Durante toda esta semana, parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara Baja han realizado gestiones para que el gobierno modifique la indicación al proyecto de reforma escolar, donde se establece la forma en que se deben fijar las remuneraciones de los sostenedores, por las labores administrativas en un colegio.

Las críticas desde la Nueva Mayoría apuntan a que no queda claro el límite para establecer tales sueldos. "Lo que tiene que garantizarse es que estén fijados por contrato de trabajo a jornada completa. Que haya una remuneración, pero que tenga un límite", afirmó la diputada del PC, Camila Vallejo.

Sin embargo, desde los sostenedores la opinión es completamente contraria. Hernán Herrera, presidente de Conacep -que agrupa a sostenedores particulares subvencionados-, afirmó que "no debiese existir un límite máximo". Y criticó que trabajen en realizar esta definición "asesores que no son funcionarios públicos y que ganan seis millones de pesos".

Herrera planteó que "debiera fijarse la retribución a los sostenedores por su gestión, considerando la matrícula". Y dijo que "se debe establecer un mínimo para los colegios con pocos alumnos".

En tanto, el presidente de la Comisión de Educación, Mario Venegas (DC), señaló que la indicación "es ambigua" y agregó que "todos estamos de acuerdo en que tenemos que ser lo más claro y preciso para evitar que pueda lucrarse por esa vía".

El diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, indicó que los parlamentarios de la comisión "propondremos una redacción distinta a ese punto, para evitar el abuso en sueldos y esperamos que el gobierno lo patrocine". Y subrayó que esto implica "poner un parámetro mucho más claro para remunerar gestión educativa e instrumentos para que la Superintendencia de Educación pueda regular, fiscalizar y sancionar".

Los cambios

Según explicó el abogado del programa legislativo de Libertad y Desarrollo, Jorge Avilés, el principal cambio en esta materia que tienen las indicaciones del gobierno, respecto del proyecto original, es que "se limita el pago de remuneraciones al personal que cumpla funciones directivas o de administración superior de la entidad sostenedora, solo a personas naturales". Y también se modifica la forma de determinar el límite de las remuneraciones de las personas que cumplen esas funciones.

En el proyecto original, el límite era fijado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), "de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del numeral 6 del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En las indicaciones, es la Superintendencia de Educación quien fiscalizará, tomando en consideración el tamaño y complejidad de los establecimientos educacionales, y a las remuneraciones que normalmente se paguen en contratos de similar naturaleza", explicó Avilés.

Sin embargo, y pese a los cambios propuestos en las indicaciones, no se fijan topes claros, dijo la diputada Cristina Girardi (PPD). "Tienen que tener un límite y proporcionalidad en relación a la subvención. Nosotros le pedimos al gobierno que perfecccionara la propuesta actual, pero es complejo de resolver", puntualizó la parlamentaria.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi (PS), dijo que "me parece razonable que se remunere la labor de administración superior, pero debe precisarse mejor el monto y restringir a una persona por establecimiento".

Sobre este último aspecto también hay críticas desde Conacep, pues consideran que no es posible limitar a una sola persona las labores administrativas, sobre todo en colegios grandes. "Esto demuestra el desconocimiento de la realidad por parte del Mineduc", afirmó Herrera.