Con este caso, ya son tres las personas que han quedado en prisión preventiva en La Araucanía, desde que entró en vigencia la nueva ley de robo de madera.
15 oct 2022 00:43 PM
Con este caso, ya son tres las personas que han quedado en prisión preventiva en La Araucanía, desde que entró en vigencia la nueva ley de robo de madera.
La medida se logró en base a diferentes pruebas presentadas por la Fiscalía, como testimonio, fotografías y también a través de videos de dron que fueron captados por personal de la propia forestal. Así, ya son tres las personas que han quedado con esta cautelar en el marco de la nueva ley de robo de madera, que entró en vigencia el pasado 27 de septiembre.
Tras robar pino en rollizos desde un predio forestal en La Araucanía, Gabriel Vásquez se convirtió en el primer imputado por este ilícito que queda con la máxima medida cautelar que contempla la nueva ley que, desde fines de septiembre, endurece las penas para este tipo de delitos.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, agregó que el Ejecutivo trabaja en alternativas legales que permitan, por ejemplo, el uso de las Fuerzas Armadas para resguardar seguridad en la zona, pero excluyendo las limitaciones a las libertades de movimiento y de reunión.
Sujetos fueron detenidos anoche por carabineros con dos camiones cargados con rollizos de madera sustraídos desde una faena forestal. Quedaron con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
Tras una denuncia realizada por personal de un predio forestal, personal de Carabineros incautó el vehículo de carga y recuperó las especies sustraídas. El sujeto pasará a control de detención por el delito de hurto.
El incidente se produjo luego de que una empresa contratista, que presta servicios para la forestal Arauco, denunciara que en el terreno se estaba realizando robo de madera con maquinaria pesada, por lo que personal policial se trasladó al lugar, donde se produjo un enfrentamiento.
El pasado miércoles el alcalde de Recoleta aseguró que "los únicos que compran madera robada son las forestales" y que la CAM "está recuperando algo que les es propio y que fue vendido de manera ilegal”.
El alcalde de Recoleta también abordó la crisis que enfrentan las isapres, sobre las cuales realizó un duro diagnóstico.
Luego que el líder de la organización radical justificara el delito, por medio de un video que se difundió la noche del viernes, en el que señalaba que la recuperación de la madera se empleaba para “tener implementos necesarios para defender a las comunidades”, la CAM emitió una aclaración este domingo asegurando que es “reapropiación de recursos que están en nuestro territorio ancestral”.
Luego de la acción policial, un grupo de desconocidos derribo árboles en el sector del puente Quelén, en la Ruta P60R.
La acusación fue hecha por el gobernador de la Región del Biobío, quien aseguró que el Servicio de Impuestos Internos “dejó de seguir la ruta del dinero” después del 2018. Sobre ello, el subsecretario del Interior aseguró que "el Estado ocupa todas las herramientas para luchar contra el crimen organizado”.
“No tengo ningún argumento ni razón lógica para saber por qué lo dejaron de hacer. A mí me parece absolutamente irracional que se haya dejado de seguir la ruta del dinero”, declaró Rodrigo Díaz. A la vez, sugirió que ante "la gran cantidad de dinero" que fluye producto del delito pudiese haber corrupción, aunque aclaró posteriormente que no tiene pruebas para sostener dicha acusación.
Funcionario resultó con una lesión grave en una de sus manos tras ser atacado en esta zona de la Región de la Araucanía.
Según el texto de la Coordinación de la Macrozona Sur, existe un circuito del delito que parte por la usurpación y protección, continúa con el blanqueo y termina en compradores ilegales o siendo exportado o entregado a intermediarios para su posterior venta. A raíz de las cifras de alto nivel de violencia en la zona y considerando la importancia del recurso maderero para el país, el gobierno estableció un plan que consta de tres líneas de acción: alarma temprana con vigilancia aérea, control carretero de Carabineros y Conaf en puntos estratégicos y auditorías del Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto último, para hacerse cargo de los compradores ilegales, el acopio y el blanqueo.