El fallo de primera instancia le dio la razón al ex fiscal al calificar su despido como "discriminatorio", "caprichoso" y "carente de fundamentación", además de sostuvo que "el mecanismo que respaldaba su designación (Alta Dirección Pública) era el más exigente que existe a nivel de empleo público, por lo que garantizaba la idoneidad del actor para ocupar el cargo mencionado". Mientras la SMA respondió que quien politizó la situación fue el mismo demandante, quien recurrió al ministerio para que lo mantuvieran en el cargo.

Entre los años 2011 y 2014 el ingeniero se desempeñó como jefe de la División de Información y Economía Ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente.

El director ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo Cáceres, precisó que "se observaron torres que no se encuentran contempladas en la RCA".

La Superintendencia de Medio Ambiente formuló 4 cargos contra el complejo termoeléctrico Ventanas, ubicado en Quintero.

Entre las infracciones la Superintendencia de Medio Ambiente determinó que la empresa no cumplió con lo dispuesto en el plan de acción operacional de emisiones de dióxido de azufre.

La SMA había multado a Inmobiliaria Toro Mazotte 115 S.A. por haber eludido al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), al iniciar trabajos sin contar con RCA favorable.

En lo que respecta a las infracciones configuradas, una de las cuales fue clasificada como grave y las otras dos como leves, el sancionatorio concluyó con la aplicación de tres multas a minera. En total, estas suman 1.483 UTA, equivalentes a $872.591.268.

La iniciativa se había presentado en enero pasado ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.

El senador Guido Girardi, en tanto, presentó una denuncia contra quienes resulten responsables del derrame, y pidió que se fiscalice a las empresas que acopien combustible.

Hoy comenzaron los alegatos en el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, donde la compañía dueña del proyecto minero solicitó que la resolución que ordena el cierre de la obra quede sin efecto. En tanto, la Superintendencia de Medio Ambiente pidió que las sanciones cuestionadas sean confirmadas.

La acción se da luego de la denuncia presentada por el Sernapesca, organismo que confirmó que la empresa adulteró el suelo marino en uno de sus centros de cultivo.

La actividad de fiscalización, se centró en utilizar el trazador químico Rodamina WT en los emisarios submarino de la empresa que descargan residuos industriales líquidos.

La actividad busca determinar eventuales infracciones a la normativa ambiental en el manejo de la mortalidad generada en los ciclos productivos.

Cristián Franz habla por primera vez desde que dejó el cargo, en octubre. Valora el proyecto de ley que viene a tipificar penalmente los delitos ambientales, y descarta que la iniciativa impacte a la inversión. Apunta a "errores comunicaciones" del gobierno en la crisis ambiental de Quintero.