Los convencionales de la instancia que está diseñando la transición constitucional se están viendo enfrentados a un dilema propio de cualquier cambio de este tipo: muchos de los derechos y artículos del borrador necesitan de una ley para que tengan una aplicación práctica. Esto requerirá sí o sí de la voluntad del Congreso para dictar esa nueva legislación. Si eso no pasa, los preceptos serán texto en blanco. Por lo mismo, los constituyentes están analizando las opciones para achicar al máximo esta opción y amarrar lo que más puedan al Poder Legislativo.

Cinco de las 12 iniciativas presentadas por los constituyentes de la comisión fueron visadas en la instancia. Ahora se abre un espacio para ingresar indicaciones y luego estos textos pasarán a votación en particular. Si finalmente el pleno entrega los 2/3 podrían finalmente ser incorporadas como parte de la introducción del borrador de nueva Constitución.

La Convención acaba de tener uno de sus últimos hitos. Luego de diez meses, entregó su primer texto, el cual llegó a las 499 normas permanentes y 49.637 palabras. Pese a que aún faltan las disposiciones transitorias y el paso por la comisión de Armonización, la propuesta ha sido calificada por algunos expertos como una Carta Magna excesivamente extensa. ¿Cuáles son los efectos de esto y cómo es la realidad en otros países?

Los temas que impliquen cambios “sustanciales” en ciertas materias específicas necesitarán de un referéndum o ser aprobados por 2/3 del Poder Legislativo. La Convención, además, desechó las normas sobre igualdad de partidos políticos con independientes y la que reponía la insistencia de los diputados por sobre los representantes regionales.

En su última oportunidad para agregar normas al borrador, los convencionales aprobaron nuevos derechos y normas que quedarán consignadas en la propuesta que deberán presentar a la ciudadanía el próximo 5 de julio. Así el pleno visó -entre otros- el derecho al trabajo decente, a la memoria, a la alimentación, la libertad de enseñanza y la desmilitarización de las policías. También se conformaron las nuevas comisiones que, desde la próxima semana, se encargarán de afinar los últimos detalles del texto.

El pleno entregó los votos necesarios para que el modelo de salud siga siendo mixto. Las cotizaciones de los trabajadores solo podrán ser destinadas para "aportar solidariamente al financiamiento" de este sistema y la ley "determinará el órgano público encargado de la administración" de estos fondos. Además los constituyentes visaron los artículos que complementan el derecho a la educación. Pasaron al borrador de nueva Constitución los incisos que plantean que existirá un Sistema Nacional de Educación Pública "de carácter laico y gratuito" y que deberá ser financiado de forma permanente "a través de aportes basales".

El articulo que regulará a Carabineros y la PDI además estipula que los integrantes de ambas organizaciones no podrán "asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular”. Los convencionales además terminaron de votar los estados de excepción constitucional y eliminar el actual Estado de Emergencia.

Los convencionales descartaron el artículo que buscaba implementar un órgano encargado de "proteger y promover el derecho a la comunicación social, la libertad de prensa, el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información". Tras ser cuestionado desde el gremio de las comunicaciones y distintos constituyentes, la instancia plenaria decidió no dar los votos para alcanzar los 2/3 y desechar por completo la propuesta por considerarla una "amenaza para la libertad de expresión".

El artículo aprobado por el pleno generó una controversia. El texto visado dice que “el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”. Esto marca una diferencia con la regulación actual, que estipula que el expropiado siempre tendrá “derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado”. Los detractores dicen que la propuesta es vaga, ambigua y genera desconfianza. En la vereda contraria plantean que la jurisprudencia civil es clara: el justo precio corresponde al valor de mercado de un bien.

Este jueves el plenario votará un nuevo informe de la Comisión de Sistemas de Conocimientos. La propuesta incluye la creación de esta nueva institución que tendría por objetivo “proteger y promover el derecho a la comunicación social, la libertad de prensa, el pluralismo en los medios de comunicación y la libertad de información”. Sin embargo la idea ha despertado críticas entre convencionales y expertos, quienes adelantan que este consejo podría atentar contra la libertad editorial y la autonomía de los medios de comunicación para escoger los contenidos que quieren transmitir.

Los convencionales votaron el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia y no dieron los votos para que ambas instituciones dejaran de ser gobernadas por una autoridad unipersonal: el fiscal nacional o el defensor nacional respectivamente. A su vez, aprobaron las normas que crean la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, la Agencia Nacional del Agua y la indicación presentada por la derecha que le entrega autonomía y reconocimiento constitucional a la Defensoría de la Niñez.

La comisión de Sistema Político despachó al pleno un artículo que equipara a ambos grupos. El texto es similar al actual artículo 18 de la Constitución. Especialistas en derecho electoral plantean que si se logran los 2/3 en el plenario, se estará "socavando" el actual sistema y se estaría reafirmando el mismo patrón de la Cata Magna de 1980 que quiso disminuir a las colectividades políticas y regularlas desde la "sospecha". El asunto abrió un debate entre quienes apoyan la propuesta.

Los convencionales aprobaron el inciso primero del artículo 10, referente a la "recepción e integración del derecho internacional de los Derechos Humanos". En cambio, dentro de las normas rechazadas se encontraba el principio de plurinacionalidad, concepto que marcó el periodo de deliberación del primer informe votado y que finalmente fue rechazado.

En su recta final, esta semana el trabajo del órgano estuvo marcado por diferentes jornadas plenarias relacionadas con informes emanados de la comisión de Derechos Fundamentales, Principios Constitucionales y Sistemas de Conocimiento. Además, ingresaron al borrador de nueva Constitución artículos vinculados con derechos de autor, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas e iniciativas populares de ley.

Tras no alcanzar el quórum necesario luego de la votación del informe de segunda propuesta, el artículo que permitía a la ciudadanía revocar de su cargo al Presidente de la República, al gobernador regional y alcaldes fue desechado del debate constitucional. No obstante, la instancia plenaria aprobó por amplia mayoría el derecho de los ciudadanos a escribir y presentar iniciativas de ley al Congreso.