A menos de 24 horas son muchas las cifras y datos que han surgido de esta elección parlamentaria, de consejeros regionales y la primera vuelta. La Tercera hizo una recolección de los más importantes para poder hacer una imagen de los efectos que dejaron en el país estos comicios.

A través de las respuestas de 133 constituyentes a una encuesta realizada por La Tercera, y a pocas horas de que comience la etapa de deliberación en las comisiones temáticas de la Convención, se determinó que hay al menos siete temas donde se supera el quórum de dos tercios, necesario para la aprobación de normas constitucionales. Además, los resultados dan luces sobre los puntos que si bien tienen mayorías, aún no alcanzan los votos necesarios para que queden en la propuesta de nueva Constitución.

En unas semanas comenzará la preparación del juicio oral de uno de los casos más importantes desde el inicio de la reforma procesal penal, por la jerarquía de los acusados. Emilio Elgueta, el primero de dos exjueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua destituidos por el Poder Judicial, enfrentará a la justicia como acusado. Estas son las pruebas y el relato del caso contenidos en la carpeta de la Fiscalía.

Pese a la jurisprudencia de la Suprema, el gobierno no dará pie atrás a las expulsiones de migrantes. Desde el Ejecutivo transmiten que el criterio de la judicatura no ha sido constante y están convencidos de que la pugna es un asunto de interpretación jurídica. “El objetivo del gobierno es hacer cumplir la ley”, responde el subsecretario Galli.

En estos cuatro años el máximo tribunal ha dejado sin efecto las deportaciones de más de 700 migrantes. Todas ellas se han declarado ilegales, enfrentándose así al Ministerio del Interior. Faltas al debido proceso, la reunificación familiar y los riesgos sanitarios de la pandemia están entre los argumentos de los supremos para frenar el actuar del Ejecutivo.

El 13 de agosto vencieron los contratos de nueve municipios con el relleno sanitario Santa Marta para la disposición final de más de 700 mil toneladas de basura. La nueva licitación en marcha repite el mismo modelo de hace 20 años, que da a los privados el control sobre las tarifas y desincentiva la búsqueda de alternativas para valorizar los residuos y cumplir los compromisos de Chile frente al desafío del cambio climático.

Este es un listado de ocho conceptos clave para entender este especial de La Tercera. Se trata de las definiciones técnicas de los elementos que están sobre la mesa en el proceso administrativo creado por el Estado para comprar predios y así restituir las tierras ancestrales de las comunidades indígenas.

Desde que se aprobó la Ley Indígena en 1993, el conflicto del Estado con las comunidades era muy distinto al actual. Han pasado 28 años, pero la ley sigue intacta. Por eso todos los expertos dicen que el sistema está saturado y hay que buscar otros caminos. Algunos apuntan a la Convención Constitucional, a un cambio global de enfoque, a compensaciones económicas e incluso al uso de la expropiación por causa de interés nacional como una salida a esta crisis.

Uno de los tantos problemas que arrastra la política de restitución territorial es que lleva casi 28 años funcionando sin saber cuál es el universo total de predios que hay que adquirir para saldar la llamada deuda histórica con los pueblos indígenas. En 2016 la Comisión Vargas propuso hacerse cargo de este vacío y en 2018 el ministro Alfredo Moreno casi lo logró. Ahora el gobierno está a punto de abrir una licitación para contar con este estudio en un tiempo récord de seis meses.

Una de las críticas al sistema de adquisición de predios para los pueblos indígenas es que deja un espacio muy grande para la discrecionalidad de los gobiernos. Esto trae el riesgo de que el Ejecutivo utilice el mecanismo para calmar a las comunidades violentas y así “comprar” paz, una realidad que frustra a las familias que optan por la vía pacífica y llevan décadas esperando su turno. El exministro José Antonio Viera-Gallo admite que se trata de una “práctica bastante usual”.

La Tercera accedió a los registros de la Conadi que permiten rastrear todo lo que se ha hecho en casi 28 años con el mecanismo que contempla el Fondo de Tierras y Aguas para restituciones territoriales. Los datos son una primera pista de lo logrado en siete gobiernos. Si se toma como universo únicamente a los títulos de merced entregados entre 1884 y 1929 —métrica que es disputada por los pueblos originarios al considerarla insuficiente— a la fecha se ha comprado el 41% del territorio abarcado por esos documentos.

Hace 30 años el expresidente Patricio Aylwin logró reunir a cinco mil personas, realizar casi tres mil asambleas y elegir a tres mil delegados para cimentar las bases de lo que hoy se conoce como el Fondo de Tierras y Aguas. Esta fue la solución política que se aprobó en 1993 y que instauró un mecanismo para saldar la deuda territorial que tiene el Estado con los pueblos originarios.

La Dirección General del Crédito Prendario vive una serie de cuestionamientos a su funcionamiento. Joyas que no se devuelven a sus dueños, alhajas perdidas de las que nadie se hace responsable, grupos organizados que logran rematar las especies más baratas y un sumario prescrito y otro pendiente por los mismos hechos son parte de las falencias que rodean a este organismo.

El Consejo de Defensa del Estado mantiene 41 causas penales vigentes por la malversación de dineros fiscales para la educación, de las cuales la más cuantiosa es la de Tierra Amarilla, donde hay $11.292 millones perdidos. La comunidad acusa que las administraciones municipales, que han caído sucesivamente por casos de corrupción, hicieron desaparecer el dinero y provocaron un descalabro educacional. Pero el problema se repite en otras comunas: la Superintendencia de Educación advirtió anomalías en San Bernardo, Recoleta, Punta Arenas, Valparaíso y San Fernando, las que derivó al Ministerio Público.

¿Qué ocurre después de que un tribunal condena con cárcel a un peligroso delincuente? Su paso por un penal, donde muchos buscan reinsertarse para salir del mundo del delito, crea también una oportunidad para aquellos que buscan extender sus redes e influencias criminales. Así lo revela un informe de inteligencia y análisis criminal de Gendarmería, al que accedió LT ID, el cual identificó a más de 200 líderes de bandas que continúan dando órdenes a casi dos mil “soldados” dentro de los centros penitenciarios más peligrosos del país. Esta es su historia.