Tramitación del acuerdo constituyente: el pacto implícito que le daría “fast track” en el Senado

Una tramitación con “fast track” es la que debería sortear el acuerdo constituyente una vez que el próximo lunes 26 de diciembre se comience a discutir -en la Comisión de Constitución del Senado- la reforma a la Carta Fundamental que habilita un nuevo proceso.

Ello, si es que se cumple el pacto implícito que, según comentan varios senadores, tomaron las fuerzas que presentaron la reforma, que consiste en el compromiso de no presentar enmiendas al texto, al menos unilateralmente. En la Cámara Alta aseguran que, aunque no se puede impedir que se presenten indicaciones, el espíritu del “Acuerdo por Chile” en parte fuerza a que quien lo haga sea con una conversación previa con el resto de las fuerzas firmantes.

Así lo confirmó el senador Matías Walker (Demócrata), presidente de la Comisión de Constitución. “La idea es no presentar indicaciones, salvo que en el análisis y en la discusión surja la necesidad de una mejor redacción o para mejorar algunos contenidos específicos, en la medida en que sean acordados por todos los partidos que fueron parte del acuerdo. En principio, la idea no es introducirle reformas sustanciales al texto ingresado”, explicó.

“Al igual que en la vida, en la política la palabra empeñada es sagrada y el acuerdo debe cumplirse en los términos en que fue suscrito”, comentó el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien fue uno de los que aparecen como autores de la reforma.

Estas garantías fueron decisivas para que los negociadores del Acuerdo por Chile resolvieran ingresar la reforma por el Senado, en vez de la Cámara de Diputados, donde el escenario es más difuso, lo que aumenta el riesgo de que los contenidos del proyecto sean alterados. En esta rama del Congreso, además de los reparos que hay en la derecha y el Partido de la Gente (PDG), entre los diputados de izquierda también hay dudas.

En teoría, este proyecto tiene de sobra los votos para ser aprobado sin contratiempos en la Cámara Alta, si es que se suman los votos de las bancadas detrás de los autores de esta iniciativa. Aunque, en realidad, este proyecto surge de la fusión de dos mociones, que tienen exactamente los mismos contenidos, pero que intencionalmente fueron ingresadas en forma paralela para permitir que al menos 10 senadores se comprometieran a ratificar los principios del Acuerdo por Chile.

Para que esta reforma sea zanjada por el Senado se requieren 29 votos (cuatro séptimos del total de 50 senadores). Solo sumando los votos de los comités que están más alineados, como la UDI (nueve miembros), el PS (siete integrantes), el PPD-Independientes (seis legisladores), Evópoli (tres parlamentarios), FREVS (dos), PC (dos), RD (uno) y Demócratas (dos), se llega a un piso de 32.

Adicionalmente, otra cuota de apoyos aportarían los comités DC-Independientes y RN-Independientes, que al contrario de las otras fuerzas políticas tienen diferencias internas. En todo caso, esas disidencias al acuerdo no son suficientes para poner en jaque la tramitación de la reforma, al menos, en el Senado.

En el caso de la DC-Independientes, que recientemente unió administrativamente a los senadores Karim Bianchi y Fabiola Campillai con sus pares falangistas Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla e Iván Flores, solo están comprometidos los votos de estos tres últimos. Bianchi y Campillai han remarcado que su alianza administrativa con la DC no compromete su autonomía.

En RN el cuadro es más complejo. En esa bancada -que tiene 12 integrantes, entre ellos cuatro independientes- parten de la base de que los compromisos solo involucrarían a los ocho militantes, pero tampoco hay certeza de que ello ocurra, pues existe la posibilidad de que haya un par más de disidentes.

Aún así, considerando el eventual desmarque de independientes, sumando los votos de la DC (tres) y RN (ocho) y de las otras fuerzas políticas (32), la reforma debería alcanzar, en teoría, 43 respaldos.

Ese número concede una holgura suficiente. Incluso, la reforma podría sufrir el descuelgue de otros 14 díscolos sorpresivos al interior de las bancadas (que existen, por ejemplo, en la UDI) para ser igualmente aprobada.

Si bien en el Senado el riesgo está controlado, el tiempo en contra es el principal problema. A ello se suma que los disidentes al Acuerdo por Chile podrían ejecutar algunas maniobras dilatorias para forzar una negociación o simplemente tratar de poner en jaque el proyecto a través de los mismos plazos.

En esta fase, el senador republicano Rojo Edwards es quien tiene la llave para pedir algunas medidas, ya que es el único de los disidentes que lidera un comité y, por ende, tiene atribuciones para exigir disposiciones reglamentarias. Por ejemplo, pedir una segunda discusión, es decir, obligar a que la reforma no se vote el día que está previsto inicialmente en la sala.

Dado que la próxima semana tiene un receso legislativo, para ganar tiempo, la Comisión de Constitución del Senado igualmente sesionará para poder evacuar un informe a la sala a partir del martes 3 de enero.

Recién ese día el gobierno podría ponerle discusión inmediata, es decir, forzar que la reforma se vote en un plazo de seis días, lo que obligaría a que el Senado despache la iniciativa a más tardar el 9 de enero. No obstante, el objetivo de las fuerzas detrás del acuerdo es que ello se zanje idealmente el martes 3 o miércoles 4.

Dentro de ese lapso de tiempo, Edwards en alianza con algunos díscolos de RN y eventualmente de la UDI puede solicitar acciones o presentar indicaciones para que la iniciativa se termine de votar ese último día (9 de enero), retrasando en una semana la tramitación.

Dado que los tiempos están ajustados (de hecho, la idea es abrir la inscripción de candidaturas a consejeros constitucionales el 14 de febrero), toda dilación al final atenta contra el proyecto.

Mientras más se demore el Senado, menos tiempo tendría la Cámara, presión que tampoco ayuda a que los diputados, especialmente los detractores del acuerdo, moderen sus posturas.