En medio de los cuestionamientos por la baja de las expulsiones administrativas, el director del Servicio Nacional de Migraciones ha optado por sumergirse en el trabajo de lo que será la política que instalarán para los próximos cuatro años. Ahí definirán criterios para regularizar a “ilegales” y también lo referente a quiénes acceden a visas.
Si en 2021 se concretaron 667 expulsiones por la vía judicial y 246 por la administrativa, hasta septiembre de este año las cifras llegan a 881 y 17, respectivamente. El descenso de un periodo a otro en las de segundo tipo, dicen las autoridades, se debe a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migraciones, que hizo todo “más burocrático”. Según los datos de la PDI, en 2022 los más deportados son bolivianos, colombianos, peruanos y venezolanos.
La bancada de RN denunció que el presupuesto de Migraciones para el próximo año se reducía en más de un 50%. Sin embargo, el director de esa repartición, Luis Thayer, asegura que eso tiene una explicación técnica, algo en lo que, de hecho, también está de acuerdo el propio exdirector del servicio, Álvaro Bellolio. Sin embargo, este último sí cree que la actual administración despotenciará las oficinas regionales y lanza una advertencia al respecto.
A más de dos meses de que la administración del Presidente Gabriel Boric anunciara que buscarían modificar la Ley de Migraciones aprobada durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, y en medio de duros cuestionamientos, la Segpres ultima los detalles de dos iniciativas legales que flexibilizarán la expulsión de extranjeros. Asimismo, el Ejecutivo prepara un protocolo que permitiría retomar reconducciones de inmigrantes que ingresaron a territorio nacional por pasos no habilitados desde Bolivia.
Este lunes, el director nacional del servicio, Luis Thayer, recibió una buena noticia luego de que la justicia alzara la suspensión que decretó la Corte de Concepción la semana pasada. Pese a esto, la repartición sigue enfrentando dificultades. Hace poco fueron notificados de la apertura de juicios de cobranzas por parte de la Tesorería Regional Metropolitana por el no pago de sanciones cursadas en 2021, y por eso hoy buscan establecer responsabilidades e identificar posibles negligencias en la administración pasada.
El jefe del área judicial del Servicio Nacional de Migraciones, Antonio Henríquez, cuenta con un historial de errores que en la administración pasada le valió su despido, luego que se le pasaran plazos legales de presentación de escritos. Por eso causó extrañeza su retorno, y ascenso -llegó a liderar el equipo de litigio- en la repartición durante la presidencia de Gabriel Boric. La suspensión de Luis Thayer, producto de no responder un recurso de protección, ha generado una nueva crisis y desde la UDI piden su salida "por ineficiente".
Si bien la ley hoy permite regularizar a niños, niñas y adolescentes, con la nueva Política Nacional de Migraciones el gobierno adelanta que se podrán fijar nuevas causales para regular a quienes ingresaron por pasos clandestinos. Se asume que la frontera es "permeable" y que "no es viable", como resalta el director del Servicio Nacional de Migraciones, expulsar a todas esas personas.
La medida administrativa recayó contra Carmen Gloria Daneri, quien en ese momento se desempeñaba como directora subrogante del Servicio Nacional de Migraciones. El actual director, Luis Eduardo Thayer, afirmó que "era una investigación sumaria y la conclusión es que no hay antecedentes suficientes para abrir un sumario administrativo, pero sí hubo una infracción a la labor funcionaria y la sanción es de censura”. Esta es una sanción menor afectando la calificación “en la hoja de vida” de la funcionaria.
El anteproyecto de ley del Gobierno contendría la creación del Servicio Nacional de Migraciones y visas consulares para los países desde donde han aumentado más la procedencia de inmigrantes como es el caso de Haití.
