Carabineros: la deuda de formación que vuelve a asomar

Del total de 840 denuncias que investiga la fiscalía respecto de torturas, apremios y abusos cometidos por agentes del Estado -que actuaron durante el estado de excepción-, 597 involucran a Carabineros. Es decir, el 71,07% de las investigaciones que se abrieron por denuncias de violaciones a los derechos humanos en los días inmediatamente posteriores al estallido social del 18 de octubre involucran a miembros de la policía uniformada, un 5,3% a personal del Ejército, 1,9% a la PDI y 0,95% a la Armada. Todas estas instituciones salieron a la calle a realizar labores de orden público durante esas jornadas.

Uno de los abogados penalistas que han estado trabajando en las denuncias contra las actuaciones policiales, es el profesor de Derecho de la U. de Chile Julián López, quien es conocido, además, por haber defendido a los Penta. En vista de los antecedentes que han llegado a la clínica jurídica de esa casa de estudio, López aventura un diagnóstico: "El 96% de las denuncias que ha recibido la Defensoría Jurídica de la U. de Chile involucra actuaciones de Carabineros. El número y carácter de las violaciones denunciadas generan serias dudas acerca de cuál es el nivel de preparación y la cultura imperante al interior de la institución en torno al respeto de los derechos humanos".

Sin ir más lejos, el rector de la universidad, Ennio Vivaldi, le encargó a López patrocinar una querella por uno de los casos más graves, y que afecta al estudiante de primer año de Ingeniería Claudio Muñoz Dorn, de 18 años. Ocurrió el 20 de octubre, mientras se manifestaba cerca de su casa, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Según el texto, declarado admisible y que generó una causa penal por torturas en la Fiscalía Sur, en esa jornada Muñoz fue brutalmente golpeado por personal de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, la misma donde un estudiante de Medicina de la UC denunció haber sido vejado sexualmente. "¡Aquí no hay cámaras, espérate adentro!", habría dicho uno de los funcionarios de civil que detuvo a Muñoz tras lanzar una piedra a uno de los radiopatrullas esa jornada. En varios episodios le dijeron "no mereces estar vivo".

El estudiante, según detalla en su querella, fue desnudado, obligado a sentarse en cuclillas, golpeado en su cuerpo y rostro hasta perder dos piezas dentales, para luego pasar la noche en un calabozo de 3x3 de pie junto a otras 15 personas a quienes, además -para que no se quedaran dormidas-, las mojaron con mangueras con agua fría durante la noche. "Todas las conductas de los carabineros durante el tiempo que permanecí en el calabozo estuvieron deliberadamente dirigidas a provocarnos el mayor dolor, humillación, miedo y sufrimiento posibles", dice el estudiante, quien, además, asegura haber escuchado esa noche a una persona que gritó a eso de las 3 AM: "¡Ayuda, me están violando, me están sacando sangre!".

El joven fue liberado 17 horas después sin haber sido puesto a disposición de los tribunales.

Una fiscal especializada en indagatorias de derechos humanos ya inició las diligencias en esa comisaría, que cuenta con una serie de graves denuncias. "Carabineros debe cooperar activamente para identificar y lograr que se condene judicialmente a los funcionarios que han cometido torturas, porque esa es la única manera de transmitir convincentemente que estas prácticas no son toleradas ni van a seguir ocurriendo al interior de la institución", dice López a La Tercera. En ese sentido, el penalista sostiene que la policía debe entender que cuando detiene a una persona tiene un deber de cuidado mientras está bajo su custodia. "Golpear o vejar gravemente a un detenido con el propósito de castigarlo por el acto que cometió es una forma de tortura agravada que la ley sanciona hasta con 10 años de presidio". Lo más grave, agrega, es que el delito de tortura "no solo lo comete el funcionario que la aplica o la ordena, sino también el que consiente en ella o se abstiene de intervenir para impedirla o hacer cesar su aplicación".

La Fiscalía Oriente anunció ya esta semana que formalizará a 14 carabineros por este ilícito y otras reparticiones del Ministerio Público ya alistan más.

Al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden se hace una distinción sobre cómo han evolucionado las instituciones tras la dictadura. Mientras el Ejército reformó sus filas y ha intentado por años -dicen desde su alto mando- cerrar esos episodios poniendo énfasis en las misiones de paz en las que han participado en el extranjero, al interior de Carabineros reconocen -algunos exgenerales- que hay una deuda en la formación de oficiales y suboficiales respecto del conocimiento de los derechos de los detenidos y del derecho penal e internacional.

Un ejemplo que da cuenta de esto último se vivió hace pocos días, cuando el Presidente Piñera había decretado estado de emergencia en la Región Metropolitana. Era la primera vez, después de 30 años. Varios abogados, entre ellos el penalista y también profesor de la Universidad de Chile Miguel Schurmann, presentaron amparos preventivos ante jueces de garantía luego de que en diversas comisarías personal de Carabineros les impidiera ver el estado de los detenidos a quienes representarían. Schurmann recuerda con detalle el episodio: "El jueves 24 de octubre deduje un amparo dado que en las comisarías de Cerrillos y Maipú no reconocían los derechos de los imputados privados de libertad a tener asistencia legal, ni el de los abogados de consultar el registro de los detenidos. La jueza presidenta, Claudia Burgos, se constituyó primero en la 34 Comisaría de Cerrillos. Ahí le consultó a la oficial que estaba a cargo por el tratamiento a los privados de libertad y los registros de detenidos. Fue entonces cuando la oficial que estaba a cargo de la comisaría le contestó que en estado de emergencia ellos no seguían órdenes judiciales, sino que solo de su mando directo en Carabineros, y si la instrucción de ellos era no permitir el ingreso de abogados a comisarías, lo iban a cumplir".

Esta respuesta determinó que la jueza citara con carácter de urgente a todos los mandos de las comisarías de esa zona para dejar claro que el estado de emergencia no suprimía las facultades del Poder Judicial y que el estado de derecho seguía vigente, lo mismo las garantías de los imputados radicadas en la ley.

Carabineros, en tanto, se defiende y asegura que en los últimos siete años se ha incorporado a su formación temáticas relativas a la defensa de los derechos humanos. La directora de la unidad de DD.HH., coronel Karina Soza, sostiene que "el año 2012, Carabineros actualizó su enseñanza de los derechos humanos. Para ello modificó las mallas curriculares de los diferentes planteles educacionales en sus procesos formativos, de capacitación y de especialización. Y esta formación continua contempla tanto capacitación teórica como práctica en sus diversas etapas, desde la formación inicial de oficiales y suboficiales".

A eso, dice la coronel, se suma el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que "incorporaron de manera transversal asignaturas vinculadas con los DD.HH., y se dicta desde ese mismo año el Curso de Formación de Instructores en Derechos Humanos Aplicables a la Función Policial, con especialización de 150 horas". Para Soza, es relevante que hoy existan 252 instructores en estas materias a lo largo del país. Entre enero y octubre de 2019 -explicó- se capacitó a 7.251 funcionarios, y desde 2016 ya suman más de 46 mil.

El jueves 7, una reunión entre el INDH, el Ministerio de Justicia y Carabineros selló un acuerdo. La policía se apegará de forma irrestricta a los protocolos y denunciará -a través de sus instructores de DD.HH.- aquellos casos que los involucre para dar una señal de autocontrol.

"Debe tenerse presente que los funcionarios policiales no podrán hacer uso de la fuerza en contra de personas detenidas, salvo cuando sea estrictamente necesario para concretar la detención, para mantener el orden en las unidades policiales o cuando esté en peligro la integridad física de alguna persona, como asimismo, se encuentra absolutamente prohibido ejercer cualquier acto constitutivo de tortura, tratos inhumanos o degradantes en contra de las personas que se encuentren sometidas en cualquier condición al control o actuar policial".

Esta es parte de la publicación que se hizo el 4 de enero de este año en el Diario Oficial. Fue la última actualización de protocolos de Carabineros impulsado por el actual gobierno y que regula el uso de la fuerza. También es uno de los pocos intentos que ha prosperado en modernizar a la policía chilena. Para el experto en materias de seguridad y director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, es imperioso que junto a las condenas que los tribunales dicten por estos casos, se avance con urgencia en la profesionalización de Carabineros. "Si el gobierno no interviene ahora o la policía no ajusta sus procedimientos, esta cultura se va a expandir por décadas", dice el académico. En esa misma línea añade que "el programa de cambios que asumió la Comisión de Seguridad cuando asumió Piñera ha quedado invisible y hay que darle una nueva dirección con sentido de urgencia. Es evidente que estas situaciones van a marcar las relaciones entre la policía y el público en el futuro y van a condicionar un alto grado de desconfianza y eso se va a traducir en inseguridad".

Para el exsubsecretario de Interior y senador Felipe Harboe, son varios los problemas que se evidencian. "El proceso de postulación antes era extremadamente riguroso, solo tres de cada 10 quedaban. Hoy, por los pocos postulantes que se presentan, entre siete u ocho de cada 10 entran, lo que implica un déficit en el filtro que se está usando. El segundo problema es la formación. La Escuela de Formación Policial, que teóricamente dura un año, genera un trabajo en aula insuficiente para formar a quienes salen a la calle. Eso se traduce en que es de común ocurrencia que los carabineros se quejan de que no tienen facultades, cuando en realidad las leyes han ido en sentido contrario, cada vez se les han ido dando más facultades, lo que hay es desconocimiento de las mismas", asegura.

En la misma línea, el senador y exministro de Defensa Andrés Allamand considera que la formación de la policía uniformada debe considerarse dentro de la reingeniería global que se debe hacer a la institución. "Carabineros está hoy sometido a exigencias muy superiores a las del pasado, por lo mismo su proceso de formación tiene que ser más completo y, sobre todo, más largo. Periodos muy cortos en la preparación del personal afectan su desempeño", indica.

Al déficit de formación se suma otro hecho, según Harboe. "Es una vergüenza, pero estamos frente a un problema de criterios en la formación. Por un lado vemos un franco abuso de la fuerza y, en otros, pasividad. Al mismo tiempo que un oficial dispara una escopeta antimotines contra menores en un colegio, había carabineros jugando a la pelota con camioneros que estaban cortando la carretera. Eso es falta de criterio o un síntoma de descomposición que debemos enfrentar", recalca.