Mirosevic versus Macaya: los argumentos a favor y en contra del controvertido proyecto que legaliza la eutanasia

El diputado liberal Vlado Mirosevic fue uno de los autores y principales promotores del proyecto que permite la muerte asistida en Chile, moción parlamentaria que hoy fue largamente debatida en la Cámara de Diputados y que se votaría este jueves. En este espacio, el legislador enfrenta sus argumentos a favor de la iniciativa -que autoriza a pacientes terminales solicitar la eutanasia- con la mirada que ha defendido la mayor parte de la derecha durante su tramitación en la voz del también miembro de la Comisión de Salud y presidente de la UDI, Javier Macaya.


“Voy a votar a favor por mi padre, que me pidió que lo asistiera para morir y no pude hacerlo”. Con esas palabras, el independiente Pepe Auth ratificó hoy en la sala de la Cámara de Diputados su apoyo a la moción parlamentaria que permite la eutanasia en Chile. Sus dichos reflejan el cariz que ha tomado el controvertido debate de la iniciativa que, de aprobarse, pasaría a su segundo trámite constitucional en el Senado. La propuesta lleva más de seis años en el Congreso y fue impulsada por sectores de oposición a los que poco a poco se fueron sumando parlamentarios de Chile Vamos. El texto modifica la legislación actual estableciendo que un paciente diagnosticado de una enfermedad terminal e incurable, que le provoque un dolor físico o psíquico insoportable, tendrá el derecho a acceder a una muerte asistida. Acá, dos protagonistas de esta discusión -que ha estado cargada de argumentos valóricos- enfrentan sus posturas.

Vlado Mirosevic: “No tiene sentido que el mundo conservador quiera imponernos la idea de que la vida es una obligación”

¿Qué es para usted la eutanasia?

Es un nuevo derecho humano. La última libertad, algunos le llaman. Y lo que permite es que un paciente, que luego de haber sido diagnosticado de una enfermedad determinada que le produce un sufrimiento intolerable, la sociedad y el Estado no lo obliguen a sufrir y tenga el derecho y la libertad individual de pedir una asistencia médica para morir. Es la consagración del Estado laico, de que las creencias personales no se les pueden imponer al resto de la sociedad. Por lo que cada uno tendrá que tomar una decisión bajo su propia conciencia.

¿Por qué este proyecto debiera convertirse en ley?

Porque además de su inspiración liberal, este proyecto tiene una inspiración humanitaria, compasiva frente al dolor de otros. Asimismo, hoy día en Chile tenemos una legislación tiránica que te obliga a sufrir. Y no hay fundamento laico para que un paciente que está sufriendo de forma insoportable, el Estado lo obligue a prolongar ese sufrimiento. Puede haber justificaciones religiosas, pero no hay para que en un Estado laico se les obligue a sufrir de la manera en que hoy día lo están haciendo muchos pacientes.

¿Cómo se hace cargo este proyecto de la colisión entre el derecho a la vida y el derecho a una muerte digna?

El derecho a la vida es precisamente un derecho, no una obligación. No puede ser que entendamos la prolongación de la vida bajo cualquier circunstancia como una obligación, eso no solo no es humanitario, sino que tiránico. La vida y la muerte natural tienen que ser un camino que sea tomado por quienes tienen una convicción respecto de eso, pero aquellos que tengan una decisión distinta en un momentos de sufrimiento, tienen el derecho de pedir asistencia para no tener una muerte traumática, o sentirse obligados al suicidio. Esta ley va a permitir a esos pacientes tener una muerte en paz, en su casa, con su familia. Entonces, no tiene ningún sentido que el mundo conservador quiera imponernos a todos, sin excepciones, la idea de que la vida es una obligación hasta el final. No corresponde que nos impongan ese dogma.

Durante la tramitación algunos parlamentarios planteaban que en otros países donde se ha legalizado la eutanasia, sin muchas restricciones, se llegaba al punto de que las personas lo tomaban como un camino para terminar con el sufrimiento psíquico, por ejemplo, depresiones. ¿Cómo se hace cargo la iniciativa de ese debate?

Descartada la idea de que las enfermedades psicológicas y psiquiátricas puedan ser una causal para la eutanasia. No es verdad que una depresión aguda o un alzhéimer o demencia senil pueda ser objeto de eutanasia. Por lo tanto, es falso ese argumento. Sin embargo, diría que esta ley tiene como requisito de origen, primero, que la decisión sea voluntad del paciente y, segundo, que esa voluntad sea en pleno uso de sus facultades mentales.

Desde la derecha han planteado como alternativa universalizar los cuidados paliativos. ¿Es insuficiente?

No son incompatibles en ningún caso. Se equivocan aquellos que los ponen en veredas opuestas. Al contrario, gracias al debate sobre eutanasia, que estamos teniendo hoy, estamos más cerca de ampliar el derecho a los cuidados paliativos. Y ese es un camino para la muerte digna. Una persona puede decidir esperar su muerte de forma natural, pero esperarla sin tanto sufrimiento gracias a cuidados paliativos. Eso es perfectamente legítimo, como también quienes optan por la eutanasia. Por tanto, no son una contradicción. Quienes apoyamos la eutanasia, apoyamos muy decididamente los cuidados paliativos.

¿El proyecto qué establece respecto de los cuidados paliativos?

Se hace cargo del derecho, se consagra el derecho a los cuidados paliativos para todas las enfermedades, no solo oncológicas. Pero el financiamiento de aquello tiene que venir por parte del gobierno. De hecho, nosotros aprobamos un proyecto en la Cámara de Diputados, que hoy está en el Senado, para ampliar esa cobertura.

Usted defendió que los menores de edad pudieran acceder al derecho de la eutanasia. ¿Por qué finalmente se desechó esa opción?

Nosotros logramos aprobar en la Comisión de Salud la incorporación de menores. Pero cuando fue a la sala, en su votación en general, se cayó esa parte, porque no se logró el quórum. Entonces, pese a la opinión de los autores del proyecto, creemos firmemente que esta legislación debe incorporar a los menores de edad, lamentablemente no logramos la mayoría para hacerlo. Y ojalá que el Senado pueda reponerlo.

Se hizo reserva de constitucionalidad durante la tramitación del proyecto, ¿cree que sortearía un paso por el TC?

Este proyecto no es contrario a la Constitución. Eso no es verdad. Pero no me extrañaría que el mundo conservador lo lleve al TC. Y bueno, si eso ocurre, tendremos que defender nuestra posición. Ahora, si van a apelar al absurdo de que es contrario al derecho a la vida, el TC debería interpretar eso como lo que es y no como una obligación. Esa discusión la vamos a ganar en el TC si llegara a suceder.

¿Ha hecho gestiones con el Senado para asegurar que el proyecto avance y se convierta en ley?

No he hablado directamente con la nueva mesa, espero hacerlo lo antes posible. Lo que sí he hecho es tener conversaciones con muchos senadores y senadoras y diría que es muy posible que logremos construir un espacio de mayoría en el Senado.

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¿Qué es para usted eutanasia?

Si bien la eutanasia etimológicamente se identifica con el “buen morir”, el sentido que le da este proyecto y que ha marcado el debate es la acción directa de dar muerte a un paciente que padece de una enfermedad terminal. Esto comprende la administración de un fármaco que cause ese efecto, que puede realizarla un profesional de la salud o el propio paciente bajo supervisión médica, comprendiendo la eutanasia propiamente tal o “asistencia médica para morir”, y el suicidio asistido. Por eso, es muy importante hacer la distinción entre la eutanasia y el rechazo de tratamientos y medidas de soporte extraordinarios, que hoy sí están permitidos en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, asegurando plenamente el consentimiento del paciente en torno al curso de su tratamiento. Hoy, una persona que sufre de una enfermedad terminal tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, de manera que con esto se resguarda que no exista lo que se conoce como ensañamiento o encarnizamiento terapéutico.

Eso es distinto a querer, voluntariamente, terminar con la vida cuando se está sufriendo una enfermedad grave, incurable y dolorosa, entonces ¿por qué no debiera estar eso en una ley?

Este proyecto no debería ser ley porque atenta directamente contra principios que forman parte esencial de nuestro ordenamiento democrático, como el respeto por la dignidad inherente de toda persona y el derecho a la vida. Quienes lo promueven dicen que lo que está en juego es la libertad de una persona para disponer de su vida ante condiciones de salud dolorosas. La pregunta que debemos hacernos es si ese paciente tiene realmente libertad. Si ante una enfermedad terminal se ve a sí mismo en una situación de dolor y como una carga para su familia, siendo atendido de manera indigna en un hospital público colapsado, ¿toma la decisión de terminar con su vida libremente? Creemos que no. Quizás en Luxemburgo o Suiza ese paciente en esa condición es más libre. Definitivamente, en Chile, donde los cuidados paliativos son precarios, no lo es.

¿Basta con los cuidados paliativos para que una persona pueda enfrentar una enfermedad dolorosa e incurable?

Claramente no, ya que existen muchos más elementos que el meramente clínico que rodean la situación del enfermo terminal; factores sociales, económicos, familiares y espirituales tienen que ser abordados para así brindarle un tratamiento integral al paciente, y es por eso que nosotros presentamos una indicación al proyecto que incorporaba la evaluación biopsicosocial del paciente por un equipo interdisciplinario de salud, la que lamentablemente se rechazó en la Comisión de Salud.

La UDI plantea que defenderá la vida “desde su concepción hasta la muerte natural”. ¿Qué hay detrás de ese principio, fe?

Más que una concepción de fe, hay una comprensión humanista de qué se entiende por el respeto y resguardo de la vida, entendiendo esta como un proceso natural que contempla distintas etapas. Es por la dignidad de la vida humana que también estamos en contra del aborto y de la pena de muerte. Esto es algo reconocido no sólo por nuestra Constitución, ni por determinados sectores políticos o religiosos, sino que se trata de un principio amparado universalmente en diversos tratados internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos.

¿Por qué, en su opinión, no debiera regularse la “muerte digna” en Chile?

Yo creo que sí es necesario regular la muerte digna. De hecho, lo está en la Ley de Derechos y Deberes y puede perfeccionarse. Mi discrepancia radica en qué entendemos por muerte digna. Yo estoy convencido de que la muerte digna es aquella en que se procuran todos los cuidados que el paciente requiera, así como el acompañamiento de sus familiares, personas cercanas y la asistencia espiritual, si la solicita. Eso, en la gran mayoría de los casos que se atienden en la salud pública, no existe. Todos estos derechos están ya consagrados en la ley sobre derechos y deberes de los pacientes, y el principal desafío que se nos plantea es desarrollar las políticas públicas tendientes a darle un correlato concreto a esa ley, que a nueve años de su promulgación aún nos deja con varias deudas pendientes en su implementación.

¿Por qué una persona adulta, con plena conciencia de su decisión, no debiera tener el derecho a terminar con su vida, considerando que enfrenta un proceso doloroso e irremediable, que son dos de las condiciones que impone el proyecto?

En primer lugar, quiero despejar el hecho de que una persona que padece de una enfermedad terminal tome una decisión plenamente libre, como afirman quienes promueven este proyecto. Los dolores propios de una enfermedad de esa gravedad, el temor y la incertidumbre, e incluso los costos económicos, son presiones externas que afectan la decisión y la libertad del paciente. Además, reafirmo la idea de que una enfermedad incurable no es intratable, y lo que corresponde en una situación de esa gravedad es darle los cuidados adecuados al paciente. Muchas veces se trata de imponer la caricatura de que quienes estamos en contra de este proyecto pretendemos que los médicos prolonguen artificialmente la vida a toda costa, y no es así. Nosotros nos oponemos a aquellas prácticas que tienen por objeto la aceleración artificial de la muerte, y creemos que la respuesta para enfrentar este doloroso proceso son los cuidados paliativos y el tratamiento integral del paciente.

Para la UDI la defensa de la vida es un principio fundamental. En ese sentido, los parlamentarios UDI que respalden este tipo de iniciativas, ¿debieran revaluar su permanencia en el partido?

Hoy, las órdenes de partido están prohibidas por ley. Creo que la unanimidad de los parlamentarios UDI va a estar en contra de este proyecto, sobre todo porque se han ido convenciendo de que el dilema de la libertad de un paciente en condiciones hospitalarias que le generan sufrimiento y angustia es falso, ya que ese paciente, sin cuidados paliativos, no tiene libertad para esa decisión.

De seguir avanzando esta iniciativa y aprobarse en el Senado, ¿acudirían al TC?

Si es que hay vicios de inconstitucionalidad, es algo que se puede evaluar en su momento.

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