Columna de Ascanio Cavallo: La torre asediada

Universitarios protestan contra el Presidente Piñera por su participación en el proyecto Dominga.



Ha regresado el apetito por destituir al Presidente. Apetito irascible, se diría en lenguaje tomista, en contraste con el apetito concupiscible, que busca una satisfacción que conoce. Estuvo presente en las semanas posteriores al 18-O y era, en cierto modo, la promesa implícita en las movilizaciones prometidas para marzo del 2020. Quienes las alentaban sintieron su cancelación con tal grado de frustración, que por unos días se nutrieron de la idea rabiosa de que la pandemia era una invención del gobierno. Eso era falso. Sí, fue cierto que el Covid-19 suspendió toda nueva voluntad de movilización. Nunca se podrá probar si realmente la habría habido o si, por el contrario, el acuerdo “por la paz y la nueva Constitución” ya había modificado el clima social.

Algunas figuras políticas declararon esta finalidad incluso antes de que Piñera fuese elegido, antes de la segunda vuelta presidencial. Pero eran pocas y su discurso se confundía entre dos bajas pasiones: el rencor personalizado o la voluntad política de impedir que la derecha volviera alguna vez a ganar el gobierno. Otra forma, acaso no elaborada de esa manera, de retrotraer el esquema electoral a los años 1970.

La investigación desarrollada por LaBot y Ciper sobre los Pandora Papers -parte de una filtración mundial sobre los paraísos fiscales que por ahora quedó limitada a jefes de Estado y unas pocas celebridades- ya había sido abordada, en su casi totalidad, por la radio Bío Bío en el 2017, en línea con la que llevaba adelante el fiscal Manuel Guerra. Esta semana, Ciper publicó una nota -propia de un periodismo alerta- en la que precisa que lo único nuevo es el texto del contrato final de transacción de Minera Dominga (en inglés) y que, no obstante, la fiscalía “estuvo al tanto de los términos de esa compraventa” (en español).

En esta brecha se fundan tanto la acusación constitucional anunciada por la oposición como la investigación ordenada por el fiscal nacional, Jorge Abbott. En la oposición se ha reactivado la idea de cumplir con el objetivo de impedir que Piñera culmine su mandato, a pesar de que le queden escasos seis meses. Dado este plazo, ahora es evidente que no está en juego el acortar el período del gobierno, sino castigar a Piñera como representación de la derecha.

En cuanto a la Fiscalía Nacional, los motivos son más brumosos. Si algo queda meridianamente claro de la indagación contemporánea de radio Bío Bío es que el fiscal Guerra no quiso profundizar en la investigación de los movimientos de la familia Piñera, por encima de que tuviera a la vista un documento más o uno menos. Aquel año, Piñera ya llevaba la delantera en las opciones presidenciales y esta fue por un momento la esperanza de descarrilarlo.

Lo que cabría esperar es que la fiscalía pueda justificar muy sólidamente la reapertura de una investigación que ella misma cerró, o exponer a Abbott a ser acusado una vez más de lavarse la cara con mano ajena. Por ahora, es indiscutible que su anuncio ha dado un nuevo estímulo a la acusación en el Congreso, que ya tenía muchos con la campaña electoral en curso. ¿Y sería muy audaz suponer que ambas cosas se excitarán mutuamente en las cinco semanas que vienen?

El Presidente ha llegado así a una situación de soledad y asedio. Los candidatos presidenciales de su sector huyen de su sombra; uno, desde hace tiempo; el otro, desde hace muy poco tiempo. No es raro que La Moneda tuviese relaciones meramente formales con José Antonio Kast; y ahora es menos raro que haya dejado de tenerlas del todo con Sebastián Sichel. Desde el 18-O, los exministros borran esta línea de sus currículos en cuanto dejan el gabinete. Uno de ellos, Mario Desbordes dice que lo defiende mientras les recuerda a sus parlamentarios cuáles son las razones para que lo castiguen. El candidato presidencial Gabriel Boric ha prometido perseguirlo más allá de marzo, como si esto fuese parte de un programa de gobierno.

Quizás Piñera coseche las tempestades que ha sembrado; los negocios con sus amigos, Délano u otros, son antiestéticos desde mucho tiempo atrás. Otra cosa es que entre esos vientos haya delitos. Si se trata de simples presunciones o apreciaciones políticas, el peso de la historia es muy diferente. Es inevitable que los concernidos -instituciones, partidos, personas- hagan sus cálculos en función de sus intereses de mañana en la mañana y no en los de cuatro años más. La política siempre tiene esta dimensión un poco zascandil.

Saltada esa hojarasca, para la democracia lo importante es que derribar a un Presidente es un hecho mayúsculo, acaso la línea roja entre su supervivencia y su deriva hacia otras condiciones. No es un simple episodio más, no es la simple satisfacción de una venganza ni la diversión exótica con final excitante. La historia chilena ya conoce esos finales. Excepto alguno que resultó una comedia, todos los demás iniciaron una tragedia. Y todas las veces sus instigadores dijeron tener, por favor, altos motivos patrióticos.

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