Biden se comprometió a terminar con “una vergüenza moral y nacional” heredada de su predecesor, refiriéndose a la separación de miles de familias de migrantes de las que centenares no han logrado reunirse todavía.
21 mar 2021 04:39 PM
Biden se comprometió a terminar con “una vergüenza moral y nacional” heredada de su predecesor, refiriéndose a la separación de miles de familias de migrantes de las que centenares no han logrado reunirse todavía.
La cantidad de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos se encuentra en su máximo en 20 años. Esto ha puesto una gran presión sobre el Presidente demócrata.
Tras las deportaciones que realizó el gobierno en el marco del masivo arribo de extranjeros al norte del país, las cortes de Apelaciones y la Suprema declararon ilegales una serie de procedimientos. Frente a esto, Rodríguez explica que la decisión se fundó en dos razonamientos: “La falta de debido proceso y la falta de oportunidad a una defensa propiamente tal”.
Para el procedimiento fue desplegado un equipo de más de 300 personas entre Carabineros, asuntos de familia, migración, así como municipio y Ministerio de Obras Públicas. Según informó el Coronel Daniel Martinez Lara de la Prefectura Occidente, los ocupantes "están saliendo de a poco y de forma voluntaria". En el lugar serán construido el túnel Lo Ruiz que conectará Renca con Quilicura.
En febrero llegaron los primeros y ya son más de mil familias, chilenas y extranjeras, las que se han instalado en los faldeos en precarias viviendas o carpas. Pero es una olla a presión: vecinos de la comuna han iniciado protestas y denuncian situaciones delictivas en el asentamiento, mientras los recién llegados piden apoyo y servicios básicos. El municipio afirma que no tiene potestad para el desalojo, mientras un informe de Serviu advierte el riesgo de aluviones en el terreno, destinado por el MOP para la construcción del Túnel Lo Ruiz.
Ante el Consejo de DD.HH. de la ONU, la expresidenta señaló que hay información de que “se estaría expulsando a personas sin la debida evaluación de su vulnerabilidad o necesidades de protección”.
Entre los beneficiados se encuentran más de 1,3 millones de ‘dreamers’, como se conoce a quienes llegaron junto a sus padres indocumentados y han hecho prácticamente toda su vida en Estados Unidos.
"En Chile hay 450 mil ciudadanos venezolanos y la gran mayoría de ellos está regularizado", dijo el jefe del departamento de Extranjería, en relación al visado de Responsabilidad Democrática otorgado a ciudadanos venezolanos.
En cuanto a la aprobación de la gestión del gobierno durante la pandemia, subió en nueve puntos, llegando al 50% y que constituye el nivel más alto desde el 16 de abril de 2020. A su vez, la aprobación del Presidente Piñera siguió su tendencia al alza y alcanzó a 23%.
Luis Eduardo Thayer, académico de la Universidad Católica Silva Henríquez, identifica dos maneras en que los países han enfrentado con su legislación el fenómeno migratorio en la región
Desde 2011 las tomas aumentan sostenidamente en el país, pero la pandemia disparó las cifras. El Minvu estima que en el último año las tomas aumentaron en un 41% en el país y los inmigrantes, el grupo social más desprotegido, es el que más carga con el problema.
Algunos son extranjeros que desean contribuir en la nueva Constitución, otros son chilenos que han trabajado de cerca con el proceso migratorio. Ambos grupos tienen la migración como un eje esencial dentro de su campaña: quieren trasladar este debate a la nueva carta constitucional. En medio de la crítica situación que se vive en Colchane, los candidatos del mundo migratorio proponen que ningún ser humano sea considerado ilegal, una migración menos restrictiva y otros, plantean a que el Estado sea tajante al decidir quién entra y sale del país.
Si bien en un comienzo se indicó que todos los extranjeros en el país serían inoculados, tras un reportaje de un medio peruano, en que se promovía el "turismo médico" a Chile, comenzaron a surgir nuevos criterios desde el Ejecutivo. El ministro de Salud, Enrique Paris, abordará el tema durante el balance de hoy por el avance del coronavirus.
Rodolfo Noriega, secretario del organismo, argumentó que el ingreso irregular estaría tipificado en “un decreto ley (...) por tanto nadie puede considerarlo un delito”.