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Contexto
La Ley Indígena y su sistema de compra de tierras tienen su origen en el compromiso que asumió el expresidente Patricio Aylwin de avanzar en la restitución de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
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Lo nuevo
En la discusión legislativa de los años 90, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas quedó descartado, pero en el contexto de la discusión constitucional actual varios actores exigen avanzar en esa línea.
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¿Por qué es importante?
La Convención Constitucional podría redefinir la convivencia entre el Estado de Chile y sus pueblos indígenas, lo que implicaría una revisión y adecuación del actual mecanismo de compra de tierras.
La Ley Indígena, diseñada por el gobierno del expresidente Patricio Aylwin y promulgada en 1993, fue una de las principales medidas impulsadas en el retorno a la democracia y buscaba poner fin a un drama que se arrastraba hace siglos, pero que 28 años después aún no acaba.
La historia de esta ley comenzó a tomar forma el 12 de diciembre de 1989 cuando el entonces candidato Aylwin se reunió con 300 dirigentes indígenas de todo el país en La Araucanía.
Ese fue el lugar donde se firmó el llamado Acuerdo de Nueva Imperial, posiblemente el mayor pacto firmado entre una coalición política y los pueblos originarios. En aquel momento el líder de la Concertación subrayó la importancia de que los pueblos indígenas se sumaran a la reconstrucción democrática de Chile que, en ese momento, se preparaba para iniciar un nuevo ciclo político post régimen militar.
En el acuerdo, las organizaciones indígenas se comprometieron a apoyar a Aylwin y a canalizar sus demandas a través de “las instancias y mecanismos de participación que serán creados por el futuro gobierno”. En otras palabras, se sellaba una alianza para no entorpecer la instalación de la Concertación.
Por su parte, Aylwin prometió reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y a crear la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el organismo del Estado encargado de estudiar las demandas de las comunidades y dirigir, por parte del gobierno de turno, el mecanismo estipulado para la restitución de lo que los mapuche llaman las “tierras antiguas”.
Para la Concertación este acuerdo permitía mantener la tranquilidad en un contexto que era adverso. Protagonistas de aquella época, que hoy prefieren hablar en privado, comentan que la causa mapuche comenzaba a retomar la fuerza que había perdido con el régimen militar a través del Consejo de Todas las Tierras y el liderazgo aún vigente de Aucán Huilcamán.
A eso se sumaba la proximidad, para el año 1992, de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, una efeméride que se preveía, para los dirigentes políticos de la época, como un hito reactivador de la causa de los pueblos indígenas en el continente.
El primer empujón: Temuco, año 1991
Con este telón de fondo, la primera medida del gobierno de Aylwin fue la creación de la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas (CEPI) que fue presidida por el historiador José Bengoa. Esta instancia redactó el anteproyecto de la Ley Indígena.
En la comisión participaron representantes de los pueblos indígenas y también el hoy senador DC Francisco Huenchumilla. El parlamentario en ese momento era diputado y luego encabezó la tramitación del proyecto en la Cámara.
La CEPI realizó encuentros con dirigentes de todas las comunidades para recoger sus inquietudes, lo que culminó en un Congreso de los Pueblos Indígenas celebrado en Temuco en enero de 1991. Al evento asistieron cinco mil personas. Hubo 2.800 asambleas y se eligieron 3.000 delegados para discutir los contenidos de la ley.
Las condiciones políticas de la época obligaron a que los proyectos de ley tuvieran que ser negociados con la derecha y la iniciativa legal tuvo varios cambios durante su tramitación en el Congreso. Ese proceso implicó que, por ejemplo, se tuviera que eliminar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.
Nace un mecanismo de compra de tierras
Lo que sí tuvo apoyo parlamentario suficiente fue la creación de un mecanismo de compra de tierras que tuvo su debut en 1994 con la entrega de 6.890 hectáreas a 423 familias que formaban parte de 15 comunidades.
Uno de los primeros grupos beneficiados fue una comunidad pehuenche de Quinquén. “Esta ley no es una panacea, no soluciona por sí sola todos los problemas, pero es un paso trascendental”, dijo Aylwin al promulgarla.
El objetivo de esta ley fue “promover la ampliación” de los territorios de los pueblos indígenas que acrediten pérdida territorial con una serie de mecanismos que incluyen un subsidio con un enfoque social, dineros para compra de derechos de agua y obras de riego y el polémico mecanismo del famoso artículo 20 letra b), la norma central en la que se enfoca este especial de La Tercera.
El artículo fue creado con la intención de “financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras (…) provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas”.
Es decir, un medio para que el Estado restituya las tierras ancestrales que perdieron los pueblos indígenas por diversos procesos históricos de larga data. El sistema burocrático para conseguirlo es bien engorroso y consta de cuatro etapas:
El mecanismo, durante estos casi 30 años, ha sido especialmente polémico para los procesos de restitución hacia el pueblo mapuche. En el caso de los pueblos indígenas del norte y también de Rapa Nui, la gran cantidad de las tierras reivindicadas son terrenos fiscales, es decir, de propiedad del Estado. Sin embargo en el caso de los mapuche, la mayoría de las tierras demandadas son de propiedad privada.
Es justo aquí donde radica el nudo principal de esta disputa histórica.
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