HAY CONSENSO en cuanto a que el mercado de medios de pago electrónico necesita incorporar más competencia, para de esa manera potenciar la inclusión financiera. Por eso resulta tan positivo el anuncio del pronto envío, por parte del gobierno, de un proyecto de ley que abre este mercado a actores no bancarios, en línea con las recomendaciones de la mesa de inclusión financiera, también conocida como “Comisión Transbank”.

Se trata de un gran avance, ya que refleja que el Ejecutivo ha dimensionado la relevancia e impacto que un cambio de este tipo tendrá en la competitividad del país. Tal como está concebido, el proyecto introducirá competencia en tres eslabones de la cadena: la emisión de las tarjetas de prepago, el procesamiento de las transacciones y la afiliación de comercios al sistema (mercado de adquirencia).

De estos tres ámbitos, el que concita mayor consenso y apoyo transversal es sin duda la inclusión de nuevos actores a la emisión de tarjetas de prepago, dado el efecto directo que tendrá esta apertura en el desarrollo de los medios de pago electrónicos, beneficiando especialmente a los consumidores.

Modificaciones al procesamiento de las transacciones, la interconexión de redes y la afiliación de comercios son también relevantes para hacer más competitivo el mercado de los medios de pago, pero, dados su complejidad y los distintos puntos de vista e intereses en juego, tomará más tiempo su discusión y la búsqueda de acuerdos.

Mayor competencia en el rol adquirente, por ejemplo, generará mayor diversificación y sofisticación de los servicios a nivel de comercios, mientras que para los consumidores, los beneficios se evidenciarán en un mayor acceso y capilaridad de los medios de pago electrónicos en sectores de la población que hoy se encuentran absolutamente rezagados en esta materia.

Por eficiencia legislativa, sería conveniente que el Ejecutivo evaluara dividir el proyecto de ley anunciado públicamente y tramitar en forma paralela la nueva regulación para permitir la emisión de tarjetas de prepago por parte de emisores no bancarios, que genera apoyo generalizado y hace prever una rápida tramitación en el Parlamento. Además, sería conveniente considerar dentro del nuevo marco regulatorio para las tarjetas de prepago dos modelos o tipos de tarjetas, según los montos de dinero portado: una tarjeta de prepago al portador (innominada), para cargas pequeñas (equivalente a un monedero electrónico), y una nominativa, para poder portar montos mayores. Esto, para permitir el desarrollo de numerosas aplicaciones en beneficio de los consumidores.

Con una normativa regulatoria sencilla emanada del Banco Central, tal como está previsto en el proyecto de ley, y con disposiciones específicas para cada tipo de tarjeta de prepago, este cambio podría ser una realidad durante el próximo año. No se requieren grandes modificaciones ni incorporaciones tecnológicas demasiado complejas para que los operadores puedan poner en marcha sus sistemas de prepago; sólo se requiere voluntad política para dar el paso.

Así como en la telefonía móvil la masificación de este sistema se debió, en gran medida, a la existencia de la modalidad de prepago, el gran salto en términos de inclusión financiera para los sectores de menores ingresos o más alejados geográficamente puede ser la masificación de las tarjetas de prepago.

Claudio Ortiz
Gerente general Comité de Retail Financiero