A la fecha nadie ha sido sancionado. En esta nueva ocasión, a fines de la semana pasada, tras tardar en pronunciarse, la autoridad (no en la persona del Decano, sino del Director de la Escuela de Pregrado) dio a entender, equívocamente, que el asunto no fue tan grave (la diputada Rodríguez habría sido “escoltada” y el incidente habría ocurrido una vez finalizado el conversatorio) y además la declaración decreta y reprende: “No compartimos el método de la provocación (de ningún sector político) ni la tergiversación de hechos o situaciones para obtener determinados fines”. ¿Es que Rodríguez se propuso que la funaran y le lanzaran gritos y escupitajos? ¿No debió ir o debía ajustarse a los prejuicios del lugar que invitaba? Con razón, la diputada contestó que a la autoridad le correspondía condenar de frentón la violencia, amén de ser gratuito “insinuar bajamente que alguien la provocó”.

El asunto se presta a tergiversaciones. ¿Es que en Pío Nono se creen medievales, corporativamente autónomos, capaces de someter a un enjuiciamiento inquisitorial a Rodríguez por “negacionista” y “nativista”, o esta “cosa nostra” se debe simplemente a extorsión? El descaro y la impunidad son flagrantes. Desde hace tiempo está acreditada la participación concertada de estudiantes y profesores, no solo de izquierda, en tomas. Una larga historia de concientización y agitación, remontable a la UP, se reanudó en 2009, aunque nadie en el actual claustro quiere recordarlo por si pudiera delatarlo. Si hasta una de las candidatas actuales a reemplazar a Ruiz-Tagle como decano (¡nuevas elecciones!, en eso y en esto otro nos llevamos) se salió del guion de rigor al escandalizarse ante la última conducta de los estudiantes, aun cuando fue una de las principales promotoras de derribar a Roberto Nahum en 2009. ¿O es que recién se da cuenta de que de esta caldera del diablo sólo se puede salir sobrepasado y desacreditado, al igual que Nahum, Harasic y ahora Ruiz-Tagle, debido al “genius loci” que preside dicha mole junto al río?

Impera un terror general paralizante por parte de minorías eficaces. De ahí que haya complacencia cómplice hacia los estudiantes por lo que pueden llegar a hacer. Es más, al curso que dicto sobre Pensamiento Político Moderno llegan alumnos de 4º y 5º año sin saber qué significan “legitimidad” y “soberanía”; es decir, no tienen idea de qué es una autoridad válida, y la ignorancia tolerada prospera.

Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador

Desde un punto de vista constitucional se ha objetado que se prive a quienes ejecuten acciones vandálicas o “inciviles” del acceso a beneficios sociales (como la gratuidad universitaria o la pensión garantizada universal) ya que ello sería discriminatorio, puesto que los afectados serán quienes –por su condición socioeconómica— necesitan acceder a tales beneficios, lo que no es el caso de quienes –por sus ingresos o los de sus familias— no los requieren. Por otra parte se ha reprochado que, de aprobarse el proyecto, se daría el absurdo de que quien consuma alcohol en la vía pública se exponga a perder el acceso a la pensión garantizada universal, mientras que muchos de quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad seguirán gozando de sus pensiones (ya que, en el caso de los uniformados, estas son en parte financiadas por el Estado). Confrontado el subsecretario del Interior a esta última objeción, replicó que la situación de los últimos sería diferente, porque los crímenes que perpetraron no son “una incivilidad”. Si bien es efectivo que el secuestrar, ejecutar, o someter a tormento a otras personas no son meras incivilidades (sino algunos de los crímenes más crueles que cabe imaginar), no se entiende por qué un grafitero estará expuesto a la pérdida de sus beneficios previsionales, mientras que un torturador no.

En este punto, es útil recordar que bajo la vigencia de la Constitución de 1925 el Código Penal disponía la “pérdida de todo derecho para obtener jubilación u otra pensión (…)” como sanción accesoria a ciertos delitos pero, ante la evidencia de que castigar aún los crímenes más reprochables con la pena complementaria de pérdida de los derechos previsionales afectaba especialmente a los cónyuges y descendientes de los condenados, los redactores de la Constitución de 1980 (incluido el mentor del Presidente Kast, Jaime Guzmán), estuvieron de acuerdo en la propuesta de Sergio Diez de incorporar a la carta fundamental el artículo 19, número 7, letra h), que dispone: “No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales”.

Así las cosas, cabe esperar que el Congreso tenga presente tanto esa norma como, especialmente, las razones que explican la prohibición constitucional de imponer como sanción accesoria al vandalismo y las incivilidades la pérdida de derechos previsionales. Corregir este (y otros) excesos de este proyecto reflejaría un sano distanciamiento de la noción que perseguir fines socialmente deseables justifica el uso de cualquier medio, por arbitrario que sea.

Por Javier Couso, Director Doctorado en Derecho UDP

Nuestro ordenamiento jurídico conoce desde hace años registros asociados a situaciones que el legislador ha estimado relevantes para la protección de determinados bienes jurídicos o para la asignación de beneficios y cargas públicas. El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos es probablemente el ejemplo más conocido. A él se suman registros vinculados a condenas por delitos sexuales contra menores de edad y otros sistemas de información cuyo objeto es permitir que determinadas consecuencias jurídicas se produzcan a partir de hechos previamente establecidos conforme a derecho.

La existencia de estos mecanismos demuestra que la creación de un registro no constituye, por sí misma, una institución ajena a nuestro sistema constitucional. Tampoco puede afirmarse que toda consecuencia desfavorable derivada de una condena tenga necesariamente naturaleza penal. El ordenamiento contempla múltiples hipótesis en las que una conducta ilícita genera efectos jurídicos adicionales que persiguen finalidades distintas del castigo, como la protección de terceros, la prevención de riesgos o la adecuada administración de recursos públicos.

La discusión verdaderamente relevante se encuentra en los efectos que el legislador pretenda asociar a la inscripción en ese registro.

Desde luego, tampoco todas las consecuencias posibles presentan la misma intensidad o severidad. Utilizar un registro como mecanismo de información o antecedente para acceder a determinados beneficios públicos es distinto a emplearlo para privar temporalmente a una persona de prestaciones sociales que ya le habían sido reconocidas. En ambos casos la medida puede perseguir fines legítimos, pero el examen constitucional no necesariamente será el mismo.

Aquí adquiere relevancia considerar el principio de proporcionalidad. La experiencia comparada y la jurisprudencia muestran que no existen respuestas categóricas al respecto. La constitucionalidad de una medida dependerá de factores como la gravedad de las conductas, la duración de sus efectos, la existencia de revisiones, la naturaleza de los beneficios y la intensidad de la afectación a los intereses comprometidos.

También conviene distinguir entre la imposición de nuevos requisitos para acceder a beneficios estatales y la suspensión o la pérdida de beneficios ya otorgados. Mientras la primera hipótesis suele ubicarse dentro del margen reconocido al legislador, la segunda plantea interrogantes adicionales, que exigen un escrutinio más riguroso de su proporcionalidad y justificación.

Por ahora, el debate parece adelantarse al contenido del proyecto. Antes de formular juicios, será necesario conocer aquellas conductas que darán lugar a la inscripción, qué efectos producirá y cuáles serán los mecanismos previstos para limitar eventuales excesos.

La discusión constitucional correcta no consiste en determinar si puede existir un registro de esta naturaleza. La verdadera pregunta es: cuáles serán sus consecuencias y si ellas resultan proporcionales a los fines que la iniciativa busca alcanzar.

Joaquín Palma

Profesor de Derecho Político y Constitucional

Universidad Finis Terrae

Esa lógica también visibilizó una dimensión que suele quedar fuera del debate público: la emergencia social silenciosa. El Presidente la nombró directamente: la caída en la natalidad, la soledad de los adultos mayores, los niños que crecen sin una familia que los cuide. Son problemas que no salen en los titulares de seguridad ni en los gráficos de crecimiento, pero que determinan el tipo de país que estamos construyendo. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia trabaja esa dimensión todos los días. No es nuevo para nosotros: es nuestra razón de existir.

Los anuncios concretos de la Cuenta reflejan esa convicción con nitidez. El Plan Crecer en Familia busca que cerca de 700 niños entre 0 y 3 años que hoy viven en residencias puedan crecer junto a familias de acogida, porque una institución no es un hogar. El apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable con hijos entre 0 y 13 años constituye un reconocimiento explícito de que criar tiene costos que no pueden recaer exclusivamente en los hogares. Al entregar este aporte directo por cada niño, sumado a otros beneficios que hoy responden al contexto de estrechez financiera, el Estado les dice a las familias que las está acompañando en la etapa de la vida en que las necesidades de tiempo, cuidado y recursos son mayores. La iniciativa de sala cuna universal apunta a remover una de las barreras más antiguas e injustas que enfrentan las mujeres en el mercado laboral: que tener hijos cueste el empleo. Y el Plan Chile Renace, con su Comisión Asesora Presidencial ya constituida, busca instalar la crisis demográfica como política de Estado, con diagnóstico riguroso, coordinación interministerial y horizonte de largo plazo.

Lo que une todos estos anuncios no es un eslogan. Es una concepción del rol del Estado: no reemplazar a las familias, sino darles las herramientas para funcionar. Un Estado que protege a los niños más vulnerables, que apoya a las madres y padres que trabajan, que cuida a los adultos mayores que están solos, que da una oportunidad real a quienes quieren formar una familia y no pueden. Eso es lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No somos el ministerio de los grandes titulares. Somos el ministerio que sostiene lo que ocurre dentro de los hogares.

La familia no es una agenda conservadora ni progresista. Es la condición de posibilidad de todo lo demás: del empleo que tiene sentido, de la educación que se recibe con amor en la casa antes de llegar a la escuela, de la vejez que no es soledad. Cuando el Presidente dijo que muchos de nuestros problemas tienen su raíz en el debilitamiento de la familia, no estaba haciendo un diagnóstico moral. Estaba señalando un hecho social que los datos confirman y que las políticas públicas deben enfrentar sin eufemismos. Eso es lo que este gobierno está haciendo. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es lo que seguiremos impulsando con todo el compromiso que la tarea exige.

Por María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia.

Portales es el principio de autoridad. Entendió tempranamente que, tras la independencia, las repúblicas hispanoamericanas habían perdido la legitimidad heredada que antes rodeaba a la autoridad monárquica, y que sin un reemplazo podían hundirse en la anarquía y el caudillismo. Años después, Alberto Edwards reconocería en esa intuición el origen del “gobierno impersonal”: un poder que no descansa en un hombre, sino en el cargo y en la institución; una autoridad abstracta a la que el propio gobernante debe obediencia. Para Portales, el orden no surge espontáneamente de la sociedad: debe ser afirmado desde la autoridad, y solo sobre esa base puede construirse la libertad. Es una tesis sobre la prioridad del orden, no una simple apología del autoritarismo.

Bello también representa el orden, pero desde la convicción de que un país nuevo necesita reglas, lenguaje, educación e instituciones capaces de darle continuidad. Es el Código Civil, la Universidad de Chile, la gramática. Para Bello, la república se construye mediante la ley razonada, la formación intelectual y una cultura institucional que convierte la independencia política en vida común organizada.

Se complementan, es verdad, pero mantienen diferencias de fondo. Para Portales, el orden es anterior y condiciona al derecho. Para Bello, en cambio, el derecho razonado es la forma misma del orden y, por eso, obliga también a quien gobierna. No es un matiz: define una manera de entender la república.

El choque más nítido entre ambos se produjo durante la guerra contra la Confederación Perú-boliviana. En 1836, Portales impulsó a Chile a un conflicto que buena parte del país rechazaba. Veía en la unión de Perú y Bolivia, una amenaza geopolítica y comercial que Chile debía conjurar por las armas. Bello, que servía al mismo Estado, fue más reacio al conflicto y confiaba en una salida diplomática. La distinción importa; ambos construyen la república, pero no con los mismos énfasis.

La Cuenta Pública neutraliza estas diferencias. Iguala a Portales y a Bello bajo una sola idea de orden y construcción republicana. Sobre esa base, incorpora dos elementos nuevos. El primero; la idea de principios anteriores a la decisión mayoritaria, como la dignidad de la persona, la familia, la propiedad y la subsidiariedad, entre otros. El discurso advierte, explícitamente, que “la democracia no se sostiene solo en procedimientos”, sino “sobre principios”. El segundo, el liberalismo económico, enunciado entre las “convicciones” del Gobierno, “una economía libre y abierta al mundo”, justo antes de invocar a los próceres. Esa síntesis ya no viene del siglo XIX. Tiene otro origen y otro autor, aunque su nombre no figure en el elenco que el discurso convocó: Jaime Guzmán

Por eso, cuando revisamos el panteón de la cuenta pública, no conviene leerlo como una invocación al pasado republicano, ni como adscripción ordenada a una tradición. La operación es más selectiva: menos genealogía y más receta de autor.

Por María José Naudon, abogada.

Aclaremos algo, porque si no la crítica no vale. Chile tiene urgencias y emergencias, y es razonable que la seguridad y la economía se lleven el grueso del discurso. Eso no se discute. Lo que sí es que, por más de dos horas, no hubo espacio para dos carteras enteras. Y ahí la pregunta no es para el Presidente, sino para sus ministros.

A las mujeres las nombraron, claro, como mano de obra y como madres. El desempleo femenino sirvió de argumento para el crecimiento: “ningún país puede darse el lujo de dejar fuera a la mitad de su talento”. La sala cuna, la llave para contratarlas; la natalidad, un problema demográfico. ¿Femicidios? Ni una palabra. ¿Violencia de género? Tampoco. ¿La brecha salarial, donde Chile lidera en la región? Silencio. Se habló de las mujeres, pero no se les habló a las mujeres. Y esos temas los había puesto la propia ministra Marín como las urgencias de su cartera al asumir. Pero en la cuenta, que era el momento de instalarlos, no hubo nada.

Con la cultura, el caso fue más insólito. Tres minutos. ¿Para qué? Para anunciar que se van a limpiar monumentos y borrar rayados, lo que está bien. Pero la cultura, reducida a una cuadrilla de aseo, y nada de creación, de artistas, de museos, de patrimonio vivo.

El recorte a Cultura terminó siendo casi el triple de lo que Hacienda pidió al resto del Estado, y el ministro Undurraga lo defendió como eficiencia, prometiendo que el plan cultural llegaría una vez ordenadas las cuentas. En el minuto en que debía anunciarse, tampoco llegó.

Y la cultura sí es política, de la que de verdad importa: es la que crea y la que junta a la gente que otras cosas separan. Una biblioteca de barrio, un teatro lleno: eso también es seguridad, la que educa y previene. Y debería estar al alcance de todos; ahí seguimos al debe.

Un ministro no llega a cuidar el escritorio: llega a pelear su agenda y a exigir, en la mesa donde se arma la cuenta, que su tema esté. Y eso no pasó. El silencio de este discurso no es solo del que habló; también de quienes, pudiendo, se quedaron callados.

Que el país esté en emergencia define el orden de las prioridades, pero ese orden no puede dejar fuera lo que enriquece a una sociedad. En esta primera Cuenta Pública, las mujeres fueron un dato de empleo y la cultura, un plan para limpiar monumentos. Y los dos son mucho más que eso. Ninguno va a bajar la delincuencia por sí solo ni a levantar la economía mañana —no es lo suyo—, pero ambos son fundamentales para lo demás. Eso es lo que hace crecer a una sociedad: no siempre el PIB —a veces cosas que no caben en una cifra—, sino el alma, la unidad, la cultura, la igualdad, el encuentro. Eso también es Chile. Y un país que se cuida entero no deja esas cosas mirando desde el lado.

Por Tatiana Klima, socia directora Criteria Comunicaciones.

Pensé entonces que esa reflexión tiene mucho que decirle al mundo empresarial y de las organizaciones.

Vivimos una época que parece empeñada en domesticar, o al menos domar, la incertidumbre. Disponemos de más datos que nunca, desarrollamos modelos predictivos cada vez más sofisticados y construimos sistemas de control capaces de monitorear prácticamente cualquier proceso. Con frecuencia actuamos como si todo ello pudiera acercarnos a una especie de certeza técnica desde la cual tomar decisiones correctas, haciendo desaparecer la duda.

Sin embargo, la experiencia demuestra algo distinto. Las decisiones que realmente marcan el rumbo de una organización rara vez se adoptan cuando todas las variables están despejadas. Se toman en escenarios incompletos, con información imperfecta, en contextos que cambian más rápido de lo que alcanzan a hacerlo los procedimientos y los modelos.

Por eso la gestión de riesgos no consiste en eliminar la incertidumbre, sino en desarrollar la capacidad de movernos razonablemente bien dentro de ella. Ninguna organización puede crecer, innovar, transformarse o siquiera cumplir adecuadamente su propósito sin asumir riesgos. Pretender lo contrario no solo es imposible; muchas veces termina generando una falsa sensación de control.

La duda cumple aquí un papel mucho más valioso de lo que solemos reconocer. No porque nos invite a la indecisión, sino porque nos obliga a pensar mejor. Nos lleva a cuestionar supuestos que parecían evidentes, a buscar perspectivas distintas y a preguntarnos qué podríamos estar dejando fuera del análisis. En otras palabras, nos protege de una de las amenazas más frecuentes en las organizaciones, como es la ilusión de que entendemos más de lo que realmente entendemos.

Algo similar ocurre en los directorios. Los mejores espacios de gobernanza no son necesariamente aquellos donde existe acuerdo inmediato, sino aquellos donde las personas tienen la confianza suficiente para plantear dudas, formular preguntas difíciles y desafiar consensos prematuros. Después de todo, los riesgos más complejos rara vez aparecen donde todos están mirando. Y las mejores decisiones no siempre nacen del consenso inmediato, sino de la capacidad de debatir con respeto antes de alcanzarlo.

La abundancia de información tampoco ha cambiado esa realidad. Los datos son indispensables, pero no sustituyen el criterio. Las matrices ayudan, pero no deliberan. Los algoritmos identifican patrones, pero no resuelven dilemas éticos, reputacionales o estratégicos. Confundir información con comprensión es uno de los errores más frecuentes de nuestro tiempo.

Quizás por eso la madurez de una organización no debiera medirse únicamente por la cantidad de controles que posee, sino también por la calidad de las conversaciones que es capaz de sostener antes de decidir. Porque las preguntas correctas suelen ser más valiosas que las respuestas apresuradas.

En un entorno marcado por cambios tecnológicos, nuevas exigencias regulatorias y expectativas sociales cada vez más dinámicas, la certeza absoluta es una aspiración poco realista. Lo que sí resulta posible es desarrollar la prudencia, la humildad y el criterio necesarios para decidir aun cuando no contamos con todas las respuestas.

Tal vez ahí radique la belleza de la duda. No en paralizarnos, sino en recordarnos que gobernar, liderar y gestionar riesgos sigue siendo, pese a toda la tecnología disponible, un ejercicio profundamente humano.

Y quizás ahí esté también la gracia.

*El autor de la columna es socia de Eticolabora y directora de empresas

Es precisamente esa mirada de largo plazo la que extrañamos para el desarrollo de la ciencia en Chile donde la inversión en investigación y desarrollo (I+D) lleva estancada desde hace tres décadas sin superar el 0,4% del PIB. Si hace 30 años las autoridades hubieran asumido ese compromiso transversal, probablemente hoy nuestro promedio de inversión sería similar al 3% que invierten en promedio los países de la OCDE en I+D.

Es positivo que la autoridad reconozca públicamente el nivel de excelencia de la investigación que se hace en las universidades chilenas, lo dijo también durante la entrega de la Estrategia Nacional de CTCI la semana pasada. Sin embargo, es un error creer que esa excelencia se transforma por sí sola en innovación y productividad. El desarrollo científico no es inmediato y, menos aún, puede ponerse por debajo de la productividad. Cuando la investigación y el desarrollo científico se ubican al lado del bienestar, del manejo de recursos, de las condiciones de igualdad, hay menos posibilidades de tomar decisiones incorrectas.

El conocimiento no se puede juzgar por una utilidad inmediata o por un retorno económico. La mirada utilitarista de la investigación está equivocada y no debe desanimar a quienes hacemos investigación.

Para que la ciencia rinda frutos aplicables y contribuya a la productividad, es imprescindible contar con una sólida base de investigación fundamental y que coexista con la investigación más aplicada. No existe tal tensión entre ambas. Si debilitamos una, afectamos la otra. Pero, además, perjudicaremos la formación de nuevos investigadores, que son quienes tomarán el relevo para construir un modelo de desarrollo basado en conocimiento.

Hoy es el momento ideal para que, como país, definamos las prioridades que necesitamos en materia de ciencia y conocimiento. Los desafíos que enfrentamos son complejos y multifactoriales, y por esa misma naturaleza, no se resolverán ni en cuatro ni en ocho ni en doce años. Entenderlos como un continuo en el que la I+D va construyendo más conocimiento y, a partir de este, genera las condiciones para la innovación, la generación de spin-offs o start-ups y la aplicación de la ciencia es una mirada que hasta ahora está ausente.

Llevamos casi 30 años esperando que alguien inicie este trabajo de largo aliento. Estamos a tiempo para establecer definiciones en áreas clave como la cohesión social, el cambio climático, la seguridad hídrica, el envejecimiento de la población y la seguridad alimentaria. Definidas las prioridades, será rol del Estado garantizar un marco de apoyo sostenido en el tiempo que permita a la ciencia, al conocimiento y a la investigación generar las innovaciones que nuestro país tanto necesita.

Por Christian González-Billault, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile

Analizando los datos, nos hemos dado cuenta de que, además, quienes más sufren el impacto de la incivilidad son precisamente los grupos más vulnerables. Mujeres, grupos económicamente precarios y adultos mayores tienden a sentir mayor inseguridad que el resto cuando experimentan el mismo tipo de actos. Todo lo anterior nos invita a aceptar —sin vacilaciones— la relevancia de mejorar la forma en que convivimos con nuestro entorno.

Dicho lo anterior, el gran desafío de los actores políticos es identificar la mejor forma posible de abarcar el problema, entendiendo correctamente sus causas y evitando simplismos que, a la larga, pueden terminar por acrecentar el problema. A mi juicio, esa es la discusión que debiese primar en torno al proyecto de ley de vándalos, que está siendo promovido por el gobierno.

En la opinión pública ya se han dado argumentos consistentes que invitan a repensar la iniciativa. El impacto insignificante en vándalos ABC1 —quienes, por defecto, ya tienen asegurados sus derechos sociales— o el abandono de aquellos chilenos “no honestos” han sido algunos de los problemas levantados. Esto último es particularmente curioso, pues en Chile parece evidente que la marginalidad, las drogas y el abandono originan conductas reprochables, pero en vez de atacar esas causas, estamos optando por centrarnos más bien en un par de síntomas, lo que en este caso se traduciría en una renuncia a la tarea de reinsertar.

Es particularmente confuso que toda esta discusión se dé en este gobierno, porque la propensión por los descarriados no es una idea meramente cristiana (“Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos”, diría Jesús), sino que, además, encuentra sus bases en una sensibilidad política compartida por varios de quienes hoy gobiernan. Son esos lineamientos los que nos llevarían a considerar que, quizás y solo quizás, pueda ser posible rescatar a alguien del vandalismo a través de acciones concretas. Visto así, podríamos concluir que la correcta focalización y efectividad de los beneficios sociales son las que nos llevarían a tener menos vandalismo, no la ausencia de ellos.

Por supuesto que el debate no está zanjado —es más, en su esfera legislativa ni siquiera ha comenzado—, por lo que estamos en el momento preciso para pensar en los matices de la propuesta. Serán esos grises los que, bien intencionados, nos podrían llevar a una política algo más robusta, que logre conjugar correctamente el rol disuasivo de la pena con el valor de la reinserción. Porque estamos claros de que todos queremos ciudades vivibles y entornos seguros, el desafío es identificar el camino correcto, atacando las causas más que los síntomas.

Por Pedro Fierro, investigador P!ensa y Director CIL UAI

En una resolución breve, pero contundente, la Corte Suprema apela al principio de la buena fe, que es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, para concluir que la actuación de esa abogada demuestra falta de profesionalidad y es contraria a la rectitud y corrección elemental que deben observar los profesionales del derecho en su desempeño ante los tribunales de justicia.

Conviene recordar que, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales, los abogados son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los tribunales de justicia los derechos de las partes litigantes. Es decir, a los abogados se les confía el amparo de facultades intrínsecamente ligadas a la naturaleza humana y que resultan indispensables para desplegar una vida digna. He aquí la esencia de la responsabilidad del abogado y de los imperativos éticos que deben rodear el ejercicio de su profesión.

Al acudir a un abogado se efectúa un depósito de confianza no sólo en sus conocimientos, sino que, también, en su capacidad de convencer a un tribunal con la fuerza de los argumentos, sin recurrir a engaños, tergiversaciones o descalificaciones personales. La bandera que esgrime el abogado es, entonces, la justicia de la propia causa.

Desde la perspectiva de los conocimientos, el ejercicio de la profesión de abogado supone poner a prueba la calidad de la formación recibida en las universidades, la que puede ser complementada por la inteligencia artificial, pero utilizada en forma ética, prudente y responsable. Así lo explicitó la Presidenta de la Corte Suprema en su discurso de inauguración del presente año judicial.

El Papa León XIV, sostiene, en su reciente Encíclica Magnifica Humanitas, que la inteligencia artificial y las demás tecnologías emergentes ya son parte de nuestra vida cotidiana, aunque no debemos cometer el error de equiparar esta inteligencia a la propiamente humana. Sólo esta última es capaz de hacer que el abogado discrimine entre el universo de datos los que auténticamente refuercen su argumento al tiempo que atiendan las circunstancias específicas del caso concreto provocando una convicción en el juez que va más allá de la mera aplicación mecánica de la norma jurídica.

Si el abogado falsea argumentos o traslada, sin discriminar, la información proporcionada por la inteligencia artificial induce al juez a un error en el juzgamiento que conspira contra el logro de la verdadera justicia y traiciona el depósito de confianza que se le ha efectuado por su representado.

De allí que este fallo disciplinario de la Corte Suprema constituye un hito que merece ser destacado para reforzar la formación ética de los futuros abogados, así como la necesidad de un entrenamiento adecuado en el uso de las herramientas que provee la inteligencia artificial.

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD

La pregunta que corresponde hacer es si es deseable endeudar (más) al Fisco. En particular, ¿es racional colocarle -como existe en la actualidad- un límite a ese endeudamiento? En principio se puede argumentar que una regla que autorice al gobierno a emprender sin límite todo proyecto socialmente rentable maximizaría el bienestar nacional. El problema evidente está en la enorme dificultad de medición de ese beneficio. Por el otro lado, tampoco parece deseable permitir que los gobiernos se endeuden sin restricción alguna, dado que los beneficios políticos derivados del mayor gasto presente los pagan las futuras generaciones.

En la actualidad hay un acuerdo prácticamente universal de que la disciplina fiscal es una condición necesaria para lograr una alta tasa de crecimiento del PIB. Y la historia económica de Chile pareciera avalarlo, independiente del nivel y de la tasa de crecimiento del gasto fiscal. En particular, hay dos episodios -uno en el siglo XIX (de un nivel de gasto fiscal relativamente parejo e inferior al 10 por ciento del PIB) y otro en los años 1990 (de un nivel de gasto alcanzando un 30 por ciento del PIB)- en que Chile tuvo importantes superávits fiscales coincidentes con altas tasas de crecimiento económico.

Pues bien, es más fácil tener disciplina fiscal en presencia de una regla fiscal bien diseñada, tal como lo es tener disciplina monetaria en presencia de una buena regla correspondiente. Chile tiene ambas reglas, pero la aplicación de aquella monetaria ha sido exitosa, en cambio la regla fiscal lo ha sido mucho menos. En efecto, desde la crisis de 2008-2009 que el país ha sufrido de saldos fiscales estructurales negativos.

La principal diferencia entre el éxito de la aplicación de la regla monetaria y el relativo fracaso de aquella de la regla fiscal está en la institucionalidad. El Banco Central de Chile es independiente y tiene carácter ejecutivo. Su autonomía le permite tomar las medidas de política monetaria que estima necesarias para cumplir con su objetivo estabilizador de precios. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en cambio, sólo puede contribuir al manejo responsable de la política fiscal con su opinión, que es importante y es escuchada, pero no tiene poder resolutivo. El desafío consiste entonces en modificar las atribuciones del CFA para inducir a los gobiernos a seguir, con mucha más fuerza que en el presente, las recomendaciones de dicho Consejo.

Por Rolf Lüders, economista

En ese contexto, no resultan casuales las alusiones a Diego Portales, Andrés Bello o Manuel Montt. Más allá de sus diferencias, todos ellos representaron una tradición política en la que el orden y la autoridad ocuparon un lugar prioritario, incluso a costa de restringir las libertades civiles y políticas. Aunque el gobierno actual no aspire a reproducir à la lettre aquellos modelos, sí parece compartir una premisa fundamental: el orden como condición de la libertad. “Sin orden no hay libertad”, repitió varias veces el Presidente. La frase no es menor. Mientras parte importante del liberalismo moderno ha concebido la libertad como límite al poder, aquí el énfasis parece invertirse: el orden aparece como condición de posibilidad de la libertad misma.

Pero no se trata solo del orden frente a la delincuencia. También parece promoverse una determinada concepción moral de la sociedad. Aunque el Presidente habla de fortalecer la familia en términos generales, no resulta claro si esto implica la consideración de diversos tipos de familia o solo de uno ellos: la familia matrimonial y heterosexual. Además, la familia no aparece solo como una realidad privada o afectiva, sino como el núcleo moral del país. La sociedad sería así virtuosa en la medida en que replique, en el espacio público, ciertos valores del ámbito doméstico.

Por supuesto, el proyecto de Kast no supone un rechazo explícito de la democracia ni de la economía de mercado, en los que la libertad se expresa. Pero sí parece existir un desplazamiento de énfasis: desde los derechos hacia los deberes, desde la autonomía individual hacia las comunidades de pertenencia y desde la neutralidad moral hacia la promoción de valores supuestamente compartidos. Quizás, más que “iliberal” —categoría que supone una impugnación abierta de las reglas democráticas—, el proyecto de Kast podría entenderse como una forma todavía tácita de posliberalismo: una derecha que, sin abandonar la democracia ni el mercado, parece dispuesta a relativizar el lugar central que el liberalismo y la libertad individual ocuparon durante las últimas décadas, sobre todo en los gobiernos de Sebastián Piñera, hoy olvidados por la centroderecha.

Por Valentina Verbal, Horizontal

Con motivo del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, me preguntaron: ¿cómo ha cambiado su percepción de la guerra en estos años?

Debo confesar que me quedé pensativa. Y pensar bajo condiciones de frío extremo dentro del hogar, sin electricidad y con el sonido de las sirenas -al que en pocos minutos se unen las explosiones- es, convengamos, una tarea difícil. Incluso para mí, alguien que se especializa en escapar hacia mundos imaginarios.

Escribo ciencia ficción y valoro este género, en particular, por la oportunidad de refugiarse en una realidad donde el bien siempre triunfa, o por la posibilidad de saborear una trama aún más compleja para luego cerrar las páginas y suspirar: “al menos lo mío no es así”. Me refiero a la narrativa postapocalíptica que tanto ama Hollywood; después de todo, ¿qué puede ser más interesante que observar la supervivencia de un héroe en un mundo roto?

Mucho más difícil es lidiar con la realidad de la que no se puede huir.

Recuerdo que en octubre de 2022 entrevisté al brillante autor Joe Hill. Toda su familia, y muy especialmente su padre, Stephen King, han apoyado firmemente a Ucrania en nuestra lucha. Ambos escritores son maestros del postapocalipsis.

Conversamos en octubre de 2022. En aquel período, los rusos comprendieron que estaban perdiendo en el campo de batalla y comenzaron a bombardear la infraestructura civil. Además de los ataques diarios, nos enfrentamos a fenómenos de los que antes solo habíamos leído en los libros. Los ucranianos supieron por primera vez lo que era un blackout: qué significa quedarse durante largas horas sin luz ni calefacción.

Le conté a Joe Hill que me distraía de las explosiones afuera de mi ventana leyendo su novela postapocalíptica, The Fireman (Fuego). El libro trata sobre una terrible epidemia que envuelve al mundo. Como en toda novela de este género que se precie, la enfermedad destruye la civilización: las ciudades quedan desiertas por el colapso de la infraestructura, los sobrevivientes se dividen en bandas agresivas y los pacíficos se esconden…

Pues bien, le dije a Joe Hill que leía su novela sentada con mi hijo de 6 años en una tienda de campaña que armé justo en medio de la sala (la tienda cumplía varios propósitos: distraer a mi hijo, conservar el calor y amortiguar el estruendo de las explosiones tras las paredes). Le confesé que su texto me consolaba e incluso me divertía. Esto último claramente lo desconcertó. Después de todo, es una novela de terror. Se supone que debe asustar o, al menos, servir de advertencia.

No llegué a explicarle que los horrores imaginarios no se comparan con los reales. Él estaba en la comodidad de su sillón; yo, al otro lado de la pantalla. Recalcar eso habría sido poner en una situación incómoda a un autor tan generoso y empático, quien concedía esa entrevista precisamente para apoyarnos. Así que me centré en el texto y le señalé algunas imprecisiones que había detectado.

—En su libro -le dije-, describe un campamento de civiles escondido en un bosque invernal. Tienen generadores, ¿pero no cree que el ruido y los gases de escape delatarían su ubicación? Los generadores rugen sin piedad.

Por la desconcertada reacción de Joe Hill, comprendí que jamás lo había pensado. A decir verdad, hasta antes de 2022, yo tampoco. Había escuchado generadores domésticos antes, pero es imposible imaginar el estruendo en el que se funden cuando deben suministrar electricidad a una ciudad entera.

—Además -añadí-, la falta de luz en las ciudades no es solo oscuridad; son las estrellas.

Al inicio de la invasión a gran escala, en Kyiv vivían 4.5 millones de personas. El resplandor de las farolas, las ventanas y la publicidad nos impedía ver el cielo nocturno. Pero con el blackout, el firmamento se volvió alto y vibrante, como la bóveda de una catedral. Recuerdo cómo, en los primeros meses de tinieblas, salía por la noche y miraba las estrellas sabiendo que toda Ucrania estaba sumida en la penumbra. Sabía que, en ese instante, todos los ucranianos contemplábamos los astros lejanos, agradeciendo en silencio a nuestros defensores, enviando aliento a quienes fueron forzados a dejar sus hogares y recordando a los que la guerra se llevó.

La guerra se ha vuelto parte de la cotidianidad, pero en lugar del miedo, ha llegado la rabia y el deseo de sobrevivirles, aunque sea por un día más. Nuestra indignación es “postapocalíptica”: está orientada a la supervivencia, no a la destrucción. Es lo que nos impide rendirnos; lo que nos impulsa a reparar, a reconstruir lo bombardeado, a ayudar al ejército, a pedir apoyo al mundo y, sobre todo, a vivir. ¡Vivir a pesar de todo!

Vivir rompiendo todas las expectativas. Plantar cara a un gigantesco Estado terrorista gritándole al enemigo, al mundo y a nuestra propia debilidad: “no les daremos el gusto”.

¿Saben lo que dicen los ucranianos sobre la Tercera Guerra Mundial, que hoy parece estar más cerca que nunca? Que es solo un sábado cualquiera en Zaporiyia. Si necesitan temple, nosotros se lo compartiremos, junto con la experiencia de cómo derribar drones iraníes Shahed. Pagamos un precio muy alto por este conocimiento. Nuestros cementerios están colmados de banderas que marcan las tumbas de combatientes y de entierros recientes de civiles asesinados por las bombas. En cada ciudad hay huellas de impactos de misiles.

¿Pero saben qué? Seguimos llenos de esperanza. Somos inquebrantables. Se lo hemos demostrado a nosotros mismos y al mundo entero. Recordaremos a todos los que nos apoyan. Y cuando llegue el verdadero postapocalipsis, sepan que los ucranianos los ayudaremos a sobrevivir. Esto último es, por supuesto, una broma de una escritora de ciencia ficción, pero como decimos en Ucrania: con las bromas es mejor no bromear.

Todos sabemos que el actual gobierno hizo campaña denunciando el sobregasto, despilfarro y la necesidad de ajustar las cuentas. La famosa cifra de US$6.000 millones a recortar puso “el grito en el cielo” de todos los sectores de izquierda. La minuta instalada, entonces y hoy, era que el candidato republicano iba a afectar “los derechos sociales adquiridos”. ¿Cómo va a recortar sin afectar los derechos sociales?, era la gran pregunta. A lo que el entonces candidato, José Antonio Kast, contestaba que no afectaría esos derechos y que “todo iba a estar bien”. La prensa exigía que se explicara de donde se iba a recortar. De hecho, ese fue el foco de la campaña. Todos los candidatos de derecha acordaban en la necesidad de recortar, la diferencia estaba en los montos y las posibilidades de hacerlo. La candidata de la derecha tradicional, muy política, era timorata y hablaba de recortes más conservadores para no perder popularidad, lo que fue todo lo contrario. Los libertarios, por su parte, anunciaban cifras mucho más abultadas, ya que buscaban nivelar las cuentas del país lo más rápido posible.

Tras el triunfo de Kast, con las auditorias se comenzó a tener real información de la situación de las finanzas públicas con lo que se pudo constatar que la realidad era peor de lo esperado. Malos cálculos, despilfarro, generosidad con lo ajeno más allá de toda responsabilidad. Fueron inmoralmente irresponsables y dejaron, no sólo la caja fiscal vacía a diciembre por “mucha fiesta”, sino que excesivos compromisos a pagar amarrados por ley imposibles de recortar. Para 2026, habiendo recortado lo recortable, para cumplir con lo comprometido no quedaba más que pedir deuda. Los libertarios primero se opusieron a la idea y tras revisar las planillas y, entendiendo de matemáticas, tuvieron que reconocer que no había otra opción. La idea es salvar y poder pagar este año lo comprometido. Evidentemente calcular bien el 2027 y hacer los ajustes en el presupuesto para no obligar por ley a pagar lo que no se tiene. Ir ajustando ya que la meta es al fin del gobierno, habiéndose aprobado la mega reforma crecer al 4% y enmendar el rumbo.

Lo curioso es la reacción de la izquierda que hoy se preocupa por el endeudamiento y llama a escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, lo que parece un chiste. Ellos que hablaban siempre de que había más holgura para deuda con tal de repartir prebendas a “los clientes” a cambio de “votos”. De hecho, en 2007 la deuda pública de Chile era de apenas un 3,9% del PIB y se consolidaron los ahorros fiscales. El punto de inflexión vino en 2015 año en que la deuda escaló al 17,4% del PIB. Entre 2020 y 2023 se aceleró el nivel de la deuda a causa de la pandemia y las emergencias sociales alcanzando un 39% del PIB. El gobierno de Boric sin pandemia, ni terremoto, se gastaron los ahorros y entregó la deuda en 41,5% para fines de 2025. Esto sin considerar la deuda de las empresas públicas y haciendo los maquillajes para llegar a ese número. La deuda es mayor.

La izquierda siempre pidió más gasto, nunca tuvo pudor a endeudarse. Hoy están preocupados por la deuda. En política la falta de coherencia es total. Lo claro es que la honestidad contrasta con el cinismo. Kast tenía razón había que recortar US$6.000 millones, el problema es que la hoy oposición, antes gobierno, amarró ese gasto por ley. La opción sería que el Estado no pagara sus compromisos. Eso no se puede, no cuando se es responsable. Hacer lo que no se quiere y que es contrario al ser mismo de la derecha, demuestra el sentido de responsabilidad y de honestidad. Es la constatación del sentido de realidad.Algo que la izquierda no entiende ya que asume que “los recursos son infinitos y que donde hay una necesidad, nace un derecho”. No, “los recursos son finitos y las necesidades infinitas y siempre hay que elegir”. Esa es la realidad. Hoy, Chile responsablemente debe endeudarse para cumplir con las obligaciones adquiridas. Para 2027 hay que apretarse el cinturón con todo, ya que la meta es clara y distinta, sacar a Chile y a los chilenos del barro creado por la irresponsabilidad y falta de sentido de la realidad.

Por Magdalena Merbilháa, historiadora y periodista.

La filosofía tiene como base la duda al reconocer la ignorancia como punto de partida, y la duda ha sido, a su vez, tema de la filosofía desde San Agustín a Descartes (perdonen los eruditos a esta abogada la omisión de otros genios). El reconocimiento de la ignorancia es la primera y principal sabiduría no solo de la filosofía, sino de todo quehacer intelectual.

En este proceso, cuando al fin se llega a la convicción gracias a la evidencia que se busca desde la duda, el camino no ha terminado porque la convicción nunca será irrefutable. Otros en ese mismo ejercicio pueden haber encontrado fundamentos, elaborado análisis y llegado a conclusiones diferentes. Y es en esa divergencia donde nace el diálogo necesario para los acuerdos; espacio en el cual debieran ganar quienes saben del arte de la persuasión.

Así, de la duda nace la evidencia; de la evidencia nace la convicción; y de la convicción nace la persuasión.

Reflexiono esto al pensar en las políticas públicas por las cuales nuestros legisladores —Congreso y Ejecutivo— determinan la vida de miles de personas y cómo, cuando no se ha querido asumir a tiempo la evidencia de quienes se dedican rigurosamente a levantarla, se ha llegado tarde, o peor aún, no se ha llegado.

¿Por qué no fuimos capaces de persuadir a tiempo con la evidencia de sala cuna? ¿Cuántas mujeres estarían ahora con empleo, cuántas familias no estarían ahogadas en la angustia de la cesantía, y cuántos niños no hubiesen nacido en la pobreza? ¿Cuántas madres han caído en el microtráfico de drogas por falta de oportunidades de trabajo y terminarán en la cárcel siendo sus hijas o hijos pequeños?

A pesar de haber demostrado que aprobar este proyecto crearía entre 15 mil a 150 mil empleos y que el PIB podría aumentar entre 0,1% a 0,8%, aportando al tan anhelado crecimiento económico, ¿qué hicimos mal? ¿O es que cuando de política se trata, la convicción sustentada en evidencia da igual?

Ante estas dudas, recurro a la esperanza que me volvió al alma el lunes en Valparaíso en la Cuenta Pública de un acto republicano impecable al cantar de pie en el Congreso el Himno Nacional; al escuchar el compromiso del Presidente José Antonio Kast de aprobar sala cuna; y al leer la precisión posterior del ministro del Trabajo, Tomás Rau, de tramitarla con la urgencia que el desempleo femenino amerita.

Pero especialmente recuperé la esperanza por las mujeres de organizaciones sociales, de gremios y de partidos políticos de diferentes sectores movilizadas por sala cuna. Pacíficamente, como ha sido nuestra histórica costumbre.

Esta vez, hay mucho más que duda, evidencia y convicción.

*La autora de la columna es presidenta ejecutiva de ChileMujeres

Durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet se aprobó la “Ley de Inclusión”. Con ella, se puso fin al financiamiento compartido, se prohibió el lucro y se reemplazó el sistema de admisión escolar vigente -radicado en los colegios-, por un mecanismo centralizado de asignación de vacantes -dependiente del Estado-. Se argumentó que la reforma era necesaria para reducir la segregación y mejorar el acceso a una educación de calidad. Una década después, los datos nos muestran que esto no ocurrió.

Tanto es así, que durante el 2025 se conformó una mesa técnica para estudiar y sugerir modificaciones al sistema de admisión escolar -propuesta por el gobierno del mismo sector que lo promovió-. En su informe, señala que “la evidencia generada hasta ahora indica que el SAE no ha tenido un impacto significativo en la reducción de la segregación socioeconómica del sistema escolar”. Por otra parte, un estudio de Acción Educar sobre los resultados del proceso de admisión escolar 2026 revela que sólo la mitad de los postulantes quedó en su primera preferencia (51,3%) y un 7% no quedó en ninguna de sus opciones.

La verdad sea dicha, reemplazar la elección de los colegios y las familias por un sistema centralizado y aleatorio nunca fue una buena idea. La ambición ideológica pesó más que las necesidades reales del sistema. Lamentablemente, el costo de estas decisiones no lo pagan quienes legislan, sino los estudiantes y sus familias.

La eliminación del mérito académico como un criterio de selección sólo perjudica a quienes, con esfuerzo y dedicación, hacen de él una oportunidad de progreso. Además, al ser excesivamente centralizado y rígido, el SAE no considera la posibilidad de atender situaciones excepcionales. Tampoco existen mecanismos que aseguren una adhesión efectiva al proyecto educativo. Así las cosas, el sistema ha debido enfrentar reformas que ha resistido con resiliencia, sin embargo, esto no es infinito.

Modificar el sistema de admisión escolar es una oportunidad para corregir el rumbo. Para ello, cualquier propuesta debiese -al menos-, ser al margen del SAE y voluntaria para que aquellos colegios que lo deseen puedan realizar otro proceso de admisión. También tendría que considerar la selección por mérito académico y resguardar la diversidad de proyectos educativos al permitirles que este factor sea considerado realmente dentro del proceso de admisión. Por otra parte, introducir modificaciones al SAE propiamente tal es fundamental. Los colegios que decidan usarlo también debiesen poder ponderar el mérito como un criterio de selección y el territorio en que se encuentra el estudiante.

Cuidar y promover una educación de calidad requiere proteger la diversidad de proyectos educativos, devolver la autonomía perdida a los establecimientos educacionales y permitir que las familias puedan ejercer con libertad el derecho a elegir la educación de sus hijos.

Por Constanza Lara, Directora Legal de Acción Educar

La trampa de la emergencia vs. la paciencia

El gobierno enfrenta una trampa retórica de su propia construcción: si todo es una emergencia, no se puede pedir paciencia. El Presidente declaró una “guerra total al crimen organizado”, pero al mismo tiempo proyectó un Plan de Infraestructura Penitenciaria hasta 2030. ¿Cómo se explica a una ciudadanía que vive con miedo que la solución estructural a las cárceles —donde hoy los jefes criminales operan “como si los muros no existieran”— tardará cinco años más en materializarse? La urgencia del discurso choca con la burocracia de los plazos estatales.

Las grandes cifras y la mesa chica

Un punto central del discurso fue el ordenamiento fiscal. Es cierto que un déficit estructural de 3,7% del PIB es un problema serio. Sin embargo, el ordenamiento es un instrumento, no un proyecto de sociedad. Mientras el gobierno celebra que mayo fue el mes con mayor inversión aprobada en 11 años —13.900 millones de dólares—, la realidad en la mesa de los chilenos es distinta.

El propio Presidente admitió que el desempleo lleva 40 meses sobre el 8% y que el desempleo femenino joven supera el 25%. Ante esta “angustia de noches sin dormir”, la respuesta del Estado es un bono de $30.000 por niño. Esta brecha entre las grandes cifras de inversión y el alivio marginal a las familias refuerza la idea de que el crecimiento, aunque necesario, es insuficiente para sanar una desigualdad estructural que el “chorreo” no logra resolver.

Gestión como síntoma: el caso de la Salud

La lógica del Plan Oncológico es valorable por su método de metas y seguimiento. Pero aquí reside otro límite: el Presidente celebró haber contactado al 99% de los pacientes en lista de espera, pero eso no es lo mismo que tratarlos. Con 3 millones de prestaciones pendientes en el sistema, la eficacia que el gobierno busca imprimir se topa con su propia gestión del aparato público. El discurso critica la burocracia, pero al asumir encontró 184 vacantes en cargos críticos de salud que debían ser provistos por Alta Dirección Pública. Reducir el Estado o fusionar ministerios no garantiza soluciones si la capacidad de ejecución básica está descabezada.

¿Orden para la libertad o control social?

Finalmente, el Presidente afirmó que “sin orden, no hay libertad”. Bajo esta premisa, presentó el Registro de Vándalos e Incivilidades, que castiga conductas —incluso no constitutivas de delito— con la pérdida de beneficios como la gratuidad en educación o la Pensión Garantizada Universal. Aquí la brújula parece girar hacia el control social: ¿es persuasivo proteger la libertad quitando derechos sociales básicos a quienes ya viven en la “emergencia” que el gobierno describe? En un contexto donde la violencia ganó terreno en las escuelas, la respuesta privilegia la sanción por sobre la prevención.

El gobierno de Kast tiene un olfato fino para el hartazgo ciudadano frente a la inseguridad y la ineficiencia. Pero el ordenamiento fiscal y el copamiento policial son solo puntos de partida.

La pregunta que esta cuenta pública dejó flotando en el Salón de Honor es la más punzante de todas: ¿Para construir qué? Sin un proyecto de sociedad que vaya más allá de administrar la crisis, Chile corre el riesgo de quedar atrapado en una emergencia perpetua, ordenando las cuentas de una casa que sigue sintiéndose vacía.

Por Nerea C. Palma, Departamento de Política y Gobierno UAH