Denuncias de amenazas a candidatos presidenciales, asesinatos a líderes sociales, atentados en Bogotá y la declaración de un paro armado por parte de un grupo mafioso. Si bien ya no existe una guerrilla que se quiera tomar el poder como en el pasado, distintos hechos de violencia ocurridos este año de cara a las elecciones presidenciales hacen revivir el fantasma de los días más oscuros de Colombia.
Históricamente, los años electorales están marcados por un aumento de la violencia en Colombia. El pasado 13 de marzo el país renovó el Congreso y el domingo 29 de mayo se celebrará la primera vuelta de la elección presidencial. Ante esto, las autoridades refuerzan sus planes de seguridad a nivel nacional, para evitar mayores ataques contra el Estado y contra infraestructuras civiles. El gobierno de Iván Duque asegura que, en esta ocasión, a diferencia de procesos anteriores, se encuentra mejor preparado para hacer frente a eventuales contingencias.
Pese a ello, el candidato del izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, líder en las encuestas de intención de voto, con 40%, canceló a comienzos de este mes una gira en el Eje Cafetero, en el centro del país, por un presunto plan de un grupo paramilitar para atentar contra su vida. La denuncia generó una gran controversia en Colombia, al traer a la memoria los asesinatos de otros postulantes a cargos públicos ocurridos en el pasado. Un fantasma agudizado por la gran polarización que afecta al país.
Según el equipo de campaña de Petro -quien podría convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia-, existían datos fiables de que la organización paramilitar La Cordillera planeaba atentar contra la vida del senador. La banda criminal, según el comunicado difundido en Twitter, se dedica al narcotráfico y al sicariato en esa zona del país. A La Cordillera se le atribuye también el asesinato del líder social Lucas Villa durante las masivas protestas del año pasado contra el gobierno de Duque. Sin embargo, poco después de hacerse pública la denuncia, la policía colombiana salió a descartar el hecho. “La policía, hasta el momento, no tiene información de inteligencia que permita determinar la existencia de un plan criminal”, aseguró la institución en un comunicado.
Pero no era un hecho nuevo. Hace un mes se hicieron públicas otras amenazas contra la candidata a la vicepresidencia de Petro, Francia Márquez.
A esta denuncia se le sumó la realizada por el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró en sus redes sociales una presunta amenaza de atentado en contra del candidato presidencial de Equipo por Colombia, el derechista Federico Gutiérrez, quien va segundo en las encuestas, con 21% de intención de voto.
En esa oportunidad, el exmandatario acusó a Petro de querer desviar la atención de la infiltración a la campaña de Gutiérrez, acusando al partido Centro Democrático de confabular con la banda criminal La Cordillera para atentar contra su vida. “Petro penetra campañas, con mucho arte, marcan ataúdes con nombre propio, y todo lo tapan acusando a nuestro partido de querer asesinarlo. Se le olvidó que con nuestra seguridad democrática lo protegimos por ocho años”, dijo Uribe en un video.
“Colombia viene de tener seis candidatos presidenciales asesinados en 42 años, desde 1948 a 1990. Seis candidatos que fueron asesinados. Luego, con ese historial de violencia política, una candidata secuestrada por más de cinco años por las Farc, pues yo creo que aquí no hay ninguna amenaza que se deba subestimar. Y, además, que el rol de la policía en ningún sentido es descartar a priori, sino que investigar más. Y lo que hizo la policía fue decir que no era cierto y que no había pruebas”, indicó a La Tercera Fernando Posada, politólogo de la Universidad de los Andes.
Gustavo Morales, politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, comentó a este mismo medio: “A diferencia de la Colombia de los años 90, donde los carteles habían hecho del magnicidio y del narcoterrorismo una estrategia sistemática para doblegar al Estado, no hay en la actualidad una organización delictiva que tenga la misma capacidad criminal ni la misma estrategia de intimidación del Estado. No obstante, aunque pueda resultar dudoso el plan denunciado por el propio Petro para asesinarlo, tampoco sería responsable descartarlo del todo. El asesinato de un candidato presidencial no es impensable en Colombia”.
Explosiones en Bogotá
Además de las denuncias de amenazas a los candidatos, se han registrado otros hechos de violencia. Por ejemplo, antes y después de las elecciones legislativas del 13 de marzo en Colombia se produjeron dos atentados con potentes explosivos en Bogotá, contra Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional. En la última de estas explosiones se registraron dos víctimas fatales. En el área circundante, en tanto, quedaron 60 viviendas con daños materiales, lo que, según los expertos, indica que se trató de una operación programada y ejecutada por una organización con cierto grado de infraestructura.
Por otro lado, a comienzos de mayo, el grupo armado Clan del Golfo decretó un paro armado de cuatro días en cerca de 11 de los 32 departamentos del país, en represalia por la decisión del gobierno de Duque de extraditar a Estados Unidos a “Otoniel”, su máximo jefe.
A juicio del politólogo Vicente Torrijos, profesor de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, “no hay un fenómeno nuevo de violencia y no se puede hablar de un escalamiento. Se trata exactamente del mismo fenómeno de violencia generalizada que ha padecido el país durante lo que va corrido de este siglo. Independientemente del proceso de negociación que se surtió en La Habana, esa violencia nunca se alivió, nunca amainó, y lo que tenemos en Colombia es una proliferación de grupos armados organizados, de grupos delincuenciales organizados, y todos ellos con una pretensión”, explicó el experto a La Tercera.
“En términos generales, la campaña electoral de 2022 viene desarrollándose en un entorno de menores niveles de violencia que las que tuvieron lugar en el 2014 y 2018, respectivamente. La razón fundamental son los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las Farc. Las Farc no sólo eran la principal guerrilla del país, sino que tenían la capacidad de desafiar al Estado. Con esta guerrilla desmovilizada, la violencia ha disminuido. No obstante, esto no quiere decir que este tipo de violencia ha desaparecido. Hay zonas del país como el Catatumbo, el Bajo Cauca, la zona fronteriza con Venezuela y el Pacífico colombiano, donde la violencia se ha incrementado y nuevos actores con capacidad de fuego han llegado a copar los espacios que dejaron las Farc”, apunta Morales.
“Son muchos los líderes sociales que han sido asesinados en el país, especialmente en estas zonas. Ahora, lo que sí es nuevo en estas elecciones es la emergente violencia urbana, asociada con el descontento social que se dio en el paro de 2021 y que sufrieron algunas ciudades del país con especial crudeza. Esta violencia no se produce en las zonas apartadas del país, sino en el corazón mismo de sus grandes urbes”, añadió.
Los expertos señalan que, tras el acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016, los grupos armados continuaron sus operaciones como si nada hubiese sucedido. Posada explica que desde entonces comienza una disputa territorial de varios grupos armados por el control de varias economías ilegales: como la tenencia de la tierra, la producción y la exportación de la cocaína, la minería ilegal, que son economías ilegales muy rentables, que antes en gran parte estaban controladas por las Farc.
Así es posible ver al ELN, que es una guerrilla que existe desde 1965 y que es la más antigua de Colombia y de América Latina. Como también, por ejemplo, al Clan del Golfo, que se ha centrado en cuatro regiones de Colombia que son prioritarias para esas economías ilegales, que son los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia y Catatumbo, que está en la frontera con Venezuela, y que se han convertido en regiones violentas y verdaderamente en riesgo.
“Todo esto conforma un mapa de influencias políticas, de tal manera que, aunque no haya una homogeneidad y haya dispersión en materia de amenazas, cada uno de estos grupos siente que un candidato puede ser más favorable a sus intereses que otro y, en esa misma medida, cada uno de ellos emprende acciones para tratar de debilitar las campañas contrarias. Es por eso que básicamente todas las campañas presidenciales se sienten bajo amenaza, asediadas. Unas campañas publicitan con mayor vehemencia estas amenazas percibidas y, al fin y al cabo, con eso también pretenden desarrollar un discurso de adhesiones en materia de intención de voto. A lo largo de la historia se ha demostrado que, incluso en ocasiones en las que han tratado de paralizar las jornadas electorales, los grupos finalmente terminan siendo marginados por la fuerza arrolladora de una democracia muy pujante, como es la colombiana”, indica Torrijos.
En medio de este clima, todos los candidatos presidenciales, por separado, se reunieron con los obispos de la Iglesia Católica para revisar el panorama nacional y analizar distintos temas que le preocupan a la Conferencia Episcopal. Al término de esas reuniones, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal Colombiana para las relaciones Iglesia-Estado, entregó un balance de los encuentros con los ocho candidatos presidenciales y les lanzó una propuesta para concretar un pacto contra la violencia en la campaña política y un diálogo social.
“Estas elecciones de 2022 son las primeras desde finales de los años 80, donde el principal tema de campaña no ha girado en torno a la violencia. En este sentido, se puede afirmar que su impacto ha sido menos que en elecciones anteriores. Hay otros temas que vienen ocupando la agenda, como el cambio social y la lucha contra la corrupción. De allí que el candidato de izquierda por primera vez puntee en las encuestas y no sea uno asociado a la derecha. No obstante, la violencia va a seguir teniendo influencia en las zonas apartadas del país, donde el amedrentamiento al sufragante se puede presentar”, concluyó Morales.