El entre contralor responde así a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara sobre la posibilidad de invalidar o revocar el ortorgamiento de dichos beneficios.
25 ene 2024 05:31 PM
El entre contralor responde así a un oficio enviado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara sobre la posibilidad de invalidar o revocar el ortorgamiento de dichos beneficios.
El subsecretario del Interior aseguró que "ni en la ley, ni en la glosa 12, ni en el reglamento se estableció que tenían (que presentar) antecedentes médicos”, sino que “habla de afectación”. Sin embargo, una resolución exenta firmada por quien lo antecedió en el cargo en el gobierno anterior, Juan Francisco Galli, plantea lo contrario. El documento fue citado por el mismo Monsalve en una presentación.
A través de un comunicado, desde el Instituto Nacional de Derechos Humano descartaron tener algún tipo de participación en la entrega del beneficio, señalando que la institución "nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran”.
La ministra del Interior aseguró que "respecto al procedimiento hacia atrás, el Ejecutivo comparte que era una falencia de este proceso que no estuviera a la vista los antecedentes penales, pero no fue una decisión nuestra que así fuera".
La comisión especial investigadora indagó el procedimiento y criterios para el otorgamiento de dichos beneficios a víctimas del estallido social.
Los parlamentarios advirtieron que “la remoción de los consejeros del INDH es un procedimiento que se inicia en la Cámara de Diputados y que si logra sortear dicha instancia, es finalmente la Corte Suprema la que termina resolviendo”.
Si bien un informe de Contraloría señala que son 58 los beneficiarios con condenas previas, el subsecretario del Interior planteó que se trataría de 69. Respecto a los 10 casos de beneficiados que no presentaron antecedentes médicos, aseguró que “la glosa 12 de la Ley de Presupuestos no establece diagnósticos médicos, habla de afectación”.
El diputado y presidente de Convergencia Social arremetió el miércoles en contra de la senadora y timonel de Demócratas, Ximena Rincón. Esta no es la primera vez que el parlamentario protagoniza momentos polémicos en la esfera política, antes ya había enfrentado un cruce con el senador socialista Fidel Espinoza y con el PPD, e incluso debió enfrentar una querella por calumnias.
Los parlamentarios sostuvieron que "la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho” y "se tienen que poner cargos a disposición".
Un amplio espectro de diputados, desde Pamela Jiles a Joannes Kaiser y desde Demócratas a Republicanos, exige que las cotizaciones adicionales vayan a cuentas de cada trabajador.
La alcaldesa de Santiago sostuvo que "el criterio que debiera seguir el oficialismo, tiene que ver con poner en el centro, que avancen los proyectos que son de cambio" y para eso están "las candidaturas más competitivas, con más trabajo con la comunidad".
El informe realizado por Contraloría señala que “58, de las 419 personas beneficiadas con una pensión, tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos".
Un informe del ente contralor concluyó que 58 de las 419 personas beneficiadas tienen condenas por delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio, entre otros.
El ministro de Justicia en cuanto a las disculpas públicas que Demócratas solicitó del diputado a la senadora señaló que “es razonable y conveniente en este tipo de situaciones que cada uno actúe con la responsabilidad institucional y por lo tanto que quien profirió esas expresiones probablemente sea el que deba realizar esa reflexión”.
La ministra del Interior defendió la determinación del Ejecutivo y desdramatizó la molestia del PC, señalando que "es parte del derecho que tiene un parlamentario si tiene objeciones (...) así funciona la democracia, no es un ejército".