Una mujer joven camina junto a un hombre, la tiene muy cerca. La empuja, la atrapa con sus brazos, la tironea hacia una muralla.

Él emplea su mayor fuerza física para sacarla del estacionamiento de un supermercado donde están. Ella tambalea, no camina bien.

Martín Pradenas la llevó a una cabaña que arrendó con amigos en Pucón para el 18 de septiembre pasado.

Desde esa cabaña, al día siguiente, ella llamó muy afectada a una amiga. Le dijo que había sido violada. La amiga asegura que lloraba.

Pradenas dijo que había sido una relación consentida.

Antonia, de 21 años, se suicidó el 13 de octubre.

Su familia empezó, entonces, una cruzada por su hija. Aparecieron nuevas denuncias de otras jóvenes y este martes el caso dio un nuevo paso, no la sentencia, pero una etapa importante. Pradenas fue formalizado por la Fiscalía de Temuco por cinco delitos de abuso sexual y/o violación, entre 2010 y 2019, en una audiencia que -reitero, no es la sentencia- dejó un sabor amargo y olas de protestas en Chile.

En primer lugar, pues el juez Federico Gutiérrez sobreseyó dos de los casos (un presunto abuso sexual en 2010 a una joven de 16 años y otro supuesto abuso sexual en 2014 a una mujer de 19) tras decretar su prescripción. Y el miércoles, el tribunal desestimó tres de los cuatro delitos que quedaban; solo se mantuvo el de Antonia Barra.

En segundo lugar, por la laxitud de las medidas cautelares decretadas por el juez: aunque dio por acreditada la violación, el juez no le dio prisión preventiva, sólo lo que, básicamente, vivimos en Santiago y otras ciudades durante los confinamientos a causa de la pandemia. Ello implicaba que, quienes salen a comprar pan sin permiso de Comisaría Virtual arriesgan más penas que un formalizado por violación en Chile. El viernes afortunadamente, la Corte de Apelaciones revertió esta medida, dejándolo en prisión preventiva.

Además de esto, la actuación judicial ha causado amplio rechazo, especialmente por los argumentos esgrimidos, que reflejan la falta de avance en materia de violencia de género en nuestro país. Revelan, como en un espejo, los estereotipos de género, la inversión de roles acusador/acusada, la revictimización, la falta de sensibilidad y conocimiento de jueces sobre el trauma del abuso sexual, las descalificaciones antiguas y brutales que están en la base de un tratamiento judicial discriminatorio contra las mujeres. Y una falta de comprensión del juez de la naturaleza del consentimiento, tema de amplio avance en el mundo tras casos paradigmáticos, como La Manada, en España, o Harvey Weinstein, en Estados Unidos.

El juez Gutiérrez, refiriéndose al caso de Antonia, expresó que “no es posible para el tribunal inferir privación de sentido e incapacidad de oposición que atribuye la fiscalía (...). La apreciación que tiene el tribunal de la exhibición de los videos es de un hombre y una mujer que caminan juntos, donde con cierta frecuencia y en forma alternada (...) se toman de las manos y abrazan, deteniéndose en ciertos momentos”, dijo el magistrado.

¡Es como si hubiera visto otro video! De hecho, hay un informe del Servicio Médico Legal (SML) del 15 de julio, que no fue considerado en la resolución, que indica que la joven “presenta un grado tal de afectación psicomotora, que altera su capacidad de consentir en el área sexual y defenderse (...). En el varón no se observa ninguna afectación psicomotora y, además, es quien controla activamente la situación”, tal como informó La Tercera el jueves.

Pero como no hay golpes de parte de él, o de ella de vuelta, el juez asume que hay consentimiento en aquella situación.

“Y la culpa no era mía, ni cómo andaba ni cómo vestía. El violador eres tú”, el himno más global jamás producido en Chile, del grupo LasTesis (apoyadas esta semana por una pléyade de actrices del mundo frente a la insólita querella de Carabineros), expresa con claridad universal que la responsabilidad no es de las mujeres.

La culpa es de quienes creen que pueden utilizar una desventaja -sea física, emocional, económica, circunstancial-, para traspasar su dignidad, seguridad, libertad y derecho a vivir en paz.

La culpa es de abogados y jueces que, en una inversión escalofriante, ponen a las mujeres en el banquillo de los acusados, como si sus biografías fueran las que están en juicio y no el abuso que han sufrido. El miedo a eso, justamente, es lo que hace que tantas víctimas no denuncien.

Por cierto, hay que esperar a que la justicia dé su veredicto sobre Martín Pradenas tras el juicio oral. Y no son justificables desde ningún punto de vista las amenazas al juez, testigos o imputado. La justicia existe justamente para tramitar sin violencia las transgresiones al marco de la vida en común.

Dicho eso, la justicia chilena debe llamarse a reflexión sobre su actuar.

El desgarrador caso de Antonia refleja cómo, en términos de violencia de género, en Chile sigue siendo el mundo al revés.