Las grietas de la reconstrucción en Iquique

Las Dunas es un complejo de 60 blocks, casi pegados a los grandes y arenosos cerros de Iquique, que se comenzó a construir en 1983 y se terminó en 1985. En total, 480 departamentos de 36 m2 cada uno.

Todo eso quedó inutilizable cuando un terremoto de 8,2 grados golpeó la ciudad el 1 de abril del año pasado. Ese día, mientras seis personas perdían la vida tras el sismo, unos tres mil habitantes de Las Dunas quedaban sin un lugar para vivir.

El viernes 23 de enero, casi nueve meses después del terremoto, la primera retroexcavadora estará rompiendo el primer block de departamentos, en la primera demolición masiva desde que ocurriera el terremoto. Hace poco se habían demolido 19 casas en el barrio de Mauque. Esta vez, la demolición de todo el complejo de 60 blocks durará tres meses y medio.

"Todavía no sabemos qué tipo de edificios van a construir", dice María Angélica Espejo, la presidenta de la junta de vecinos del lugar. "Querían aprovechar de meter más departamentos y no se puede: en este sector estamos hacinados".

Desde la delegación presidencial para la reconstrucción tienen algo claro: los departamentos tendrán 55 m2 y serán construidos con fierros de 12 y no de ocho, como fueron originalmente levantados los edificios. Ya no deberían caerse.

La casa de María Angélica Espejo, hecha en la misma época y por la misma constructora que hizo Las Dunas, queda justo frente al complejo de departamentos. Por ser construcciones más bajas, las casas se salvaron, pero Espejo dice vivir una dura resaca del terremoto. Varios grupos de okupas se han tomado los departamentos desahuciados de Las Dunas. "Desde acá se iban a asaltar y los veíamos pasar por el pasaje con las mercancías", dice Espejo. "Y desde acá también consumen y trafican drogas. Esto se puso feo".

El terremoto no sólo afecta a quienes perdieron sus casas.

Por eso, los vecinos decidieron instalar su propio "muro de Berlín". El pasaje quedó cortado, separado de los blocks que se tomaron los okupas. "Algo de paz recuperamos", dice Espejo.

Cruzando la calle está el campamento de emergencia. O barrio de transición, como le gusta llamarlo a la Delegación Presidencial. Julio Ruiz, el delegado presidencial enviado por el gobierno, lo explica: "Aunque estos lugares son pasajeros, cuentan con buena parte de los servicios. Agua potable, baños dentro de las casas, conexión para lavadora, calefont y veredas. Es un auténtico barrio de transición". En el caso del campamento ubicado frente a Las Dunas, las casas son de dos pisos, de 30 m2 cuadrados en total. El barrio, llamado El Mirador, tiene 240 casas y es el campamento modelo de la delegación presidencial.

En los vecinos hay conformidad con la solución temporal, pero existe un miedo: que por estar en un lugar que supera las expectativas, la solución definitiva demore más de lo prometido. Karen Garrido, quien vive junto a su pareja y cuatro hijos en la casa, dice estar mucho mejor que durante los cinco meses que vivió en una carpa frente a Las Dunas. "Pero vivir tres o cuatro años más los seis en una casa sería mucho tiempo", asegura.

Junto a ella están tres mujeres más, Jana Jara, Diamantina Escobar y Lidia Rojas, todas haciendo empanadas de pino para la hora de comida. El grupo coincide en que la instalación en el campamento fue buena, pero aseguran empezar a sentirse a la deriva, luego de que la administración del barrio pasara de la Delegación Presidencial a la Gobernación de Iquique el 1 de noviembre del año pasado. "Nos sacaron a todos los asistentes sociales, la gente que llevaba nuestras fichas y pusieron gente nueva que empieza de cero", dice Diamantina Escobar. "Eso nos ha traído varios problemas".

Hugo Gutiérrez, diputado PC, suscribe la idea de la vecina de El Mirador. "La designación de un delegado presidencial para la reconstrucción en Tarapacá fue una decisión correcta, pero fue un error quitarle competencias y traspasarlas a la gobernación, politizando la reconstrucción. Todas las personas que trabajaban con el delegado, tras pasar los campamentos de emergencia al gobernador de Iquique (el PPD Gonzalo Prieto), son despedidas. Después esos puestos se cuotearon en términos partidistas. Lamentablemente, ahora la autoridad regional, con una decadencia de capacidad y liderazgo, ha impedido el buen funcionamiento. Hay un error que nos va a costar en las próximas elecciones municipales".

La decisión de traspasar la responsabilidad de los barrios de transición a la gobernación vino del gobierno central, del Ministerio del Interior.

En su puesto de la gobernación, Gonzalo Prieto niega que los cambios en el personal de la reconstrucción respondan a un motivo político. "Simplemente, lo hice pensando en apoyar el camino que creo mejor y en que las personas que puse eran las más idóneas para llevar a cabo ese trabajo".

Por su lado, el senador PS Fulvio Rossi dice que "la respuesta (del gobierno) ha sido rápida y eficiente, dada la magnitud del terremoto". Y agrega, sobre las críticas del diputado Gutiérrez al proceso, que "él no se siente parte de este gobierno y no se ha involucrado en el proceso de reconstrucción".

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Según el catastro de viviendas realizado por el Serviu en la Región de Tarapacá, el número de viviendas que quedaron dañadas por los dos terremotos que afectaron la zona asciende a 8.281, de las cuales 6.905 pueden ser reparadas, con 2.277 de ellas que quedaron con daño mayor reparable, pero no se encuentran habitables, y 4.628 que poseen daño menor y se encuentran habitables. Entre las viviendas que deberán ser reconstruidas, que ascienden a 1.376, y las inhabitadas con daño mayor reparable que son 2.277, quedaron 3.656 familias sin vivienda.

Según los datos de la delegación presidencial, al 31 de diciembre de 2014 se habían entregado 1.579 subsidios de arriendo, 1.327 de acogida familiar (se le paga a un pariente o cercano para que reciba a una familia sin vivienda) y se habían construido 788 viviendas de emergencia, de las cuales 550 pertenecen a Iquique y Alto Hospicio. La emergencia no está totalmente superada, pues según datos de la misma delegación, aún quedan 87 viviendas por instalar.

En la fundación del ex Presidente Piñera, Avanza Chile, hacen la siguiente lectura de los datos que manejan: "A noviembre de 2014, es decir, luego de siete meses del terremoto, según el último reporte entregado por Minvu, sólo se han terminado 435 viviendas, lo que equivale a apenas el 4,2% del plan de reconstrucción. Visto de otra forma, se han entregado 62 casas por mes. Esto contrasta fuertemente con la velocidad de reconstrucción de las obras del 27/F donde en promedio se entregaban cerca de cinco mil obras al mes".

Renzo Tristotti, diputado UDI por Iquique, entrega su opinión: "Ha sido un proceso lento de reconstrucción, con falta de coordinación entre los entes, y que no ha tenido la eficacia que exigen miles de personas que hoy no han podido volver a sus casas. No he visto soluciones reales de viviendas que hoy estén terminadas y entregadas, lamentablemente no hay ejemplos. Uno de los problemas es que el plan de reconstrucción del gobierno vino casi seis meses después del terremoto. Se demoraron mucho. La gente ha debido tener esperanza a la frustración".

En el barrio de clase media, Rey del Mar, en el sector sur de Iquique, esa frustración es total. Sonia Yáñez, una secretaria de 52 años, es una de los representantes del grupo de vecinos. Aquí, de 292 casas, 185 quedaron con daños y 32 tendrán que demolerse. Dice que a pesar de varias reuniones, desde el gobierno no ha habido voluntad para ayudar, por ser viviendas privadas. Las casas, que el 2005 costaron entre 1.000 y 1.600 UF, están instaladas en una duna, una calle sobre otra en pendiente. Muchas terrazas y ampliaciones cedieron ante el terremoto, cayendo sobre los patios traseros de las casas ubicadas en la calle de abajo. La solución a este grupo de vecinos es sacar la arena y los escombros de sus casas para hacer un nuevo muro de contención entre las casas de arriba y las de abajo. ¿El problema? Ese muro es prácticamente más caro que el precio comercial de las casas. Al tener que construirlo sobre arena, se necesita instalarlo varios metros bajo tierra, para que soporte el peso de las casas de los niveles superiores.

"Aquí en Iquique nos han tratado como damnificados VIP y somos gente que vivimos el día a día", dice Yáñez. "Con nosotros no hay voluntad política para una solución. Y eso que todo lo que pedimos es el muro. Nosotros nos haremos cargo de volver a levantar lo que se nos cayó".

Uno de los vecinos, un prevencionista de riesgos, padre de cinco hijos, quien no quiere dar su nombre, invita a pasar a su casa. Desde su terraza se puede ver cómo varias de las casas de arriba cedieron y cayeron sobre sus patios. Hay ampliaciones que prácticamente están colgando, amenazando con desplomarse por completo. Y explica: "Yo sigo viviendo aquí, porque somos siete. Con el subsidio de arriendo (350 mil pesos) más lo que yo aporte puedo aspirar a encontrar algo de tres habitaciones, pero no cabemos. ¿Pero qué pasa si viene otro temblor fuerte o un terremoto? Se terminarían de caer las casas y ahora sí podría haber una fatalidad. El delegado presidencial ya nos dijo que no nos pueden ayudar y esto puede terminar mal".

El costo total de la reparación del muro de contención es de 1.253 millones, mientras el costo de demolición de las casas es de 55 millones. Sólo este último aporte está comprometido.

"Pero no queremos hacer la demolición", dice el prevencionista. "¿Qué pasa si después nadie se hace cargo del muro de contención? Quedamos en el aire. Nosotros pagamos impuestos y somos tan chilenos y tan damnificados como los que están en los campamentos".

Julio Ruiz, el delegado presidencial, aclara que, aunque potencialmente pueden existir los recursos, no existe la normativa legal para ayudar a privados en este tipo de casos.

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El gran barrio de transición de Alto Hospicio se llama Canadela. Ubicado en las afueras de la Ciudad Satélite de Iquique, de poco más de cien mil habitantes, las 144 casas de Canadela están ubicadas dentro de un complejo de canchas de fútbol de tierra. Al llegar, parece que nada hubiese pasado: el barrio completo está rodeado de muros, algunos preexistentes y otros construidos recientemente. Para bien o para mal, lo que ocurre en Canadela sólo lo ve Canadela.

Aquí, la gente es particularmente crítica del traspaso administrativo de delegación presidencial a gobernación. Aunque este barrio es bastante más precario que El Mirador de Iquique, compuesto por mediaguas ampliables de 18 m2, los vecinos estaban contentos, porque se habían instalado guardias privados para garantizar la seguridad. "Pero el 31 de diciembre se acabó el contrato", cuenta Lissette Barros, dueña de casa (44). "Nos dejaron y empezaron los robos, los conflictos solucionados a puñete limpio. También sacaron la recolección de basura. Poco a poco nos vamos sintiendo abandonados". Su vecino del pasaje Renacer, Fernando Riveros (32), operador de retroexcavadora, apoya: "Esto es tierra de nadie". Y cuando se le pregunta por subsidios y la solución definitiva, Riveros dice: "Acá pensamos en el día a día, en solucionar lo que va pasando, que no me roben las plantas. Cambiarnos a una casa nueva se ve muy lejano".

Ramón Galleguillos, alcalde UDI de Alto Hospicio, asegura que la reconstrucción podría ir más rápido, pero que por ahora está dedicado a colaborar con el gobierno. "Cuando esté seguro de que las cosas no andan, lo voy a hacer saber", dice en su oficina, en la municipalidad. Luego repasa al alcalde de Iquique, Jorge Soria, quien no estuvo disponible para este reportaje, por ir tres días al traspaso de mando en Bolivia, "se cree canciller y tiene la embarrada con la gente en su ciudad", y cuando se le pregunta por el gobernador Gonzalo Prieto, quien supuestamente tiene aspiraciones para ser alcalde de Alto Hospicio, dice: "Es un vago, ha hecho todo mal. Si quisiera ser alcalde debería pegarse a mí e ir ganándose a la gente así, pero él ha decidido no hablarme. No tenemos comunicación".

Prieto, en su puesto de la gobernación, responde que no se hace cargo de rumores sobre una aspiración edilicia.

Galleguillos prosigue con su preocupación por la reconstrucción. Y da un catastro. Existen 3.800 casas con daños de diversa magnitud. Y de las 345 viviendas de la comuna que necesitan ser demolidas, se han echado abajo sólo 12 casas. Luego remata: "Lo único que quiero es que no ocurra lo de Tocopilla. Han pasado ocho años y allá todavía hay gente en campamentos".

En Canadela, se acerca un hombre desesperado. Es guardia de seguridad y su nombre es Marco Saavedra Saavedra (30), como él mismo recalca, y cuenta la historia de un boliviano, su esposa embarazada y su hijo, que por casualidad, o por error, quedaron en su misma encuesta EFU. Eso significó que por cinco meses todos ellos vivieran en su mediagua junto a su hijo y su esposa, porque los bolivianos no quedaron como grupo familiar aparte. "Eramos seis viviendo ahí. Finalmente, tuvieron que tomarse una mediagua que sobraba y ahora los quieren sacar. Su esposa tiene cinco meses de embarazo. ¿Los quiere ir a ver?".

Llegamos. El boliviano abre la puerta de su mediagua con desconfianza. Se llama Gonzalo Sánchez (22), es de Santa Cruz y viste una camiseta de la Católica. Cuenta que perdió su trabajo en una ferretería por hacer guardia a la casa para que no los expulsen. "El administrador del campamento nos vigila por si nos descuidamos y mandar a carabineros".

Saavedra dice que quieren hacer las cosas por las buenas, que ha ido a hablar a la gobernación, que cuando el gobernador fue a Canadela le habló del problema mientras su auto andaba. Y que nunca paró. "Quiero ayudarlos a ellos, que hagamos las cosas bien, pero parece que acá los choros, los matones, son los que se ganan las casas, aunque no sean damnificados".

Luego se le pregunta por la reconstrucción, por los plazos para la solución definitiva.

Saavedra mira a su señora, que lo acompaña y que también es boliviana, con mezcla de pena y resignación. Y responde: "Vemos difícil la reconstrucción. Vamos a estar cinco o seis años acá y nos van a ir dejando de lado de a poco".