Un día después, Vodanovic dice a La Tercera que “el municipalismo está más unido que nunca para defender a la gente frente a los recortes que está proponiendo el gobierno. El acuerdo transversal alcanzado, que reúne a todos los sectores políticos, deja en evidencia que esto no es un gallito de la oposición frente al gobierno, sino que una búsqueda de espacios reales de trabajo, escucha e incidencia en determinadas propuestas, con la absoluta comprensión de que cuando se golpea el presupuesto de los municipios no se golpea un sector político, sino a la gente que menos recursos tiene y que más necesita de los servicios que prestamos las municipalidades”.

Agrega que “el liderazgo de Gustavo Alessandri, presidente de la asociación, se ha enfocado hoy en representar ese sentir del municipalismo y ha logrado conducirlo de muy buena forma, teniendo un giro importante en su estilo y características para liderar. Eso es digno de reconocer. Hoy contamos con una presidencia que sí representa fielmente el sentir de los distintos alcaldes y alcaldesas de Chile, más allá de sus posturas políticas personales.

La alcaldesa Delfino en tanto, asevera que “hemos podido conversar con alcaldes y alcaldesas de todo Chile y lo que queda claro es que la reforma tributaria encubierta puede provocar graves falencias para vecinos y vecinas. La AChM no puede restarse de una discusión país de esta magnitud. En ese sentido, conversar ha sido un ejercicio fundamental, que ha permitido comprobar y confirmar que nuestros temores son fundados. El llamado es al gobierno para que haga lo mismo: que escuche y tome cartas en el asunto con urgencia”.

Mientras, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica (DC), sostiene que “más allá de nuestras diferencias, los alcaldes y alcaldesas de Chile entendemos que tenemos desafíos comunes y que las necesidades de nuestros vecinos deben estar por sobre cualquier otra consideración. Este acuerdo refleja que el municipalismo tiene una sola voz cuando se trata de defender a las comunas y avanzar en mejores condiciones para responder a las demandas de la ciudadanía”.

Cita con Poduje

Con todo, este jueves el encuentro de los alcaldes continúa y contempla diversas participaciones del gobierno, que llega con la idea de seguir bajando tensiones.

El último episodio fue un mensaje del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enviado por video a los alcaldes en el contexto de esta misma instancia, en el que dijo que la eliminación de las contribuciones afectará a las “12 comunas más ricas”.

Esta jornada el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio -que se hizo parte de la cumbre en La Serena- le respondió: “Yo creo que está profundamente equivocado el ministro. No ha entendido que hay comunas que tenemos una escala metropolitana. Que las personas que vienen acá no son solamente los residentes, sino que son millones -literalmente- millones de personas que vienen de toda la Región Metropolitana".

Con eso a la vista, durante esta jornada estará en La Serena el ministro de la Segpres, José García Ruminot, conocido por ser articulador de acuerdos políticos. También dirá presente el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien tendrá reuniones privadas -entre ellas con el alcalde de Estación Central- por la alerta que los jefes comunales han levantado sobre los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que, temen, provocaría más guetos verticales.

El plato fuerte será a las 15 horas con la llegada del Presidente José Antonio Kast.

El fiscal también descartó que existiera un intercambio de disparos apuntando que “la información que tenemos hasta el momento es que no hubo ningún intercambio de disparos por parte del grupo que fue lesionado, sino fue un acto unilateral de este vehículo en movimiento a estas personas que estaban en la esquina”.

Según sostuvo el fiscal, se está investigando a quien iba dirigido el ataque, si a una persona determinada o al grupo completo.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal, “estamos indagando cuál es la motivación de este ataque, que obviamente puede ser disputa territorial, venganza, no descartamos ninguna hipótesis en este instante”.

Cabe recordar que a raíz de los hechos resultó una mujer fallecida y casi una decena de personas heridas.

El fiscal sostuvo que los atacantes se transportaban en un sólo vehículo y por el momento se desconoce si utilizaron una o varias armas de fuego, aunque mencionó que “deben haber sido una o varias armas de alta cadencia”.

Estado de las víctimas

Respecto a las víctimas, junto con la mujer fallecida el fiscal sostuvo que "hay otra mujer de 20 años de edad que también producto de este ataque se encuentra actualmente en estado grave y se encuentra obviamente en la unidad de tratamientos intensivos“.

“Las 8 personas restantes, se encuentran de acuerdo con lo informado por el Hospital Carlos Van Buren sin peligro vital”, agregó.

Asimismo, detalló “el grueso de las personas que hemos individualizado de las víctimas vivían en el sector, por lo cual al menos hay una relación de vecindad entre todos. Había algunos que eran pareja, algunos que eran pololo, familiares, pero eran básicamente vecinos”.

El fiscal también abordó la seguridad en el sector señalando que “en el último tiempo, en realidad, en los últimos meses había estado tranquilo, sin mayor incidente violentos, por lo cual este hecho de gran violencia y casi inédito en la región en cuanto al número de personas heridas por impactos balísticos nos preocupa y por eso estamos poniendo todos los recursos, tanto del Ministerio Público como de las policías, para trabajar este caso”.

Los hechos

Los hechos se registraron durante la noche del miércoles alrededor de las 21:40, en Av. Rodelillo con pasaje María Labrín, cuando los ocupantes de un vehículo abrieron fuego en múltiples ocasiones para luego darse a la fuga.

A raíz del hecho es que resultó una mujer chilena de 19 años fallecida y ocho heridos -seis chilenos y un ciudadano venezolano-, los cuales fueron trasladados al Hospital Carlos Van Buren.

La Fiscalía dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

“Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los 3 ejes; los pilares sufrieron algunas modificaciones, eran 7 también, nosotros los cambiamos a focos de gestión, pero efectivamente hay un trabajo avanzado”, informó el secretario de Estado.

Añadiendo que “nosotros no creemos en la refundación de partir de cero y, sobre todo, cuando hablamos de temas de seguridad pública, la estrategia, lo que hay que hacer, está bastante descrito en la literatura, este país ha tenido muchos planes y políticas anteriormente, hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos y ponerle mucha energía, gestión, para que esto funcione”.

Además, insistió en que “la exministra me entregó a mí un plan en versión número 3, bastante acabado, que nosotros tomamos como base, efectivamente, para presentar, para elaborar lo que presentamos en el Congreso”.

Por otro lado, respecto a las acusaciones por parte de la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, que emitió en el podcast Cómo te lo explico, donde aseguró que existía un plan de seguridad, y que “lo que sé es que llegó al Ministerio del Interior y desde el Ministerio del Interior me imagino que alguien pensó que era bueno agregarle cosas o sacarle cosas”.

Al ser consultado por qué el plan de seguridad no fue oficializado tras ser enviado a Interior, el actual ministro de Seguridad respondió: “No sé, se lo tendría que preguntar a la exministra”.

Esto como parte de diversos procedimientos que se realizarán para controlar y fiscalizar en distintas comunas del país y como parte del plan de seguridad del gobierno y su intervención en distintos barrios emblemáticos. En la instancia, el secretario de Estado aseveró que “ya estamos en uno hoy día”.

“Partimos temprano con un copamiento por parte de Carabineros en diferentes ejes, estaciones de Metro, y esto va a ser diario. Vamos a tener un nuevo operativo en recintos penitenciarios, la Policía de Investigaciones con control migratorio y también por órdenes de aprehensión pendientes, así que agradecer la labor de estas Fuerzas de Orden y Seguridad”, expresó Arrau.

“El Presidente (José Antonio Kast) ha definido 50 polígonos críticos que se van a intervenir, con algunos ejes cívicos incluidos, y el resto son polígonos de alta peligrosidad por parámetros técnicos”, explicó el ministro.

Arrau añadió que “ya hemos anticipado que uno es el polígono cercano a La Moneda, al Congreso Nacional, y el resto no lo voy a anticipar porque primero lo que corresponde es hablar con los alcaldes”.

“Esto es un trabajo que se realiza con las fuerzas policiales, con los aparatos del Estado, del Gobierno Central, pero también hay que ser muy respetuoso de la autoridad local; hay que trabajar mancomunadamente con la seguridad municipal y con otros organismos, y lo vamos a ir dando en cuenta o públicamente la próxima semana”, adelantó el ministro.

Los hechos se registraron pasadas las 23:00 horas de la noche del miércoles, cuando la víctima se encontraba al interior de su domicilio junto a su hermana, cuando un grupo de sujetos ingresó por la fuerza, empujando a la mujer y disparando contra el hombre.

Según detalló el Fiscal Jefe ECOH RM, Álex Cortez, “uno de los atacantes propinó al menos un disparo en el abdomen a la persona afectada, quien fue internado en el Hospital Padre Hurtado”.

De acuerdo a información preliminar, una de las hipótesis es que los atacantes se habrían equivocado de víctima y domicilio.

La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra investigando los hechos con el fin de identificar a los atacantes y esclarecer las causas del hecho.

@ECOH_FiscaliaRM llegó a San Ramón por el homicidio frustrado de un hombre chileno. La víctima compartía con su hermana en su patio cuando desconocidos entraron a la fuerza, empujando a la mujer y disparando al hombre. Se cree que los autores se equivocaron de víctima y domicilio pic.twitter.com/JOmQ2cfMYG

— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) June 4, 2026

Consultado al respecto sobre el primer punto, en cuanto a cómo evaluaba las medidas que están en Escuelas Protegidas, la exautoridad del primer gobierno de Sebastián Piñera valoró positivamente el proyecto, señalando que “este tipo de medidas son parte de la caja de herramientas que existen en los distintos sistemas educacionales”.

“No es la más importante, pero es valioso que exista, porque son mecanismos que ayudan a ir resolviendo aquellas situaciones más complejas y más extremas que se producen en los distintos establecimientos escolares”, afirmó.

Sin embargo, añadió, “es mucho más importante es asegurar todas aquellas actividades preventivas, es trabajar por crear un buen clima escolar, pero sin estas herramientas es muy difícil también avanzar en esa dirección”.

Junto con esto, el exministro sí manifestó tener “dudas respecto de una de las dimensiones que es, por así decirlo, la eventual pérdida de beneficios sociales, en particular de la gratuidad, con este tipo de iniciativas”.

“Me parece que eso, si bien hay una vía de salida en la propia ley si es que se promulga, a mí me parece un poco complejo”, apuntó.

De acuerdo al académico, “hoy día hay un conjunto de sanciones que se pueden aplicar, en algunos casos, sencillamente, son más que sanciones, son delitos, y por lo tanto tienen penas afectivas eventualmente”.

“Y por lo tanto sobre eso construir un efecto que es duradero, no poder acceder a gratuidad, creo que contribuye poco a la reinserción que uno esperaría que los sistemas tuviesen, es la combinación entre, por así decirlo, sanciones, pero también, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes y jóvenes, la posibilidad de reinsertarse, y esto creo que va en contra de esta segunda dimensión".

En este sentido, explicó, a su parecer “queda desequilibrado esto desde el punto de vista de los dos objetivos que uno busca en un sistema de responsabilidades”.

Consultado sobre si considera que los reclamos al Tribunal Constitucional anunciados por la oposición en esta materia puedan prosperar, Beyer indicó que les ve “pocas posibilidades”,

“No soy experto, no tengo el conocimiento legal para saber si esto es así, pero uno tiene que reconocer que en otros países existen medidas de esta naturaleza y han sido aceptadas constitucionalmente, no veo por qué en Chile no pudiese ser el caso”, señaló.

Harald Beyer: “Hay buenas razones para repensar un poquito el modelo de organización de los SLEP”

Por otra parte, y consultado sobre el futuro de los Servicios Locales de Educación (SLEP), considerando que desde el Mineduc anunciaron que evalúan su continuidad, y cómo varios alcaldes de gobierno han salido adelante solicitando postergar los traspasos, el exministro afirmó que a su parecer, “hay buenas razones para repensar un poquito el modelo de organización de los SLEP”.

“Yo creo que puede ser mucho más democrático con participación, por ejemplo, con directorios, donde uno puede elegir miembros de la comunidad, que los alcaldes puedan participar en esos directorios. No como ocurre hoy día, que es un consejo local que está paralelo al servicio local y que no tiene realmente ninguna influencia real en eso”, expresó.

Los directores de los SLEP, apuntó, dependen del Presidente de la República, quien “no tiene ninguna capacidad real -ni siquiera el director de la Educación Pública- para tener realmente una supervisión de estos SLEP. Entonces, se pierde una dimensión que es muy importante en la educación, que es este elemento de contacto con la comunidad, de democratización que requiere la educación”.

“Creo que aún estamos todavía a tiempo para repensar bien esto, sin abandonar la idea de los SLEP, pero incorporándole algunos elementos como los que menciono”, afirmó.

En esta línea, explicó que un sistema mixto le es razonable, en donde existan SLEP en casos donde los municipios muestren reiteradamente la falta de capacidad para producir una educación de calidad, y al mismo tiempo, se pudiesen mantener aquellos establecimientos en manos de los municipios siempre y cuando cumplan con ciertos estándares.

Según informó la jueza subrogante del tribunal Susana Verdugo, la citación se realiza “conforme al cierre de la investigación informado por el Ministerio Público” ante la falta de antecedentes.

La querella fue interpuesta por el concejal del Frente Amplio (FA) Andrés Argandoña, quien sostenía que el alcalde incurrió en una “denuncia calumniosa”.

El conflicto se originó luego de que Argandoña acusara públicamente la ausencia de actas de evaluación en el proceso de adjudicación de fondos concursables municipales.

El 5 de noviembre de 2025 el alcalde Sichel anunció en sesión del Concejo Municipal que había presentado una querella por injurias en contra del concejal, acusándolo de mentir al sostener que no existían actas que respaldaran la entrega de los recursos.

Respondiendo a esa acción, el concejal, con el patrocinio del abogado Jaime Winter, presentó la querella que fue declarada admisible a fines del año pasado.

Querella del concejal Argandoña contra Sichel

De acuerdo con el escrito, el alcalde Sichel anunció en sesión del concejo que había presentado una querella por injurias en contra del concejal, acusándolo de mentir al sostener que no existían actas que respaldaran la entrega de los recursos. En esa arremetida judicial -que fue declarada admisible en su momento-, el alcalde apuntó que la directora de la Dideco habría entregado los documentos el 14 de octubre del mismo año, pero el concejal sostenía que no fue así.

Al respecto, Argandoña alegó que Sichel había cruzado “una línea” en contra del concejal que “tiene el mandato de fiscalizarlo” y cuestionó: “No estamos hablando de errores administrativos, estamos hablando de delitos y eso es tremendamente grave para la máxima autoridad municipal”.

Según la querella, el 6 de noviembre la municipalidad entregó un link con archivos que supuestamente contenían las actas. Sin embargo, tras revisar el documento, el concejal dijo que este incluía enlaces a actas y formularios que no existían en la versión original.

Según sostuvo el subsecretario, “acá no es tan solo castigar, sino que también este proyecto de ley, que próximamente va a ser presentado, tiene un rol en la prevención toda vez que la incivilidad, el vandalismo aumenta la percepción de inseguridad.

De acuerdo a lo que añadió, “Respecto a cómo lo vamos a tratar esto, vamos a tener una discusión, estamos recogiendo distintas miradas para poder profundizar en este proyecto de ley”.

“Hay distintas maneras de abordar el problema, no tan solo la multa, no tan solo la pérdida de beneficios sociales, hay otras medidas alternativas que se están mirando, se están analizando y por supuesto van a ser presentadas a la ciudadanía en la discusión que se va a iniciar próximamente en el Congreso Nacional sobre la materia”, agregó.

En la misma línea, el subsecretario Guerrero se refirió a la tramitación parlamentaria del mismo expresando que “sabemos muy bien que el proyecto de ley, ya sea presentado por un parlamentario y en este caso por el Ejecutivo, ingresa de una manera y termina de una manera totalmente distinta. Estamos abiertos a esa discusión, de hecho una discusión ampliamente democrática”.

“Nosotros queremos ampliar la base de discusión y también que los parlamentarios coloquen sobre la mesa cuáles son las otras medidas adicionales que se pueden tomar”, añadió.

Alcalde Sichel respalda proyecto: “Hay que aplicar más sanciones”

Por su parte, el alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, mencionó que “no es solo hacer un registro, es que el que provoca daño lo pague y que haya una señal social de que nunca más alguien crea que la propiedad que no le pertenece, sea la de todos como la pública o la privada como estos almacenes, puede ser un lugar que pueden destrozar”.

El alcalde dio a conocer que en la comuna se utilizaron “2.250 millones para reparar no lo que se dañó por el uso, sino lo que se dañó por vándalos”.

Junto con reiterar su respaldo al proyecto, Sichel expresó que “un registro permite no solo saber si ya lo hizo, sino tener antecedentes para que siempre esas personas podamos vigilarlas especialmente”.

Respecto a las sanciones y las críticas que han surgido desde la oposición, Sichel mencionó que “hay que aplicar más sanciones que solo una pérdida de beneficios sociales. Hay que pensar en sanciones como trabajos comunitarios, en sanciones como pérdida de licencia de conducir. Hay tantas otras formas de perseguir al pequeño porcentaje que no recibe beneficios sociales y puede ser sancionado”.

Finalmente, realizó un llamado a la oposición apuntando que “aquí hay una línea, o uno se pone al lado del vándalo, o se pone al lado del Estado del Derecho, o se pone al lado del carabinero, o se pone al lado del delincuente, o se pone al lado de la innovación y medidas que permitan terminar el vandalismo, o se pone al lado de seguir haciendo lo mismo para que las cosas sigan ocurriendo mal”.

De acuerdo con información preliminar, el joven residente de Maipú, viajó de copiloto junto a un amigo a La Pintana para comprar un computador.

Una vez hecha la transacción, iniciaron el traslado hasta su residencia, momento en que fueron abordados por delincuentes en motocicleta en la calle Rosa Ester.

En la encerrona, el conductor del vehículo no habría puesto resistencia, sin embargo, el copiloto intentó tomar el control del automóvil para escapar, fue en ese momento donde los delincuentes le habrían disparado en al menos 12 oportunidades.

Dese la PDI la subcomisario Silva señaló que aún no existe certeza sobre si las víctimas del asalto “logran bajarse, pero por lo que podemos ver acá en el sitio de suceso, hay evidencia balística y hay manchas de color pardo rojiza que podrían ser atribuibles a sangre. Entonces se podría dar a entender de que hay un desplazamiento”, sostuvo.

Una vez herida la víctima, los delincuentes huyeron y se dieron a la fuga. En tanto, el conductor del vehículo trasladó a su amigo hasta el Hospital El Carmen en Maipú, sin embargo, la gravedad de sus heridas y el extenso trayecto hicieron que perdiera la vida.

Según se informó, el conductor al no conocer la zona del ataque, habría buscado en una aplicación un centro asistencial, la que habría arrojado por defecto el hospital de Maipú, por lo que trasladó a su amigo hasta ese lugar.

Equipo de la PDI se encuentra realizando las pericias tendientes a esclarecer el caso y dar con los responsables.

Consultada al respecto en radio ADN, la economista detalló que “lo que más puede afectar a la universidad son los recortes respecto de los estudiantes, digamos, becas de postdoctorado”.

“Pero yo creo que en temas de ciencia, nosotros estamos atentos. Pero la verdad es que lo que ha dicho hasta ahora la ministra de Ciencia es que no va a cortar los recursos de investigación. Esto hay que ver qué va a pasar con el presupuesto el próximo año, que todavía no tenemos esa información”, añadió.

En ese sentido, también abordó las acusaciones de manejo ineficiente de recursos en las universidades estatales, de lo que señaló que finalmente se debería a “un marco regulatorio muy inadecuado para el trabajo de la universidad”.

“Nosotros tenemos el mismo marco regulatorio que tiene un ministerio, que el Ministerio de Educación, por ejemplo. Sin embargo, el Ministerio de Educación tiene el 100% de su financiamiento del Estado. O sea, cuando el ministro de Educación o la ministra parte el primero de enero, por decirlo así, parte con todo el financiamiento del año. La Universidad de Chile, en términos de fondos basales, o sea, por ser universidad del Estado tiene menos del 10%. Y en términos de lo que es concursable al Estado, por ejemplo, a la ANID, es menos del 20%. El 80% restante es autofinanciable”, detalló Mizala.

A lo que añadió: “Estamos sujetos a unas restricciones regulatorias en términos de gestión enormes. Un solo ejemplo, Chile Compra. Nosotros tenemos que hacer todas las compras de la universidad a través de Chile Compra. Y Chile Compra tiene precios más altos”.

“Nosotros tenemos un cálculo para graficar lo que estoy diciendo. 25 mil millones de pesos anuales le cuesta a la Universidad de Chile estar en Chile Compra. 25 mil millones de pesos es equivalente a tener 25 centros de investigación de excelencia. Entonces, cuando uno habla de ineficiencia, hay mucha ineficiencia que tiene que ver con eso", ejemplificó sobre esta situación.

Consultado al respecto sobre el primer punto en conversación con Radio Pauta, la exautoridad maniestó que esperaba que esto se resuelva rápido.

“Ojalá que la autoridad y los estudiantes se sienten, dialoguen y puedan resolver pronto sus diferencias”, sostuvo. “Yo he tratado de mantenerme bien alejado de la contingencia, me parece que es lo adecuado, además habiendo sido exministroy hace tan poco tiempo ademá, ahí uno trata de tomar un poco de distancia por pudor, al menos eso es lo que yo siento”.

En ese sentido, y consultado sobre su experiencia cuando estuvo a cargo de la cartera de Educación, Cataldo señaló que si bien tuvieron en general pocas manifestaciones, éstas “tratamos de resolverlo lo antes posible, siempre con mucho diálogo, y a pesar de que no siempre estamos de acuerdo, lo que no se puede romper es la capacidad de dialogar”

Esto, recordó, ya que “pienso inevitablemente en las clases que se están perdiendo, los recursos que se están perdiendo con esto, pero al mismo tiempo creo profundamenteen el derecho legítimo de manifestarse cuando cuando existen razones para ello, por eso digo yo, no voy a juzgar esas causas, lo que sí creo y espero, y ahí uno tiene una responsabilidad como autoridad en convocar al diálogo para que, bueno, si hay razones, atendámosla, resolvámosla si es posible resolverla, pero al menos que nadie diga que no se intentó“.

Por otra parte, y consultado sobre el anuncio del Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública en cuanto a realizar modificaciones al Sistema de Admisión escolar (SAE) y así “poner fin a la tómbola”, según registró la plataforma de la Dipres como uno de los obetivos ministeriales del Mineduc, Cataldo señaló que ojalá los cambios que se realicen al sistema no sean para modificarlo de raíz.

“Espero que no sea literalmente el fin del SAE”, señaló. En esta línea, el exministro recordó que abordaron el tema del Sistema de Admisión Escolar para mejorarlo, y llevaron esas mejoras a un proyecto de ley que fue aprobado transversalmente por las comisiones de Educación y Hacienda, y hoy está en Sala.

“Nosotros tomamos este tema, constituimos una comisión de expertos, transversal, gente técnica, con posición política, que representaba además las sensibilidades del Parlamento, donde estuvo participando de hecho María Paz Arzola, en ese tiempo no ministra, ella era representada en una fundación vinculada a la oposición de la época”, indicó.

La comisión de expertos entregó su informe, “y lo primero que dijo fue: el SAE cumple su rol y es eficiente, pero hay que hacerle mejoras porque el problema de lo que se ha detectado y diagnosticado no tiene que ver con el SAE como sistema, sino que tiene que ver con criterios, énfasis, y cosas que se pueden trabajar”.

“Si el SAE trabaja sobre ese proyecto que se construyó sobre la base de un informe técnico hecho transversalmente, y si se aprueba ese proyecto que ya fue acordado transversalmente en las comisiones técnicas en el Senado, yo diría que uno podría avanzar en una buena dirección, incorporando la generación de establecimientos de alta exigencia, la valoración del mérito y la excelencia, no solamente tenía como rendimiento escolar, sino también como las señales en materia de convivencia y de asistencia escolar"

En ese proyecto, además, sostuvo, “se entregan muchas herramientas y yo creo que ese es un buen diseño que está en condiciones de ser aprobado. Ahora, si las discusiones es ‘terminemos con cualquier forma o mecanismo de admisión que sea no discriminatorio’, bueno, primero hay que cambiar la ley general y para eso hay que tener los votos de rango constitucional, y segundo, digámoslo claramente, porque eso significa que las personas van a volver a hacer fila afuera de las escuelas”.

En esto, advirtió que si bien desde el gobierno apuntan a terminan con el SAE y así “devolverle” a las familias “el derecho a elegir”, Cataldo fue tajante en señalar que “antes del SAE las familias no decidían nada”.

“Las familias postulaban y si había cupo y podían entrar, o si cumplían con algunos requisitos, como por ejemplo, y esto yo no lo digo desde lejos, a mí me pasó: a mí mi mamá me llevó a un colegio de carácter confesional y le exigieron que mis papás estuvieran casados, y mis papás no estaban casados”, Entonces esa era la realidad previa a la discusión de esta ley, no nos olvidemos de eso, porque parece que tenemos memoria de corto plazo”, sostuvo.

El martes pasado el Juzgado Civil de Santiago emitió una resolución donde se establece la suspensión provisoria de la ampliación del penal, esto tras una demanda interpuesta por la Municipalidad de Santiago.

En ese contexto, el ministro Rabat aseguró que desde la cartera seguirán insistiendo en construir la cárcel, remarcando que el hacinamiento carcelario “es un problema de bien común (...) una cuestión de país”. Sumado a ello, señaló que “no está fácil encontrar terrenos en Santiago” para construir penales.

En diálogo con radio Duna, el alcalde Desbordes dijo estar de acuerdo con crear nuevas cárceles, pero señaló que estas debiesen estar fuera de los radios urbanos.

“No discuto que Santiago requiere una ampliación de la capacidad de cárceles (...) lo que yo le digo al ministro es: hágala fuera del radio urbano, aléjela como se está haciendo en todo Chile”, indicó.

Según señaló el alcalde, “esto se soluciona siempre con concesiones, se compra. No sé si el ministro creerá que esos terrenos donde se construyeron todas las demás cárceles eran terrenos de Gendarmería, obvio que no, obvio que hubo que comprar terrenos".

En ese sentido, aseguró que “Gendarmería sí tiene un terreno en la zona metropolitana. Le voy a mandar una nota al ministro para contarle, a lo mejor él no la han contado, por eso comete este error garrafal, brutal, de decir que no tiene terrenos”.

Desbordes criticó además que la zona donde se planea hacer la cárcel “está saturada”. “Es lo que no hemos logrado que entienda el ministro y el subsecretario”, sostuvo.

Ausencia de encuentros

En el espacio radial el alcalde aseguró que desde el gobierno “nunca han tenido ni la más mínima deferencia de decir sabe que, reunámonos, pero ya la verdad que me da lo mismo”, sostuvo.

Para el jefe comunal, la actitud del ministro de continuar con el proyecto le parece "poco humilde".

“Dicen, no, si esto es re fácil, esto se apela. Yo también soy abogado, estoy lejos del prestigio de Rabat, eso no lo discuto, pero creo que aquí se equivocan en el análisis, porque la resolución de la magistrada es muy contundente", aseveró.

El alcalde acusó que desde el gobierno “están planteando esto de una manera bien poco feliz”.

“Yo no estoy contra el gobierno, yo estoy contra el proyecto, y no voy a cambiar de opinión porque el gobierno cambió, yo tengo que ser coherente (...) y yo le pido al ministro Rabat que llame a Gendarmería, para que le cuenten que sí hay terrenos, y que construya en esos terrenos que están fuera del radio urbano, y que lo haga como en todo el resto de Chile, por favor", sostuvo.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP), los cuales se encontraban realizando servicios de vigilancia en el sector del Barrio Franklin, con el objetivo de ubicar y detener a los integrantes de esta agrupación delictual.

De acuerdo a la información dada a conocer, los sujetos subían en grupo a los buses para robar a los pasajeros y luego descender en distintos paraderos con el fin de dificultar su captura.

Según detalló la Mayor Carola Sepúlveda, “el trabajo preventivo y focalizado permitió la detención en flagrancia de sujetos que robaban especies de pasajeros en el transporte público”.

En la ocasión, los funcionarios observaron un grupo de alrededor de 10 individuos que abordaron un bus, iniciando un seguimiento del vehículo.

Al llegar al paradero ubicado en la intersección de Pedro Lagos con Santa Rosa, los efectivos policiales observaron que uno de los sujetos descendió rápidamente por la puerta trasera con un teléfono celular, mientras otros tres individuos huyeron en distintas direcciones.

Carabineros inició una persecución de los individuos logrando la detención de cuatro de los involucrados.

El procedimiento realizado en el marco del “Plan de Policiamiento Táctico de Impacto e Intervención Preventiva Activa”, en esta ocasión se desarrolla en estaciones de las líneas 4 y 5, Intermodal Bellavista La Florida y paraderos del transporte público.

160 carabineros se encuentran desplegados como parte del operativo que tiene por objetivo el prevenir delitos y entregar mayor seguridad en distintos puntos de la capital.

Según detalló el General Juan Pablo Díaz, Jefe Zona Metropolitana Este, “el solo hecho de tener a los carabineros en estos accesos a los metros entrega también una sensación de seguridad”.

Además añadió que “son más de 100 carabineros de distintas especialidades, Radio Patrulla, tenemos personal del SEBV, el Servicio Especializado de OS7, COP, y ellos complementan esta entrega de sensación de seguridad, estando presentes, realizando fiscalizaciones”.

En los últimos días son múltiples los operativos de copamiento que han realizado desde Carabineros tanto en estaciones de Metro como en los accesos a Santiago.

Los hechos se registraron cuando los asaltantes intentaron abordarlo cuando regresaba a su domicilio tras finalizar su jornada laboral.

La fiscal de turno de la Fiscalía Centro Norte, Débora Quintana, señaló que el funcionario fue interceptado por dos sujetos que “lo intimidaron con un arma con apariencia de fuego, con intenciones de sustraerle sus pertenencias”. Según detalló, los individuos lo redujeron contra un muro y posteriormente lo arrojaron al suelo.

Ante la amenaza, el detective hizo uso de su arma de servicio y efectuó disparos, impactando a uno de los involucrados. El sujeto corresponde a un hombre extranjero y mayor de edad, quien fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente se informó de su deceso.

Respecto del segundo participante, la persecutora indicó que “solamente sabemos que huyó corriendo de la intersección donde ocurrieron los hechos” y que su paradero continúa siendo materia de investigación.

Por su parte, el subcomisario Juan Carlos Estay, de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Metropolitana Centro Norte, detalló que el funcionario, para repeler la amenaza “extrae su arma, se identifica como policía y realiza disparos”.

El oficial indicó que los únicos tiros fueron efectuados por el funcionario policial. Asimismo, confirmó que el detective no resultó lesionado.

La PDI continúa realizando diligencias para ubicar al segundo involucrado.

La primera “propuesta de emergencia”, como le había llamado la cartera al texto, proponía eliminar el Simce de sexto básico (Lectura, Matemática y Ciencias Naturales), la evaluación muestral de inglés de octavo básico, el estudio de alfabetización informacional de segundo medio, la pesquisa a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y algunas mediciones internacionales. La justificación era la falta de dinero para realizar esas mediciones. Así, sólo se mantendrían para este año la Prueba exploratoria de Precursores de la Lectura en segundo básico y las evaluaciones de Lectura y Matemática en cuarto básico y segundo medio. Todo ese plan fue rechazado por el CNED.

Ante esto, la ministra Arzola asistió a la sesión de la semana pasada con la idea de escuchar en voz de los consejeros los argumentos que los llevaron a rechazar la propuesta, así como qué esperaban para -ahora sí- aprobar el nuevo documento, lo que suponía agregar exámenes. Ese día Arzola, quien llegó acompañada de Gino Cortez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación que tiene a su cargo el Simce, les dijo que en los próximos días haría ingreso de la nueva proposición.

Y aunque la titular de Educación no les verbalizó a los consejeros los detalles de esto, en el Mineduc ya trabajaban en reincorporar en la propuesta dos de las tres pruebas del Simce para sexto básico: Matemática y Lectura, dejando fuera la de Ciencias Naturales.

Precisamente, eso fue lo que se consideró en la nueva propuesta que hizo llegar Arzola al CNED, documento de 33 páginas titulado ‘Informe nueva propuesta plan de evaluación nacional e internacional 2026’, que detalla que para este año se propone realizar la Prueba exploratoria de Precursores de la Lectura en segundo básico, y las evaluaciones de Lectura y Matemática en cuarto básico, sexto básico, y segundo medio.

“Esta definición responde a la necesidad de resguardar mediciones que permiten monitorear aprendizajes fundamentales en momentos críticos de la trayectoria escolar, asegurar la comparabilidad de resultados entre cohortes y sostener información estadísticamente consistente para el seguimiento de políticas educativas de alcance nacional”, argumentaba, entre otras cosas, el escrito.

El escrito desarrollado por la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Mineduc luego pasa a detallar, examen por examen, la justificación para llevarlos a cabo. Para ello, entre otras cosas, Cortez y su equipo de la Agencia aún trabajan para hacer más eficientes los recursos con el fin de añadir esas evaluaciones.

Una segunda parte del documento de la propuesta, a cuyo título se le quitó la condición de ser de “emergencia”, entrega las fundamentaciones técnicas para postergar las otras evaluaciones hasta el Plan 2027-2032 que, vale recordar, pronto tiene que actualizar también el Mineduc acorde a la ley. El actual rige para el período 2021-2026.

En tal sentido, se detalla que las pruebas que se postergarían serían la de inglés para octavo básico; Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) de quinto básico y primero medio; Alfabetización Informacional de segundo medio; la de Educación de Personas Jóvenes y Adultas; la Survey on Social and Emotional Skills (SSES) que se hace de séptimo en adelante; y el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS) de octavo básico. Para todas también hay un apartado que justifica su postergación.

“Esta propuesta reafirma el compromiso del Estado con una evaluación educativa orientada al fortalecimiento de los aprendizajes y al mejoramiento continuo del sistema escolar, priorizando la generación de información válida, pertinente y útil para docentes, equipos directivos y responsables de política pública”, cierran las conclusiones del Mineduc.

¿Y qué viene ahora? Si bien el CNED tomó el acuerdo de aprobar la nueva propuesta, ahora tienen que redactar esa decisión, en la cual se demorarán algunos días. Es en esa redacción donde se termina de zanjar todo al pie de la letra.

De acuerdo con información preliminar, todo se registró cerca de las 21.40, en Av. Rodelillo con pasaje María Labrín, en momentos en que, por razones que se investigan, los ocupantes del vehículo abrieron fuego en múltiples ocasiones contra 8 personas que se encontraban compartiendo, para luego darse a la fuga.

Los 8 fueron alcanzados por las balas y trasladados al Hospital Carlos van Buren. Ahí, se constató el fallecimiento de una mujer de 19 años, la que tenía antecedentes policiales, aunque sin órdenes vigentes.

Los otros siete -seis chilenos y un ciudadano venezolano- fueron ingresados con lesiones de diversa consideración al recinto médico. De ellos, dos se encontraban en riesgo vital hasta la medianoche del miércoles. Según trascendió, la mayoría también registra antecedentes, pero sin nada vigente.

La Fiscalía dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, mientras el sitio se mantiene resguardado por personal de Carabineros.

Según reportaron medios locales, el siniestro destruyó una vivienda de un piso ubicada en el sector de Chinquihue, a la altura del kilómetro 6 de la Carretera Austral, específicamente en el pasaje Los Delfines. La emergencia se registró alrededor de las 17 horas y movilizó a distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt.

Tras el incendio, el senador Espinoza acusó que el hecho habría sido provocado y denunció la existencia de antecedentes que apuntarían a una acción deliberada.

“El lugar que sufrió el incendio en Puerto Montt pertenece a nuestra familia y es un espacio donde crecimos desde pequeños. Junto a mis hermanos estamos desarrollando ahí un proyecto deportivo pensado para niños y jóvenes de los sectores donde nosotros también nos criamos y formamos”, señaló mediante un video.

El parlamentario aseguró que días antes ya se había registrado un incidente similar en las inmediaciones del recinto.

“Hace algunos días atrás ya habían intentado provocar un incendio en un sector cercano a la vivienda siniestrada. Lo ocurrido ahora fue intencional y es un hecho grave que no puede normalizarse”, afirmó.

Espinoza sostuvo que, más allá de la pérdida material, le “preocupa que hay ciertas personas dispuestas a actuar de esta manera a plena luz del día y sin considerar el daño que pueden provocar no solamente a nuestra familia, sino a todos quienes están gozando este espacio”.

El senador explicó que el terreno forma parte de un proyecto deportivo orientado a niños y jóvenes de Puerto Montt, el que contempla espacios para distintas disciplinas y horas de uso gratuito para la comunidad.

Asimismo, detalló que la estructura afectada correspondía a una casa habitación donde anteriormente residió su hermano Ramón Espinoza, exalcalde de Frutillar, y que se encuentra emplazada dentro del recinto donde se desarrolla la iniciativa deportiva.

Con todo, adelantó que en las inmediaciones del lugar se instalará un sistema de vigilancia para evitar nuevos incidentes.

El ejecutivo fue arrestado en el aeropuerto de Guarulhos el 15 de mayo pasado a su regreso desde Alemania, luego de que durante el vuelo de ida de la aerolínea Latam -que cubría la ruta São Paulo-Fráncfort-, agrediera a miembros de la tripulación. Desde ese día, se encuentra en prisión preventiva.

Según la Fiscalía brasileña, el exdirectivo de la empresa pesquera Landes, además de los delitos de poner en peligro la seguridad del transporte aéreo e insultos racistas a los empleados de la aerolínea, deberá responder por amenazas dirigidas a los agentes de la Policía Federal que lo abordaron, además de desacato y resistencia a la autoridad.

Como consignó Globo, el primer incidente ocurrió en la madrugada del 11 de mayo, durante el vuelo a Frankfurt, Alemania. Mientras la aeronave sobrevolaba Fortaleza, Naranjo intentó forzar una de las salidas de emergencia, momento en que, tras ser contenido por la tripulación, profirió una serie de insultos discriminatorios en español.

Fue aquí cuando el ejecutivo de 51 años se dirigió a uno de los empleados, llamándolo “gay” en tono despectivo y “mono”, acompañado de gestos que imitaban al animal. También hizo comentarios ofensivos sobre el color de piel de un miembro del equipo y afirmó que “olía a brasileño”.

El caso de Naranjo fue registrado y remitido a la Policía Federal, que solicitó la detención del hombre con el apoyo de la Fiscalía. El Tribunal Federal concedió la solicitud y emitió la orden de prisión preventiva, que se ejecutó el día 15, cuando desembarcó nuevamente en Guarulhos.

En ese momento, el chileno se encontraba en la sala VIP de Latam en el aeropuerto cuando fue abordado por la policía, momento en que se resistió al arresto y profirió insultos a los agentes, quienes debieron esposarlo.

Su abogado afirmó que Naranjo ha estado recibiendo tratamiento psiquiátrico durante más de 13 años, que tiene antecedentes de hospitalizaciones y toma medicamentos controlados de forma continua, por lo que presentó una solicitud ante el Tribunal Federal para que se evalúe el estado clínico y mental de su cliente.

Fue en declaraciones con T13 que la autoridad regional entregó un balance tras la jornada de protestas convocada por la organización estudiantil en rechazo a la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, al proyecto de Escuelas Protegidas y eventuales recortes en Educación.

En ese contexto, Codina señaló que hubo una participación total de hasta 4.500 personas durante la movilización por un trazado no autorizado, que iba desde Baquedano al poniente.

“Hay tres carabineros con lesiones leves, hay 35 personas detenidas, tres de ellos por porte y lanzamiento de bombas molotov", afirmó Codina.

Respecto a otros incidentes en la movilización, la autoridad detalló que hubo tres civiles lesionados. “Uno de ellos incluso por riñas internas entre quienes participaban de la marcha", agregó.

“Incluso, me sorprendió ver al señor Mario Aguilar, al presidente del Colegio de Profesores, que señalaba en una alocución en redes sociales que esta era una marcha totalmente pacífica, y se ve en la misma alocución pasar detrás de él a dos personas con bombas molotov. Entonces, ¿de qué marcha pacífica hablamos?“, cuestionó el delegado.

Durante la conversación, Codina también abordó la situación de una joven estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, quien fue herida y trasladada hasta la ex Posta Central.

“Lo que nosotros pudimos observar durante el transcurso de esta actividad, es que probablemente fue una piedra lanzada por gente que estaba dentro de la manifestación la que pudo haber dañado y herido a esta mujer”, confirmó Codina.

“Nos parece adecuado que Carabineros la haya asistido y trasladado hasta un recinto asistencial”, valoró el delegado.

Respecto a la calidad procesal de la joven, Codina señaló que “sé que quedó apercibida, porque ella era parte de los disturbios que se ocasionaban en las afueras del (centro cultural) Gabriel Mistral”.

Ante lo anterior, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, señaló que la joven quedó “gravemente herida”.

“En el marco de la marcha convocada por los estudiantes hoy miércoles 03 de junio, se volvieron a repetir graves situaciones de violencia policial en contra de manifestantes y observadores de derechos humanos. Una estudiante de la Facultad de Derecho que participaba como Observadora de la marcha ha resultado gravemente herida", afirmó Nash.

Acompañando un texto de mayo pasado, Nash agregó que “reitero lo que señalamos como Cátedra de Derechos Humanos hace algunos días: debemos evitar una escalada de violencia represiva en contra de los estudiantes”.

Polémica por trazado aprobado

Respecto al trazado solicitado, Codina explicó que se realizó una primera reunión con los equipos a cargo de actividades masivas, tras la solicitud de autorización de los convocantes.

Luego de eso, se fijó una segunda reunión para el viernes 29 de mayo, la que no fue atendida por los solicitantes, de acuerdo al delegado de la RM, a pesar de los correos enviados.

“Que después se produzca la crítica y la molestia con relación al trayecto aprobado, es únicamente por la ausencia que tuvieron a la reunión del día viernes y en segundo lugar, que no contestaron los llamados telefónicos", dijo Codina, quien se comprometió a revelar las pruebas de los intentos de contacto.

Posteriormente, Codina detalló que ese viernes en cuestión, se les iba a informar el trayecto definitivo aprobado, que comprendía desde Plaza Los Héroes, hacia el poniente, hasta Metro Ecuador.

“Posteriormente, ellos lo que hacen es concurrir a la delegación el día de ayer, donde se les hace llegar el documento, donde se les indica el trayecto aprobado. Entonces, que es lo que sucede la tarde de ayer, y que me preocupa, es que yo veo a estas organizaciones, que en vez de reconocer que se les reconocer que se les respeta el derecho a movilización y que la delegación está accediendo, a pesar de lo que significa a cortar la Alameda en una zona céntrica", explicó Codina por el trazado aprobado.

“En vez de reconocer, levantan información en redes sociales, tratando de generar insidia y señalan que no se les está autorizando la marcha”, manifestó.

Según se informó desde la delegación, “a las 08:00 horas del martes 2 de junio, la estación de El Bosque constató Alerta Ambiental por MP2.5, condición que se mantuvo hasta la madrugada de este miércoles 3 de junio. En tanto el resto de las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, se mantuvieron en niveles de bueno y regular”.

Se agregó que “en términos meteorológicos, se observó un régimen anticiclónico debilitado en superficie e ingreso de vaguada en altura. Para este jueves 4 de junio, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé circulación ciclónica en superficie y vaguada en altura, con temperaturas extremas de 7º y 20ºC. No existe probabilidad de advección costera hacia la cuenca”.

De esta forma, las autoridades recordaron la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana y que, asimismo, las quemas agrícolas están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la RM.

Restricción vehicular

Por otra parte, la restricción vehicular rige de acuerdo con el calendario dispuesto por la autoridad de Transportes:

- Automóviles con sello verde con placas patente terminadas en 4 y 5, al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago entre las 07.30 y las 21.00 horas.

- La totalidad de los automóviles sin sello verde, por el interior del AAV.

- Los vehículos sin sello verde con placas finalizadas en 8, 9, 0 y 1, en tanto, no pueden transitar por el exterior del AAV, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

- Las motocicletas con los dígitos finales 4 y 5, tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

- Buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales, sin sello, con patentes terminadas en 8, 9, 0 y 1 estarán afectos en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, entre las 10.00 y 16.00 horas.

- Vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 8, 9, 0 y 1, no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.

El encuentro, que se realizará en dependencias de ICARE -ubicadas en El Golf 40, Las Condes-, busca analizar las principales definiciones, avances y desafíos que han marcado el inicio de la actual administración.

El speaker principal del evento será Claudio Alvarado, actual biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, mientras que el panel de conversación estará integrado por la editora general de La Tercera, Gloria Faúndez, junto a los periodistas y columnistas Paula Escobar y Ascanio Cavallo.

La instancia está dirigida a suscriptores de La Tercera y cuenta con cupos limitados, por lo que se habilitó un sistema de inscripción anticipada a través del sitio https://www.latercera.com/100diaskast/, utilizando el RUT de suscriptor o el código enviado al correo asociado.

El seminario considera un desayuno, cuyo valor es de $15.000.

Ese impacto ha sido demostrado por un análisis del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, organismo que en la última entrega de su informe ha medido la judicialización de las causas de crimen organizado en la Región Metropolitana. Para lograr aquello, la casa de estudios analizó las estadísticas de un grupo de 74 delitos relacionados a ese tipo de criminalidad.

Lo anterior, ya que según cifras del mismo organismo, recogidas de los términos de causas del Poder Judicial entre 2014 y 2024, en la última década hubo 701.307 salidas en delitos asociados al crimen organizado, de los cuales el 36,6% concluyó en la capital. Más atrás se encuentran zonas como Valparaíso (11,4%), Biobío (6,6%), entre otras.

El mismo informe de la USS revela que si bien el número de casos de crimen organizado representa una proporción menor en el sistema penal, igualmente aquello reflejó un alza -a nivel nacional- en la última década, pasando de representar del 2,4%, en 2014, al 5,2%, en 2024.

Zoom en la capital

Más allá del total nacional, y enfocándose en la RM, la región ha mostrado un importante aumento en los términos de causas relacionadas al crimen organizado, lo que da cuenta del incremento que han tenido estos casos en la capital durante la última década.

De aquello da cuenta el informe del Cescro, el que demuestra que se pasó de 16.053 términos de causas de criminalidad organizada en 2014, a 33.702 en 2024. Lo anterior demuestra que dichos casos se duplicaron en una década, lo que corresponde al 109,9% en 10 años.

Respecto al tipo de delitos, los asociados a las drogas concentran el 59,4% de las salidas, seguidos de los relacionados a las armas (19%), contrabando y la violencia relacionada al crimen organizado, con un 7,8%.

Otro de los ejes de análisis del estudio de la USS fue la forma en la que terminaron estos casos en la capital. Para lograr aquello se analizaron los términos de las causas, ya que existen diferentes tipos de salidas, las que son agrupadas en “judiciales” -en las que interviene un tribunal-, “no judiciales” -en lo que no resuelve un tribunal- y “otras salidas”, principalmente resoluciones administrativas.

Si bien el 42,6% de las causas en la RM tuvo una salida judicial, la cifra es menor al promedio nacional del 46,4%. Al analizar dichos términos en tribunales, sin embargo, la USS da cuenta de que el 25% de los casos de crimen organizado terminó en una sentencia condenatoria, mientras que el archivo provisional -salida no judicial- es el que más se repite en este tipo de casos, con el 30,8%.

Además de aquello, el estudio del Cescro también demuestra importantes alzas en las salidas judiciales, dando cuenta que en la última década los sobreseimientos temporales aumentaron un 1.648%, seguido de las suspensiones condicionales (199%), la facultad de no investigar (152%) y el sobreseimiento definitivo (86,2%).

El director del Cescro, Luis Toledo, destaca que “el escenario de la Región Metropolitana es preocupante, ya que el volumen de causas por crimen organizado se duplicó en la década, pero la efectividad del sistema para sancionarlo va a la baja y se sitúa por debajo del promedio nacional”.

En ese sentido, plantea que “cuando observamos tasas elevadas de archivos provisionales, decisiones de no perseverar o una baja proporción de resultados judiciales relevantes en determinados delitos asociados al crimen organizado, lo que aparece es una brecha entre la complejidad del fenómeno y la capacidad del Estado para investigarlo eficazmente”.

La situación por zona

El estudio de la USS, además, también analizó los términos de las causas de crimen organizado a las que llegó cada una de las cuatro fiscalías de la RM.

En ese sentido, se expone que la Fiscalía Centro Norte es la jurisdicción con la mayor carga de causas, representando el 36,7% de toda la región, aunque es la que tiene el mayor porcentaje de causas que terminaron con salidas no judiciales: un 43,1%. Dicha repartición del Ministerio Público concentró el 36,2% de los archivos provisionales.

Un caso contrario es el de la Fiscalía Oriente, la que según el estudio del Cescro, tiene el menor porcentaje de causas de crimen organizado y el mayor número de salidas judiciales, el 49,5%. En detalle, el 31% de los casos terminó con una sentencia condenatoria, superior al 27,8% del promedio nacional.

La Fiscalía Sur, por su parte, es la que según la USS “lideró la efectividad en castigos penales”, ya que el 33,1% de sus causas de crimen organizado terminaron con una sentencia condenatoria.

Por último, la Fiscalía Occidente es destacada en el análisis por su alta eficiencia en la investigación de organizaciones criminales, afirmando que el 79,4% de las salidas fue una condena. A pesar de aquello, también resalta que en el delito de contrabando, el 57,7% de los términos fue un sobreseimiento definitivo.

“Las diferencias entre fiscalías no solo reflejan distintos niveles de criminalidad organizada o realidades territoriales diversas. También evidencian que el sistema de persecución penal está enfrentando fenómenos criminales del siglo XXI con herramientas institucionales que, en muchos casos, fueron diseñadas para la delincuencia tradicional”, explica Toledo.

Por último, el también exfiscal plantea que el Cescro elaboró 23 medidas para revertir el actual escenario de judicialización. Según plantea, “el objetivo final no es simplemente aumentar las condenas, sino incrementar la capacidad del Estado para desarticular estructuras criminales, afectar sus mercados ilícitos y recuperar el control de los territorios donde estas organizaciones ejercen influencia”.

La declaración pública se evacuó en medio del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026 realizado en la ciudad de La Serena, en la Región de Coquimbo, a la cual asistieron más de 200 jefes comunales. En ella “se reafirma que la Asociación de Municipalidades es una sola, y los alcaldes y alcaldesas confirman su unidad indistintamente de las diferencias políticas y territoriales”.

Por lo anterior, sostienen que “llamamos a que todas las discusiones con el Ejecutivo y Parlamento sean respetando esta unidad”.

Asimismo, reafirman su compromiso por “defender los intereses de todo el municipalismo y a reunirnos con todos los parlamentarios de manera transversal para hacernos parte de la discusión”.

Ante lo anterior, plantearon un fortalecimiento del Fondo Común Municipal en medio de la tramitación de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, el cual se vería afectado por la eliminación del pago de contribuciones.

En esa línea, el organismo presidido por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), planteó que los municipios se encargan de varias áreas, tales como salud primaria, aseo, seguridad ciudadana, ayudas sociales y más.

Por lo anterior, “los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios y, por el contrario, proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal”.

Límite a la eliminación de contribuciones

El mensaje de la ACHM abordó la eliminación de las contribuciones incluida en la propuesta del Ejecutivo, que plantea la exención del pago del impuesto territorial para personas mayores de 65 años, en el caso de la primera vivienda.

Ante lo anterior, se señaló que “es importante también dejar de manifiesto que estamos de acuerdo con que se aumente el número de personas mayores de 65 años que obtengan la exención del pago de contribuciones; sin embargo, de manera mayoritaria planteamos la necesidad de que esta no sea una medida universal y que se establezcan límites, velando por que sea un beneficio que apoye a las personas mayores que lo necesiten, evitando así poner en riesgo el presupuesto de la nación en contextos de estrechez fiscal".

Asimismo, plantearon su disposición para negociar con el gobierno y con el Congreso por este aspecto, aunque reforzaron la intención de que se modifique el proyecto original, en búsqueda de, además, tramitar una nueva ley de rentas municipal, nuevos mecanismos de recaudación y el fortalecimiento del Fondo Común Municipal.

Críticas al Ejecutivo

La ACHM también manifestó reparos a otras actuaciones del gobierno. Entre ellas, mostraron su rechazo total a la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones impulsada por el Ejecutivo.

Además, cuestionaron los recortes en salud llevamos a cabo por el Ejecutivo.

También “alertamos sobre la compleja situación que enfrentan las comunas más vulnerables, rurales y alejadas de la zona metropolitana, en un contexto marcado por el aumento sostenido del costo de la vida y de las exigencias asociadas al cumplimiento de las funciones municipales”:

“Los municipios no pueden seguir asumiendo responsabilidades y tareas desfinanciadas por parte del Estado“, lamentaron.

Por lo anterior, solicitaron una agenda de trabajo en materias como salud, educación y seguridad, donde la ACHM asumió la responsabilidad de conformar las instancias internas para la construcción de un plan de acción.