Ausencias de diputados oficialistas en viaje y molestia por discurso de Tohá provocan fracaso de proyecto de nuevo estado de excepción

La ministra Carolina Tohá en sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles.
Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.

Pese a que La Moneda pretendía cerrar su año legislativo con la aprobación de dos reformas constitucionales que facilitan el uso de las FF.AA. en tareas de seguridad y orden público, varias circunstancias terminaron amargando los planes gubernamentales. "Los aplausos fáciles en seguridad ciudadana se consiguen diciendo mentiras", dijo la titular del Interior, justo antes de la votación, lo que llevó a algunos parlamentarios opositores a quitarle el apoyo a una de las iniciativas. El Ejecutivo al menos logró sacar la reforma sobre protección de infraestructura crítica.


Por un solo voto La Moneda no pudo cerrar una semana redonda, al menos en términos legislativos.

En una jornada de la Cámara de Diputadas y Diputados que estaba prevista que fuera la última hasta marzo, el gobierno y en particular la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), esperaban anotarse un par de triunfos en la alicaída agenda de seguridad y con ello reimpulsar el diálogo con la oposición.

El Ejecutivo venía, además, con viento a favor, luego de que las reformas tributaria y previsional dieran pasos importantes en sus respectivas comisiones en la Cámara, donde además se había rechazado con una holgada mayoría (84 votos en contra y solo 49 a favor) la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia Marcela Ríos.

Con el objetivo de dar un cierre incluso más virtuoso al año legislativo, antes del receso de febrero, las ministra Tohá, Ana Lya Uriarte (Segpres) y Maya Fernández (Defensa) negociaron el miércoles, hasta tarde, con parlamentarios opositores un par de acuerdos para reponer la tramitación de dos reformas constitucionales que refuerzan las facultades del Presidente de la República para disponer de las FF.AA. en tareas de seguridad interna y orden público.

Una de ellas era una modificación para que el Mandatario pueda recurrir a fuerzas militares para resguardar infraestructura crítica y zonas fronterizas, y la otra era un ajuste al Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (que se aplica en el Biobío y La Araucanía) para que las solicitudes de renovación ante el Congreso se hicieran cada 35 días en vez de 15. Con ello se daban señales de más estabilidad de la presencia militar en el sur.

Tras el acuerdo con la oposición por estas dos reformas, que fueron aprobadas en forma unánime en el Senado (en una votación muy inusual en la que coincidieron senadores desde el PC al Partido Republicano), el gobierno confiaba que la Cámara también haría lo mismo, a pesar de los temores que había por el alto número de diputados ausentes, la mayoría por licencias médicas y viajes.

Sin embargo, el ambiente comenzó a cambiar bruscamente cuando la ministra Tohá pidió intervenir con el fin de dar las palabras finales antes de la votación.

“Estos proyectos que se están discutiendo hoy día no son para nada la panacea de la seguridad. En lo más mínimo. No existe la panacea de la seguridad... La panacea no está en los aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras”, dijo Tohá, cuyo tono de reproche enardeció inmediatamente el clima en la sala. Los diputados de derecha comenzaron a abuchear, mientras que las bancadas oficialistas respondieron con aplausos de apoyo a la ministra.

A continuación, la subjefa de la bancada de RN, Sofía Cid, pidió a Tohá disculparse porque “nos ha tratado de mentirosos” y exigió retirar del acta las palabras que consideraba ofensivas de parte de la secretaria de Estado.

Luego, el subjefe del comité Evópoli, Jorge Fuentes, añadió que “no vamos tolerar que una ministra venga a desafiar al Congreso, eso no corresponde”.

Inmediatamente se encendieron las alertas entres asesores de Interior, la Segpres y Defensa que llevaban la contabilidad de los votos, ya que -debido a la ausencia de 33 legisladores- se configuraba un cuadro muy ajustado para aprobar las reformas. En vista de que se trataba de cambios a la Constitución, se necesitaba del apoyo de 89 diputados para cada proyecto.

Si bien la reforma sobre infraestructura crítica fue aprobada con una amplia mayoría (110 respaldos), la otra iniciativa no tuvo la misma suerte.

La modificación constitucional, que permitía ampliar los plazos para renovar el estado de excepción fue rechazada al obtener 88 apoyos, 23 votos en contra y 11 abstenciones.

Recriminaciones en el oficialismo

Varios legisladores oficialistas reaccionaron con molestia por el resultado y, en privado, lanzaban recriminaciones cruzadas. Algunos criticaban a la ministra Tohá por haber hecho un discurso que aunque no fuera tan ofensivo, dio pie a que algunos diputados de derecha votaran en contra.

El diputado Jaime Naranjo (PS) aseguró en redes sociales que “íbamos tan bien, recién habían pasado 48 horas y ninguna autoridad se había mandado un ‘condoro’, pero lamentablemente la ministra del Interior se encargó de que la oposición, que estaba de acuerdo, terminara rechazando el proyecto de estado de excepción. Así es muy difícil avanzar”.

También otros estaban enojados con ciertos legisladores de la alianza gubernamental que rechazaron la iniciativa, como los PC María Candelaria Acevedo, Matías Ramírez y Nathalie Castillo.

Sin embargo, la principal molestia iba dirigida contra aquellos parlamentarios que salieron de viaje, entre ellos el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, quien se encuentra en una misión oficial en España.

Ninguno de ellos pidió permiso constitucional y solo hicieron llegar a la secretaría un aviso de salida del país. Si solo uno de los diputados hubiera hecho llegar el mencionado permiso, el quórum habría bajado y la reforma sobre los estados de excepción se habría aprobado.

En total, eran 10 los legisladores fuera de Chile. Ocho de ellos del oficialismo: Lorena Fries (independiente Frente Amplio), Maite Orsini (RD), Francisca Bello (RD), Ericka Ñanco (RD), Raúl Leiva (PS), Karol Cariola (PC), Alexis Sepúlveda (radical), además de Mirosevic (liberal).

Aunque el gobierno igualmente salió a celebrar que la Cámara despachara la iniciativa de infraestructura crítica, además de otras leyes sobre protección de personas con espectro autista y el plan de emergencia habitacional, el episodio amargó el cierre del año legislativo.

La idea de parlamentarios y el gobierno era volver en marzo, pero luego de este revés, el Congreso tendrá que sesionar en dos ocasiones, ya sea el 30 o 31 de enero o en febrero, para renovar los estados de excepción en el sur.

Una alternativa que estaba cobrando fuerza ayer en la tarde era convocar a sesiones extraordinarias el lunes y el martes para tramitar en forma expresa la misma reforma rechazada, que podría ser reingresada como un nuevo proyecto con los mismos contenidos, ya que el Senado, como cámara de origen, ya lo había aprobado.

No obstante, al ser consultada ayer, Tohá señaló que “no tenemos ningún plan al respecto, son cosas que hay que conversar”.

Además, la secretaria de Estado valoró la reforma que sí fue aprobada que permitirá desplegar a las FF.AA. en zonas fronterizas. “Así como es muy importante que en un país las FF.AA tengan un rol no deliberante y circunscrito a sus tareas, es importante que la sociedad y democracia pueda contar con su apoyo para tareas que son fundamentales cuando el resguardo de la seguridad de las personas lo requiere”, dijo.

El problema es que sus palabras en la sala, que desataron la polémica, también entorpecieron el intento de la ministra del Interior de reanudar la mesa de seguridad. Tras la sesión, los diputados Juan Antonio Coloma (UDI) y Andrés Longton (RN) insistieron en que las negociaciones debían darse en la sede del Legislativo.

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