Entre enero y septiembre de 2023, 937 empresas quebraron, la cifra se compara negativamente si se considera que, durante el mismo periodo durante el año pasado, 794 compañías debieron bajar la cortina y no continuar con sus negocios.
Etiqueta: Quiebras
La compañía de factoring busca evitar su quiebra y para ello su abogado presentó un escrito ante el 7° Juzgado Civil de Santiago en el que reveló las cifras de la compañía. El informe incluye también los bienes entregados en garantía y una lista de deudores comerciales de Factop.
El Fondo de Inversión LarraínVial Facturas solicitó la liquidación forzosa de Rodrigo Topelberg Kleinkopf, socio del factoring Factop ante el 25º Juzgado Civil de Santiago. El demandante, en su presentación detalló que el ingeniero en ejecución en administración de empresas del IFE, y con estudios de cine posee deudas que suman $8.424.932.981.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la quiebra del director médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones. En el marco del juicio con el dueño del predio del proyecto Marina Golf Rapel, el facultativo informar al tribunal sus sociedades y sus estados financieros, detallando deudas al ex futbolista Mauricio Pinilla y a sus ex socios Andrés Chahín y Mauricio Wainer.
Entre enero y julio 705 firmas han pedido su quiebra según el informe de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, registrando un alza del 15% respecto de igual periodo del año anterior, cuando ingresaron 613 procedimientos de liquidación de activos.
El factoring solicitó la liquidación forzosa de la titular de la Décima Notaría de Santiago. Rochera, a través de su abogado, denunció en un proceso judicial vinculada a las deudas que hay un pagaré ideológicamente falso y que "se desangró pagando intereses sobre intereses exorbitantes".
En los próximos 45 días la empresa indicó que estarán liquidando todo el inventario en las tiendas de Alonso de Córdova y el aeropuerto, así como en su página web.
Las liquidaciones de firmas subieron 12% durante la primera mitad del año. Mientras, las renegociaciones de personas anotaron un alza de 271%. Ese es el saldo que dejó el último balance del Boletín Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
En su presentación, la compañía asesorada por Carey, detalló los motivos que la llevaron a su reorganización: el “endurecimiento del estándar fiscalizador”; la falta de reconocimiento de las mejoras operacionales de la compañía”; la “invalidación de autorizaciones para relocalizar centro de cultivo” y la “emergencia sanitaria producto de la pandemia del Covid-19 en Chile”.
Casa Royal, la histórica tienda especialista en la venta de productos electrónicos, lleva adelante un profundo plan de reestructuración. La familia Baldrich, dueña y fundadora de la compañía, decidió desde el estallido social no retirar los dividendos y reinvertir sus ganancias para mantener su operación. Pese a las complicaciones del 18-O, la caída en las ventas por la pandemia y la contracción económica, la empresa insiste en su plan de apertura de locales.
A 18 días de que la junta de acreedores de PJ Chile, sociedad que opera la franquicia de la cadena de pizzas, vote la propuesta de reorganización, el veedor del proceso, Enrique Ortiz, presentó un informe respaldándola. En su informe, el abogado alertó que en caso de liquidación sólo se recuperarían $ 4.715 millones, debido a una serie de egresos.
Entre enero y marzo la renegociación de personas aumentó 341% en 12 meses, pasando de 35 a 150. mientras que la reorganización de empresas se incrementó en 275, pasando de 4 a 15.
Según el catastro de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en enero se registraron 93 liquidaciones de empresas y 183 quiebras de personas. Se trata de la menor cifra para enero desde 2017, cuando registraron 62 procedimientos concursales de liquidación de empresas deudoras.
El tribunal afirmó que los argumentos esgrimidos en la reposición no logran desvirtuar lo ya razonado en la resolución recurrida, y además desestimó la apelación subsidiaria por no ajustarse a lo requerido por la ley que regula el cierre de empresas.
