El homicidio de dos oficiales de la PDI ocurrido la semana pasada en San Bernardo derivó en una serie de aristas investigativas que lleva la Fiscalía Occidente, para esclarecer los asesinatos, el eventual tráfico de armas en que habría participado el principal sospechoso del crimen, Italo Nolli (68), y la posible compra de cobre robado en que habrían incurrido empresas dedicadas a la manufactura del metal.

Según la investigación, la inspectora Karim Gallardo y el subcomisario Marcelo Morales fueron acribillados tras realizar un control de identidad a Nolli. De acuerdo con la policía civil, los efectivos se acercaron al comerciante de chatarra con la sospecha de que éste podía estar realizando una transacción ilegal del material.

A más de una semana de iniciada la indagatoria, la fiscal jefa de la zona occidente, Solange Huerta, sostuvo que "tenemos que ver las aristas tributarias, la posible receptación (de cobre robado). No se va a dejar de investigar (…), no descartamos ninguna diligencia", dijo, aludiendo al enventual interrogatorio de los ejecutivos de las empresas dedicadas al trabajo con el material. El objetivo es establecer si empresas del rubro tenían nexos ilegales con Nolli, abatido por la PDI.

Según la fiscalía, para reducir el material ilícito, la banda liderada por Nolli adquiría facturas falsas. Fuentes ligadas al caso dijeron a La Tercera que se pedirán antecedentes a empresas dedicadas a la comercialización del material, ya que, antes del crimen, el sospechoso habría vendido una importante cantidad de cobre a Madeco, frente a la cual se cometieron los homicidios de los policías. La firma sostuvo haber comprado chatarra a la empresa Goycolea, de la cual Nolli fue socio. Sin embargo, sobre la participación del presunto homicida en ésta, la empresa dice no haber tenido conocimiento. "Una de las aristas de esta indagatoria es si Madeco sabía que los documentos presentados por Nolli eran falsos", señaló un integrante del equipo investigador.

La pareja del comerciante de chatarra, Mercedes Vallade (39), fue formalizada por encubridora del doble crimen y por porte ilegal de armas; en tanto, Ulises Campos (20) y su padre, Raúl (54), enfrentan cargos por asociación ilícita, homicidio frustrado y consumado.

Robo de cables de cobre

Interrogado por la policía, Raúl Campos reconoció el origen ilícito del cobre que comercializaban a empresas del rubro. El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, dijo que si se acredita que el cable robado por Nolli era "de nuestras instalaciones, estamos obligados a emprender acciones legales para seguir a los implicados, tanto en el robo como en la receptación de material".

Madeco difundió una declaración en que asegura que en las adquisiciones de chatarra hay "procedimientos muy estrictos que constan de diferentes fases para evitar que la mercadería tenga un origen ilícito". Fuentes de la firma agregaron que hay disposición para entregar antecedentes al respecto a la fiscalía.