Gilberto Aranda
27 may 2022 07:55 PM
En el departamento colombiano del Cauca se está produciendo una matanza de indígenas que se oponen a las plantaciones de coca, en brutal expansión y protegidas por los grupos armados disidentes de las FARC y paramilitares arraigados en la zona. Más de 16.000 hectáreas de cultivos ilícitos plagan la zona. En medio del conflicto, se encuentra la guardia indígena, un grupo de nativos Nasa que intentan evitar el ingreso de la guerrilla y del narcótico en la zona. El narco y la violencia no dan tregua en Colombia, de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo.
Tras el acuerdo de paz de 2016, el vacío territorial que dejó la antigua insurgencia y la ausencia de muchas de las reformas gubernamentales prometidas impulsaron el surgimiento de nuevos grupos armados. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), estos suman hoy unos 5.000 combatientes.
La alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, pidió a los ciudadanos no realizar actividad física por unos días y dispuso de la red hospitalaria para detectar y garantizar atención a afecciones respiratorias. Las llamas han consumido al menos 10.000 hectáreas y han afectado a la Serranía del Chiribiquete, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Euclides España, conocido con el alias de Jhonier, fue “neutralizado”, dijo el presidente colombiano Iván Duque en una declaración pública. Jhonier era uno de los comandantes guerrilleros que se marginaron del acuerdo con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su nombre está en la lista de terroristas buscados por EE.UU., y el gobierno de Duque ofrecía una recompensa equivalente a unos 755.000 dólares por su paradero.
El senador izquierdista Gustavo Petro sigue como favorito en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de mayo próximo. “Lo más probable es que tengamos una segunda vuelta y puede que Petro pase, pero es menos claro con quién se enfrentará”, señala a La Tercera la politóloga Angélica Bernal.
La exlegisladora, que pasó más de seis años secuestrada por las Farc, anunció que participará en la consulta electoral de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro.
Breiner David Cucuñame, de 14 años, miembro de la guardia indígena estudiantil, fue abatido a tiros cuando iba a pedir ayuda ante la presencia de grupos armados cerca de su comunidad, en el departamento del Cauca. Colombia ha sido identificado por dos años consecutivos como el país más peligroso para los ambientalistas.
Lawrence Delloye, vástago estadounidense de la excandidata presidencial colombiana, había presentado en 2018 una demanda por los daños causados durante los seis años que su madre estuvo secuestrada por el grupo armado. Delloye y otras víctimas podrían acceder a dicha compensación de manera indirecta a través de fondos decomisados a personas asociadas con estos grupos armados cuyos activos están congelados por Washington.
Los sucesos fueron informados por autoridades locales del departamento de Arauca, cercano a la frontera con Venezuela. Debido a los peligros por el fuego cruzado entre los organismos paramilitares, varios líderes de comunidades estarían evaluando desplazar a varias familias, lo que significaría sacar a cerca de 2.000 personas de ese sector.
El mandatario colombiano manifestó que “por supuesto, del lado nuestro, nosotros con esa información que nos ha dado Estados Unidos, la entendemos, la respetamos, hubiéramos preferido de pronto otra decisión, pero sabiendo eso hoy estamos concentrados en enfrentar estas disidencias”.
Junto con la remoción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Departamento de Estado agregará a otros dos grupos extremistas de ese país, La Segunda Marquetalia y FARC-EP. Estos dos movimientos se apartaron de las FARC, luego que llegaron a un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en 2016, poniendo fin a más de cinco décadas de participación en el conflicto armado interno que dejó millones de desplazados y más de 260.000 muertos.
Consejo de Seguridad remarcó que esas personas depusieron las armas en el contexto del proceso de paz que puso fin a 50 años de conflicto armado. Además, instaron a las partes comprometidas de la importancia de desarrollar todos los aspectos del acuerdo, incluidas las disposiciones étnicas y de género. Esto, enmarcado en una visita oficial de António Guterres a Colombia.
El 24 de noviembre de 2016, el entonces Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el exguerrillero y último comandante en jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, firmaron el texto de 310 páginas en el Teatro Colón de Bogotá.