SE CUMPLIO el primer mes de vigencia de la fase inicial de la Ley del Lobby, etapa que incluye a las más altas autoridades, permitiendo a la ciudadanía conocer las audiencias y viajes realizados, así como los regalos recibidos.

Es un punto de partida que dista mucho de la meta que el país requiere. Tal como está estructurada, más que de lobby propiamente tal, hablamos de una ley de registro de audiencias. Se reguló estableciendo cargas a las autoridades públicas, los sujetos pasivos, con obligaciones de llevar registro de las audiencias, velar por su veracidad y publicarlas, exponiéndose a fuertes sanciones. Sin embargo, quienes efectivamente realizan el lobby, los sujetos activos, lobistas o gestores de intereses particulares, tienen básicamente la obligación de transparentar su actividad al momento de realizar sus solicitudes.

Las autoridades públicas, como parte de sus obligaciones, deben escuchar a todos quienes se sientan afectados por las decisiones que toman. Cualquier proceso decisional requiere oír opiniones diversas y conocer todos los efectos de la resolución que se va a adoptar. Por ello, creo que a pesar de que la ley se estructura en torno a los sujetos pasivos (funcionarios), poner la atención en qué autoridades reciben más audiencias, es dejar de lado el centro de esta regulación. Sería un error, un perjuicio para la función pública, que se inhiban de cumplir su labor ante el temor de ser juzgadas negativamente por la ciudadanía.

Así, el verdadero foco debe estar en los lobistas y los intereses que representan. Lo relevante para la ciudadanía es transparentar qué empresas están pagando para influir en las decisiones públicas y para qué. El escrutinio efectivo estará en la facilidad con que se den a conocer las empresas que están contratando lobistas y las materias sobre las cuales están haciendo lobby. A mi juicio el objetivo debe ser que exista una clara trazabilidad de empresa, gremio o interés-lobista-materia-acción de lobby, donde la autoridad pública está al final del proceso. Con ello se podrá luego juzgar si las decisiones se tomaron conforme al interés general, o fueron fruto de la captura de ciertos intereses.

Esta ley es un positivo punto de partida. Si la información se transparenta correctamente, el mundo empresarial y quienes impulsan intereses particulares deberán revelar sus gestiones públicas. Esto marca un antes y un después. Esta información los hará cada vez más responsables de sus actuaciones ante la ciudadanía, escrutables respecto de las decisiones en que hayan pretendido influir.

El Ejecutivo ya planteó modificaciones para darle territorialidad a esta ley. Creo que siempre debe resguardarse la posición de Chile en materia internacional y nuestras relaciones diplomáticas que, por lo demás, están regidas a través de estatutos internacionales y no por la ley interna. Pero las interacciones con los privados deben transparentarse siempre. Finalizada la total implementación de esta ley deben venir las modificaciones sustantivas que permitan avanzar hacia lo que el país necesita. Este intermedio debe aprovecharse para transparentar el lobby, poniendo el foco donde verdaderamente debe estar: las empresas que pagan por influenciar en la toma de decisiones públicas y los lobistas que contratan.