Tribunal condena a Fiscalía Nacional por acoso y fallo evidencia "ajustes" en metas de gestión

<P>La demanda la presentó una profesional que denunció acoso tras negarse a modificar los criterios de evaluación de metas.</P>




La demanda de tutela laboral contra el fiscal nacional, Sabas Chahuán, se presentó la mañana del 26 de octubre de 2012. En el escrito de 20 páginas, la ingeniera comercial Lugarda Andrade Vera (39), denunció la vulneración de su derecho a la integridad psíquica, honra y, además, acusó ser víctima de discriminación por parte de directivos del Ministerio Público.

Los problemas laborales, según la demandante, comenzaron a mediados de 2011. ¿La razón? Su negativa a "ajustar ciertos criterios de medición para que las fiscalías que estaban en imposibilidad de cumplir algún indicador mostraran por esta vía un resultado positivo", aseguró la profesional demandante.

Producto de esta situación, la afectada aseguró haber sido víctima de "hostigamiento, aislamiento, presiones directas e indirectas, y en definitiva desprecio y desprestigio a su trabajo".

Mejora "artificial"

Lugarda Andrade ingresó al Ministerio Público el 1 de septiembre de 2009. En esa fecha fue contratada para trabajar en la División de Estudios de Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía Nacional.

La unidad se encarga, entre otras cosas, de elaborar la propuesta de metas de gestión de las fiscalías regionales, cuyos resultados, posteriormente, son enviados a la Dirección General de Presupuestos, en el marco del "convenio de desarrollo institucional" que suscribe anualmente la fiscalía con el Ministerio de Hacienda.

Según la profesional, esta situación habría llevado a que autoridades de la Fiscalía Centro Norte optaran "por efectuar la misma petición (modificar mecanismos de evaluación), pero al señor Pedro Bueno Figueroa, director ejecutivo nacional del Ministerio Público".

Consta en la sentencia del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, que la modificación se habría hecho sin el "rigor técnico, reiterando su rechazo desde dicha perspectiva a la modificación arbitraria y parcial de los mecanismos de evaluación (...) realizados con la finalidad de mostrar de manera artificial ciertos resultados", se asegura en el documento de 54 páginas.

De acuerdo a la resolución, habría sido "en el mes de abril del año 2011 y ante la referida solicitud, que el señor Bueno les ordenó que aplicaran sin más las excepciones solicitadas por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, lo que hicieron más allá de los enérgicos reparos que le señalan al recibir dicha instrucción".

Añade que estos "privilegios otorgaron a dicha fiscalía un empoderamiento, que quiso seguir ejerciendo el 2012, sintiéndose con el derecho de cambiar los mecanismos de medición de las metas y el contenido de las mismas".

Según la sentencia, Andrade, al negarse a modificar los criterios de evaluación de metas, fue destinada a cumplir funciones ajenas, lo que la llevó a extender licencias psiquiátricas desde el 17 de julio de 2012 a octubre pasado. Todos estos antecedentes fueron acreditados el 26 de enero, en el fallo que dictó la magistrada Karina Mendieta.

La jueza condenó a la fiscalía por considerar que existían "indicios más que suficientes que a la denunciante se le ha vulnerado su derecho a la integridad psíquica, producto de actos de acoso laboral efectuados por (parte de) la demandada".

Mediante un correo electrónico, la Fiscalía Nacional aseguró a La Tercera que "está a la espera de que el Consejo de Defensa del Estado, instancia que los representa en este juicio laboral, resuelva los pasos a seguir y determine si recurrirá en contra de la resolución dictada".

Fuentes del Ministerio Público aseguraron que, tras la denuncia, se designó al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, para indagar internamente estos hechos.

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