Cae la tarde en Iquique y una pareja de carabineros está instalada en una esquina del centro, en la parte conocida como el barrio de los colombianos. Uno de ellos afirma que están ahí como parte de un plan de patrullaje específico para combatir la delincuencia en la zona . Cuando finalmente oscurece, el barrio se transforma, cuentan los carabineros.

"Caminar por la calle aquí resulta en un asalto casi seguro", dice uno de los policías, sin calibrar demasiado la carga que pueden tener sus palabras. "Se ha complicado mucho este barrio, por eso nos mandan a reforzar. A nosotros nos cuesta controlarlo, porque es la PDI la que lleva el control migratorio. En cualquier detención de un extranjero nos demoramos el doble, porque tenemos que llevarlos a la PDI para que determinen su status en el país. No podemos controlarlos en el lugar mismo".

El fotógrafo aprovecha de hacer fotos mientras los carabineros hablan. Los colombianos se ven incómodos, nerviosos, ante los clicks de la cámara. Muchos entraron como turistas al país, pero no han regularizado su situación. Eso hace que estén ilegales y que una mujer y un hombre terminen preguntando enojados por qué las fotos. Los carabineros les dicen que sigan transitando.

El barrio colombiano en Iquique se encuentra en pleno centro, a unas 10 cuadras de la playa Cavancha. Es un conjunto de varias cuadras, desarrollado especialmente en las calles Arturo Martínez y Tarapacá, donde los colombianos tienen comercios, formales e informales. Las antiguas casas del sector se fueron adaptando y subdividiendo a la creciente demanda por habitaciones. Es común que familias enteras vivan en una pieza o que varios desconocidos se junten para arrendar una habitación. Los precios en Iquique son altos, con piezas que rondan los 150 mil pesos. Y la idea del inmigrante colombiano es ahorrar lo más posible para enviar dinero a sus familiares que quedaron atrás, principalmente en las dos ciudades desde donde llegan la mayor cantidad: Cali y Buenaventura, ambas en el Valle del Cauca, al sur de Colombia.

Para bien o para mal, los colombianos le han ido cambiando la cara a la ciudad. En el comercio ambulante es conocida la actividad de bandas que operan como prestamistas. Frente a la plaza Condell, en pleno centro, uno de los muchos comerciantes ambulantes que operan ahí confiesa haber recibido uno de esos préstamos. Cuenta que si se es buen pagador, lo que los colombianos hacen es un servicio, casi un favor. "Si estamos cortos tenemos que ir a rogar para que nos presten plata ahí", dice apuntando a una casa comercial. "Con ellos es todo mucho más fácil".

El método es simple y es conocido como el "gota a gota". Por lo general, los comerciantes reciben 100 mil pesos de préstamo. Luego, los colombianos pasan cobrando todos los días, por 12 días seguidos, 10 mil pesos: 120 mil pesos en total. Un 20% de interés. El tabú entre los comerciantes es lo que ocurre con el que no paga. "Hay historias de golpizas, de amenazas", cuenta uno de ellos. "No pagarles puede costar muy caro".

En buena parte de Iquique está instalada una mala sensación en cuanto a las bandas de colombianos que operan en el centro. Dicen que existen sicarios motorizados. Qué la relación entre traficantes y prostitutas es clara. Que cuando los acreedores no pagan a sus prestamistas se pueden llevar golpes, tortura y hasta la muerte. El ciudadano iquiqueño cuenta estas historias con cierto temor, sin revelar su identidad. El temor a represalias es evidente.

Cifras entregadas por la PDI de Tarapacá dan un indicio. Mientras en 2012 hubo 264 denuncias a ciudadanos colombianos, el 2013 el número se duplicó a 515, bastante si se toma de referencia las 537 denuncias hechas en 2013 a ciudadanos bolivianos, los que prácticamente triplican en población a los colombianos de Iquique. La detención de ilegales por Arica también se duplicó. Mientras los cuatro primeros meses del 2012 llegaba a 49 casos, este año se han detenido a 91 extranjeros. El 59% de ellos, colombianos.

Para el gobernador provincial de Iquique, Gonzalo Prieto, está sensación de miedo en la ciudad no tiene una base fundada. "Tenemos un grave problema de picmentocracia. Aquí hay más ciudadanos bolivianos y peruanos, pero las estigmatizaciones tienden a caer sobre los colombianos. Y ni siquiera el 1% de los que han llegado han cometido algún delito. Hay una xenofobia terrible".

El fiscal regional, Mauricio Guerra, admite que, aunque estas historias llegan a sus oídos y de que existe una evidente tensión entre la población local y la colombiana, nada de eso se refleja en las cifras de su fiscalía. "Por lejos el mayor número de delitos lo comete la población chilena", dice sentado en su oficina con vista al mar. "Estamos en una región con una alta tasa de condenados, con 45,5 de prisiones preventivas por fiscal en el primer trimestre de este año, siendo que el promedio nacional es de 7,7. Y el impacto de la población colombiana es marginal en esto, aunque no se puede negar la percepción de la población de una colombianización: son otra cultura, son otro color y lo que hagan los hace más visibles. Por otro lado, el ingreso ilegal que ha ido subiendo en los últimos años, y que las policías informan al Ministerio del Interior, no es denunciado por el mismo ministerio, por lo tanto no se judicializa. Eso nos complica, porque nos es más difícil llevar un control de quienes entran ilegales".

Según el fiscal Guerra, los ingresos por pasos no habilitados, especialmente por Chacalluta en el límite con Perú y por Colchane en el límite con Bolivia, sumado a los colombianos que entran con visa de turista por 90 días y que luego se quedan como ilegales, hace difícil de determinar el número de colombianos viviendo en el norte. "Por eso ni siquiera sabemos cuántos colombianos viven en Iquique, aunque creemos que pueden rondar los siete mil". En la gobernación, aunque no tienen una cifra exacta de residentes debido al ingreso irregular al país (sólo el año pasado tramitaron 114 visas), creen que ese número puede ajustarse a la realidad. Una cifra que, aunque inferior a la de los inmigrantes bolivianos y peruanos, se hace notar en una ciudad de poco más de 180 mil habitantes.

El diputado UDI por Iquique, Enzo Trisotti, aunque está casado con una colombiana, cree que las personas que viven en el centro de la ciudad tienen razón: "Hay un problema cultural, de convivencia, que hay que mejorar. Como muchas de estas personas han cometido delitos empieza a haber una estigmatización que se hace difícil de revertir. El sentimiento anticolombiano está y afecta a las personas que llegaron a Chile a trabajar honestamente".

Uno de ellos es Harold Riasco (34) quien instaló la peluquería Carlos en la esquina de Thompson con Barros Arana, pleno centro de Iquique. La clientela de Riasco es colombiana, pero también chilena, atraída por los cortes reggaetoneros, con dibujos incluidos que hace el peluquero. Riasco es de los pocos colombianos que no tiene miedo en dar su nombre. Ya está establecido con una visa temporal y es dueño de su propio negocio, aunque confiesa que no lo ha pasado bien en Chile. "Aquí la discriminación es muy fuerte", dice mientras le corta el pelo a un compatriota suyo. "Te tratan de negro y te dicen que te devuelvas. Creen que todos somos traficantes o prostitutas y la mayoría de nosotros viene a trabajar".

El colombiano que está siendo atendido por Riasco interrumpe. Dice que entró a Chile como turista y que se quedó a trabajar. Y que por eso mismo se han aprovechado de él: "Trabajé de vigilante, acordé un sueldo y me lo bajaron a la mitad cuando ya había trabajado dos meses. Dije que me iba, que me pagaran los meses que había trabajado y me pusieron 170 mil pesos sobre la mesa, mucho menos de lo que me correspondía. No sabes las ganas que tuve de golpearlo, hermano, pero tenía necesidades, mandar dinero a mis hijas en Colombia. Era eso o quedarme sin nada".

Riasco vuelve a tomar la palabra y dice que a los colombianos no se les está arrendando lugares para vivir. Y que si se los arriendan, les controlan la hora en que llegan en la noche, además de sus actividades durante el día. "Nos tratan como delincuentes". El hombre que se corta el pelo dice que él pudo arrendar solo porque su novia "es boliviana, pero parece chilena".

Una señora, con tintura en el pelo, escucha atentamente hasta que decide entrar en la conversación. La mujer es iquiqueña, y les dice a los colombianos que en la ciudad "ustedes arriendan una pieza y después meten a 10 personas más. Por eso también hay bronca". Se arma una pequeña discusión entre la mujer y los colombianos, la que termina cuando los extranjeros admiten que tienen compatriotas que andan "en malos pasos". La mujer concede abiertamente que hace un par de años no se hubiera peinado en una peluquería de negros. "Ahora traigo hasta a mis hijos".

La paz vuelve a la peluquería Carlos.

La terminal internacional de buses Manuel A. Odria de Tacna es la antesala del ingreso de ciudadanos colombianos a Chile. En la terminal se han instalando bandas de "jaladores", peruanos que han transformado el cruzar colombianos por la frontera en un negocio. Los controles en Chile se han puesto cada vez más rigurosos, lo que ha hecho que los colombianos acepten caminos alternativos para cruzar la frontera. Esto implica entregar entre 100 y 200 dólares a los jaladores para que los crucen a Chile. "El problema es que muchas veces son estafados por estas bandas y se quedan sin dinero", cuenta Analí Briceño, abogada de la ONG Servicio Jesuita a Migrantes, especializado en prestar ayuda a inmigrantes en situación precaria. "Y sin dinero, estas personas son mucho más vulnerables a caer en bandas de trata de blancas o a cruzar por pasos no habilitados".

Ese fue el caso de Anderson Cruz, un colombiano de 21 años, que cruzó hacia Chile por una parte del desierto en la que existe un campo minado, herencia del conflicto con Perú de fines de los 70. Cuando ya estaba en territorio chileno, Cruz pisó una mina antipersonal y perdió un pie. Oficiales de la PDI lo rescataron y fue enviado a Santiago. "Como no tenía un RUT temporal se demoraron dos semanas en operarlo en el hospital", cuenta José Tomás Vicuña SJ, director de la ONG Ciudadano Global. "No nos quedó otra opción que presionar para que le dieran un RUT. Lo preocupante es que eso mismo le puede ocurrir a cualquier colombiano que tenga problemas de salud y no tenga papeles en regla".

En la terminal, un grupo de tres colombianos espera abordar un taxi que los lleve al paso fronterizo. Todos son afro y están nerviosos. Dos de ellos ya fueron devueltos por los oficiales de migración de la PDI. Uno cuenta que iba con un boliviano que se puso a tartamudear. "Lo entraron a la capacha y lo devolvieron todo machucado". Otro de los colombianos dice tener a su esposa en Santiago y que aún así se le negó el ingreso. "Ya cada vez nos piden más cosas. Cartas de invitación, contratos de trabajo, bolsa de viaje de dos mil dólares. Falta que nos pidan examen de orina".

La abogada Briceño dice que en Chile las puertas prácticamente se cerraron para los inmigrantes colombianos. "Hace un año y medio el 30% de los colombianos que solicitaban entrar como turistas a Chile eran rechazados. Ahora casi nadie está pasando. Un 70% de los que piden entrar son rechazados".

A esto se suman denuncias que ha recibido su ONG de ciudadanos colombianos que ni siquiera han alcanzado a presentar su pasaporte en la ventanilla del oficial de inmigración chileno en el paso de Chacalluta y que han sido devueltos a Perú. También de ciudadanos colombianos que han solicitado refugio en la frontera por venir de las "zonas rojas", correspondientes a las áreas de guerrillas urbanas en Cali y Buenaventura, a los que se les ha negado su status de refugiado. Según cifras de extranjería de los últimos años, nueve de cada 10 personas que solicitan refugio para entrar a Chile son colombianas. Muchos de ellos con historias de violencia en su país, con algún familiar asesinado o víctimas de amenazas de muerte. "Pero Chile no está respetando tratados internacionales que tiene firmados en cuanto al ingreso de refugiados y está poniendo por delante la ley de extranjería, que da discrecionalidad a los funcionarios de migración a la hora de decidir quién entra o no. Hemos tenido casos muy graves, como una persona a la que le dijeron que tenía que ir a pedir refugio a un país de negros, porque él era negro y que si seguía insistiendo le iban a meter droga en su equipaje. Esa persona finalmente ingresó por un paso no habilitado".

Desde Arica, José Tomás Vicuña SJ, director de Aldea Global, una ONG que orienta a los migrantes que pasan por esa ciudad, dice que: "Preocupa que la frontera se les esté cerrando a los colombianos. Para ellos instalarse en Chile no es sólo un asunto económico, si no que también de seguridad. Vienen de una cultura de guerra y es necesario darles acogida".

En el cuartel de la PDI en Arica niegan las acusaciones de las ONG. El subprefecto Claudio González, jefe del departamento de extranjería y policía internacional, dice que su personal está especializado en la ley de extranjería y que los derechos de quienes quieren ingresar al país se respetan. "Si están entrando menos colombianos es porque no están cumpliendo con los requisitos para entrar. No por otro motivo", dice González. "Además, esta policía actúa profesionalmete, consciente de que es la imagen de entrada del país, y cada reclamo que llega hasta acá hay orden de investigarlo".

En la frontera, el jefe de la Unidad Antinarcóticos de la PDI, Mauricio Jorquera, dice que unos 20 extranjeros al mes son sorprendidos cruzando por la línea del tren que une Tacna con Arica. "La mayoría son colombianos y la mitad carga drogas", cuenta. A pesar de que existe una cámara termal que capta personas en un radio de ocho kilómetros, Jorquera asume que debe haber gente que sortea el paso con éxito. "Si no, no lo seguirían haciendo".

Al parecer, tampoco hay muchas más opciones para poder ingresar a Chile. El taxista chileno que nos lleva de regreso dice que ya no traslada a más colombianos desde Tacna a Arica: "Me terminan retrasando, porque los devuelven y además no puedo completar el viaje hasta Arica con pasajeros".

Mónica Muñoz (31) tiene un restorán en el patio de comidas del agro de Santa María. Muñoz, una mujer que escapa del estigma del colombiano afro, es blanca y rubia. Llegó hace seis años desde Cali y se enamoró de un chileno con el que está casada ahora. Confiesa que al llegar le costó, que tiraba currículum que nadie leía, y que junto a su actual cuñada tuvo que recurrir a trabajos informales, a vender ropa en la calle. Hasta que instaló el restorán hace poco más de un año. Muñoz es comunicadora social y en Colombia es del estrato cinco. Cuenta que en su país la gente se divide en seis estratos sociales, siendo el sexto el más alto. "De sólo ver a un colombiano yo sé de qué estrato es y si es de confiar. Es algo que tenemos internalizado".

Arica es una ciudad de paso para los colombianos que llegan a Chile, los que en general siguen su camino a Iquique, Antofagasta y Santiago. Cifras entregadas por la PDI revelan que el año pasado hubo 6.436 ingresos de colombianos como turistas por Arica. En ese mismo período hubo 4.836 salidas. Eso da una idea de los que se van quedando. Y los que se van quedando, entre 500 y mil personas, trabajan en construcción y servicios como bencineras, en el caso de los hombres, y en peluquerías y restoranes, en el caso de las mujeres. Algo que se replica en el resto de las ciudades donde llegan.

Carabineros dice que cerca de la calle Héroes de la Concepción hay una casa tomada por colombianos donde viven 10 personas entre traficantes y prostitutas. Uno de los vecinos ha puesto varias denuncias, pero paró cuando su familia fue amenazada de muerte por los colombianos. "Se habían colgado de la luz de nuestra casa por un par de meses", cuenta la señora del amenazado. "Cuando vino Chilectra para descolgarlos, se pasaron por los patios interiores y lo encañonaron. Dijeron que una denuncia más y apretaban el gatillo".

Un colombiano pasa gritando por la calle a otro colombiano que está una cuadra más abajo.

-¿Ve?, dice la vecina. -Así son. Es como si la ciudad fuera de ellos.

Las historias en un tono similar al de la amenaza de muerte se repiten en varios lugares de Iquique: el sicario, la prostituta, el prestamista, y el traficante. Aun así, las denuncias en la fiscalía no son considerables y las críticas son en voz baja por miedo a represalias.

Pero en confianza, pueden aflorar las opiniones sin filtro. Un taxista dice no estar preocupado porque varios colombianos dejaron Iquique después del terremoto de este año.

-Estoy esperando el gran terremoto que dicen que viene. A ver si ahí se van todos.